Corretaje

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

El Código de Comercio (CCom) no define al corretaje.

Sin perjuicio de un posterior análisis de su naturaleza jurídica, proponemos la definición siguiente para el corretaje:

Contrato por el cual una parte se obliga a mediar entre la oferta y la demanda de determinados bienes o servicios, promoviendo el perfeccionamiento de un contrato entre los ofertantes y demandantes respectivos, a cambio de una comisión.

Quien participa como mediador es el corredor. La actividad del corredor se caracteriza porque se limita a vincular a las partes sin entrar dentro de la circulación de los bienes. El contrato cuyo perfeccionamiento se promueve se celebra directamente entre quien ofrece determinado bien o servicio y quien lo demanda.

I. Corretaje como contrato principal

El corretaje no es un contrato accesorio. En todo caso, podría considerarse "accesorio" desde el punto de vista económico pero no en sentido jurídico. El art. 1.251 del Código Civil (CC) establece:

"El contrato se llama principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención; y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella."

El contrato de corretaje es principal, puesto que es autónomo respecto del contrato cuya concreción promueve. Por el contrato de corretaje se encomienda a un corredor que busque un interesado en un negocio que se desea celebrar. Independientemente del contrato de corretaje, existe el contrato que las partes interesadas concluyen directa y personalmente entre sí.

El contrato de corretaje no es un contrato conexo con el definitivo, puesto que se trata de contratos independientes y la calidad de uno no tiñe al otro. No hay conexión ni accesoriedad. El contrato de corretaje es un contrato autónomo y existe aunque el definitivo no se celebre.

II. Corretaje como contrato comercial

El corretaje es siempre comercial porque así lo dispone el art. 7, inc. 2, del CCom. En el art. 7, inc. 2, se establece que es comercial toda operación de corretaje. Como la norma no distingue, entendemos que es corretaje comercial tanto el que se vincula con operaciones comerciales como el que tiene por objeto negocios civiles como, por ejemplo, el corretaje de inmuebles.

Sucede lo mismo que con el remate, que es comercial tanto se trate de remate de muebles como cuando se trate de remate de inmuebles. Así lo sostiene toda la doctrina comercialista nacional y la argentina: donde los textos legales son iguales a los nuestros.

En consecuencia, el corretaje puede vincularse a operaciones civiles como, por ejemplo, una compraventa de inmuebles. El corretaje en negocios civiles es, también, comercial.

El corretaje es objetivamente comercial. La actividad de mediación es típicamente mercantil.

Por otra parte, el Código Civil (CC) no contiene normas para regular este contrato. Si se le considerara civil por su conexión con un negocio civil, igualmente le aplicaríamos el CCom, que sí lo regula, atendiendo a la unidad del Derecho privado.

III. Estatuto del corredor

El ejercicio del corretaje es libre pero el CCom exige una serie de requisitos para que pueda desempeñarse.

A. Condiciones exigidas para ser corredor

Los arts. 89 y 90 contienen las condiciones para ser corredor. El art. 90 exige, además la matriculación del corredor. Se agrega a todo esto un requisito específicamente profesional: el juramento (art. 91).

1. Edad

Para ser corredor no basta con la capacidad para ejercer el comercio. Se requiere una edad especial: 21 años (art. 89). Se trata de un régimen más severo que para el comerciante en general, pues puede ser comerciante quien tenga capacidad y ésta se adquiere a los 18 años.

2. Condiciones de idoneidad

De acuerdo al artículo 90, numeral 3, quien quiere ser corredor debe acreditar que ha “ejercido el comercio por sí o en alguna casa de corredor o de comerciante por mayor en calidad de socio gerente, o cuando menos de tenedor de libros, con buen desempeño y honradez”.

3. Domicilio

Se le exige domicilio por más de un año en el lugar donde pretende actuar como corredor. Con esta exigencia se asegura que el corredor tenga conocimiento de la plaza donde va a actuar.

Fontanarrosa interpreta que el corretaje podrá ejercerse no sólo en la ciudad donde ha acreditado su domicilio sino también en la zona de influencia comercial de la ciudad e incluso en poblaciones cercanas donde no pueden instalarse corredores por escasas perspectivas económicas que brinda el lugar[1].

4. Inscripción en el Registro Nacional de Comercio

El artículo 90 del Código de Comercio establece la obligación de matricularse ante el Juzgado Letrado de Comercio de la Capital o en el Juzgado Ordinario de su domicilio[2]. Después de 1.950, los juzgados ya no tienen a su cargo la función registral y la matriculación de los corredores debía realizarse ante el Registro Público y General de Comercio[3].

a. Sobre la vigencia de la inscripción registral

El sistema registral fue reformado por la Ley 16.871. En la nómina de actos registrables no se encuentra ninguna referencia a la matriculación del corredor. Por su parte, el artículo 100 de esa ley, en su primer inciso, deroga determinadas normas y, en el inciso segundo, establece que se derogan todas las disposiciones que, directa o indirectamente, se opongan a la Ley 16.871. El artículo 90 del Código de Comercio no está entre las normas derogadas expresamente. Se plantea, entonces, la duda respecto de la subsistencia de la obligación de matricular al corredor.

Se ha entendido que el corredor ya no está obligado a matricularse, al haberse derogado el régimen de la matrícula y por haber sido derogado tácitamente el artículo 90 del Código de Comercio. Nosotros entendemos que las distinciones que hacía el Código de Comercio entre matrícula y toma de razón han quedado suprimidas por la Ley 16.871. La Ley 16.871 no derogó las normas sobre matrícula del Código de Comercio sino que estableció un sistema de registración en fichas. El sistema registral vigente se organiza sobre la base de fichas personales en las cuales se registran los datos personales de las personas físicas o los datos relacionados con las sociedades comerciales y, además, los actos inscribibles que se relacionen con ellos[4]. La ficha creada por la nueva Ley de Registro es el régimen que reemplaza al sistema registral del Código de Comercio. En consecuencia, la persona que es corredor debe inscribirse en la ficha registral, sucedánea de la matrícula.

En el trámite previsto en el Código de Comercio debe solicitarse la inscripción judicialmente, por escrito, acreditándose las condiciones de capacidad e idoneidad requeridas. El Juez ordenará la inscripción registral, después de efectuar los controles pertinentes, oficiando el Registro.

La edad se acredita con el testimonio de la partida de nacimiento. El domicilio en la plaza y la idoneidad se puede acreditar con información de testigos o con constancias o certificados expedidos por los titulares de las empresas en que el solicitante hubiera actuado.

b. Situación del corredor no matriculado

¿Cuál es la situación jurídica del corredor no matriculado? Nuestro Derecho no tiene solución expresa a diferencia del Código de Comercio argentino que en su artículo 89 les niega comisión.

Se sustenta que por el solo hecho de realizar actos de corretaje, una persona se convierte en corredor (art. 1). Una persona que no ha cumplido con los requisitos y exigencias del estatuto profesional del corredor igual puede realizar actos de corretaje. Se argumenta sobre la libertad de comercio. Se sostiene que no existe prohibición legal.

Esta posición se critica porque con ella se aniquila el capítulo sobre corredores, pues nadie se ajustaría a esas disposiciones. El corredor matriculado tendría obligaciones, prohibiciones y sanciones, sin privilegio alguno. Así lo expresa Mezzera: “desde que siendo posible tener la calidad de corredor sin haber dado cumplimiento a los requisitos de la ley, pocas han de ser las personas que se ajusten a dichos requisitos. La circunstancia de haberse matriculado no les daría privilegio alguno, ni les reservaría para sí ninguna clase de negocios... en cambio tendrían sobre sí todas las obligaciones y sanciones que la ley impone a los corredores matriculados”[5].

En otra posición se señala que el corredor no matriculado no es corredor. Se argumenta que no basta para adquirir tal calidad la repetición habitual de actos. El corretaje es una profesión y para tener profesión hay que cumplir con todos los requisitos del estatuto profesional. Mezzera Álvarez: “Los corredores no matriculados no son verdaderos corredores... creo que esa última solución es la que los codificadores tuvieron en cuenta”[6]. Rocca: “Me interesa dejar sentado que si el corretaje – ya se trate de muebles o de inmuebles - se realiza por una persona que no es corredor, no es corretaje, y no es, por consiguiente, necesariamente, comercial”[7]. Pérez Fontana sostiene que el corretaje realizado por corredor no matriculado se rige por las disposiciones del Código Civil sobre arrendamiento de obra[8].

Por nuestra parte, consideramos que toda operación de corretaje es comercial. Esto significa que a estas operaciones y a quienes las realizan, se les debe aplicar el Código de Comercio. Quien ejerce el corretaje es corredor y debe resignarse a que se le aplique el estatuto legal del corredor, así como el transportador debe sujetarse al régimen legal respectivo. Lo mismo sucede con el rematador y el administrador de casas de depósito. Ninguno de ellos puede pretender eludir la aplicación de la Ley con el argumento de que pertenecen a una categoría profesional “de hecho”. No existe tal categoría. Quien ejerce una actividad mercantil está sujeto a Derecho. Si no cumple con obligaciones legales, queda sujeto a las sanciones previstas por la Ley. Después las analizaremos.

5. Juramento

El artículo 91 dice así: “Antes de entrar al ejercicio de sus funciones prestarán ante el Juez L. de Comercio, o ante el Alcalde Ordinario de su domicilio, juramento de llenar fielmente los deberes que les están impuestos”. Fontanarrosa explica que se trata de una exigencia análoga a la impuesta para otras profesiones y que tiende a reforzar con el peso de sentimientos éticos o religiosos el concepto del cumplimiento del deber[9]. Para algún autor se trata de una ceremonia anacrónica (Malagarriga).

¿Qué consecuencias tiene la no prestación del juramento? Quien no jura ¿no es corredor? No hay sanción especial, salvo la genérica del artículo 111, inciso 2; podrá entonces sancionarse esa omisión con la cancelación de su registro.

6. Quiénes no pueden ser corredores

Hay diversas personas que no pueden ser corredores. El Código de Comercio establece que no pueden ser corredores las mujeres (art. 89)[10]. La norma es anacrónica pero está vigente. Antes de la Ley de 1.946, la mujer soltera mayor de edad era capaz para ser comerciante y sin embargo estaba afectada por esta prohibición. La Ley de 1.946 no cambia esta situación pues es una ley sobre capacidad y esta norma contiene una prohibición.

No pueden ser corredores los que tienen prohibiciones para comerciar (art. 89, n. 1). La norma contiene entre paréntesis una referencia a los artículos 27 y 29. En consecuencia, no pueden ser corredores: las corporaciones eclesiásticas, los clérigos, los magistrados civiles y jueces, los fallidos y las personas en estado de interdicción.

En el mismo artículo 89 se prohíbe ser corredor a quien fue destituido (art. 89, n. 3). La norma tiene explicación histórica. Es un resabio de cuando el corredor ejercía un cargo público y podía ser destituido. Ahora, en lugar de destitución, cabría la cancelación de su inscripción en el Registro de Comercio, en ciertos casos que se prevén en artículos que hemos de estudiar y en que se crea un régimen sancionatorio.

B. Obligaciones del corredor

Las obligaciones de los corredores se clasifican en dos tipos: obligaciones de carácter general y obligaciones relacionadas con los corretajes que realice. Estas las subdividimos en previas, concomitantes con la celebración del acto entre las partes, posteriores al acto y permanentes.

1. Inscripción registral

La primera obligación que establece el Código es la de inscribirse en el Registro Nacional de Comercio. Se trata de un deber que integra el estatuto profesional del corredor y que ya analizamos.

2. Obligación de llevar libros

La segunda obligación del corredor es la de llevar ciertos libros. La Ley, en sus artículos 92 y 93, impone a los corredores la obligación de llevar dos libros, el manual y el registro.

Se impone un gran detalle en los asientos. Ello es así porque los libros no son llevados sólo en interés del propio corredor sino en el de las partes que contratan por su intermedio y en razón de la fuerza probatoria que la Ley los acuerda.

a. Libro manual y registro

* Libro manual

El artículo 92, inciso 1 se refiere al libro manual: “Los corredores deben llevar un asiento exacto y metódico de todas las operaciones en que intervienen, tomando nota de cada una, inmediatamente después de concluida, en el cuaderno manual foliado”. El libro manual es un borrador. Se explica su exigencia porque, frecuentemente, el corredor realiza sus operaciones fuera de sus oficinas. El corredor lo llevaría consigo. El único requisito formal impuesto por la norma es que debe estar foliado.

* Libro registro

El libro registro se debe llevar con requisitos similares a los libros del comerciante: encuadernado, forrado, foliado y habilitado por el Registro Nacional de Comercio. Equivale a un libro diario. El libro registro se impone por el artículo 94, incisos 1 y 2:

“Diariamente se trasladarán todos los artículos del cuaderno manual a un registro copiándolos literalmente, sin enmiendas, abreviaturas, ni interposiciones, guardando la misma numeración que lleven en el manual.

El registro tendrá las mismas formalidades que se prescriben en el artículo 65, para los libros de los comerciantes, so pena de una multa que será determinada por los reglamentos”.

* Sanciones por no llevar libros

No llevar libros le apareja distintas sanciones. Se establecen, en el artículo 110. Nos interesa adelantar que el corredor pierde el derecho a cobrar su comisión si no pasa en tiempo una minuta de acuerdo a su libro registro (art. 103). En consecuencia, si una persona realiza actividad de corretaje o un acto aislado de corretaje, no podrá cobrar comisión si no lleva el libro de registro del cual debe extraer los datos para la minuta.

b. Conservación de libros

El artículo 105, impone la conservación de libros para los casos de muerte o destitución del corredor[11]. Los libros se conservarán en el Juzgado del lugar. La

norma tiene su fundamento en el interés de los libros para los terceros, que celebran contratos por intermedio del corredor. El Juzgado es un lugar que ofrece garantías para su conservación y su eventual exhibición[12]. Nos planteamos ¿qué sucede si un corredor se retira voluntariamente? Se han sustentado dos posiciones: los guarda el corredor (aplicando por analogía el artículo 80); se aplica el artículo 105 dado que existen las mismas razones que así lo aconsejan en uno y otro caso.

c. Los libros del corredor como medio de prueba

Los libros de los corredores son medios de prueba (art. 192, inc. 5). Pueden servir para probar aquellos contratos comerciales celebrados con su intervención y sirven además como prueba de las relaciones del corredor con las partes que le han encomendado su intervención. Además, tienen eficacia probatoria los certificados extraídos de los libros (art. 192, inc. 2). Cualquiera de las partes contratantes del negocio concluido puede invocar como prueba tales certificados.

El fundamento de la eficacia probatoria de los libros de corredores respecto a contratos celebrados es el supuesto de la imparcialidad que el corredor asume o debe asumir respecto a los contratantes. Desde luego, el juez valorará en cada caso, su eficacia probatoria. En cuanto a las relaciones entre corredor y las partes, la eficacia probatoria está regida por los principios generales en materia de prueba de libros de comercio[13].

Se plantea qué libro tiene mayor eficacia. Alguna doctrina señala que debe preferirse el manual porque sus asientos se extienden en el momento mismo del negocio y refleja auténticamente su contenido. Además, se agrega que pudo haber sido mal trascripto en el registro. Otros autores sostienen que tiene más eficacia el Registro porque se rodea de formalidades. Por otra parte, a él se refieren el artículo 94, inciso 3, el artículo 95 (certificado) y el artículo 103 (minuta). Estas normas jerarquizan, indudablemente, al libro registro respecto al manual. Según Bolaffio, los jueces deben apreciar libremente y según las circunstancias del caso, a cuáles de estos libros debe atribuirse mayor confianza[14].

En cuanto a la naturaleza de este tipo de prueba, nos remitimos a lo ya dicho en general sobre libros. Sólo queremos aclarar que no constituyen instrumentos públicos puesto que los corredores no ejercen un cargo público según ya expusimos. Recordemos que por leyes anteriores ejercieron cargos públicos. Como un resabio de ese carácter de oficio público ha quedado el artículo 1.198 que establece lo siguiente:

“La póliza del fletamento valdrá como instrumento público, si ha sido hecha con intervención de corredor marítimo, y en defecto de corredor, por escribano que dé fe de haber sido otorgada en su presencia y la de dos testigos que suscriban, aunque no esté protocolizada.

También hará fe la póliza, aunque no estuviese en la forma referida, siempre que los contratantes reconozcan en juicio, ser suyas las firmas puestas en ellas”.

Las partes de un negocio celebrado por intermedio de un corredor podrán solicitar una exhibición parcial, esto es, de los asientos vinculados con la negociación que da origen a la controversia judicial.

La exhibición parcial sólo la podrán pedir las partes interesadas en el negocio al que se refieren los asientos. Los terceros no interesados carecen de derecho para informarse del contenido de esos asientos. Puede decretarse de oficio (art. 94, inc. 3). Para el caso de que el corredor se negare a efectuar la exhibición, no hay sanción especial. Se aplicaría el artículo 111 que prevé la posibilidad de su destitución. Fontanarrosa opina que corresponde el secuestro del libro ordenado por Juez[15]. Entendemos que podría imponerse una conminación económica (art. 21.3 C .G.P).

La Ley no prevé la posibilidad de una exhibición general. Recordemos que, para los comerciantes, se impone exhibición general en caso de sucesión, condominio, sociedad o administración por cuenta ajena. Tratándose de libros de corredor podría admitirse la procedencia de la exhibición en caso de fallecimiento del corredor o de disolución de la sociedad conyugal. En los libros no hay relación de bienes del corredor que pueda tener interés para tales casos; pero interesaría por cuanto de los asientos resultan créditos por comisiones. No puede haber hipótesis de sociedad ya que los corredores no pueden celebrar contrato de sociedad. No se da la posibilidad de actuación por cuenta ajena, pues del contexto legal resulta que el corredor media en la celebración del negocio.

3. Obligaciones relacionadas con el corretaje

El corredor tiene varias obligaciones.

a. Primera obligación

La primera obligación del corredor es proponer los negocios con exactitud. El artículo 99 dice así:

“Los corredores propondrán los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de hacer supuestos falsos que puedan inducir en error a los contratantes.

Si por este medio indujeren a un comerciante a consentir en un contrato perjudicial, serán responsables del daño que le hayan causado”.

El artículo 100 agrega, a vía de ejemplo: “Se tendrán por supuestos falsos, haber propuesto un objeto comercial bajo distinta calidad que la que se le atribuye por el uso general del comercio y dar una noticia falsa sobre el precio que tenga corrientemente en la plaza la cosa sobre que versa la negociación”.

¿Para qué se configure la responsabilidad prevista en esta norma es necesario dolo o también se generan por negligencia? ¿Es responsable el negligente? Consideramos que debe aplicarse los principios de Derecho Privado en materia de responsabilidad. Se responderá por negligencia y por dolo y el texto trascripto incluye hipótesis de dolo. El texto utiliza las expresiones “supuestos falsos” e “indujeren a un comerciante”. Tales términos suponen una actuación dolosa[16].

El inciso 2 del artículo 99 se refiere a la responsabilidad respecto al comerciante. Aclaramos que, a pesar del texto legal, la responsabilidad existe, sea o no comerciante quien encarga el negocio o el tercero que se aviene a celebrarlo.

b. Segunda obligación

El corredor debe controlar la identidad y capacidad de los contratantes a quienes ha acercado. El artículo 97, inciso 1, establece: “Los corredores deben asegurarse, ante todas cosas, de la identidad de las personas, entre quienes se tratan los negocios en que intervienen, y de su capacidad legal para celebrarlos”. De este modo se facilita la contratación; las partes no deben hacer averiguaciones, pues confían en el corredor y en el cumplimiento de este deber.

El inciso 2 del artículo 97 establece la responsabilidad del corredor: “Si a sabiendas intervinieren en un contrato hecho por persona que según la Ley no podía hacerlo, responderán de los perjuicios que se sigan por efecto directo e inmediato de la incapacidad del contratante”. Entendemos que la responsabilidad también se genera si se da el mismo hecho por ignorancia culpable del corredor dado el tenor del primer inciso.

c. Tercera obligación

El corredor debe asistir a la entrega de los efectos vendidos. El corredor no interviene, por regla general, en la ejecución del contrato. Se limita a acercar a las partes. Esta regla tiene excepciones que tienen por objeto evitar y remover cualquier dificultad entre los contrayentes que pudiere surgir en el momento de celebrar el contrato o de ejecutarlo. El artículo 102 establece:

“En las ventas hechas con su intervención, tienen obligación de asistir a la entrega de los efectos vendidos, si los interesados o alguno de ellos lo exigiere.

Están igualmente obligados, a no ser que los contratantes expresamente los exoneren de esta obligación, a conservar las muestras de todas las mercancías que se vendan con su intervención, hasta el momento de la entrega, tomando las precauciones necesarias para que pueda probarse la identidad”.

d. Cuarta obligación

El corredor debe estar presente en la firma del contrato. El artículo 104 dispone: “En los negocios, en que por convenio de las partes, o por disposición de la ley haya de extenderse contrata escrita, tiene el corredor la obligación de hallarse presente al firmarla todos los contratantes, y certificar al pie que se hizo con su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad”.

Anotamos una diferencia importante. En el artículo 102, las partes pueden pedir asistencia del corredor. En el artículo 104 su intervención es preceptiva.

e. Quinta obligación

El corredor debe entregar una minuta. El artículo 103 establece:

“Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión de un contrato, deben los corredores entregar a cada uno de los contratantes, una minuta del asiento hecho en su registro, sobre el negocio concluido.

Esta minuta será referente al registro y no al cuaderno manual.

Si el corredor no la entrega dentro de las veinticuatro horas, perderá el derecho que hubiese adquirido a su comisión, y quedará sometido a la indemnización de daños y perjuicios”.

La minuta es un extracto o resumen del asiento efectuado en el libro registro. Tiene por objeto precisar las condiciones del contrato para la redacción del acto definitivo y servir como prueba para el caso de dificultad o controversia (art. 192, inc. 2). Debe contener las condiciones del contrato y el número de orden del asiento en el registro. Viene a ser una rendición de cuentas.

f. Sexta obligación

Las partes que celebraron un contrato con la mediación de un corredor, pueden requerirle un certificado.

El corredor puede extender un certificado de las negociaciones celebradas por su intermedio. El artículo 95, inciso 1, establece: “Ningún corredor podrá dar certificado, sino de lo que conste de su registro y con referencia a él”. El artículo 96 agrega: “El corredor que diere certificación contra lo que constare de sus libros, será destituido, e incurrirá en las penas del delito de falsedad”.

El certificado debe hacer referencia al Registro, esto es, a la página en que figura el asiento y número de orden. El certificado debe darse a interesados en la negociación y no a un tercero. Si lo dieran a terceros se violaría la obligación de guardar secreto, que luego analizaremos. La importancia de los certificados radica en que constituyen medios de prueba (art. 192, inc. 2).

g. Séptima obligación

El corredor tiene obligación de guardar secreto. El artículo 101 dispone: “Guardarán secreto riguroso de todo lo que concierna a las negociaciones que se les encargan, bajo la más estrecha responsabilidad de los perjuicios que se siguieren por no hacerlo así”. El artículo 95, inciso 2, establece: “Sólo en virtud de mandato de autoridad competente, podrá atestiguar lo que vio u oyó relativamente a los negocios de su oficio”. El Juez podrá requerir su testimonio en un juicio relacionado con un negocio celebrado por su intermedio, en que las partes litiguen.

Se aplica, también, al corredor el artículo 302 del Código Penal que dispone: “El que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio, con multa de cien a dos mil pesos”. El fundamento de este tipo de normas es que el corredor no viole la confianza que en él depositaron los particulares[17].

4. Prohibiciones

En el estatuto legal del corredor se le imponen varias prohibiciones que enunciamos a continuación.

a. Prohibición de ejercer el comercio

El artículo 106, inciso 1, prohíbe a los corredores realizar otros actos de comercio más que el corretaje. La sanción por la violación de esta prohibición es la nulidad del contrato (art. 8 C .C.) o los daños y perjuicios que causare por la ilicitud cometida.

Como dice Fontanarrosa, el corredor viene a constituir una categoría especial de comerciante, que sólo puede ejercer una actividad mercantil restringida a los actos típicos de su profesión de mediadores[18]. El fundamento de la prohibición es la tutela de los terceros y evitar competencia desleal. Si comerciaran podrían sacrificar a sus clientes, en provecho de su interés personal o podrían ejercer una competencia desleal sirviéndose de los datos que tienen de su cliente y dominarían el comercio[19].

Como excepción a la prohibición, el artículo 107 establece: “No se comprende en la disposición del artículo antecedente, la adquisición de títulos de la deuda pública ni de acciones de sociedades anónimas, de las cuales, sin embargo, no podrán ser directores, administradores o gerentes, bajo cualquier título que sea”.

La adquisición de títulos y acciones puede ser sólo una inversión, hecha por el corredor con el fin de obtener rentas. En tal caso, puede el corredor hacerla.

El corredor, luego, no puede traficar con esos títulos y acciones porque ello entraría en la prohibición del artículo 106 inciso 1. Tampoco podrá comprar para sí o familiares esos títulos, cuando se le hubiera encomendado su venta, porque ello entraría en la prohibición del artículo 106 inciso 3.

b. Prohibición de constituir sociedades

El corredor no puede ejercer el comercio en forma personal y tampoco lo puede hacer bajo una forma social (art. 106, inc. 1). Tampoco puede el corredor, ser director o gerente de una sociedad anónima (art. 107, frase final). La norma es análoga a la contenida al artículo 28, referente a quienes tienen prohibido el ejercicio del comercio.

Con esta norma se busca impedir que los corredores ejerzan el comercio bajo cualquier forma que sea. La prohibición se dicta para tutela de terceros y para evitar una competencia desleal.

En doctrina, hay discrepancias en cuanto al alcance de la norma en lo que respecta a las sociedades formadas por corredores, para ejercer el corretaje. Algunos autores sostienen que puede haberla.

Peirano Facio sostiene que se trata de una disposición no vigente porque se refiere a una organización del corretaje como función pública que hoy no existe en nuestro país. Señala que, aun admitiendo su vigencia, si se constituyera una sociedad de corredores, sólo quedaría afectada por una nulidad relativa, en atención a la calidad de la persona que contrate (art. 1.560 C .C.) que sólo se puede invocar por aquél en cuyo beneficio se estableció (art. 1.562 C .C.). Hoy no hay beneficiario de la norma; antes era el Estado. Mezzera Álvarez está de acuerdo con esta opinión.

Malagarriga sostiene que no puede haber sociedad entre corredores, porque la Ley no distingue y por el carácter personal que tiene el corretaje. El corretaje es una función personal e indelegable y, por lo tanto, incompatible con su ejercicio mediante sociedades.

Personalmente creemos, como Malagarriga, que los corredores no pueden constituir sociedades para realizar una actividad comercial ni para ejercer el corretaje pues la norma prohibitiva no distingue. Los corredores no pueden constituir ningún tipo de sociedad. El corretaje se prevé como función personalísima, indelegable. Las obligaciones y responsabilidades de los corredores tienen carácter personalísimo. Basta recordar el juramento, la imparcialidad, la destitución. Pérez Fontana dice que las normas del Código presuponen una entidad psíquica que la sociedad no tiene[20]. Si se constituyera una sociedad por un corredor, el negocio sería absolutamente nulo (art. 8 C .C.).

¿A partir de cuándo funciona esta prohibición? Entendemos que la prohibición comienza a partir de la fecha en que el interesado comienza sus actividades de corredor.

Si quien quiera ser corredor hubiese antes contraído sociedad, deberá desligarse de ella y, si no lo hiciera, estará sometido a las sanciones legales. Fontanarrosa expresa que el corredor incurrirá en sanción legal de pérdida de oficio, por haber silenciado ese motivo de incompatibilidad[21].

c. Prohibición de tomar parte de buques o cargas

Esta prohibición tiene el mismo fundamento que las prohibiciones anteriores.

d. Prohibición de adquirir cosas cuya venta les ha sido encargada o ha sido encargada a otro corredor

El artículo 106 inciso 3 dice así: “3º Adquirir para sí, o para persona de su familia inmediata, las cosas cuya venta les haya sido encargada, ni las que se dieren a vender a otro corredor, aun cuando protesten que compran unas u otras para su consumo particular, so pena de suspensión o perdimiento de oficio a arbitrio del Juez competente, según la gravedad del caso”. ¿Cuál es el alcance de la expresión “familia inmediata”?

Fontanarrosa y Segovia dicen que comprende sólo a la esposa, descendientes y ascendientes, pues sólo éstos son inmediatos. Malagarriga dice que también alcanza a hermanos, suegros, yernos y nueras.

La razón de la prohibición es impedir que el corredor pueda beneficiarse él o sus familiares, en perjuicio de quien le encargó el negocio. La prohibición de adquirir cosas cuya venta ha sido encargada a otro corredor tiende a evitar que, por razones de consideración entre corredores, éstos se entiendan entre sí, en perjuicio de los comerciantes que le encomiendan negocios.

e. Prohibición de garantizar la solvencia de una de las partes

El corredor no puede constituirse en responsable de la solvencia de los contrayentes. Lo dispone el artículo 98, inciso 1. Con esta norma se quiere asegurar la imparcialidad e independencia del corredor. Si prestara garantía saldría de esa línea de neutralidad. El corredor sólo aproxima a las partes; no puede constituirse en parte ni tomar interés en el negocio de ninguna forma.

La sanción por violar esta norma es la nulidad. Se trata de una nulidad absoluta que puede ser declarada de oficio por el Juez (Malagarriga).

Una excepción a esta norma se encuentra en el artículo 98 inciso 2 que dice así: “Serán sin embargo, garantes en las negociaciones en letras y valores endosables de la entrega material del título al tomador, y de la del valor al cedente, y responsables de la autenticidad de la firma del último cedente a menos que se haya expresamente estipulado en el contrato que los interesados verifiquen las entregas directamente”. Se le impone su garantía en negociaciones de letras de cambio y papeles endosables con relación a tres obligaciones: * la entrega del título al tomador; * la entrega de valor al cedente; * la autenticidad de la firma del último cedente.

En realidad, con esta excepción no se garantizan obligaciones asumidas sino que se le encarga el contralor de la ejecución del contrato en que intermedió. Si el corredor intermedió en la negociación de una letra, en virtud de la cual el titular de un título valor lo cederá a otra persona, se le impone que asegure que el cedente entregue el título y que el cesionario lo pague, así como asegurarse de la autenticidad de la firma del cedente. Se trata del desarrollo de la obligación prevista en el artículo 102 que le impone su asistencia al acto de entrega de efectos vendidos o de estar presentes en el acto de firmar el contrato escrito, si éste es necesario (art. 104).

El texto legal usa términos impropios. Debió decirse endosante y no cedente.

f. Prohibición de realizar cobros o pagos

Se prohíbe al corredor hacer cobranzas y pagos por cuenta ajena (art. 106, inc. 2). El artículo 106, inciso 2, dice así: “2º Encargarse de hacer cobranzas y pagos por cuenta ajena, so pena de perdimiento de oficio”. Para esta hipótesis se establece expresamente la sanción de pérdida del oficio.

La razón de la prohibición es que tales actos son ajenos a la naturaleza del corretaje. Fontanarrosa sostiene que el corredor puede hacer cobranzas y pagos de una negociación en que intervino si las partes así lo autorizaran[22]. A nuestro criterio no puede hacer ningún cobro o pago porque ello está fuera de su función de mediación. Por otra parte, la Ley no distingue.

g. Prohibición de intervenir en negocios de persona en suspensión de pagos

El artículo 109, inciso 3, dice así: “3º Intervenir en contrato de venta de efectos, o negociación de letras pertenecientes a persona que haya suspendido sus pagos”. La norma se interpreta diversamente. Para Obarrio, la disposición se refiere al fallido, comerciante ya declarado en quiebra y que, por lo tanto, ha sido desapoderado y no puede disponer de sus bienes. Para Siburu, Malagarriga y Fontanarrosa, la norma se refiere al que suspende sus pagos, aun sin haber sido declarada la quiebra. Se entiende que el hecho de que un comerciante ha dejado de cumplir con sus obligaciones debe ser sabido por el corredor, conocedor de la plaza. El corredor es responsable si el hecho de la suspensión de pago ha adquirido cierta notoriedad; si se mantuvo oculto no responderá.

h. Prohibición de intervenir en contratos ilícitos

El artículo 109, inciso 1, dice así: “1º Intervenir en contratos ilícitos o reprobados por derecho, sea por la calidad de los contrayentes, por la naturaleza de la cosa sobre que versa el contrato, o por la de los pactos o condiciones con que se celebren”. No era necesario ese texto. Es evidente que si la Ley prohíbe la realización de ciertos contratos, no se puede admitir intervención de corredores para su celebración.

i. Sobre identidad de contratantes

El artículo 109, inciso 2, dice así: “2º Proponer letras o valores de otra especie, y mercaderías procedentes de personas no conocidas en la plaza, si no presentaren a lo menos un comerciante que abone la identidad de la persona”. Esta prohibición se vincula con la obligación impuesta por el artículo 97, inciso 1, que le obliga a controlar la identidad y capacidad de los contratantes.

j. Prohibición genérica

El artículo 111 inciso 1 prohíbe al corredor actuar con dolo o fraude. Se trata de una norma genérica que impone actuar con licitud.

5. Sanciones

El cumplimiento de las diversas obligaciones de los corredores se asegura previendo sanciones de diversa índole. Para algunos incumplimientos se prevén dos o más sanciones (arts. 96 y 110). Enunciamos las sanciones a continuación.

a. Nulidades

La sanción común a las prohibiciones de realizar un negocio a nombre propio o ajeno, formar sociedad, tomar parte de buques o cargas y otorgar garantías, es la nulidad del acto celebrado. La nulidad se prevé en el artículo 106, inciso 1, y en el artículo 108. El régimen concuerda con lo establecido en el artículo 8 del Código Civil, por cuanto se trata de normas prohibitivas dictadas en interés del orden público y las buenas costumbres (art. 8 C .C.). La nulidad puede ser declarada por el Juez de oficio (art. 1.561 C .C.) o a instancia de cualquiera, incluso un tercero[23].

b. Suspensión del cargo

Se aplica para el caso de libros mal llevados (art. 110) y de quiebra (art. 113).

El artículo 113 se refiere al corredor que quebrara. Debe entenderse por aplicación del artículo 264 de la Ley concursal 18.387, que la sanción se ha de aplicar en caso de concurso y cuando en éste se haya resuelto la liquidación da la masa activa.

c. Destitución o pérdida de oficio

La destitución equivale a una cancelación de la matrícula. El artículo 111 dispone:

“El corredor que en el ejercicio de sus funciones usare de dolo o fraude, será destituido de oficio y quedará sometido a la respectiva acción criminal.

A la misma pena e indemnización quedarán sujetos, según las circunstancias y al arbitrio del Juez competente, los corredores que contravinieren a las disposiciones del presente capítulo, y no tuvieren pena específica señalada”.

El artículo 111, inciso 2, reviste carácter general. Se aplica a todas las situaciones en que no se prevé una sanción especial (arts. 102, 104 y 109). También, se aplica en los casos de certificación contraria a los libros (art. 96); de ejercicio del comercio o de hacerse cargo de cobranza (art. 106, incs. 1 y 2).

d. Multa

Se dispone en el artículo 94 inciso 2, para el caso que se lleve el libro registro sin formalidades. La multa será determinada por los Reglamentos. Para el mismo caso y otras irregularidades, el artículo 110 aplica, además, sanciones de suspensión o destitución y de daños y perjuicios.

e. Obligación de reparar los daños y perjuicios

La sanción de reparar los daños y perjuicios se aplica en las hipótesis de los artículos 97, 99, 101 y 103.

f. Pérdida de la comisión

La pérdida de comisión se aplica en el caso del artículo 103, inciso 3, si no presenta minuta. En ese caso además, deberá indemnizar daños y perjuicios.

g. Sanción penal

Se tipifica el delito de falsedad, cuando se expide certificación contraria a libros (art. 96)[24].

En algunos casos la sanción queda al arbitrio del juez. Así el artículo 106 inciso 3 prevé que se aplique sanciones de suspensión o destitución.

6. Derechos del corredor

a. La comisión

El corredor tiene derecho a una retribución por su labor de intermediación. Es la contraprestación debida por quien encargó un negocio al corredor y correlativa a la prestación hecha por éste. La comisión debe ser la acordada por las partes y a falta de convención se debe pagar la que sea de uso en la plaza.

El art. 112 inciso 2 establece: “Todo derecho del corretaje, no mediando estipulación en contrario, será pagado proporcionalmente por las partes”. La norma significa que debe pagarse la comisión por partes iguales por cada contratante. La comisión es debida por ambas partes pero sin responsabilidad solidaria entre ellos. Puede haber estipulaciones en contrario como, por ejemplo, que una parte estará libre de corretaje o diversos porcentajes para cada una de las partes (2 % para comprador y 3 % para vendedor por ejemplo).

En general, la comisión se determina con referencia al importe bruto del objeto del negocio concluido. No influye en la comisión ni las dificultades superadas, ni el trabajo especialmente complicado ni el tiempo empleado.

Según hemos visto, el contrato de corretaje es aquél por el cual una persona encarga al corredor que le procure la conclusión de un negocio. El cometido del corredor no será prestar sus servicios para el logro de ese fin, sino el de obtener un fin concreto: la conclusión del negocio. Este carácter, precisamente, es el que lo hace asimilable a un arrendamiento de obra[25]. Como consecuencia de ese carácter, el derecho a la remuneración nacerá cuando el corredor haya logrado el fin concreto: la conclusión del negocio. Si el contrato no se concluye, no surge derecho a cobrar comisión por más servicios que haya prestado el corredor.

Lo que afirmamos sobre el momento en que nace el derecho a comisión no está consagrado expresamente por el Código; pero se infiere de la naturaleza del corretaje. El art. 112 se refiere a las partes, lo que supone que hubo un resultado en la actividad del corredor, puesto que las partes existen cuando se ha formalizado en negocio.

Se considera concluido el negocio cuando exista entre los contratantes un vínculo jurídico, productor de acción judicial, aun cuando por cualquier motivo no sea ejecutado. Por ejemplo, con la intervención del corredor se celebra un compromiso de compraventa de un inmueble pero luego no se concierta la venta definitiva.

También, se genera derecho a comisión, cuando las partes se hayan puesto de acuerdo sobre puntos esenciales del negocio aunque se aparten luego en detalles o prescindan del corredor para la formalización definitiva del negocio. Por ejemplo: en una venta de un inmueble, el corredor intervino en el compromiso de compraventa sobre la base de un determinado precio; la venta definitiva se aparta del compromiso en cuanto al precio fijado. Igual se tiene derecho a comisión.

No basta que el negocio se celebre. Es preciso, además, que su conclusión sea consecuencia de la actividad del corredor. Será cuestión de hecho establecer en cada caso la existencia de esa relación causal.

Puede suceder que el negocio no se concluya pero que, variando condiciones o no, más tarde se celebre un contrato sin intervención del corredor. En este caso habrá que examinar, en cada caso si no habrá existido colusión entre las partes para no pagar comisión, en cuyo caso, la comisión igual se deberá[26].

Como ya señalamos antes, si el corredor no entrega la minuta dentro de las veinticuatro horas, perderá el derecho que hubiese adquirido a su comisión y quedará sometido a la indemnización de daños y perjuicios (art. 103, inc. 3).

Hay autores que dicen que quien efectúa un corretaje puede cobrar comisión aunque ejerza de hecho el corretaje por aplicación del art. 1.834 del Código Civil. El art. 1.834 establece que el que hiciere algún trabajo tiene derecho a demandar el precio, aunque no se haya ajustado, siempre que tal trabajo fuera de su profesión o modo de vivir honesto. Si no fuera de su profesión, puede demandar el precio si no se puede presumir intención de beneficiar a quien prestó el servicio.

No estamos de acuerdo con esa posición. El corredor está sujeto a un estatuto legal. Ese estatuto se le impone para garantía de terceros. Si no lo cumple, una de las sanciones es la pérdida de la comisión.

Si se valida lo actuado por intermediarios que no se ajustan a la Ley, se desaplica un régimen jurídico creado para dar la seguridad y la corrección en el ejercicio del corretaje. De la misma manera que no podrá cobrar honorarios quien presta atención a un enfermo sin ser médico o quien invocando falsamente la condición de abogado, asiste a una persona en un juicio. Los médicos y los abogados deben tener conocimientos probados y habilitación para ejercer su profesión; si alguien usurpa esas funciones estará ejerciendo ilícitamente tales profesiones y no podrá pretender un honorario por su actuación.

b. Prescripción

El n° 1, del art. 1.023 del CCom establece que prescribe por seis meses la acción que por precio de sus servicios compete a los corredores.



[1] Fontanarrosa, op. cit., p. 416.

[2] Artículo 90: “Todo corredor está obligado a matricularse en el Juzgado L. de Comercio de la Capital o en el Juzgado Ordinario de su domicilio. La petición para la matrícula contendrá: 1º La constancia de tener la edad requerida. 2º La de hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ser corredor. 3º La de haber ejercido el comercio por sí o en alguna casa de corredor o de comerciante por mayor en calidad de socio gerente, o cuando menos de tenedor de libros, con buen desempeño y honradez”.

[3] Cabe recordar que en el régimen de registración comercial organizado por el Código de Comercio, habría un Registro Público y General de Comercio a cargo del escribano del Juzgado Letrado de Comercio de la capital y, en cada capital de Departamento, habría otro Registro Público de Comercio, que sería llevado por el Alcalde Ordinario respectivo. Según el artículo 46 del Código de Comercio, el Registro comprendía la matrícula de los comerciantes y la toma de razón de documentos. La Ley del 8 de julio de 1.950 reorganizó el Registro Público y General de Comercio (art. 29). Existían, en aquel entonces, dos oficinas de tasación de costas. Se estableció que debían cesar en sus funciones, y hacerse cargo del Registro Público y General de Comercio. Éste dependería de la Suprema Corte de Justicia. Por Decreto 62/977 se estableció que el Registro dependía del Ministerio de Justicia. Suprimido, luego, el Ministerio de Justicia, el Registro pasó a depender del Ministerio de Educación y Cultura (Dec. 404/985).

[4] En el régimen antes vigente, el Registro tenía dos secciones: matrícula y toma de razón de documentos y, correlativamente, tenía dos funciones principales: 1. llevar la matrícula de comerciante y 2. efectuar la toma de razón de los documentos que se presentaran para su inscripción y tenía, también, las otras dos funciones de certificar libros. Respecto a las sociedades, bastaba con la inscripción en la Sección Toma de Razón y no era necesario que se inscribieran en la matrícula, por cuanto la Ley 16.125 del año 1.990, eximió a las sociedades de inscribirse en la matrícula.

Existían diferencias entre matrícula y toma de razón: La matrícula contenía datos de carácter personal del comerciante y la toma de razón tenía relación con actos o contratos celebrados por el comerciante. En el régimen nuevo, la ficha registral contendrá datos del comerciante o de la sociedad comercial y de los contratos que ellos celebren.

[5] Mezzera Álvarez, op. cit.

[6] Mezzera Álvarez, íd., p. 206.

[7] Rocca, Derecho Comercial , v. 2, p. 34.

[8] Pérez Fontana, La Justicia Uruguaya , t. 11.

[9] Fontanarrosa, op. cit., p. 415.

[10] El Código de Comercio español de 1.829, en el artículo 63, establecía que el oficio de corredor es viril y público.

[11] La doctrina argentina entiende que la misma norma se aplica a los casos de incapacidad o interdicción.

[12] Fontanarrosa, op. cit., p. 420.

[13] Fontanarrosa, p. 419.

[14] Bolaffio, Derecho Comercial , Parte General, p. 458.

[15] Fontanarrosa, op. cit., p. 421.

[16] El Código español de 1829 exigía dolo pero el precepto no está en nuestro Código de Comercio. La doctrina argentina es divergente. Para Segovia se requiere dolo. Siburu entiende que basta negligencia pues para las actuaciones dolosas hay otra disposición general (art. 111). Malagarriga sostiene que se incurre en responsabilidad tanto por dolo como por negligencia.

[17] Fontanarrosa, op. cit., § 364, hay otro enfoque.

[18] Fontanarrosa, íd., pp. 428 y 429.

[19] El corredor en el ejercicio de su actividad intermediadora, obtiene confidencias de sus clientes, se interioriza de ciertos datos reservados relativos a determinados negocio y puede sentirse tentado a utilizar en provecho propio los conocimientos que se le confiaron (Fontanarrosa, íd., p. 428). De ahí que las legislaciones le prohíban toda negociación o tráfico.

[20] Pérez Fontana, La Justicia Uruguaya , t. 11, sec. 2, p. 116.

[21] Fontanarrosa, op. cit., p. 429.

[22] Fontanarrosa, op. cit., p. 429.

[23] Pérez Fontana, La Justicia Uruguaya , sec. 2, t. 11, p. 116.

[24] En el Código Penal se tipifica el delito de falsificación o alteración de un documento privado, en el artículo 240: “El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, será castigado, cuando hiciere uso de él, con doce meses de prisión o cinco años de penitenciaría”.

[25]        Fontanarrosa, op. cit., p. 435.

[26]        Fontanarrosa, pp. 436-437.