Estatuto del accionista

Sección Segunda: Derechos de los Accionistas

Los derechos que integran el status de accionista resultan de lo dispuesto por la Ley y por el acto constitutivo. La Ley 16.060 se refiere a ellos en los artículos 319 a 330.

Existen múltiples clasificaciones respeto de los derechos de los accionistas.

En primer término, hemos de analizar los derechos fundamentales que confieren las acciones ordinarias. Luego analizaremos los derechos que confieren las acciones preferidas.

 I. Derechos fundamentales conferidos por las acciones ordinarias

La consagración de derechos fundamentales o inderogables de los accionistas, es un instrumento para la defensa de sus intereses. El artículo 319 establece una relación de los derechos que son considerados esenciales. Dice así:

“(Derechos fundamentales de los accionistas). Serán derechos esenciales de los accionistas:

1) Participar y votar en las asambleas de accionistas.

2) Participar en las ganancias sociales y en el remanente de la liquidación, en el caso de disolución de la sociedad.

3) Fiscalizar la gestión de los negocios sociales.

4) Tener preferencia en la suscripción de acción, partes beneficiarias convertibles en acciones y debentures convertibles en acciones.

5) Receder en los casos previstos por la ley.

Estos derechos sólo podrán ser condicionados, limitados o anulados cuando expresamente la ley lo autorice”.

Algunos de los derechos que confiere la acción son de carácter económico: el derecho de participar en el reparto de las ganancias sociales, el derecho de participar en el reparto del patrimonio resultante de la liquidación y el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. Otros derechos son de carácter político: el derecho de asistir y de votar en las asambleas. Existen otros derechos, como el de receder, en determinadas hipótesis y el derecho de informarse y de pedir exhibición de libros. Los hemos de estudiar en los párrafos siguientes.

Los hemos de ir analizando en este orden. En el análisis de este tema manejaremos disposiciones contenidas en la parte general de la Ley, que contienen normas para todos los tipos sociales y luego las establecidas con carácter especial para el tipo de sociedad anónima.

A. Derechos patrimoniales

En virtud del haz de relaciones inherentes al status de socio sucede que, en ciertas situaciones, el socio es deudor de la sociedad, por ejemplo: cuando el socio aún debe su aporte o cuando debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados (arts. 58 y 71, Ley 16.060). En otras ocasiones, el socio es acreedor de la sociedad. Así, por ejemplo, lo es cuando los administradores determinan la existencia de una utilidad líquida al fin de un ejercicio y resuelven su distribución (de acuerdo a la Ley 16.060 o a los términos del contrato social), asentando en libros la disponibilidad del rubro respectivo (art. 320). La posición del socio como acreedor, deriva de la titularidad de lo que se denominan “derechos patrimoniales”. A continuación, nos referiremos al derecho a participar de las ganancias, al derecho a un dividendo obligatorio que les corresponde a los accionistas y al derecho que le corresponda en la liquidación de su participación.

1. Participación en las ganancias y dividendo obligatorio del accionista

a. Participación en las ganancias

La participación en las ganancias es uno de los elementos específicos del contrato de sociedad (art. 1). Para eso realizan los aportes. De allí que el derecho a percibir utilidades sea el principal entre los derechos fundamentales (art. 16). Se trata de un derecho esencial e inderogable.

El derecho a las utilidades es, en principio, un derecho abstracto. Se concreta cuando la asamblea ha resuelto la distribución de las utilidades del ejercicio vencido.

Del contexto surge que las utilidades deben distribuirse anualmente. Al fin del cada ejercicio, el administrador o directorio debe formular el estado de resultados a los efectos de determinar si existió utilidad y en caso de haberse producido, corresponde que  proyecte su distribución (art. 87). Luego la asamblea resuelve sobre ese proyecto. El accionista tiene derecho a que se le paguen sus utilidades, cuando la asamblea resuelva distribuirlas.

La Ley 16.060 dispone que la sociedad estará en condiciones de distribuir utilidades entre los socios cuando resulten utilidades netas del balance anual, regularmente confeccionado y aprobado por la mayoría social o la asamblea (art. 98). En este caso, el socio tendrá un derecho de crédito contra la sociedad por la suma que le corresponda.

Si se distribuyen utilidades sin respetar las disposiciones legales, la sociedad podrá repetir lo pagado indebidamente. No se podrá repetir el dividendo pagado a los accionistas o a los socios de una sociedad de responsabilidad limitada de 20 o más socios, cuando unos u otros fueran de buena fe (art. 98, inc. 3).

El artículo 99 de la Ley impone que las utilidades se paguen efectivamente a los socios, dentro del plazo de noventa días contados desde la fecha en que se resolvió su distribución. Por lo tanto, los administradores de una sociedad, dentro de sus funciones, deben tomar las providencias necesarias para tener la liquidez suficiente para hacer frente al pago, en el plazo legal.

Frente al derecho de los accionistas a recibir utilidades, se suele plantear la necesidad de que algún porcentaje de las utilidades anuales se lleven a cuentas de reservas que refuercen al patrimonio – que constituye la garantía de los terceros – o que se destinen a actividades empresariales proyectadas o que se afecten a fondos afectados para atender pagos o gastos previsibles futuros. La doctrina señala que se trata de uno de los aspectos más delicados de la gestión financiera de una sociedad el establecimiento de una adecuada política en materia de dividendos. Si se distribuyeran todas las utilidades ello puede comprometer el futuro de la sociedad y, viceversa, si se resolviera no distribuir utilidades por varios ejercicios, ello frustraría la legítima expectativa de los socios  a percibir utilidades.

La determinación del quantum de las reservas y del quantum de los dividendos es una de las causas principales de los llamados conflictos “intraorgánicos” que se plantean en virtud de la oposición entre los intereses de los distintos grupos de accionistas, a lo cuales hice antes referencia: unos interesados en el mayor dividendo posible, otros en el crecimiento de la empresa societaria.

La Ley ha pretendido compatibilizar los intereses opuestos que la realidad ha puesto de manifiesto en el manejo de las sociedades. Lo ha hecho con una serie de normas que hemos de mencionar a continuación.

b. Dividendo mínimo

El artículo 320 de la Ley dispone:  ““En las sociedades anónimas será obligatorio distribuir como dividendo a los accionistas por lo menos el 20 % (veinte por ciento) de las utilidades netas de cada ejercicio”. La obligación de pagar dividendo de acuerdo a lo establecido en este artículo no regirá cuando así lo resuelva expresamente la asamblea de accionistas en resolución fundada, con la conformidad de accionistas que representen por lo menos el 75 % (setenta y cinco por ciento) del capital social y la opinión favorable de la sindicatura de la sociedad, si la hubiera”.

Tratándose de sociedades anónimas, el artículo 320 impone el pago de un dividendo obligatorio del 20 % de las utilidades.

* La imposición del 20 % de dividendo obligatorio es de orden público. El estatuto no podría fijar un porcentaje menor; sí podría establecer un porcentaje mayor.

* Si la exigencia de un dividendo mínimo viniera impuesta por los estatutos, la asamblea no podría eludir el cumplimiento de la previsión estatutaria. La Ley autoriza a apartarse excepcionalmente de la previsión legal (art. 93 y 320) pero no legitima el incumplimiento del estatuto.

* Si bien existe derecho a un dividendo obligatorio, el pago de ese dividendo se condiciona al cumplimiento estricto de las normas establecidas en la Ley.

En este sentido, no se puede dispone el no pago salvo situaciones excepcionales previstas en el mismo artículo. Estas situaciones excepcionales son las siguientes:

a) Que los accionistas reunidos en asamblea decidan que no se distribuirá el dividendo mínimo obligatorio por razones fundadas y siempre y cuando estén de acuerdo los accionistas que representen el 75% del capital social. Si existe órgano de control interno (Síndico o Comisión Fiscal) debe estar de acuerdo.

b) Que las utilidades del ejercicio anterior deban destinarse a reintegrar la reserva legal o a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores.

En la Ley se distinguen tres tipos de reservas: las legales, que se forman con el 5 % de las utilidades, hasta formar el fondo de 20 % del capital social (art. 93); las estatutarias, previstas en las cláusulas del contrato o estatuto social y las voluntarias, esto es, las que se forman por decisión de los accionistas, en ocasión de las asambleas anuales.

La Ley impone la formación de un fondo de reserva legal, con una norma inderogable. Una asamblea no podrá resolver la distribución total de utilidades entre sus accionistas. Necesariamente ha de efectuar la reserva legal. Tampoco podrá la asamblea resolver la distribución de todas las utilidades, si el estatuto ha previsto reservas convencionales.

2. Derecho a la participación en caso de disolución o rescisión

a. Participación en el remanente de la liquidación

Cuando la sociedad se disuelve, por vencimiento de plazo u otra causal legal, se inicia un proceso de liquidación de la sociedad. No obstante la posibilidad de efectuar una distribución anticipada, la distribución definitiva del patrimonio social entre los socio se efectuará una vez aceptado el balance y proyecto de distribución. Entonces, los socios recibirán los bienes remanentes, teniendo en cuenta la alícuota de cada uno en el capital social.

b. Participación del socio saliente por rescisión parcial

Artículo 154: “Salvo pacto en contrario el valor de la participación del socio saliente se fijará conforme al patrimonio social a la fecha del hecho o del acuerdo que haya provocado la rescisión parcial o de la demanda de exclusión.

La sociedad deberá comunicar al socio o accionista saliente o a sus herederos o representantes legales en su caso, el valor de su participación, cuota o acción, acompañando el balance correspondiente.

En todos los casos, el socio saliente, sus herederos o representantes tendrán derecho a demandar a la sociedad el pago de las diferencias a su favor que estimen procedentes por cualquier causa, en el plazo perentorio de sesenta días a contar de aquél en que hayan tomado conocimiento del valor de su participación social.

El reembolso podrá efectuarse al contado o en cuotas con plazo máximo de un año, a partir de la fecha en que se haya resuelto o producido la rescisión.

Si la sociedad no hiciera efectivo el reembolso al contado o si no pagara las cuotas pactadas a su vencimiento, el socio podrá exigir el pago de la totalidad del importe adeudado, previa intimación judicial, siendo título ejecutivo la liquidación hecha por la sociedad.

Los saldos impagos generarán un interés que se liquidará a la tasa media que cobren los bancos de plaza por sus prestaciones.

En el caso de receso, no se podrán promover acciones para obtener el reembolso de las participaciones, cuotas o acciones, ni para demandar el pago de diferencias sino después de vencido el plazo establecido en el inciso final del artículo 151.

Lo dispuesto es sin perjuicio de lo establecido en casos especiales, tales como los de transformación, fusión y escisión”.

3. Derecho a la disponibilidad de las acciones

La división del capital en acciones y la trasmisibilidad de la acción son rasgos tipificantes de las sociedades anónimas. El primer derecho del accionista es a exigir la entrega de las acciones que integró y a que se le inscriba en el Libro Registro de Acciones Nominativas, en su caso, o a que se le inscriba en el Libro de Registro de Acciones Escriturales.

Además, el accionista tiene derecho a trasmitir su participación accionaria (art. 305, inc. 1). Este derecho, también, se refiere a los certificados provisorios que se hubieren emitido (art. 298, inc. 3).

La Ley prohíbe una estipulación de los estatutos que impida la transferencia de las acciones nominativas o de las escriturales (art. 305). Sólo podrá limitarse la trasmisión pero de tal forma que ello ni implique en régimen prohibitivo. Para tutela de terceros se impone que la limitación que se hubiera establecido en el Estatuto debe constar en el propio título accionario o en el libro de Registro mencionado. Con ello se crea un régimen de publicidad permanente y cualquier interesado en adquirir la acción podrá constatar fácilmente la existencia de las limitaciones en el régimen de trasmisión, tomando las providencias del caso. Lo analizamos, al estudiar el régimen de las acciones.

B. Derechos políticos

1.     Derecho a participar y votar en las asambleas

El accionista tiene derecho a participar en el funcionamiento de las asambleas ordinarias y extraordinarias. Existen, también, asambleas especiales en las que sólo participan los tenedores de determinadas clases o series de acciones (art. 349).

En las sociedades anónimas sociales las resoluciones se deben adoptar en las asambleas. El derecho de asistir a las asambleas y a votar, es un derecho calificado como derecho fundamental del accionista (art. 319). Los accionistas, reunidos en forma orgánica, deben resolver sobre la aprobación de los balances anuales y sobre la distribución de las utilidades. En general, también han de resolver sobre cuestiones que exceden las facultades conferidas a los administradores. También han de resolver sobre la modificación del contrato de sociedad y otros negocios societarios.

Las resoluciones se adoptan por mayorías de capital y, en algunos casos, por mayorías de presentes en asambleas. Se manejan distintas mayorías – simples o calificadas - según los asuntos sobre los cuales deba recaer la resolución.

El funcionamiento de las asambleas está reglamentado en la Ley y dentro de esa reglamentación hay varias normas de tutela a los accionistas. Haremos referencia a tales normas cuando tratemos el tema en la bolilla siguiente.

La Ley recoge el principio tradicional: una acción un voto. Las sociedades anónimas se manejan con un criterio capitalístico, en que se tiene más poder político cuantas más acciones se poseen.

Los accionistas, en asamblea, pueden resolver muchos temas relacionados con el órgano de administración.

El estatuto puede establecer el número de directores; si no lo hace lo fija la asamblea.

El artículo 377 establece, en el inciso primero, el principio general en cuanto a la designación de administradores: “(Designación). El administrador o los directores serán designados en la asamblea de accionistas”.

De acuerdo al artículo 377, inciso 2:  “Cuando existan series de acciones, el estatuto podrá prever que cada una de ellas elija uno o más directores, reglamentando su elección”. En tal caso, sólo los accionistas de la serie podrán resolver su remoción (art. 381).

El artículo 377, inciso 3, agrega:  “La elección por los tenedores de acciones preferidas con derecho a elegir uno o más directores, también será reglamentada en el estatuto”. En este caso, la remoción sólo se podrá resolver por los tenedores de esas acciones (art. 383).

Cuando se produce una vacante en el cargo de administrador único, el órgano de control interno debe nombrar un sustituto. Si no existe órgano de control, cualquier accionista podrá pedir al órgano estatal de control que designe un administrador provisorio entre los accionistas mayoritarios. Luego, ese administrador provisorio deberá convocar a la asamblea extraordinaria que nombrará el definitivo (art. 381).

2. Derecho a la fiscalización y a recibir información

La Ley impone a los administradores de la sociedad ciertos deberes de publicidad y además obligaciones de prestar información a los accionistas. La publicidad es una tutela para los accionistas aunque también en muchos casos para terceros. Tiene distinta eficacia y consecuencia según los casos.

Se impone publicidad para las modificaciones de los estatutos para las funciones, escisiones, transformaciones y disoluciones. Hay mayores obligaciones de publicidad para las sociedades anónimas abiertas, como defensa para los accionistas-inversores. Así es que se impone a las abiertas, la sumisión de los balances al control de la Auditoría Interna de la Nación y su publicidad posterior.

Se impone a los directores, el deber de informar a los accionistas. Frente al deber de dar información existe un derecho a recibirla; pero todo encuadrado dentro del marco de los intereses sociales comunes (art. 75 de la Ley). Al respecto el legislador tuvo en cuenta los dos intereses en juego: el del accionista y el interés del ente societario, de que ciertos datos no sean divulgados porque pertenecen a la esfera de competencia del órgano administrador y por tutela del secreto de los negocios. Así por ejemplo, recordemos que la reserva importa en la actividad bancaria. Interesa la reserva respecto de secretos industriales: procedimiento de fabricación, fórmulas de carácter técnico, etc. o respecto a determinados secretos comerciales.

Por ello, la obligación del administrador de comportarse con lealtad respecto de la sociedad le obliga a guardar ciertos secretos y, en caso de revelación culposa, le hace responsable de su información. De modo que la Ley debió contemporizar y crear un régimen en que se contemplaran exigencias mínimas de información a los accionistas sin que se perturbara el manejo de los negocios sociales.

Creemos que la Ley ha logrado un justo equilibrio entre el derecho y el deber de informar. El derecho de pedir informes y el deber correlativo de darlos se circunscribe exactamente. La exhibición general de libros, que puede ser la fórmula más peligrosa, no ha de suponer necesariamente poner al descubierto secretos de negocios y luego veremos que se ha condicionado.

a. Derecho a solicitar la exhibición de libros

En el artículo 75 se establece, como un principio general de la materia societaria, el derecho a examinar los libros y documentos sociales[1]. Se aplicará lo dispuesto sobre exhibición general de libros en los artículos 73 y siguientes del Código de Comercio. El artículo 75 también prevé que el socio tiene derecho a solicitar a los administradores, los informes que estime pertinentes.

El principio expresado en el artículo 75 presenta dos excepciones: las limitaciones que la Ley 16.060 establezca para determinados tipos sociales y los casos en que exista un órgano de control interno (art. 75, inc. 2)[2]. Se considera que si existe un órgano de control, cuyos miembros han sido designados por los socios, se hace innecesario el control individual. En cuanto a las limitaciones que la Ley 16.060 establece respecto de determinados tipos, precisamente, debemos advertir las particularidades que al respecto presenta el régimen aplicable a las sociedades anónimas.

Se trata de un derecho cuyo ejercicio está estrictamente condicionado. El Juez sólo debe autorizar la exhibición si se cumplen las condiciones referidas.

En todos los casos, además, este derecho debe ser ejercido en tal forma que no implique un uso abusivo. Entre el interés particular de un socio o un grupo de socio y el interés común puesto en peligro por revelaciones imprudentes, debe ser este último el que prevalezca; pero ello deberá resolverse en cada caso de acuerdo a sus circunstancias. El Juez ante quien se plantea el pedido podrá denegar la exhibición si se prueba que se trata de un ejercicio abusivo del derecho.

* Exigencia de un porcentaje mínimo de acciones

A los accionistas no les corresponde un derecho incondicional a obtener cualquier tipo de información ni, mucho menos, un derecho general a que se le exhiban los libros de comercio. El artículo 75 agrega que la salvedad respecto del órgano de control es sin perjucio de lo dispuesto en el artículo 339. Este último artículo, en sede de  sociedades anónimas, establece que la exhibición de libros sólo puede ser solicitada por accionistas que representen el 10 % del capital integrado. No se confiere ese derecho a cualquier accionistas por las dificultades prácticas que ocasionaría el ejercicio de tal pretensión y por la posibilidad de que un accionista, con escasa participación en el capital social, pudiera solicitar una exhibición inspirado en intereses personales, contrarios a los intereses sociales, para conocer los negocios sociales con el fin de favorecer una actividad de un competidor, por ejemplo.

* Exigencia de fundamentación de la solicitud de exhibición y agotamiento de los recursos

Además, los accionistas deben justificar el pedido judicial en la realización de actos violatorios de la Ley o del contrato o en fundadas sospechas de graves irregularidades cometidas por los órganos sociales (art. 339). También, deben acreditar haber agotado los recursos previstos por el contrato o la Ley.

b. Derecho de información

Cualquier accionista tiene derecho a pedir al órgano de administración, informes escritos o copias de documentos, pero este derecho se encuentra limitado a los documentos referidos en el artículo 321. El órgano de administración, entonces, sólo tiene la obligación de proporcionar informes o copias respecto de los documentos siguientes: nómina de los integrantes del directorio y del órgano de control; resoluciones propuestas por el administrador a la asamblea de accionistas; lista de accionistas inscriptos para asistir a las asambleas y lista de quienes asistieron a ellas; acta de asambleas; balance general, memoria del órgano administrador e informe del fiscalizador, si lo hubiera.

En general se trata de documentos que se debieron poner a disposición de los accionistas, antes de la asamblea que debe aprobarlos. También, se trata de informes que deben estar en el legajo que, cuando se trata de sociedades anónimas abiertas lleva la Auditoría Interna de la Nación. Este legajo puede ser consultado por cualquier accionista. El derecho se ejercerá entonces en la hipótesis en que tales documentos no se hubieren llevado al legajo.

En ninguno de los casos aquí previstos existe peligro de vulnerar secretos de negocios, puesto que se trata de informes sobre temas planteados en la asamblea. Por otra parte, existiendo intervención del Juez, siempre existe posibilidad de impedir abusos, en el pedido de informes. El Juez impondrá obligación de proporcionar informes, previa audiencia de la sociedad.

Este derecho es de cualquier accionista. Si el administrador no los proporciona, el accionista puede pedirlos judicialmente. Existiendo intervención del Juez, siempre existe posibilidad de impedir abusos, en el pedido de informes. El Juez impondrá la obligación de proporcionar informes, previa audiencia de la sociedad. Los directores responderán solidariamente de los gastos y honorarios devengados por la actuación judicial. El inciso final del artículo 321 establece: “Si el órgano administrador rehusara proporcionar total o parcialmente la información o copia solicitada, el accionista podrá pedir al Juez que la ordene. En este caso, todos los gastos y honorarios que se devenguen serán de cuenta del administrador o de los directores omisos, los que responderán personal y solidariamente entre ellos”.

El artículo 357 impone al directorio la obligación de entregar copia del reglamento del funcionamiento de las asambleas, que se hubiere adoptado por asamblea extraordinaria. Si no se entrega esa copia, cualquier accionista puede pedirla judicialmente (art. 321). La Ley fija un plazo de 180 días para someter los estados patrimoniales anuales y memoria a la asamblea. El plazo se cuenta a partir del fin del ejercicio. El fundamento de esta exigencia es proporcionar a los accionistas la documentación que se ha de analizar en la asamblea con tiempo suficiente para que puedan considerarlos, estudiarlos y luego votar con conocimiento.

Los balances anuales, notas y memoria que deben elaborar anualmente los administradores o el directorio deben ser puestos a disposición de los accionistas, en la sede social, con diez días de anticipación a la asamblea. En el mismo término debe ponerse a disposición de los accionista los informes formulados por los órganos de control interno (art. 96). En la asamblea se podrá aprobar o impugnar toda esa documentación, pues ello es derecho inderogable de los accionistas (art. 97, inc. 2).

c. Fiscalización

Los administradores deben depositar, en la sede social, los estados contables que deben elaborar anualmente, así como la memoria y los informes del órgano de control, cuando lo hubiere, con diez días, por lo menos, de anticipación a la fecha en que deban ser considerados por la asamblea para su aprobación (art. 96). Los socios reunidos informalmente o en asamblea, cuando ésta se impone por el tipo estipulado, tienen la función de aprobar o desaprobar esos estados e informes (art. 97 y 342).

* Fiscalización por un órgano de control interno (art. 397)

La fiscalización privada es obligatoria para las abiertas y facultativa para las cerradas (art. 397). Sin embargo, para las cerradas se admite la creación del órgano de control y que se designen sus titulares a pedido de los accionistas que representen por lo menos un 20 % del capital integrado (art. 397, inc. 4).

De la redacción del artículo 402 se deduce el derecho de los accionistas a pedir informes y de efectuar denuncias al órgano de control interno. El pedido se puede formular en una asamblea ordinaria o extraordinaria cuando no figure, el orden del día.

* Fiscalización por un órgano de control externo

Las sociedades anónimas se encuentran sometidas a la fiscalización de la Auditoría Interna de la Nación, respecto de la constitución y modificación de su contrato social, así como respecto a su disolución anticipada, transformación, fusión, escisión y cualquier variación del capital social. Las sociedades anónimas abiertas, además, están sujetas al control estatal durante su funcionamiento y liquidación (art. 409).

Además de estos casos de control preceptivo, los accionistas que representen, por lo menos, el 10 % del capital integrado, pueden solicitar la fiscalización de la Auditoría Interna de la Nación, sea cual fuere la clase de sociedades anónimas. Una vez requerida la fiscalización, la Auditoría podrá recabar información al órgano de administración de la sociedad y, en su caso, al de control privado. Las medidas de fiscalización se limitarán a lo que se haya solicitado por los accionistas (art. 410).

C. Otros derechos fundamentales

1.     Receso

El receso es un derecho destinado a atenuar las consecuencias del manejo de la sociedad por las mayorías asamblearias. Se denomina derecho de receso a la facultad propia del socio de desvincularse de la sociedad mediante su rescisión parcial, en los casos previstos en la Ley o en el contrato.

Cuando las asambleas resuelven por mayoría determinados asuntos considerados por la Ley como de importancia fundamental para la sociedad y de interés para el estatuto personal de cada accionista, se autoriza el receso de los accionistas minoritarios disidentes, de los  que se abstuvieron de votar y de los ausentes. Las normas que regulan el receso constituyen una defensa por la minoría; determinan criterios para la avaluación de la participación del socio que recede, así como las condiciones del reembolso (art. 153 y siguientes).

a. Caracteres

El derecho de receso es de orden público. Es irrenunciable e irrestringible  (art. 151). Sin embargo, la sociedad puede impedir se efectivice, dejando sin efecto la resolución que motivó el receso (art. 151): “El derecho de receso será irrenunciable y su ejercicio no podrá ser restringido. La sociedad podrá dejar sin efecto la resolución que motive el receso cuando considere que éste compromete su estabilidad o buen funcionamiento, dentro de los 60, días a contar del vencimiento del plazo establecido en el artículo precedente”.

b. Causales de receso

En varias situaciones, previstas en la Ley 16.060 o en el contrato social, se autoriza al socio o accionista a receder. Tal es lo que establece el artículo 150: “Cualquier socio podrá ejercer el derecho de receso en los casos previstos por la ley o el contrato”.

Existen causales que corresponden a todos los tipos sociales, por lo que también se aplican a las sociedades anónimas. Así, por ejemplo, la hipótesis en que se exige nuevos aportes al socio, en razón de circunstancias que hacen imposible realizar la actividad social, si no se hacen (art. 152): “Si por un cambio de circunstancias no pudiese realizarse la actividad social sin aumentar los aportes, el socio que no lo consienta podrá ejercer el derecho de receso o ser excluido”. Lo mismo sucede con la transformación (art. 108), la fusión (art. 129) y la escisión (art. 139). Las causales de receso vinculadas a la reactivación (art. 166) y a la regularización (art. 42, inc. 2), también, son aplicables en materia de sociedades anónimas.

También se configura una causal de receso cuando, habiéndose producido una causal de disolución, los socios por mayoría resolvieran continuar la sociedad (art. 166). Esta norma consagra una solución que tiende a la tutela de la sociedad, a su subsistencia; pero tal subsistencia ha de depender del interés individual de los socios. Estos pueden resolver, conservar la sociedad; pero en este caso, los restantes accionistas ausentes o disidentes pueden receder.

Entre las causales específicas para sociedades anónimas señalamos las siguientes.

* Causales previstas en el artículo 362

Para las sociedades anónimas, el artículo 362, con la redacción dada por la Ley 17.243, establece el derecho de receso cuando en la asamblea se haya resuelto la fusión, escisión, transformación, prórroga, transferencia del domicilio al extranjero, cambio fundamental del objeto y aumento del capital o reintegración total o parcial del capital integrado. No hay derecho a receso, si el aumento de capital se efectúa con la emisión de acciones liberadas.

En el artículo 362.2 se establece :

“Podrá estipularse en el contrato social que no existirá derecho a receso en los casos de aumento de capital social por nuevos aportes, con excepción de los casos previstos en el artículo 330.

La modificación que apareja la incorporación de esta estipulación en el contrato social dará derecho de receso”.

De acuerdo a este texto, incorporado por la Ley 17.243, en el contrato constitutivo de una sociedad anónima se puede establecer que no hay derecho de receso; pero se admite la restricción de ese derecho sólo para la hipótesis de aumento de capital social por nuevos aportes. Para el caso de que,  en una sociedad, se resolviera modificar el estatuto para incorporar tal estipulación, en el texto que comentamos, se agrega una nueva hipótesis para el ejercicio de este  derecho de receder.        

En fin, sobre este tema, destacamos que en la actual redacción de la norma, en el artículo  362.3 se niega derecho de receso, en algunas de las hipótesis previstas en el inciso primero, para el caso de las sociedades anónimas abiertas El texto es el siguiente: “En las sociedades anónimas abiertas que emitan acciones que se coticen en mercados formales, los supuestos de aumento del capital social  o reintegro – totales o parciales – de capital integrado, fusión o escisión – en tanto las sociedades resultantes mantuvieran el carácter de sociedades anónimas abiertas – no generarán derecho de receso”.

Sólo se autoriza a receder al accionista disidente, al que votó  en blanco o se abstuvo y al ausente de la asamblea que adoptó las  resoluciones referidas (art. 363). La norma prevé que un extracto de la resolución correspondiente será publicado en el Diario Oficial y en otro diario por una sola vez y ello a los efectos del receso.

El artículo 363 dispone: “(Receso en los casos de supuestos especiales). Podrán receder los accionistas disidentes o que votaran en blanco o se abstuvieran y los ausentes, que acrediten su calidad de accionistas al tiempo de la asamblea, debiendo notificar su decisión a la sociedad en forma fehaciente dentro del plazo de treinta días siguientes a la última publicación de la resolución, bajo sanción de caducidad del derecho.

Vencido dicho plazo, si no se hubiera ejercido el derecho de receso, el administrador o los directores darán cumplimiento a lo dispuesto por la asamblea.

Si se hubieran producido solicitudes de receso, se convocará a una nueva asamblea extraordinaria en el plazo de sesenta días para resolver si se dejará sin efecto la reforma (art. 151) o si se mantendrá.

Si a consecuencia del reembolso el capital integrado quedara reducido a una cifra inferior al mínimo establecido en el artículo 280, se ofrecerán las acciones reembolsadas a los suscriptores que cumplan con la integración, a los accionistas o al público (art. 328). Si no fueran adquiridas dentro del término de un año de efectuado el reembolso, se deberá reducir el capital social”.

* Conversión de sociedad anónima abierta en cerrada y viceversa

También es causal de receso la conversión de una sociedades anónimas abierta en cerrada y viceversa (art. 249). En este caso sólo se acuerda ese derecho al accionista disidente.

* Limitación o suspensión del derecho de preferencia

Hay derecho de receso cuando una asamblea limita o suspende el derecho de preferencia.El artículo 330 dice así:

“(Limitaciones o suspensiones al derecho de preferencia. Condiciones). Por asamblea extraordinaria se podrá resolver en casos particulares y cuando el interés de la sociedad lo exija, la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción o adquisición de nuevas acciones, cuando su consideración se incluya en el orden del día y se trate de acciones a integrarse con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones preexistentes, así como de un aporte de dinero que por su importancia sea absolutamente necesario para el desarrollo de los negocios sociales o el saneamiento de la sociedad.

Los accionistas disidentes con derecho de preferencia, podrán receder”.

* Norma especial para el caso de transformación de sociedades anónimas

El artículo 109 contiene una norma especial para el caso de transformación. Establece: “(Situación especial). Tratándose de sociedades anónimas o en comandita por acciones, quedarán excluidos los accionistas ausentes que en el plazo del artículo anterior no se hayan adherido por escrito a la transformación o no hayan ejercido el derecho de receso”.

* Modificaciones en las condiciones para la trasmisión de acciones

También se crea el derecho de receso en los casos de transformación de las acciones al portador en nominativas, restricción o condicionamiento de la trasmisibilidad de las acciones nominativas (art. 364). El artículo 364 establece: “(Modificaciones de las condiciones para la trasmisión de acciones). Cuando la modificación consista en transformar acciones al portador en nominativas o en restringir o condicionar la trasmisibilidad de las acciones nominativas, los titulares de las mismas que no hayan votado en favor de la resolución, no quedarán sometidos a ella durante el plazo de seis meses, a contar del aviso que se publicará en el Diario Oficial y en otro diario o periódico; y asimismo podrán receder en los términos del artículo anterior”.

* Ejercicio del derecho de receso en las sociedades anónimas (art. 363)

Sólo se autoriza a receder al accionista disidente, que votara en blanco o se abstuviera y al ausente de la asamblea que adoptó determinadas resoluciones.

2. Derechos relacionados con el capital social

a. Derecho de preferencia en la adquisición de acciones

El artículo 326 atribuye a los accionistas el derecho de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones, cuando se resuelve un aumento de capital o la emisión de partes beneficiarias convertibles en acciones o la emisión de debentures convertibles en acciones. El artículo 327 establece que ese derecho puede ser cedido a otros accionistas o a terceros. Se trata de un derecho fundamental. Sin perjuicio de ello, el accionista puede trasmitirlo.

* Limitación al derecho de preferencia

El derecho de preferencia se podrá descartar en situaciones muy especiales, en que las circunstancias lo hagan necesario: aportes de cierta importancia para la reactivación de la sociedad o aportes en especie, como podría ser un equipo industrial o tecnología, que de otro modo no podrían adquirirse o cuando es una mecánica para cancelar pasivos. En estas situaciones especiales, se confiere a los accionistas disidentes el derecho de receder. El artículo 330 dice así:

“Por asamblea extraordinaria se podrá resolver en casos particulares y cuando el interés de la sociedad lo exija, la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción o adquisición de nuevas acciones, cuando su consideración se incluya en el orden del día y se trate de acciones a integrarse con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones preexistentes, así como de un aporte de dinero que por su importancia sea absolutamente necesario para el desarrollo de los negocios sociales o el saneamiento de la sociedad.

Los accionistas disidentes con derecho de preferencia, podrán receder.”

* Ejercicio del derecho de preferencia

El artículo 328 establece el mecanismo para el ejercicio de el derecho de preferencia:

“En los casos que procediese el ejercicio de cualquiera de los derechos establecidos en el artículo 326, la sociedad hará el ofrecimiento de las acciones, mediante aviso por tres días en el Diario Oficial y en otro diario.

Quienes tengan derecho de preferencia, lo ejercerán dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, si el contrato social no estableciera un plazo mayor. El derecho de acrecer se ejercerá en los treinta días subsiguientes. Vencidos ambos plazos, las acciones no suscriptas podrán ofrecerse a terceros o al público”.

* Tutela del derecho de preferencia

La Ley organiza un régimen de tutela de este derecho y, además, establece la responsabilidad de los administradores y de la sociedad por violación del artículo 326. El artículo 329 dice así:  “(Acción judicial de quien tenga derecho de preferencia). Todos los que tengan derecho de preferencia, a quienes la sociedad les prive de esos derechos, podrán exigir judicialmente que ésta cancele las suscripciones que les hubieran correspondido. Tratándose de enajenación o entrega de acciones ya cumplidas, no podrá procederse a la cancelación prevista; pero los perjudicados tendrán derecho a que la sociedad y el administrador o los directores culpables, solidariamente, les indemnicen los daños causados. En ningún caso, la indemnización será inferior al triple del precio por el cual se emitan las acciones que hayan podido suscribir o adquirir conforme al artículo 326. En ambos casos, serán de cuenta de la sociedad o de quienes respondan solidariamente, los gastos y honorarios que se devenguen por el trámite judicial.

Las acciones del inciso anterior deberán ser promovidas en el término de seis meses a partir del vencimiento del plazo de suscripción o del momento en que puedan adquirirse las acciones. Podrán ser iniciadas por el perjudicado, el administrador de la sociedad o cualquiera de los directores o síndicos”.

b. Derechos de los accionistas en caso de reducción del capital o rescate de acciones

La Ley impone un tratamiento igualitario a los accionistas, cuando se resuelve la reducción del capital o el rescate de acciones (arts. 290 y 312).

c. Derechos de los accionistas cuando hay aumento de capital (art. 287)

El artículo 287 impone que, previamente a una resolución sobre un aumento de capital, se formule un balance especial, se actualicen los valores de los bienes del activo y se proceda a una capitalización del aumento patrimonial que resulte de ese balance especial así como a la capitalización de las reservas, que no tuvieron afectación especial.

Con esta norma se quiso tutelar a los ya accionistas, frente al ingreso de nuevos accionistas. Capitalizando la revaluación de activos y las reservas, el accionista recibe acciones liberadas que corresponden a su participación el patrimonio real de la sociedad.

Con otras palabras, se procura aproximar la cifra de capital integrado a la cifra del patrimonio neto, entregando a los ya accionistas, acciones liberadas por el aumento de capital operado.  Por esta vía, se evita que, en un aumento de capital, los accionistas anteriores vean licuadas sus participaciones en el patrimonio por el ingreso de nuevos accionistas que compartirán, proporcionalmente, el patrimonio social preexistente que puede estar muy por encima del capital integrado (cifra contable, ideal).

Precisión: el ya accionista tiene por otras normas de la Ley, preferencia para suscribir e integrar el aumento de capital, con lo cual puede mantener su posición en la sociedad. El problema se plantea respecto al accionista que no está en condiciones de participar en el aumento.

El artículo 287 crea entonces un esquema complejo. Toda vez que la sociedad necesite nuevos aportes debe recorrer las etapas siguientes:

Primero, se debe realizar un balance especial, con tasación de los bienes sociales. Luego, se deben capitalizar los aumentos de patrimonio constatados con ese balance especial y también se deben capitalizar las reservas existentes. Para instrumentar este aumento de capital se requiere una asamblea extraordinaria.

Segundo, se debe convocar, además, a una segunda asamblea extraordinaria que ha de resolver el aumento de capital con nuevos aportes. Aclaramos que podría resolverse la capitalización de aumentos patrimoniales y de reservas conjuntamente con un aumento de capital para recibir nuevos aportes, en la misma asamblea extraordinaria.

3. Derecho al ejercicio de acciones judiciales

a. Acciones contra la sociedad

*Los socios tienen derecho de reclamar a la sociedad por el desconocimiento de sus derechos o por los daños sufridos como terceros. Tal como ya expresamos, no podría reclamar que se le repare por las pérdidas sufridas por el patrimonio social, por cuanto todos deben soportar las pérdidas.

*Cuando se verifica una causal de disolución, si los socios no se ponen de acuerdo en declarar disuelta la sociedad, cualquiera de ellos puede pedir su declaración judicial.

Las sociedades se disuelven cuando se verifican algunas de las causas referidas en el artículo 159 de la Ley 16.060. Algunas de estas causas operan independientemente de la voluntad de los accionistas. En otros casos, en cambio, los accionistas podrán demandar la disolución judicial de la sociedad.

b. Acciones contra los órganos sociales

* Cuando existen órganos de control, quienes desempeñen las funciones respectivas son responsables frente a socios o accionistas.

* La Ley 16.060 otorga legitimación a los accionistas para la reclamación de responsabilidad contra los directores, para reclamar por los daños resultantes, directa o indirectamente, de la violación de la Ley, el estatuto o el reglamento, por el mal desempeño de su cargo y por aquéllos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa grave (art. 391).

* El socio podrá solicitar, cuando se den las condiciones para ello, la intervención de la sociedad, al amparo de los artículos 184 y siguientes.

* Legitimación para impugnar asambleas (art. 367)

---