¿Cuando se configura la usura civil en el régimen actual?

Por Nuri Rodríguez Olivera & Carlos López Rodríguez

El sistema jurídico uruguayo para el combate a la usura está compuesto por una norma constitucional que la prohíbe – el artículo 52 – y dos conjuntos de normas. Uno de estos regímenes tiene como Ley madre al Decreto Ley 14.095 de 1972, con modificaciones y agregados establecidos por los decretos leyes 14.887 y 15.226, y las Circulares dictadas por el Banco Central del Uruguay dentro de ese marco legal. El otro régimen lo encontramos en la Ley 17.569, que no deroga expresamente el régimen anterior ni tampoco se opone completamente a él. Ambos regímenes contienen normas relacionadas con lo que se ha dado en llamar "usura civil" y "usura penal".

I. Prohibición constitucional de la usura

El art. 52 de la Constitución de la República de 1967 dispone: 

«Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores.»

A nuestro entender, ésta no es una norma programática. La usura se encuentra prohibida a nivel constitucional y esta prohibición no puede dejar de hacerse efectiva so pretexto de la insuficiencia de los textos legales.

No obstante, está previsto en esta norma, que la determinación del límite máximo del interés de los préstamos y la determinación de la pena es de resorte legal.

La primera Ley que establece una sanción para la usura es el CC. En el art. 8 de CC se dispone que lo hecho contra leyes prohibitivas es nulo, si en las mismas no se dispone lo contrario. Siendo el art. 52 de la Constitución una norma prohibitiva y no estableciendo ninguna sanción civil en contrario, lo hecho contra la prohibición en ella contenida es nulo.

II. Régimen organizado a partir del Decreto Ley 14.095

El Decreto Ley 14.095, del 17 de noviembre de 1972, denominada de ilícitos económicos, contiene sanciones civiles y penales para la usura. Fue modificada por los decretos leyes 14.887 y 15.226. Actualmente, el Decreto Ley 14.095 se encuentra parcialmente derogado por la Ley 18.212 de 2007. El Decreto Ley 14.887 y las leyes 17.471 y 17.569, fueron derogados, también, por la Ley 18.212.

A. Sanción civil de la usura

El art. 2 del Decreto Ley 14.887 establece que los jueces no deben dar trámite a ejecuciones en que se persiga el cobro de obligaciones con intereses u otros cargos superiores a los máximos que haya fijado el Banco Central del Uruguay (BCU). Según el art. 1 del mismo Decreto Ley 14.887, el BCU esta facultado para fijar las tasas máximas de intereses, compensaciones, gastos de administración, comisiones y otros cargos, en las prestaciones de dinero o en otras operaciones financieras, sean realizadas por instituciones o empresas financieras o por particulares.

La sanción prevista en el art. 2 se encuentra vigente pero es inaplicable, puesto que, el BCU no fija intereses máximos, desde que el art. 161 de la Recopilación de Normas de Regulación y Contralor del Sistema Financiero deja librada la tasa de interés al libre juego de la oferta y la demanda (circulares 990/979 y 1246/985). En lugar de ello, según se refiere en el art. 162 de la Recopilación, el BCU publica mensualmente las tasas medias del mercado de operaciones corrientes de préstamos bancario, del trimestre móvil anterior (Circular 1588/998).

Desde que el BCU dejó de fijar tasas máximas, se desarrolló un debate acerca de la subsistencia o no de la usura civil en nuestro ordenamiento positivo. Gorfinkiel lo reseña de esta manera:

« (…) algunos autores – Berdaguer, Molla -  y numerosos fallos que se afilian a la posición negativa, entienden que no hay limitación para la tasa convencional de interés, no sólo en los moratorios.

Otro sector doctrinario – con apoyo de una jurisprudencia mayoritaria – entendió en cambio que aún sin tasas máximas fijadas por el Banco Central, la usura civil subsistía y en ella se incurría cuando en los préstamos de dinero se pactaran intereses que superaran el plafond que establece la norma penal (Ramade, G.; A.D.C.U. 14 p. 196), quedando divididos a su vez entre quienes incluían en dicho tope los intereses moratorios y los que, con apoyo en la primer vertiente argumental analizada, los excluían tratándose de materia no penal (v.g. A.D.C.U. 18 c. 587).

Una posición que podría calificarse de intermedia adoptó LARRAÑAGA: la usura civil debía calcarse de la penal, por lo que no sólo requería el referente objetivo (intereses que superen en más del 75 % las tasas medias del mercado) sino también el subjetivo (aprovechamiento de la necesidad, etc.); sólo si se dan ambos elementos se configura la usura civil (que, para este autor, se aplica también a los intereses moratorios: A.D.C.U. 23 p. 586)[1][7].»  

En nuestra opinión, bajo éste régimen – todavía aplicable a obligaciones contraídas antes de la vigencia de la Ley 18.212 y, en algunos casos, antes de la Ley 17.569 - la consecuencia frente a este pacto usurario, debe ser una u otra de las siguientes:

o bien la nulidad por violación de una norma prohibitiva, constituida por el art. 52 de la Constitución;

o bien la dispuesta en el art. 2 del Decreto Ley 14.887, no dar trámite a la ejecución, tal como opináramos en la p. 376 del v. 5, t. 1, de nuestro Manual de Derecho Comercial Uruguayo, 2da ed. (2010).

B. Extensión del contralor del Banco Central sobre la usura

En el art. 162 de la Recopilación de Normas de Regulación y Contralor del Sistema Financiero, se prohibía el pacto de intereses que superasen en más de un 75 % las tasas medias referidas pero esta norma sólo era aplicable a las entidades de intermediación financiera. Cabe advertir que el BCU considera que las empresas administradoras de crédito (emisoras de tarjetas de crédito) no son entidades de intermediación financiera (art. 477 Recopilación).

Por último, el art. 162 de la Recopilación sólo se refería a los préstamos de dinero. Quedaba fuera del control bancocentralista las operaciones de financiamiento de venta de bienes y servicios, aunque éstas fueran realizadas por entidades de intermediación financiera.  

C. Sanciones penal de la usura

El artículo 3 del Decreto Ley 14.887 modifica los artículos 7, 8 y 15 de la Ley 14.095, que tipificaba el delito de usura. En la redacción dada por el Decreto Ley 14.887, establece lo siguiente:

Artículo 7. (Usura). El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer para sí o para otros, intereses, compensaciones, comisiones u otros cargos usurarios por un préstamo de dinero, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

La misma pena se aplicará:

1. Al que procurare, adquiriere, transfiriere o consiguiere para otro un préstamo de dinero, cobrando o haciéndose prometer para sí o para otro, una comisión usuraria por su mediación.

2. Al que adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.

Los intereses, compensaciones, comisiones u otros cargos se considerarán usurarios cuando, singular o conjuntamente, superaren en más de un 75% (setenta y cinco por ciento) las tasas medias del mercado de operaciones corrientes de crédito bancario del trimestre anterior, realizadas en similares condiciones y riesgos del préstamo que se tratare.

Artículo 8. (Circunstancias agravantes). Serán circunstancias agravantes de los delitos previstos en el artículo precedente:

A) La actividad profesional o habitual del autor como prestamista o comisionista.

B) La simulación del préstamo bajo una forma jurídica diversa, o de las cantidades prestadas o a devolver.

C) La aceptación o exigencia de recaudos o garantías de carácter extorsivo.

Artículo 15. Las resoluciones del banco Central del Uruguay por las que se fijaren tasas máximas  de intereses, compensaciones, gastos de administración, comisiones y otros cargos, serán publicadas en el Diario Oficial y en no menos de dos diarios de la capital.

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Asimismo y a los efectos informativos, el banco Central del Uruguay publicará trimestralmente en el Diario Oficial y en no menos de dos diarios de la capital las tasas medias del trimestre anterior, del mercado de operaciones corrientes de crédito bancario discriminadas en razón del tipo de moneda y de la existencia o no de cláusulas de reajuste”.

Destacamos de los textos transcriptos que, para configurar el delito de usura, por el inciso final del artículo 7 de la Ley 14.095, el interés más comisiones, compensaciones u otros cargos debe superar en más del 75 % la tasa media del mercado bancario en el trimestre anterior y que, sobre ello, debe informar el Banco Central del Uruguayo con publicaciones trimestrales[2][8].

La Ley hace referencia a compensaciones, comisiones u otros cargos, para evitar que se disimulen bajo esas denominaciones, lo que realmente es un interés para transgredir de ese modo, las disposiciones sobre usura.

III. Ley 17.569

La Ley 17.569 llamada Ley de Usura, en el artículo 1, crea un régimen para las relaciones de consumo:

"Los intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos, en las relaciones de consumo se considerarán usurarios cuando, singular o conjuntamente, superaren en un porcentaje mayor al 75 % (setenta y cinco por ciento), las tasas medias del trimestre anterior a la fecha de constituir la obligación, del mercado de operaciones corrientes de préstamos bancarios otorgados a las familias; y en caso de haber intereses moratorios, superaren en un porcentaje mayor al 100 % (cien por ciento) las referidas tasas medias".

En el segundo inciso del artículo 1 se establece que la norma se aplica a los préstamos en efectivo y a las operaciones de financiamiento de ventas de bienes y servicios, otorgados por empresas de intermediación financiera comprendidas en el Decreto Ley 15.322. También, se aplica a personas administradoras de créditos, no comprendidas en el Decreto Ley referido. Del contexto, resulta que la norma se aplicaría a ciertos préstamos bancarios pero no a todos, sino sólo los préstamos que puedan quedar comprendidos en el concepto de relaciones de consumo.

a. Determinación de los topes a las tasas de interés

La Ley establece cuando los intereses se considerarán usurarios. A los efectos de la calificación, se suman a los intereses, las compensaciones, comisiones gastos u otros cargos.

Se consideran usurarios cuando singular o conjuntamente superen en un porcentaje mayor al  75 %  las tasas medias del trimestre anterior a la fecha de constituir la obligación, en el mercado de operaciones corrientes de préstamos bancarios otorgado a la familias. Hay una previsión especial para los intereses moratorios y éstos se considerarán usurarios, si superan en un porcentaje mayor al 100 % a las referidas tasas medias.

De esta manera, la Ley 17.569 adapta nuestro régimen legal a la operativa bancocentralista. En lugar de tomar como referente tasas máximas que el Banco Central ya hace años que no fija, toma en consideración las tasas medias del trimestre anterior al momento de constituirse la obligación (art. 1, inc. 1).

b. Determinación de las sumas adeudadas

El artículo 2 impone que el documento de adeudo se distinga con precisión lo que corresponda a capital prestado o financiado y lo que corresponde a intereses, y demás rubros. En el inciso 2 se agrega: 

“El deudor podrá exigir un documento complementario cuando estime que las constancias previstas en el inciso anterior no están suficientemente precisadas. Este documento complementario, que no podrá ser endosado será suscrito por ambas partes en dos ejemplares, uno de los cuales quedará en poder del deudor”.

c. Sanción civil para la usura

La Ley 17.569 incluye en la prohibición expresamente a las empresas administradoras de crédito aunque no integren el sistema financiero (art. 1, inc. 2). Incluye, asimismo, a las operaciones de financiamiento de venta de bienes y servicios, siempre y cuando sean realizadas por entidades de intermediación financiera.

Infelizmente, el ámbito de aplicación de la Ley 17.569 no es todo lo amplio que pudiera ser. En primer lugar, sólo se aplica a los intereses generados en relaciones de consumo. En segundo lugar, tampoco es aplicable - aunque se trate de relaciones de consumo - a todos aquellos prestamistas que no sean entidades de intermediación financiera ni a las operaciones de financiamiento en que no participen las entidades que acabamos de referir.

Para terminar, la sanción a la usura civil es bastante más leve que la establecida en el Decreto Ley 14.887. Según se dijo más arriba, en éste se dispone que los jueces no deben dar trámite a ejecuciones usurarias. En el régimen de la Ley 17.569 el trámite continúa, sólo que caducará el derecho a exigir el cobro de intereses u otros cargos usurarios; de modo que el usurero podrá recuperar el capital:

“Configurada la usura conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la presente ley, caducará el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza” (art. 3).

d. Sanción penal para la usura

En el artículo 4 se prevé una figura delictiva. Se sanciona con penas de prisión y penitenciaría a quien disimula los excesos, incluyendo como capital lo que corresponda a intereses o compensaciones u otros gastos o utilizando otras estratagemas.