Análisis de
las excepciones en particular
Por
Nuri
Rodríguez
Olivera
y Carlos
López
Rodríguez
Las excepciones cambiarias están
enumeradas con criterio limitativo en el artículo 108 del Decreto
Ley 14.701 de 1977
sobre títulos valores y en el artículo 45 del Decreto Ley 14.412 sobre cheques.
En ambos enunciados podemos distinguir dos categorías de excepciones:
excepciones procesales y las materiales.
I.
Excepciones materiales
Las materiales atacan la
eficacia del título y al derecho pretendido. Se
enuncian taxativamente.
Se excluye expresamente la
posibilidad de cualquier excepcionamiento distinto a los previstos, que se funde
en relaciones personales entre actor y demandado. El legislador prohíbe que el
demandado se defienda invocando la relación fundamental que lo liga al actor en
el juicio y que motivó el libramiento de la letra, vale o cheque o su endoso.
La referencia a “relaciones
personales” abarca no sólo las relaciones fundamentales o pactos cambiarios
sino a cualquier otro tipo de relación jurídica que vincule al actor con el
demandado. Entre actor y demandado en una ejecución cambiaria puede no haber
existido relación fundamental; es el caso en que el actor es un endosatario que
acciona contra el librador. Ese endosatario tuvo una relación fundamental con su
endosante pero no con el librador. Con este puede haber celebrado otros negocios
jurídicos cualesquiera. A éstos se refería, también, el texto legal para excluir
la posibilidad de excepcionamientos.
II. Excepciones procesales
Ya hemos señalado que el
artículo 108 contiene un elenco cerrado de excepciones. El segundo inciso
contiene excepciones calificadas como procesales, aunque la primera, inhabilidad
del título, puede considerarse material y procesal a la vez.
Existen imprevisiones en la Ley
que analizaremos más adelante. A continuación veremos sólo las excepciones
expresamente admitidas.
A. Incompetencia y
litispendencia
1. Incompetencia
Las normas sobre competencia
están en la Ley 15.750. El artículo 45 del Decreto Ley 14.412 prevé la excepción
de incompetencia. El artículo 108 admite la excepción de incompetencia, sea de
jurisdicción o por razón de cantidad.
Incompetencia de
jurisdicción es aquélla en razón de la materia. Serán incompetentes los jueces
en materia penal, de familia, laboral y contencioso administrativo. Dentro de
los jueces con jurisdicción civil, la competencia varía de acuerdo al monto
reclamado. Cuando se acumulan acciones derivadas de varios títulos valores, la
competencia se determina por el valor sumado de todos los títulos.
De la diferente redacción de
los textos podría deducirse que, en materia de cheques, el demandado puede
excepcionarse por cualquier clase de incompetencia; en materia de letras y vales
sólo podrían oponerse como excepción las modalidades de incompetencia
enunciadas. De acuerdo al sentido estricto de la norma, no se podría interponer
excepción de incompetencia por razón de territorio. La doctrina entiende que, no
obstante el texto legal, todas las normas de competencia, por ser de Derecho
Público, darán base a un excepcionamiento o a un incidente de nulidad.
La incompetencia absoluta
puede ser opuesta de oficio. El juez puede rechazar la demanda si se considera
absolutamente incompetente.
Si la incompetencia fuera de
territorio no se puede plantear de oficio. La competencia territorial puede
prorrogarse expresa o tácitamente, estando incluso prevista para los vales la
posibilidad de estipular una atribución de jurisdicción (artículo 125 Decreto
Ley). Pongamos un ejemplo. En un vale se fijó competencia de jueces de
Montevideo. Si el portador promoviera juicio en Salto, el demandado podría
oponer la correspondiente excepción pues, de otro modo, no tendría sentido la
previsión del artículo 125.
La excepción de incompetencia se debe resolver
con carácter previo al análisis de cualquier otra excepción, porque admitida tal
excepción no corresponde el análisis de las demás, tal como sostiene
Cámara. Admitida la excepción, el
actor puede promover una nueva acción en la sede efectivamente competente. El
rechazo de la acción por razón de incompetencia no produce efectos de cosa
juzgada material.
2.
Litispendencia
a.
Concepto y fundamento
Sostiene
Cámara:
“La pretensión se
extingue con su ejercicio, y por ende, no puede reproducirse mientras se
tramita; en su caso, procede la excepción de ‘litis pendencia’
que lleva a la
aniquilación del juicio posterior para evitar la duplicidad de juicios que
pueden originar el escándalo jurídico de sentencias contradictorias o diversas o
de dos sentencias similares con daño económico.”
Es condición de admisibilidad
de esta excepción que exista un juicio iniciado antes. El juicio pendiente puede
ser ordinario o ejecutivo, ya que la acción cambiaria se puede plantear por las
dos vías.
En el juicio anterior, la
relación procesal debe estar trabada por la demanda notificada o por la citación
de excepciones.
Si el juicio anterior terminó por desistimiento o si se declaró extinguida la
instancia por perención, no corresponderá esta excepción.
Esta excepción podrá oponerse
toda vez que se configure la identidad de partes, objeto y causa en el juicio
que se inicia respecto a otro juicio ya promovido.
No puede oponer esta excepción
un ejecutado cambiario, que alegase que el título valor es ejecutado en otro
juicio, si el demandado en ese otro juicio es otro de los obligados cambiarios.
No puede fundarse una excepción de litis pendencia porque existe otro juicio
entre las mismas partes, aun cuando se trate de un juicio que tenga que ver con
la relación fundamental. Si el deudor había consignado judicialmente el importe
debido por el título valor, la excepción oponible será la de consignación y no
la de litis pendencia.
La litis pendencia puede ser
considerada de oficio, si el Juez tuviere conocimiento de ella. Así lo sostiene
la doctrina en razón del interés público que reviste este excepcionamiento.
b.
Caso especial
La jurisprudencia ha admitido
que el portador de un título valor ejecute la hipoteca que lo garantiza y por
juicio separado promueva ejecución con embargos sobre otros bienes. Generalmente
el acreedor promueve la ejecución hipotecaria y si entiende que el bien
hipotecado no ha de cubrir los importes adeudados promueve luego una nueva
acción basada en el título valor garantido para embargar bienes suficientes para
la diferencia no cubierta.
También, se ha dado la
hipótesis inversa. El acreedor promueve una acción ejecutiva basada en el título
valor y promueve por vía separada la ejecución hipotecaria.
En estos casos se ha resuelto
que no existe litispendencia puesto que asiste legítimo derecho al acreedor de
lograr la satisfacción de su crédito por los procedimientos creados por la Ley.
c.
Coetaneidad de una acción civil y una acción penal
También, se plantea en doctrina
si puede suspenderse una acción ejecutiva por la existencia de una acción penal
conexa con el título valor. Los artículos 27 y 28 del Código del
proceso
penal
establecen:
Artículo 27:
“La acción civil y la
acción penal que se fundan en el mismo hecho ilícito deberán ejercitarse
separada e independientemente en las sedes respectivas.”
Artículo 28:
“Si la acción civil se
deduce antes de que medie sentencia ejecutoriada sobre la acción penal, se
suspenderá el proceso civil cuando llegue al estado de resolver en definitiva.
Una vez recaída
ejecutoria en el proceso penal, agregado el testimonio de la misma podrá
dictarse la sentencia civil.”
El supuesto pensado por la Ley,
es de aquél hecho delictivo que causa daño. La víctima puede denunciarlo en la
vía penal y ejercer acción civil para la reparación del perjuicio. De acuerdo a
tales normas, no puede dictarse sentencia en el juicio civil mientras no se haya
terminado el proceso penal.
Las hipótesis que se pueden
plantear en relación a los títulos valores son diversas. No puede adoptarse una
solución general para todas ellas.
Generalmente, la acción
cambiaria y la defensa cambiaria se fundan en el título valor y no precisamente
en un hecho ilícito cometido mediante ese título. Como la acción civil a que se
refieren los artículos 27 y 28 de la Ley de Proceso Penal es la emergente de una
responsabilidad extracontractual por un hecho que configura simultáneamente una
ilicitud civil y una ilicitud penal, la acción cambiaria no se vería afectada.
Analizaremos algunas
situaciones posibles:
a. El portador de un título valor
promueve una acción civil de cobro. El demandado se ha excepcionado y, a la vez,
ha promovido una acción penal relacionada con ese título valor.
Por ejemplo, el portador de un
vale promueve una acción contra el librador; éste se excepciona porque se llenó
un claro contrariando el pacto cambiario y, a la vez, denuncia al portador por
abuso de firma en blanco, en sede penal.
En este caso, el resultado del
juicio penal puede interesar en sede civil.
Parecería razonable aplicar las
normas procesales penales transcriptas; el juez de lo civil no podrá dictar
sentencia sobre las excepciones en tanto no se dicte sentencia en el juicio
penal.
b. El portador de un título
valor promueve acción civil y, además, acción penal contra un obligado
cambiario, ambas fundadas en el título valor. Por ejemplo, el portador de un
cheque denuncia al librador por libramiento de cheques sin fondo y promueve, a
la vez, acción ejecutiva.
En este caso no tiene sentido
frenar el juicio civil porque en éste se reclama el cobro de un título valor y
no los efectos civiles de un delito.
La acción civil no está fundada
en el hecho ilícito de librar cheques sin fondo.
B. Falta de legitimación
1. Falta de legitimación activa
Tiene legitimación sustancial quien posea el título de acuerdo a la Ley de
circulación. Ya analizamos este concepto.
También, vimos en párrafos anteriores que hay una virtual coincidencia entre
legitimación sustancial y legitimación procesal.
Cuando el título valor es al
portador, está legitimado para su cobro al portador. Si el título es a la orden,
está legitimado el portador que es endosatario según cadena regular de endosos;
en este caso la regularidad de la cadena resulta del propio título valor que se
ejecuta. Si el título valor es nominativo, está legitimado el portador que es
endosatario y que figura como tal en el Registro del creador. El actor no podrá
acreditar el Registro. El ejecutado podrá oponer como excepción la falta de
legitimación exhibiendo su registro.
a.
Legitimación del obligado de regreso
También, está legitimado
el obligado de regreso que pagó el título valor y que tiene acción de reembolso.
En virtud de pago se ha convertido en portador del título valor con derecho
propio a reclamar de quienes responden a su respecto.
El obligado de regreso debe
probar el pago efectuado. El hecho de que tenga el título valor demuestra ya que
él ha pagado.
El obligado de regreso
que recobra la letra, se legitima con la sola posesión del título, sin necesidad
de que se consigne en el título un endoso a su favor. Por otra parte, el pago
por un obligado de regreso cancela o extingue las obligaciones de los endosantes
posteriores.
Si el obligado de regreso
pretende el reembolso de gastos, en tal caso debe agregar la documentación
probatoria.
En la misma situación que
quien pagó, está el obligado que obtuvo liberación por otro modo de extinguir la
obligación cambiaria, como por ejemplo, por compensación.
Producida la compensación, el obligado cambiario renuncia a cobrar su crédito
contra el portador del título pero simultáneamente recupera la propiedad de ese
título, lo que le permite el ejercicio de la acción de regreso.
b.
Acción de reembolso del librador de la letra contra el aceptante
Pérez Fontana,
refiriéndose a la letra de cambio, decía:
“El librador carece de
la acción de regreso porque siendo el creador de la obligación es el principal
responsable por el cumplimiento de la misma.”
Nosotros entendemos que no es
así. El artículo 76, inciso 2, confiere al librador acción directa contra el
aceptante. El artículo 76, inciso 2 establece:
“A falta de pago, el
portador, aunque sea el propio librador, tendrá contra el aceptante una acción
directa derivada de la letra de cambio para todo aquello que pueda exigirse de
acuerdo a los artículos pertinentes.”
Cámara
comenta norma similar argentina señalando que, existiendo
una norma, “no hay problema” en cuanto a la existencia de acción del
librador contra el aceptante.
La acción del librador contra
el aceptante puede ser de cobro o de reembolso.
* Es de cobro cuando es
portador de la letra por el endoso efectuado a su favor. El artículo 63 dispone:
“El endoso podrá
hacerse inclusive a favor del librado, haya aceptado o no, del librador o de
cualquier persona no obligada. Todas estas personas podrán endosar la letra de
nuevo.”
* Es de reembolso cuando el
librador pagó la letra por vía de regreso.
c.
Acciones de reembolso sucesivas
El único pago que extingue la
obligación cambiaria totalmente es el pago por el aceptante. Si paga un
endosante, la obligación cambiaria no queda extinguida, pues ese endosante se
convierte en un portador con acción cambiaria para el reembolso de lo que pagó.
Promovida una acción de
reembolso contra quien se lo endosó y así sucesivamente hacia atrás, hasta
llegar al aceptante de la letra o el librador del vale o del cheque.
También, tiene acción de
reembolso quien firmó un título valor invocando falsamente un poder. Ya hemos
estudiado esta situación. El falso procurador se obliga cambiariamente, en forma
personal. Si paga el título valor, tiene el derecho de reclamar que tendría su
pretendido representado contra quienes son responsables a su respecto (artículo
24).
2.
Falta de legitimación pasiva
La legitimación pasiva es la investidura formal del obligado
cambiario, que lo hace idóneo para ser
demandado en el juicio ejecutivo (Casals).
Es legitimado pasivo el obligado
cambiario, esto es, todo aquel que ha firmado el título valor en calidad de
creador, aceptante, endosante o avalista.
Por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 105 del
Decreto
Ley
14.701
la acción puede promoverse contra uno, algunos
o todos los obligados cambiarios exigiendo el todo a todos ellos, en forma
sucesiva o simultánea.
Si se demanda a quien no es
obligado cambiario, el demandado podrá excepcionarse alegando la falta de
legitimación pasiva. La prueba de la falta de legitimación resultará del propio
título valor.
a.
Alcance de la legitimación pasiva
*
Falso procurator
En
principio, para que un sujeto pueda obligar a otro mediante el libramiento de un
conforme, se requiere mandato con facultades suficientes o carta dirigida al
tenedor del conforme (artículo 21
Decreto
Ley
14.701).
Sólo
existen tres excepciones al principio enunciado en el numeral anterior:
Que
se haya dado lugar, con hechos positivos o con omisiones graves, a que
se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está autorizado
para suscribir títulos a su nombre (artículo 21);
Que
se trate de administradores o gerentes, de sociedades o de
establecimientos comerciales (artículo 23);
Que
haya existido ratificación expresa o tácita de la suscripción (artículo
24).
Es obligado cambiario quien firmó un título
valor invocando un poder inexistente de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24 del
Decreto Ley:
"Quien
suscriba un título valor a nombre de otro, sin facultades legales para
hacerlo, se obligará personalmente como si hubiera obrado a nombre propio..."
Quien firma un título valor invocando una representación que no
tiene (falso procurador),
se obliga personalmente, como si hubiera obrado a nombre propio. Tal es la
excepción que establece el artículo 24 del
Decreto
Ley
14.701:
“Quien suscriba un
título valor a nombre de otro, sin facultades legales para hacerlo, se obligará
personalmente como si hubiera obrado a nombre propio, y si pagare tendrá los
mismos derechos que hubiera tenido la persona a quien pretendía representar. Lo
mismo se entenderá del representante que hubiere excedido sus poderes.”
El falso
representante se obliga de acuerdo a los términos literales del título y
responde de la forma que pretendió atribuir al falsamente representado. La
responsabilidad del falso representante se funda ya en su culpa o en su voluntad
de correr un riesgo regulado por la Ley.
Sin
perjuicio de la claridad de la normativa invocada, me permito transcribir las
opiniones concordantes de la generalidad de la doctrina:
Vivante decía:
“Si la representación no
existe, no hay obligación cambiaria”.
Hamel
y Lagarde sostenían
que si el pseudo mandante no ha dado ningún mandato al pseudo mandatario,
ninguna acción puede ser dirigida contra él; los portadores de la letra no
tendrán así más que al pseudo mandatario.
En
cuanto a al doctrina argentina, Cámara afirma
que cuando no hay facultad
de representación, el acto deviene nulo o, mejor dicho, inexistente respecto del
representado, salvo ratificación posterior.
Zavala Rodríguez sostiene, como Cámara,
que hay ineficacia de la relación entre acreedor cambiario y el pseudo
representado que queda vinculado.
Entre nosotros, Mezzera Álvarez,
comentando el Código de comercio expresaba que, si se demostrara que el poder
invocado no existe, tampoco existirá la obligación cambiaria con respecto a las
personas mencionadas como representadas.
Advertimos
que la firma por un falso representante no invalida el título
valor. Permanecen válidas las obligaciones cambiarias suscritas por los otros
obligados (arts. 8 y 62).
Sin
embargo,
a menos que ratifique expresa o tácitamente el acto de suscripción, la persona cuya representación se invoca no queda vinculada por la
firma de quien alega indebida o falsamente su representación. Siendo así,
podrá oponer la excepción de falta de legitimación pasiva.
*
Sucesores
Son obligados
cambiarios los sucesores de un obligado fallecido; en este caso el
actor tendrá que acreditar la vocación hereditaria de los demandados. La acción
contra los herederos es, también, cambiaria pues como dice
Cámara:
“La eventualidad de la
muerte del deudor cambiario no puede trasmutar el derecho del portador,
enervando la acción cartular conforme a la estructura de los títulos de crédito.”
De modo que los sucesores de un
deudor o responsable cambiario son legitimados pasivos.
En caso de muerte del girado, el
artículo 92 del Decreto Ley 14.701 prevé la realización de protesto notarial.
Cámara sostiene que esta norma se
incluye para poder hacer valer el derecho contra los herederos. No compartimos
tal conclusión. Las previsiones sobre las personas con quienes debe entenderse
la diligencia del protesto en caso de fallecimiento del girado, tiene por fin
lograr la efectividad de la función del protesto, esto es, la constatación de la
no aceptación o no pago. La responsabilidad de los herederos deriva de las
normas del Derecho sucesorio.
*
Adquirente de casa de comercio
También, hay acción contra el
adquirente de una casa de comercio, cuando éste ha quedado legalmente
responsable de las deudas del enajenante en las situaciones previstas por la Ley
del 26 de setiembre de 1904.
b.
Suscriptores del título que carecen de legitimación pasiva
*
Endosante sin responsabilidad
No es obligado cambiario quien
endosó con la cláusula sin responsabilidad u otra similar o quien endosó por
recibo en la forma prevista en el artículo 51.
*
Cedente
No es obligado cambiario el
cedente de un título valor, puesto que en la cesión de créditos el cedente sólo
responde de la existencia y legitimidad del crédito salvo que pacte que, también,
responde por el importe del crédito cedido.
*
Endosante póstumo
Tampoco es obligado cambiario el
endosante que endosó después de vencido el título, ya que, en tal caso, el endoso
produce los efectos de una cesión (artículo 47 Decreto Ley 14.701).
*
Endosante en procuración frente al endosatario
Cuando se endosa en procuración,
el endosante sigue siendo el propietario del título valor y no se obliga
cambiariamente. El endosatario es propietario formal pero no material. El
artículo 45 del Decreto Ley establece sus facultades.
Si en el endoso no se establece
la clase de endoso, se presume que el título fue transferido en propiedad
(artículo 39); pero tal presunción no es absoluta. El endosante podrá probar lo
contrario.
Aunque la Ley no establece la
posibilidad de oponer una excepción entendemos que el endosante de la hipótesis
en estudio, podrá oponerse al juicio ejecutivo que le promueve su endosatario
alegando su falta de legitimación pasiva.
c.
Normas especiales para la quiebra
Hay normas especiales para
quiebra en los artículos 1.755 y 1.757 del Código de comercio.
Artículo 1.755:
“El acreedor que tenga
títulos garantidos solidariamente por el fallido y otros coobligados fallidos,
participará en los dividendos de todas las masas,
figurando en cada una por el valor nominal de su título hasta el íntegro pago
del crédito.”
Artículo 1.757:
“Si el tenedor de las
obligaciones solidarias, entre el fallido y otros codeudores, ha recibido antes
de la quiebra alguna cantidad a cuenta de su crédito, sólo entrará al concurso
por la cantidad que quede, deducido lo que recibió a cuenta y conservando por lo
que se le quede debiendo sus derechos contra el codeudor y el fiador.
El codeudor o fiador que
haya verificado el pago parcial, entrará al concurso por las cantidades que haya
desembolsado en descargo del fallido.”
C. Falta de representación
La representación convencional o
legal para estar en juicio se rige por la Ley procesal (C.G.P.). Para actuar en
juicio a nombre y por cuenta de un tercero debe acreditarse la condición para el
ejercicio de la representación legal o presentar el poder conferido. En este
segundo caso el apoderado debe ser procurador.
La excepción de falta de
representación procederá cuando comparece en la demanda ejecutiva una persona
invocando una representación o un poder; pero sin justificarlo. Podrá
interponerse si con la demanda se presentara poder pero sin facultades para
estar en juicio. También, podrá oponerse si quien invocara poder no es
procurador o abogado.
Corresponderá el planteo de esta
excepción si quien demanda invocara la representación de una persona jurídica,
sin justificativos que lo acrediten.
La falta de representación puede
ser controlada por el juez al recibir la demanda.
1.
Hipótesis del endoso en procuración o en garantía
El endosatario en procuración
puede cobrar el título valor por vía judicial o extrajudicial (artículo 45). Del
mismo modo, el endosatario de un endoso en garantía (artículo 46).
No se necesita, en estos casos,
que quien actúe sea procurador. No lo exige la norma especial.
En el caso de que actúe un
endosatario en procuración debe invocar la calidad en que actúa, esto es,
indicar que obra en nombre y por cuenta del endosante, propietario del título.
Obrando de tal forma, el demandado podrá oponer las excepciones que tuviere
contra el titular del título.
Es distinta la situación del
endosante por un endoso en garantía. Este actúa por un derecho propio y a él no
se le pueden oponer excepciones contra el anterior poseedor, esto es, contra el
propietario. Así lo establece el artículo 46, inciso 2.
2.
Efectos de la admisión de la excepción de falta de representación
En este caso, acogida la
excepción procesal de falta de representación no se configura una cosa juzgada
material sino formal. Con el mismo título valor se podrá promover un nuevo
juicio por su propietario personalmente o por quien tenga un poder suficiente.
Si se advierte la falta de
representación por el juez o por el demandado que se excepciona, tal hecho puede
ser subsanable con la presentación de la documentación que se omitió adjuntar
con el pedido de embargo. También, se admite que la falta de representación sea
subsanada por la ratificación del mandato por el dueño del título valor,
ratificación que tiene efecto retroactivo.
En los dos casos precedentes, las
costas y costos de la incidencia que se crea pueden ser puestas de cargo del
actor que actuó negligentemente obligando al planteamiento de una defensa por el
demandado.
III. Excepciones procesales
no previstas en las leyes cambiarias
Del examen de los textos de los
decretos leyes 14.701 y 14.412, resulta que el legislador ha omitido incluir, en
estas leyes especiales, excepciones procesales del Derecho común como la cosa
juzgada, defecto legal en el modo de preparar la demanda, etcétera.
Del carácter restrictivo de las enunciaciones del artículo 108 del Decreto Ley
14.701 y del artículo 45 de la Ley 14.412 se podría concluir que tales
excepciones no son admisibles.
No obstante, la doctrina
y la jurisprudencia entienden que algunas de tales excepciones son admisibles,
en cuanto corresponden a principios generales fundamentales del Derecho
procesal. Cuando se da la ausencia de presupuestos procesales que invalidan el
proceso, se configuran nulidades absolutas que pueden ser examinadas y resueltas
de oficio por el Juez. Sería, por ejemplo, en los casos de incompetencia
absoluta o incapacidad de las partes, ya analizadas.
También, se darían nulidades en los casos que vamos a estudiar a continuación.
Si el juez no advierte la
nulidad al iniciarse el proceso, ella puede ser planteada por la parte
demandada, creándose un incidente. Opinamos, como
Teitelbaum, que aun cuando tal
incidencia implique alterar la estructura del juicio, sería el único camino para
solucionar los supuestos en que falten presupuestos procesales de validez del
proceso. El incidente podrá sustanciarse sin suspender el juicio principal.
A. Cosa juzgada y
transacción
1. Cosa juzgada
En especial cuesta admitir que
no proceda la excepción de cosa juzgada, siendo inexplicable la omisión de la
Ley. De todos modos, debe admitirse porque en ella está en juego el orden
público y puede ser declarada de oficio. La cosa juzgada tiende a la estabilidad
de las decisiones judiciales y a la certeza de los derechos reconocidos
judicialmente.
Decía
Teitelbaum:
“La
no existencia de la cosa juzgada previa, implica para parte de la doctrina, un
presupuesto procesal del proceso. No puede concebirse un nuevo juicio igual a
otro ya decidido por sentencia ejecutoriada, incluso por razones de orden
público.
La posibilidad de dos
sentencias ejecutoriadas contradictorias, conduce forzosamente a validar una de
ellas; necesariamente la primera cronológicamente por lo que la segunda está de
más.
No nos extenderemos
sobre el punto ampliamente debatido en el derecho procesal y la conclusión es
que no caben dudas sobre la procedencia de la excepción pese a no estar prevista
expresamente en la ejecución cambiaria”.
Si se promovió un juicio
ejecutivo cambiario en que se acogió un excepcionamiento, el actor no puede
pretender iniciar un nuevo juicio ejecutivo; si lo hiciere, el demandado podrá
oponer la excepción de cosa juzgada. Lo que sí podrá hacer ese actor que perdió
el juicio ejecutivo, es promover un juicio ordinario posterior para la revisión
de lo actuado en el juicio ejecutivo, con más garantías procesales.
Si se dictó sentencia en un
juicio ordinario cambiario, ya no será posible ni otro juicio ordinario ni un
juicio ejecutivo basado en el mismo título valor, entre las mismas partes.
Además, recordemos lo ya dicho
en otros párrafos, la excepción de cosa juzgada podrá plantearse si se trata de
una cosa material. El acogimiento de algunas excepciones produce sólo cosa
juzgada formal, como es el caso de las excepciones procesales de incompetencia o
de falta de representación procesal.
2.
Transacción
Por las mismas razones
señaladas precedentemente, debe admitirse la excepción de transacción que
produce los mismos efectos que la cosa juzgada (artículo 216 C.C.).
B. Defecto legal en la demanda
También, admite la doctrina, la excepción de
defecto legal de la demanda. Teitelbaum
pone el ejemplo de una demanda en que se omita la suma que se reclama. Se trata
de una hipótesis en que el juez podrá repelerla de oficio pues la traba de
embargo debe tener el límite del monto reclamado.
Si el escrito de demanda no viene
con firma letrada, el juez debe rechazarlo (artículo 37 C.G.P.). Si el juez no
lo hubiera advertido, se entiende que el demandado podrá excepcionarse.
También, puede excepcionarse el
demandado si el actor no acompaña los documentos que conforman el título
ejecutivo aunque difícilmente podrá ser recibida una demanda sin el título
ejecutivo pues el juez debe examinarlo antes de proveer el embargo (artículo
354.2 C.G.P.).
Podría darse la hipótesis de que
se presente una letra de cambio y se omita acompañar el testimonio del protesto
y el juez no lo haya advertido. Otra hipótesis de defecto sería aquella en que
el actor no acompañó las copias de su demanda y de los documentos presentados
(artículo 70 C.G.P.).
Si el escrito de demanda no viene
con firma letrada, el tribunal debe rechazarlo (artículo 37 C.G.P.). Si el Juez
no lo hubiera advertido, se entiende que el demandado podrá excepcionarse.
El Juez está facultado para
rechazar la demanda en todos los casos ejemplificados precedentemente, por lo
dispuesto en el artículo 24 del Código General del Proceso. Se entiende que si
el Juez no hubiera hecho uso de sus facultades, el demandado podría
excepcionarse por defecto legal de la demanda.
C. Perención de la instancia
La perención de la instancia está
regulada en los artículos 233 y siguientes del Código General del Proceso. Se la
considera como un modo extraordinario de conclusión del proceso.
Con la perención se extingue un
proceso por omisiones de actuar de las partes.
La doctrina entiende que la normativa que
establece la perención debe interpretarse con criterio restringido, en
concordancia con el principio de conservación de los actos procesales.
Uno de los presupuestos de la
perención es la existencia de una instancia.
Couture sostiene que la instancia
es una etapa del proceso que va desde la iniciación del juicio hasta la primera
sentencia definitiva que se dicte y desde la interposición de la apelación hasta
la sentencia que se pronuncie sobre ella.
Debe entenderse que debe
aplicarse a la instancia principal y, también, a las incidentales.
El proceso de ejecución es aquél que se
promueve en virtud de alguno de los títulos enumerados en el artículo 377 del
Código General del Proceso. En ese proceso se admite la posibilidad de oponer
excepciones y, por lo tanto, hay etapa de conocimiento limitado. Si existe etapa
de conocimiento existe instancia y si durante la misma se configura la
inactividad de las partes, podrá declararse la perención.
1.
Distintas posiciones doctrinarias
Para
Teitelbaum, la perención sólo opera
cuando ya se ha creado una relación procesal entre las partes, lo que sucede
recién con la citación de excepciones. La inactividad de la parte actora después
de la traba de embargo y antes de la citación de excepciones no se sanciona con
la perención. Teitelbaum se refiere
a distintas situaciones. En el supuesto de que, trabado el embargo, se demora
más de un año la citación de excepciones, efectuada la citación, el demandado no
podrá oponer como excepción la perención. Si, citado el demandado de
excepciones, éstas no se plantean, la sentencia de remate queda firme y,
terminada la instancia, ya no cabe la perención. Si, citado el demandado de
excepciones, éstas se formulan y luego el actor no evacua el traslado de las
mismas o se paraliza el procedimiento en cualquier otra etapa procesal, entonces
sí puede introducirse la perención que será planteada por la parte demandada.
Cámara
sostiene que la
instancia comienza cuando se ejerce la acción, esto es, cuando se presenta la
demanda. En el juicio ejecutivo, el actor tiene la obligación de impulsar el
proceso, a partir de la presentación de su demanda, pues con ella se abre la
instancia, no siendo necesaria una efectiva traba de la litis.
En consecuencia, en un juicio ejecutivo se puede producir la perención si,
promovida la demanda, no se cita de excepciones y la parte actora no realiza una
actividad para urgir los actos requeridos para la continuación del proceso. El
demandado embargado podrá, entonces, requerir la declaración de perención.
Alguna doctrina y fallos
sostienen que la perención no se produce en la vía de apremio. Se dice que en la
etapa de ejecución no puede hablarse de instancia y, por lo tanto, de la
posibilidad de una perención. Teitelbaum
sostenía:
“La etapa de ejecución
de sentencia en el juicio ordinario, o la vía de apremio, en el juicio ejecutivo
a nuestro entender, no puede dar mérito a la perención.
Reafirmamos, no
obstante, de acuerdo a lo ya expuesto, nuestra posición de que no corresponde la
perención en la vía de apremio, etapa de cumplimiento cuya paralización puede
producirse incluso por ausencia o insuficiencia de bienes.”
En la obra citada, se sostiene
que si en la vía de apremio se crea una incidencia, procede la perención,
respecto a la incidencia, por lo dispuesto en el artículo 233 del Código general
del proceso, que establece la procedencia de la perención sin distinciones y con
carácter general.
2.
Efectos del acogimiento de la excepción
Véscovi
sostenía que si en el juicio ejecutivo se declara la
perención, la situación se retrotrae a la anterior a la demanda ejecutiva,
debiendo cancelarse los embargos trabados.
La perención no extingue la
acción, aunque ésta puede quedar extinguida por haber transcurrido los términos
de la prescripción de los títulos valores. El artículo 240 del Código general
del proceso establece:
“Una vez declarada la
perención, las prescripciones interrumpidas mediante el emplazamiento, siguen
corriendo tal como si la interrupción no si hubiere producido.”
C.
Falta de capacidad procesal
El régimen de capacidad procesal
está previsto en las normas procesales. La incapacidad procesal no está
comprendida en el giro de “falta de legitimación”.
Nosotros entendemos que los
conceptos de capacidad y legitimación son distintos. Se puede tener capacidad
para estar en juicio y no estar legitimado y viceversa. Ambos son presupuestos
procesales diferenciados.
El propietario de un título
valor puede ser un menor. Tiene legitimación sustancial pero no tiene capacidad
para ejercer una pretensión judicial. Si se promoviera un juicio por un menor,
ello daría lugar o podría provocar la anulación de lo actuado más que a un
excepcionamiento.
Entendemos que, advertida la
incapacidad, el juez de oficio podrá declarar la nulidad, si la nulidad fuere
absoluta. Si fuere relativa, la nulidad podría ser reclamada, en vía incidental,
por la persona en cuyo beneficio fue establecido el régimen de incapacidad.
