Prescripción

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

La prescripción es un modo de extinguir derechos por el no uso de la acción correspondiente en el tiempo señalado por la Ley, de acuerdo con lo establecido por el art. 1188 del Código Civil (CC).

I. Condiciones para que se configure la prescripción

A. Iniciativa de parte

La excepción que resulta de la prescripción no puede ser opuesta de oficio por el juez. Así surge de lo dispuesto en el art. 1191 del CC, que establece que «los jueces no pueden suplir de oficio la excepción que resulta de la prescripción».

La excepción de prescripción es oponible por el ejecutado frente a cualquiera que pretenda su cobro. Como decía Vivante, la excepción de prescripción es una excepción in rem que se puede oponer por el deudor requerido para el pago, frente a cualquiera que pretenda el cobro. Se diferencia de las excepciones llamadas personales que sólo puede oponer el deudor frente a un determinado acreedor cambiario y no frente a otros.

La excepción es absoluta, ya que todos los deudores cambiarios pueden oponerla, pero con fisonomía especial pues son distintos los términos de prescripción. Cada tipo de deudor puede alegar un determinado término de prescripción, según su posición cambiaria pero ese término sirve a ese deudor respecto a cualquiera de los eventuales acreedores.

B. Oportunidad para oponer la prescripción

De acuerdo con lo que surge del art. 1191 del CC, la prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, hasta que se halle en situación de dictarse sentencia, en primera o segunda instancia. No obstante, en el caso del juicio ejecutivo cambiario, la excepción de prescripción se debe interponer en el término procesal de diez días que corre a partir de la citación de excepciones (art. 355.1 CGP).

Corresponde advertir que la extinción del crédito se produce cuando concluye el término de inacción (art. 1188 CC), sin depender del momento en que sea opuesta la liberación. La invocación de la prescripción no es la causa de la extinción. Por ello, la acción extinguida no renace, por ejemplo, en virtud de un emplazamiento posterior al vencimiento del término prescriptivo, ni como consecuencia de un ulterior reconocimiento implícito en un pago a cuenta, porque en ambos casos la extinción se produjo antes de ser invocada.

II. Términos de prescripción

A. Prescripción en las letras de cambio

Los términos de prescripción se establecen en el art. 116 del Decreto Ley 14.701, de 12 de setiembre de 1977, de Títulos Valores, que establece lo siguiente:

Toda acción emergente de la letra de cambio contra el aceptante prescribe a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento. La acción del portador contra los endosantes y contra el librador prescribe al año, contado desde la fecha del protesto formalizado en tiempo útil y desde el vencimiento de la letra si ésta no fuera protestable.

La acción del endosante que reembolsó el importe de la letra de cambio o que ha sido demandado por acción de regreso contra, los otros endosantes y contra el librador se prescribe a los seis meses contados desde el día que el endosante pagó o desde aquél en que se le notificó la demanda.”

1. Acción directa

Toda acción emergente de la letra contra el aceptante (sea de cobro o de reembolso) prescribe a los tres años.

El plazo de prescripción de la acción directa, en las letras con vencimientos, se empieza a contar desde el vencimiento. 

Las letras a la vista plantean el problema de cómo determinar el momento al partir del cual se debe comenzar a contar el plazo prescriptivo.

Al respecto, corresponde advertir que el art. 79, en sede de letras, dispone que los títulos deben presentarse al pago en el término de un año a contar desde su fecha. Con base en esa disposición, se ha entendido que se debe contar el término prescriptivo a partir del transcurso de dicho año.

Entendemos que la misma solución es aplicable a los vales a la vista.

2. Acción de regreso

La acción del portador contra los endosantes y contra el librador prescribe al año.

El plazo de prescripción de las acciones de regreso se cuenta desde la fecha del protesto, salvo que la letra no fuera protestable. En este último caso, el plazo se cuenta desde el vencimiento.

3. Acción de reembolso

La acción del endosante que reembolsó el importe de la letra o que ha sido demandado por acción de regreso, contra los otros endosantes y contra el librador, prescribe a los seis meses.

El plazo de prescripción de la acción de rembolso se cuenta desde la fecha en que el endosante pagó o se le notificó la demanda.

B. Prescripción en los vales

1. Respecto del librador

El término de prescripción de a acción directa fundada en un vale es de cuatro años, de acuerdo al art. 1019 del Código de Comercio (CCom), con la redacción dada por la Ley 17.292 del 2001 (art. 26). El art. 26 de la Ley 17.292 dio una nueva redacción al n

° 1 del art. 1019, que quedó redactado así:

Se prescribe por cuatro años:

1° Las acciones provenientes de vales, conformes o pagarés contra el librador, si la deuda no ha sido reconocida por documento separado.

Los cuatro años se contarán desde el vencimiento o desde la fecha de la sentencia de condenación prevista en el artículo 1606 de este Código en su caso.”

La norma establece el término de prescripción de los vales, conformes o pagarés contra el librador. Se fija en cuatro años. El punto de partida es el vencimiento.

Si el vale es a la vista, puede entenderse que el plazo corre a partir de un año de la fecha de creación, aplicando lo dispuesto para las letras de cambio en el art. 79.

El inc. 1 del n° 1 del art. 1019 establece un plazo de prescripción de cuatro años, pero de inmediato hace una salvedad: “si la deuda no ha sido reconocida por documento separado”.

Debe interpretarse que la prescripción de los vales, conformes y pagarés será de cuatro años, siempre y cuando la deuda no haya sido reconocida por documento separado, conforme al texto trascripto.

Si hubo reconocimiento de la deuda por documento separado, la prescripción no será de cuatro años sino de veinte años. El acreedor del vale, conforme o pagaré, que ha obtenido un reconocimiento documentado del adeudo, se ve beneficiado con el plazo mayor de prescripción.

2. Respecto de los endosantes y de las acciones de rembolso

No hay norma especial para la prescripción contra los endosantes. En consecuencia, corresponde aplicar el término de un año establecido en el DLTV para las letras de cambio (art. 116). Allí se establece un término de un año para la prescripción de la acción directa contra los endosantes.

El endosante que pagó tiene una acción de rembolso. A ésta, también, se ha de aplicar el art. 116, que fija un término de prescripción de seis meses desde el día que el endosante pagó o desde el día en que se le notificó la demanda.

La acción de rembolso del firmante de un mismo acto contra los demás consignatarios, en cambio, es de carácter ordinario y prescribe a los veinte años. Esto es así, en tanto el art. 14 del DLTV establece lo siguiente:

... El pago de un título por uno de los signatarios, no confiere a quien paga, respecto a los demás que firmaron el mismo acto, sino los derechos y las acciones que competen al deudor solidario contra los demás obligados...”

3. Respecto de los co-signatarios de un mismo acto

Por otra parte, el DLTV no prevé una solución específica en cuanto a la prescripción, en la hipótesis de que existan co-libradores o co-avalistas, y uno de ellos, que haya pagado el título, accione contra el o los restantes co-firmantes. Entendemos que la acción de rembolso del firmante de un mismo acto contra los demás co-signatarios,  prescribe a los veinte años. Esto es así, en tanto el art. 14 del DLTV establece lo siguiente:

... El pago de un título por uno de los signatarios, no confiere a quien paga, respecto a los demás que firmaron el mismo acto, sino los derechos y las acciones que competen al deudor solidario contra los demás obligados...”.

Por lo tanto, es aplicable a esta hipótesis, lo dispuesto por el art. 1.018 del CCom:

Todas las acciones provenientes de obligaciones comerciales, ya sean contraídas por escritura pública o privada, quedan prescriptas, no siendo intentadas dentro de veinte años.

4. Prescripción en un vale amortizable en cuotas

El DLTV admite la creación de vales, conformes o pagarés con estipulación del pago en cuotas con vencimientos escalonados. Si en el documento se prevé que el pago de una o más cuotas hace exigible el total, el término de prescripción comienza a correr, desde la fecha en que se produce el vencimiento de la cuota que provoca la exigibilidad. Si la cláusula de vencimiento anticipado no se hubiere previsto, la prescripción ha de operar por cada fracción de capital a partir de su respectivo vencimiento.

C. Prescripción en los cheques

El art. 68 del Decreto Ley de Cheques n° 14.412 de 1975 (DLCh) establece que la acción del tenedor contra librador o endosantes, prescribe en un término de seis meses, que se computa desde el vencimiento del plazo de presentación del cheque para su cobro. Las acciones de los endosantes contra el librador y de los endosantes entre sí, prescriben a los seis meses desde que el endosante hubiere rembolsado el importe del cheque.

El DLCh no prevé una solución específica en cuanto a la prescripción, en la hipótesis de que existan co-libradores y uno de ellos, que haya pagado el cheque, accione contra el o los restantes co-libradores. Entendemos que para el caso se aplica, también, lo dispuesto por el art. 1018 del CCom.

III. Interrupción de la prescripción

A. Régimen de interrupción de la prescripción aplicable a vales y letras de cambio

De acuerdo con el régimen establecido en el art. 1026 del CCom, con la redacción que le ha dado la Ley 17.292, la prescripción se interrumpe por cualquiera de las vías siguientes:

1º Por el reconocimiento que el deudor hace del derecho de aquél contra quien prescribía.

2º Por medio de emplazamiento judicial notificado al prescribiente. El emplazamiento judicial interrumpe la prescripción, aunque sea decretado por Juez incompetente.

3º Por medio de intimación judicial, practicada personalmente al deudor, o por edictos al ausente cuyo domicilio se ignorase.

4º Por la admisión de una pretensión concursal deducida por el deudor.

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 67 de la Ley de Declaración Judicial de Concurso y Reorganización Empresarial de 2008, desde la declaración del concurso quedarán suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de las acciones contra el deudor, por créditos anteriores a la declaración.

B. Régimen especial en materia de cheques

Lo dispuesto en el art. 1026 del CCom tiene carácter general y, por lo tanto, se aplica, también, a los cheques. Sin embargo, en lo que respecta a la interrupción de la prescripción por el emplazamiento judicial notificado al prescribiente, el DLCh establece una solución diferente a la general. El art. 68, inc. 2, del DLCh dispone lo siguiente:

"La acción intentada contra un endosante o el librador interrumpirá la prescripción con respecto a los endosantes contra los que no se haya iniciado acción por cobro del cheque."

Por lo tanto, en materia de cheques, la mera interposición de la demanda ejecutiva interrumpe la prescripción respecto de todos endosantes. No es necesario que se le notifique la demanda al ejecutado para que se configure la interrupción.

1. Efecto de la prescripción intentada con respecto a un endosante

El DLCh omitió prever que la iniciación de una acción contra un endosante interrumpe la prescripción con respecto al librador. Entonces, se ha interpretado que el art. 68 sólo alude a la interrupción "respecto a los endosantes contra los que no se haya iniciado acción por cobro de cheque".

No concordamos con esta opinión. No vemos que sentido tendría que la prescripción se interrumpiera sólo respecto de los endosantes y no respecto del librador.

Preferimos la posición sustentada por nuestra jurisprudencia:

"Por añadidura nada autoriza a postular que la solución del artículo 68 DL 14.701, al prescribir que la acción intentada (esto es, la deducción de la pretensión ejecutiva) contra un endosante o el librador interrumpirá la prescripción con respecto a los endosantes contra los que no se haya  iniciado acción por cobro del cheque, sea de naturaleza excepcional e interpretación restrictiva. Por el contrario, constituye el principio general aplicable a la interrupción de la prescripción de las acciones emanadas de los cheques, en relación a todos los obligados a su pago, que se ajusta a la ratio o directriz teleológica subyacente en la regulación legal de la prescripción extintiva."

2. Soluciones

Frente a esa omisión son posibles dos interpretaciones.

En una interpretación, se encuentra implícito en el art. 68, la interrupción de la prescripción con respecto al librador. Parecería un tanto absurdo interpretar que la interposición de una demanda contra el endosante interrumpe la prescripción respecto de los demás endosantes pero no respecto del librador accionado.

En otra interpretación, deberíamos remitirnos al régimen general en materia de prescripción, establecido en el art. 1026 del CCom. En virtud de esta norma, se requeriría el emplazamiento judicial o la intimación judicial para interrumpir la prescripción, o el reconocimiento de la deuda o la admisión de una pretensión concursal deducida por el deudor. La mera interposición de la demanda contra un endosante no interrumpiría la prescripción respecto del librador.

C. Recomienzo del plazo de prescripción

El art. 1026 del CCom, en su nueva redacción, se refiere a la posibilidad de que el plazo de prescripción interrumpido comience a correr nuevamente:

En el primer caso, desde la fecha del reconocimiento; en el segundo, desde la fecha de la última diligencia judicial que se practicare en consecuencia del emplazamiento; en el tercero, desde la fecha de la intimación o de la última publicación en el Diario Oficial; en el caso del numeral 4º, comienza a correr de nuevo, una vez concluido el proceso concursal.”

No hay dificultades para la prueba de prescripción, salvo cuando hubo actos interruptivos. La prueba de éstos incumbe al actor.

El DLTV no contiene ninguna norma especial para regular la situación en que se ha dictado una sentencia que condena a la devolución de lo pagado por una letra de cambio, en el proceso de quiebra. Entendemos que corresponde aplicar el art. 1606. El art. 1606 establece que la sentencia que haya condenado al portador a rembolsar, lo que haya recibido, surtirá los efectos de un protesto en forma para recurrir contra el librador y endosantes. Ello es así, porque el portador que recibió el importe de la letra no la protestó, precisamente, porque había sido pagado y para que no pierda sus derechos (por la falta de protesto) se hace surtir a la sentencia los efectos de un protesto y a partir de ella corre el plazo de prescripción.

IV. Interversión de la prescripción

Interversión significa “alterar el orden de las cosas. En lo que tiene que ver con el plazo de prescripción de los títulos valores, la expresión se refiere a la modificación del término prescriptivo una vez recaída sentencia de condena en el juicio ejecutivo.

A. Posición de Amézaga

Según explica Amézaga, el derecho declarado en la sentencia está sujeto a prescripción a partir de la fecha en que ésta quedó ejecutoriada. La sentencia conserva su autoridad de cosa juzgada y de título de ejecución, pero ello no impide que la obligación reconocida en la sentencia se pueda extinguir por los medios generales de extinción de las obligaciones, entre los cuales se encuentra la prescripción.

Ahora bien, Amézaga advierte que la sentencia que condena a cumplir una obligación es declarativa de un derecho y no crea ni constituye una situación jurídica nueva. Por lo tanto, la sentencia no modifica el plazo de prescripción.

Salvo los casos de excepción contenidos en los arts. 1222, 1223, 1224 y 1225 del CC, en los que la interrupción de la prescripción provocada por la actuación judicial modifica los plazos que tenían según dichas cuatro disposiciones, sustituyéndolo por el común de veinte años del art. 1216, en todos los demás casos rige el principio general expresado en el párrafo anterior. Si la obligación a cuyo cumplimiento condena la sentencia es la misma que se ha hecho valer al accionar, la interversión no puede ser admitida, en la posición de Amézaga, sin una norma expresa que así lo establezca.

Luego de expresar la opinión que acabamos de reseñar, Amézaga advierte que deja de lado «por ahora» los principios de la letra de cambio. Esta frase podría inducir a pensar que Amézaga entendía que el régimen aplicable a la interversión en materia cambiaria sería diferente al general en materia civil y comercial. Sin embargo, esta conclusión es puesta en duda por la doctrina.

B. La interversión en la legislación cambiaria

1. Posición que negaba la interversión del plazo de prescripción

Prestigiosa doctrina advertía que el carácter que el carácter constitutivo o creativo de la sentencia no alcanza a la naturaleza de los derechos que el fallo atribuye a las partes. No puede hablarse, según esta doctrina, de novación ni de sustitución de un derecho por otro. Una pretensión de Derecho cambiario, sigue siendo cambiaría luego de la sentencia. La sentencia nada innova respecto del contenido del derecho debatido en el proceso. Siendo así, el problema atinente al plazo de la prescripción debe apoyarse sobre la naturaleza misma del derecho debatido, dentro de los términos que la Ley establezca.

En particular, la sentencia judicial de condena no cambia el plazo para la prescripción de la acción proveniente de letras u otros papeles endosables. Tan sólo modifica la oportunidad de su comienzo, situándola en la fecha de la sentencia de condenación.

Siguiendo los lineamientos asentados por esta doctrina, alguna jurisprudencia consideraba que aun después de promovida la ejecución, la prescripción del vale, continuaba enmarcada en el término de 4 años que establece la legislación cambiaria. Así, por ejemplo, el TAC de 4° t, argumentaba lo siguiente:

«Ello implicaría sostener que la sentencia nova la obligación, que constituye un título nuevo y distinto al que sirvió de base al juicio. Más aún que la obligación ha cambiado de carácter, ya que siendo comercial ha dejado de serlo para convertirse en civil. Y admitir estas graves consecuencias sin que exista disposición legal que distinga con carácter general entre el plazo de prescripción de las acciones comunes y el de las sentencias. Lo que ha llevado al Dr. Amézaga (obra citada págs. 332, 333) a sostener que lo que el Código dice en el art. 1220 es que el tiempo de prescripción de los derechos declarados por la sentencia correrá desde que ésta causó ejecutoria, lo que no significa que la sentencia cambie el plazo de prescripción de los derechos. Sólo por excepción la sentencia modifica en nuestro derecho el término de la prescripción en los casos de las prescripciones cortas de los arts. 1222, 1223, 1224, y 1225 del C. Civil. Así lo dispone el art. 1226. Es sólo en los casos enumerados en estos artículos que el emplazamiento judicial además de interrumpir la prescripción fija el plazo de veinte años para la prescripción ulterior. Las demás prescripciones vuelven a correr por el término fijado para los derechos declarados a partir de la sentencia condenatoria.»

A su vez, el TAC de 1er t. sustentaba lo siguiente:

«(…) una interpretación contextual del art. 1019 Núm. 1 C. Com. (comprensiva de ambos incisos que lo integran y fundada en la previsión del art. 20 del CC) conduce a sostener que, en hipótesis de haber mediado condenación (excepción prevista en el art. 1019 Núm. 1 inc. 1 C. Com.), no se intervierte el plazo de la prescripción sino que él tiene un diverso dies a quo (que ya no será el de la fecha del protesto, o, en su defecto, el del vencimiento como establece dicho primer inciso; sino el de la fecha de la sentencia de condenación)»

2. Posición que postula la interversión del plazo de prescripción

El art. 1026, parágrafo final, del CCom, contiene una disposición especial - incorporada por el art. 27 de la Ley 17.292 de 2001 - que deja definitivamente de lado la interpretación que acabamos de referir:

«En materia de títulos valores cuando haya recaído sentencia de condena se aplicará lo dispuesto por los artículos 1216 y 1220 del CC

La sentencia de condena a que se refiere esta norma es la providencia que, haciendo lugar a la demanda ejecutiva, dispone la traba de embargo que se hubiere solicitado o la que resuelva el excepcionamiento que el demandado hubiere eventualmente formulado. Si no hubo excepcionamiento, la providencia inicial de traba de embargo queda firme, con eficacia de cosa juzgada.

En tales casos, no se puede ya invocar una prescripción del título valor, puesto que su portador ejerció judicialmente los derechos que le confiere el título. A partir de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo, quien ejecuta el título, tiene los derechos emergentes de la sentencia. Esos derechos prescriben en el plazo de 20 años, según dispone el art. 1216 del CC. El término comienza a correr desde que «causó ejecutoria», aplicando el art. 1220 del CC.

Con otras palabras, por ejemplo, si hubo sentencia de condena en el juicio de ejecución del vale, ya no regirá el plazo de prescripción de cuatro años. Ello es lógico. Si habiendo ejercido la acción ejecutiva para el cobro de un vale, se obtiene una sentencia, a partir de esa sentencia no juega más la prescripción corta, de índole excepcional, que beneficia al obligado cambiario. Rige la prescripción de veinte años del art. 1216 del CC y ese término se relaciona con los derechos reconocidos por la sentencia.

V. Interrupción del plazo intervertido

Es particularmente relevante, en la práctica, la determinación de si la reinscripción del embargo es suficiente o no para interrumpir esta prescripción veintenaria.

A. Posición contraria a atribuir eficacia interruptiva a la reinscripción

Parte de la doctrina advierte que los medios interruptivos del término de la prescripción están taxativamente enumerados en la Ley (art. 1026 CCom) y entre ellos no se cuentan tales actos con dicha potencialidad interruptiva. El principio general es que la interrupción o suspensión de la prescripción en curso opera por el conocimiento de la otra parte de la gestión demostrativa de que no existe negligencia o desinterés en el acreedor. Ese conocimiento no se produce respecto de la gestión de reinscripción del embargo trabado.

En la jurisprudencia, esta posición se ha sustentado, en algunas sentencias, desde que en el fallo publicado como caso 595 por LJU, se considerara que «los pedidos de nueva inscripción de embargo (…), no interrumpen la prescripción». En el mismo sentido se pronuncian la STAC de 4° t. n° 37 de 24 de febrero de 1993 y en la STAC de 1er t. n° 134 de 27 de octubre de 1994. En la primera de las mencionadas se sostiene que «la inscripción registral que surte efectos de publicidad y hace inoponible al embargante la venta del bien no tiene virtualidad para interrumpir la prescripción».

B. Posición favorable a reconocer eficacia interruptiva a la reinscripción

Gorfinkiel considera que mientras se encuentra vigente la inscripción del embargo genérico, el derecho no puede extinguirse por prescripción. A partir de esta premisa, plantea dos posibilidades: a partir de la fecha de la caducidad del embargo comienza a correr un nuevo plazo prescriptivo o que al producirse la caducidad de la inscripción no comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, sino que el dies a quo del mismo sigue siendo la fecha de la última diligencia judicial y, eventualmente, el plazo de prescripción extintiva ya habrá transcurrido.

La inscripción de un embargo específico, en cambio, según Gorfinkiel, no interrumpe el término de prescripción, ni impide que ésta se consume. Si el ejecutante conoce bienes y los ha cautelado, a su inacción no debe atribuirse respaldo legal.

 

 

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