Finalización del contrato

Por Nuri Rodríguez Olivera

En los contratos de distribución, agencia o de concesión se suelen estipular causales de extinción. Las más corrientes son las que se exponen a continuación:

Puede estipularse un plazo de vigencia. Vencido ese plazo queda extinguido el contrato y cesan los derechos y las obligaciones que él creaba.

También, se prevé que se extingue por la muerte o incapacidad del concesionario o agente si éste fuere una personas física o se determina su extinción por disolución de la sociedad agente o concesionaria o por ciertas modificaciones de su contrato social o por el cambio de las personas de los socios o de los administradores. Se suele pactar la extinción en caso de quiebra del comerciante, agente o concesionario o de la sociedad comercial, agente o concesionaria o de la liquidación judicial si el agente o el concesionario fuera una sociedad anónima.

Generalmente, en los contratos de agencia o de concesión se suelen estipular causales para la resolución del contrato, establecidas a favor del principal o concedente. Se incluyen como sanciones a incumplimientos del distribuidor, agente o concesionario y autorizan a la resolución automática de sus contratos. Así por ejemplo, si el agente o el concesionario vende fuera de la zona a mayor precio que el prefijado o no cubre los márgenes mínimos de venta, etc.

Se suele pactar, el desistimiento unilateral del principal o concedente, sin expresión de causa, con la sola formalidad de un aviso al distribuidor, agente o  concesionario. Se prevé que ese desistimiento no genera derechos a indemnización. El desistimiento actúa en forma automática. No requiere trámite ni sentencia judicial. Con otras palabras, la inclusión de este tipo de pactos, supone reconocer que se extinguen los efectos del contrato por la sola voluntad de uno de los contratantes.

Hemos de analizar, a continuación, las previsiones sobre plazo.

I. Estipulaciones sobre la duración del contrato

Las estipulaciones sobre la duración del contrato pueden ser de dos tipos. En algunos contratos no se establece plazo de duración, facultando a las dos partes o sólo al principal o concedente, la facultad de receder por su sola voluntad, cancelando unilateralmente el encargo o la exclusividad conferida.

De este modo, el principal o concedente que ha organizado una red de distribuidores, se reserva la facultad de poner fin a la relación jurídica con cualquiera de ellos por su sola voluntad. En virtud de su posición preeminente, en el grupo económico creado, puede cortar lazos, deshacerlos totalmente y formar nuevos con otros sujetos.

En otros contratos se establece un plazo determinado. Al vencer el plazo, las partes pueden simplemente dar por terminadas sus relaciones jurídicas o pueden acordar una prórroga o prórrogas sucesivas. Algunos contratos incluyen una cláusula con la prórroga tácita del plazo.

Cuando se estipula plazo, en general, se establece un plazo corto y renovable, a los efectos de que el fabricante, apreciando la diligencia demostrada por  el concesionario, tenga oportunidad de resolver su renovación o de darlo por concluido. Es usual que se incluya la facultad del principal o concedente de revocar la designación del agente o del concesionario con formalidades para comunicarlo, como el telegrama colacionado o carta y con previsión de un plazo a partir del cual la cancelación surtirá efectos. La falta de plazo y la facultad de un desistimiento unilateral por el principal o el concedente quitan fuerza a los derechos de exclusividad concedidos al agente o al concesionario. También, suele facultarse al agente y al concesionario a receder, pero creando formalidades para que comunique esa decisión a su principal o concedente.

1. Contrato de distribución, agencia y de concesión sin plazo

La doctrina se ha pronunciado diversamente respecto a las cláusulas que permiten el desistimiento unilateral en los contratos sin plazo. Los pactos de esta naturaleza constituyen una excepción a los principios generales en materia de contratos. Es de esencia de los contratos que ellos vinculen a las partes obligatoriamente como la ley y que sólo se puedan dejar sin efecto por mutuo acuerdo.

Sólo como excepción y para algunos tipos contractuales el legislador ha admitido el receso unilateral. Hay normas expresas para el préstamo (art. 705 del Código de Comercio), para el mandato (art. 327 del mismo Código), para la sociedad distribuidora, la Ley 14.548, para el arrendamiento (art. 582, Código de Comercio) y para el contrato de cuenta corriente bancaria (art. 34 de la Ley 6.895). En algunos de ellos, el derecho de una de las partes para desistir, por su sola voluntad, de la relación contractual, se condiciona al cumplimiento de ciertos requisitos o de ciertas formalidades.

Todos los contratos en que se ha previsto el receso unilateral tienen, como rasgo común, que son de ejecución continuada. También lo son los contratos de distribución, de agencia y de concesión; pero ellos tienen ciertos rasgos que determinan que el ejercicio del derecho de renuncia unilateral pueda provocar situaciones de injusticia y causar perjuicios al distribuidor, concesionario o agente. Baste recordar que estos contratos obligan al distribuidor a efectuar inversiones de capital para adecuar su establecimiento, para instalar un taller para el servicio de atención a prestar, a adquirir repuestos y accesorios, a contratar personal especializado y a aleccionarlo. En tales circunstancias, un desitimiento por la sola voluntad del principal o concedente, les puede provocar, perjuicios económicos. Por otra parte, estos contratos se celebran en el interés común de los contratantes, que por lo tanto no pueden apartarse de su cumplimiento, unilateralmente[1].

Cierta doctrina ha entendido que la rescisión de estos contratos sólo puede lograse por el consentimiento mutuo o cuando se dé una causa legítima que justifique su rescisión a pedido de una de las partes[2]. Se ha admitido por la jurisprudencia francesa la resolución unilateral cuando el agente o el concesionario no atienden el encargo o no se ocupan debidamente de la comercialización del objeto de la concesión[3].

Otros autores sostienen que el contrato no puede ser rescindido unilateralmente en virtud de la norma incluida en el Código Civil que establece que: “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes”. Admitir que una de las partes resuelva por sí sola poner fin a la relación contractual creada, sería admitir el arbitrio en su ejecución, contrariamente a lo dispuesto por la norma citada del derecho común.

Garrigues se plantea el problema de la rescisión unilateral con relación a los agentes y lo resuelve señalando que el contrato de agencia debe tener una duración determinada, porque así lo exige la equidad, pues sería injusto que una vez que el agente hubiese superado las dificultades iniciales que siempre suponen la apertura de nuevos clientes, el comerciante decidiera prescindir a su arbitrio de los servicios del agente, encargándose directamente o encomendando a otro las operaciones que han sido posibles gracias a la actividad del agente. La equidad exige que el agente pueda contar con la etapa primera de la dura competencia y más tarde con la etapa de la pacífica posesión de la clientela ya conquistada[4].

Lo sustentado por Garrigues, para la agencia, es válido para la concesión.

Algunos autores refiriéndose al agente señalan que en caso de rescisión, debe ser indemnizado. Vivante, comentando el artículo 366 del derogado Código de Comercio Italiano, dice: “Yo creo que todo mandatario disfruta de ese derecho .. Más que nadie necesita esa estabilidad y el resarcimiento de daños que la consagra, y más que nadie en ella confían .. los agentes de comercio... Para convencerse de ello bastará pensar en que dichos agentes, multiplicando las operaciones del principal, no siempre para sí sino para éste; no trabajan para la hora presente sino para el porvenir, creando una clientela que han de volver a formar de nuevo cuando sean despedidos, puesto que siempre obran por cuenta del principal y no por la suya; de aquí se deduce claramente que estos mandatarios necesitan como ningún otro disfrutar de estabilidad... Autorizado el principal a prescindir de sus servicios sin indemnización, se aprovecharía del plazo indefinido dado al mandato precisamente en su propio beneficio. Se concedería de este modo al principal una doble ventaja: la de especular sobre la actividad del agente, con la confianza de ocupar su puesto cuando el trabajo fuere más intenso y productivo, y la de despedirle improvisadamente, sin motivos justos ni indemnización....”[5].

Por el contrario, Guyenot opina que en principio el concesionario no tiene derecho de indemnización en caso de ruptura del contrato o en caso de no renovación, porque la clientela no la pierde, sigue siendo suya. Para Guyenot la clientela está ligada al establecimiento del concesionario[6]. Nos permitimos aclarar que no siempre es así. Mediante la labor del distribuidor, del agente o del concesionario la clientela reclutada suele quedar vinculada más a la marca que al establecimiento de aquéllos.

2. Previsiones legales en Derecho Comparado

En algunas legislaciones se ha dado solución expresa al problema que hemos planteado.

a. Para el contrato de agencia

El artículo 3 del Decreto francés de 1.958 establece expresamente: “Los contratos realizados entre los agentes comerciales y sus mandantes están concluidos en el interés común de las partes; su revocación por el mandante, si no está justificada por una falta del mandatario, abre el derecho a reclamar de este último, no obstante toda cláusula contraria, una indemnización compensatoria por el perjuicio sufrido”.

En el Derecho italiano, el artículo 1.750 del Código Civil establece: “Si el contrato no tiene plazo determinado, cada una de las partes puede rescindir el contrato dando un preaviso a la otra en el término establecido por las normas corporativas o por los usos. El término del preaviso puede ser sustituido, por el pago de una indemnización”. El artículo 1.751 agrega: “Si el contrato sin plazo, se rescinde por hecho no imputable al agente, el preponente debe una indemnización al agente, proporcional al monto de las comisiones liquidadas en el curso del contrato, y en la medida establecida por normas corporativas, por los usos o en su falta, por el Juez, según equidad”. La indemnización también se debe cuando se rescinde por invalidez permanente y total del agente (art. 1.751, inc. 3). En caso de muerte del agente, la indemnización corresponde a los herederos (art. 1.751, inc. 4).

En el Código de Comercio colombiano el artículo 1324 establece que el contrato de agencia termina por las mismas causas de mandato. En el artículo 1.279 sobre el mandato se dispone que puede ser revocado, a menos que se haya pactado la irrevocabilidad o que el mandato se haya conferido en interés del mandatario o de un tercero, en cuyo caso sólo podrá revocarse por justa causa. El artículo 1.324 establece algo más:

“El contrato de agencia termina por las mismas causas del mandato y a su terminación el agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma equivalente a la doceava parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor.

Además de la prestación indicada en el inciso anterior cuando el empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa comprobada, deberá pagar el agente una indemnización equitativa, fijada por peritos, como retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los servicios objeto del contrato. La misma regla se aplicará cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario

Para ella fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato.

Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato por justa causa comprobada, no tendrá derecho a indemnización o pago por este concepto”.

Luego el artículo 1.327 añade: “Cuando el agente termine el contrato por causa justa provocada por el empresario, éste deberá pagar a aquél la indemnización prevista en el artículo 1.324”. El artículo 1.325 determina cuáles son justas causas para la rescisión unilateral del contrato de agencia comercial.

b. Para el contrato de concesión

Las leyes belgas del 27 de julio de 1.961 y del 13 de abril de 1.971 prevén para el concesionario un régimen similar al previsto por las leyes francesas e italianas para el agente. Exigen un preaviso razonable de cualquiera de las partes, para poner fin al contrato por su sola voluntad. Si no se formula el aviso se debe pagar indemnización; pero si la rescisión se debe a una falta del concedente o sin mediar falta grave del concesionario, éste tiene derecho, en todos los casos – medie o no el preaviso – a una indemnización complementaria.

Con respecto a los contratos en que se ha estipulado un plazo de duración, se plantea el problema de si el agente o el concesionario tienen derecho a la renovación.

2. Contratos de distribución, agencia y de concesión con plazo

En una posición estricta no podrían exigir la renovación del contrato ni una indemnización en caso de no renovación. Pactado el plazo, cuando llegue su vencimiento, las partes quedan desvinculadas.

Guyenot entiende – refiriéndose al concesionario – que vencido el plazo, éste no podría exigir la renovación del contrato, por cuanto no podría invocar ni la severidad de las obligaciones que le fueron impuestas ni la antigüedad de sus relaciones. Justifica esta solución, incluso desde el punto de vista económico, en razón de la imperiosa necesidad del concedente de asegurarse una gran movilidad para el sistema organizado que le permite adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. No obstante, el mismo Guyenot admite atenuaciones a esta solución estricta puesto que su aplicación puede resultar injusta en algunas circunstancias[7]. Así ha considerado abusiva la ruptura del contrato de duración determinada si es intempestiva. La jurisprudencia francesa ha considerado que la no renovación del contrato, resuelta en circunstancias que no dejaban prever esa eventualidad constituye un abuso que puede dar lugar a la reparación de daños y perjuicios.

Sobre este punto existen soluciones legales en Derecho comparado. El artículo 418 del Código de la Obligaciones suizo establece: “Cuando el agente ha aumentado por su actividad sensiblemente el número de clientes del mandante y éste o sus causa-habientes obtiene un provecho efectivo en sus relaciones de negocios con dichos clientes, el agente o sus herederos, tiene derecho, incluso después de terminado el contrato de agencia, y a menos que ello sea contrario a la equidad, a una indemnización equitativa y que no puede ser suprimida por convención”.

La Ley belga de 1.971 también contiene una previsión al respecto. Se prevé que si el contrato de concesión tiene plazo, se entiende que las partes han consentido la renovación del contrato, sino se da un preaviso en contrario, tres meses antes de su vencimiento. También, prevé que si el contrato ha sido renovado dos veces, toda prórroga ulterior se considerará consentida por duración indeterminada. Esto es, que a partir de la segunda prórroga del plazo contractual, el contrato de concesión se considerará como contrato con plazo indeterminado, sujeto a la regulación específica dictada para los contratos sin plazo.

II. Readquisición del stock por el fabricante cuando termina el contrato

Generalmente, dentro del elenco de condiciones generales se estipula que el concedente o preponente se reservan el derecho de recomprar o no el stock de repuestos y accesorios que tiene el concesionario, cuando por cualquier causa haya terminado el contrato. Correlativamente, se impone al agente o concesionario la obligación de revender al concedente esas unidades y los repuestos y accesorios que mantienen en su stock.

Esta cláusula también genera problemas cuando el concedente o principal resuelvan no readquirir ese stock. Una decisión de este tipo perjudica al concesionario o al agente, que habiendo perdido tal carácter, no estará en condiciones de poder comercializarlo.

De acuerdo a estricto derecho no se podría demandar al principal o concedente que readquiera stocks; cuando el distribuidor o el concesionario compraron repuestos y accesorios al firme.

En la jurisprudencia francesa, donde se ha debatido el problema se han formulado atenuaciones a un régimen estricto de interpretación. Así se ha resuelto que, en caso de rescisión o fin del contrato de concesión, el concedente debía retomar el material vendido al concesionario, por su valor y a indemnizar al concesionario por la inmovilización de capitales correspondientes al stock. Se ha considerado que las ventas del concedente están afectadas a una condición resolutoria para el caso de fin de la concesión, porque estas ventas estaban ligadas a un contrato para cuya buena ejecución eran necesarias.

En otra sentencia francesa se determinó que la cláusula por la cual el concedente se reservaba el derecho de retomar stock o de no hacerlo, debía tenerse como no escrita, porque esa cláusula no se adecuaba al contrato, ni a su economía ni a la intención de las partes. El stock lo tenía para revender. Al terminar la concesión ya no puede revender. Ese mismo fallo se funda, además, en que el concedente debe responder por sus hechos personales y lo es el ejercicio de un derecho reconocido por el contrato. Si en ejercicio de ese derecho no readquiere, debe responder por ello; pues cuando se obligó al concesionario a comprar stock era para que pudiera revender[8].

III. Consideración final

No existen en nuestro Derecho positivo, normas que rijan los contratos de distribución, agencia y concesión, ni una disciplina para los distribuidores. Entendemos necesario suplir el vacío legal dictando una regulación jurídica que regule estos contratos o que discipline la profesión de distribuidores, agentes y concesionarios. Es necesaria la regulación legal por la importancia adquirida por los contratos de agencia y de concesión en la práctica de los negocios. Con normas legales se pueden solucionar conflictos eventuales que se pueden plantear entre las partes y también respecto a terceros. Entre las partes no suelen ser suficientes las previsiones legales y ya hemos visto la complejidad de las relaciones creadas por estos contratos, que hacen complicada la sola determinación de las normas legales que puedan serle aplicadas.

También, se hace necesaria la reglamentación legal para atenuar el alcance de algunas cláusulas y condiciones generales de los contratos, impuestas por la parte fuerte en la relación contractual: principal o concedente. Ya analizamos, en párrafos anteriores, los problemas de más frecuente producción, que reclaman la atención del legislador.

Una regulación legal prestará utilidad respecto a terceros, a los efectos de evitar los equívocos que puede provocar la actuación de un agente o de un concesionario y, fundamentalmente, para deslindar responsabilidades por los negocios celebrados con su intervención.

Para su regulación, pueden seguirse como modelo las normas elaboradas en otros países. Al respecto, cabe señalar que existen normas legales o reglamentarias que regulan la actividad del agente o el contrato de agencia en Alemania, Francia, Suiza, España, Italia y Colombia. Hacemos salvedad que en todos ellos se regula fundamentalmente la relación de mandato o el encargo que se confiere al agente para promover o concertar negocios; pero sin tener en cuenta la complejidad que este contrato ha adquirido en los últimos tiempos. Así no se tiene en cuenta el contenido reglamentario que le da carácter de contrato de coordinación; ni las obligaciones accesorias que se imponen al agente de prestar servicios a terceros, de adquirir y mantener stock de repuestos y accesorios.

No sabemos de la existencia de normas en derecho comparado para regular el contrato de concesión, salvo la Ley belga del 27 de julio de 1961, modificada por la Ley del 13 de abril de 1971.