¿En qué se diferencia el régimen de responsabilidad de administradores y directores establecido para las sociedades anónimas con respecto al establecido para el resto de las sociedades comerciales?

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

La responsabilidad del administrador y los directores de sociedades anónimas, posee caracteres especiales, sobre todo en lo que refiere a sus elementos y a sus formas de extinción[1]

El administrador y los directores, están dotados de amplísimas facultades de gestión y de representación y tienen, como contrapartida, un régimen severo de responsabilidad. El régimen de responsabilidad del administrador y los directores de sociedades anónimas, es más riguroso, incluso, que el establecido para el resto de las sociedades comerciales. Esto surge como consecuencia necesaria de los caracteres especiales de la sociedad anónima como tipo social.

Es una consecuencia de la división del capital en acciones y de su representación en títulos negociables y de la concentración del poder en los administradores. La difusión de las participaciones sociales entre muchas personas, provocada por la división del capital en acciones y la imposibilidad práctica de que todas ellas se ocupen de la administración de los negocios sociales y de su contralor efectivo, ha determinado que el legislador agravara la responsabilidad de los administradores o directores. De esta manera, la Ley de Sociedades Comerciales n° 16.060 de 1989 (LSC) contrapone a la dispersión de los socios, la concentración de la gestión en la persona de los administradores y su responsabilidad como contrapartida necesaria.

Es una consecuencia, asimismo, de la irresponsabilidad de los socios. En las sociedades de personas, la responsabilidad subsidiaria de los socios, hace innecesaria una previsión especial sobre la responsabilidad de sus administradores respecto a terceros. Ella se impone, en cambio, en la regulación jurídica de las sociedades anónimas. En éstas, frente a la responsabilidad limitada de los accionistas, se levanta la responsabilidad ilimitada de los administradores cuando, a consecuencia de sus omisiones o de sus actos de mal gestión o de sus violaciones a disposiciones legales o estatutarias han ocasionado un perjuicio.

Es una consecuencia, finalmente, del carácter impersonal de las sociedades anónimas. En la sociedad anónima no interesan las condiciones personales de los socios. Sus vicisitudes no afectan a la sociedad. Como contrapartida necesaria de esta característica, comprobamos la personalización de la sociedad anónima a través de la figura de los administradores. A tal punto cobra importancia la persona de los administradores, que los terceros, al vincularse con la sociedad, por cualquier tipo de negocio jurídico, no sólo tienen en cuenta el patrimonio social sino también la solvencia moral y material de aquellos.

I. Causales de responsabilidad

A. Causales generales de responsabilidad 

En materia de sociedades anónimas la norma principal en materia de responsabilidad se encuentra en el art. 391 de la LSC. Este artículo, además de establecer otras hipótesis de responsabilidad de los administradores, se remite al art. 83. El art. 83 es una norma general, aplicable a todos los tipos sociales. El art. 391, inc. 1, dice así:

“El administrador o los directores responderán solidariamente hacia la sociedad, los accionistas, y los terceros por los daños y perjuicios resultantes, directa o indirectamente de la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 83 y por aquellos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa grave[2].

Cuando los administradores o directores actúan en el marco de la Ley, diligentemente, dentro de los límites del objeto social y de acuerdo a las previsiones estatutarias, no contraen responsabilidad personal por el cumplimiento de actos de gestión y representación. Las consecuencias de sus actos recaen en la sociedad administrada.

La responsabilidad del administrador o de los directores, nacerá por distintas causales: * violación de la Ley, * violación de los estatutos o reglamentos, * por mal desempeño de su cargo y, también, por abuso de facultades, dolo o culpa grave.

B. Causales de responsabilidad en casos de conflicto de intereses

1. Competencia con la sociedad

El art. 389 prohíbe al administrador y a los directores, el ejercicio de actividades del mismo giro que el social, por cuenta propia o de terceros, salvo que la asamblea lo autorice. Si se transgrede la prohibición se deberán reparar los daños y perjuicios ocasionados.

2. Celebración de contratos con la sociedad

En el art. 388 se regula la contratación del administrador y directores con la sociedad.

El administrador y los directores pueden celebrar los negocios que se relacionen con su actividad normal en las mismas condiciones que los terceros, comunicándolo luego, a los socios o, en su caso, al directorio o a la asamblea. Para celebrar contratos no comprendidos en el giro, se requiere la autorización previa de los socios o de la asamblea. La sanción por realizar estos últimos actos sin autorización previa es la nulidad. Entendemos, además, que ello supone una violación de la Ley, generadora de responsabilidad.

En materia de bancos, el Decreto Ley 15.322 contiene, también, una norma prohibitiva (art. 18, lit. C): 

“Los Bancos no pueden conceder créditos o avales a su personal superior, ya sea directores, síndicos, fiscales, asesores o personas que desempeñan cargos de dirección o gerencia en las mismas, así como a empresas o a instituciones de cualquier naturaleza en las que estas personas actúen en forma rentada u honoraria, como directores, directivos, síndicos, fiscales o en cargos superiores ya sea de Dirección, Gerencia o Asesoría sea esta situación directa o indirecta a través de personas físicas o jurídicas de cualquier clase”.

3. Interés contrario al de la sociedad

El art. 387 impone al director que comunique al directorio, su interés contrario al de la sociedad en negocios determinados y que, luego, se abstenga de intervenir cuando se traten y resuelvan. Si se trata de un administrador deberá abstenerse de realizar tales negocios, salvo autorización de la asamblea de accionistas. La sanción es la responsabilidad frente a la sociedad.

El art. 387 establece:

Los directores que en negocios determinados tengan interés contrario al de la sociedad, sea por cuenta propia o de terceros, deberán hacerlo saber al directorio y al órgano interno de control en su caso, absteniéndose de intervenir cuando se traten y resuelvan esos asuntos. Si así no lo hicieran, responderán por los perjuicios que se ocasionen a la sociedad por la ejecución de la operación.

Si se tratara de un administrador deberá abstenerse de realizar tales negocios, salvo autorización de la asamblea de accionistas”.

Un administrador, sin asumir el carácter de contratante, puede igualmente tener un interés directo o indirecto en una negociación a celebrar por la sociedad y que es objeto de una deliberación en el seno del directorio. El interés puede ser material, como en el caso en que el posible co-contratante sea una sociedad colectiva de la cual sea socio o una sociedad anónima, en que tenga importante participación accionaria o un deudor personal de esa sociedad, cuyas ganancias en la operación concreta que se prepara, permitirán el cobro de su crédito. El interés puede ser meramente moral, cuando el administrador no extraerá del asunto que se tratará en el directorio un provecho material directa o indirectamente, sino una satisfacción personal:  a modo de ejemplo, cuando una persona de su parentesco o de su amistad, es el eventual co-contratante o uno de los candidatos para ocupar un empleo dentro de la sociedad. En estas situaciones, el administrador habrá de vacilar indudablemente entre el cumplimiento de su función de gestión con lealtad y fidelidad a la sociedad, protegiéndola y procurándole las mayores ganancias posibles y el impulso, de orientar las deliberaciones y las votaciones del directorio en un sentido favorable a ese tercero con lo cual obtendrá una satisfacción de sus intereses directos o indirectos, materiales o morales.

C. Responsabilidad por la ejecución de resoluciones impugnadas

El administrador o los directores de sociedades anónimas, responden por la ejecución de resoluciones de asambleas que fueran impugnadas (art. 372).

D. Responsabilidad por delegación de funciones

De acuerdo al art. 383, en las sociedades anónimas, el administrador o los directores, pueden designar gerentes y otorgar mandatos pero ello no excluye su responsabilidad personal. El estatuto puede organizar un comité ejecutivo o permitir la designación de directores delegados pero ello tampoco excluye su responsabilidad general. Al respecto, el art. 390 dispone:

 El estatuto podrá organizar un comité ejecutivo integrado por directores o autorizar al directorio a designar uno o más directores delegados, quienes tendrán a su cargo la gestión de los negocios ordinarios. El directorio vigilará su actuación y ejercerá las demás atribuciones legales y estatutarias que le correspondan.

Esta organización no modificará las obligaciones y responsabilidades de los directores”.

II. Culpa

En el artículo 391 de la Ley 16.060 establece que el administrador o los directores responderán por los daños y perjuicios resultantes de la violación de la Ley, el estatuto o el reglamento, por el mal desempeño de su cargo (según el criterio del art. 83) y por aquellos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa grave. ¿Cómo debe interpretarse esta referencia expresa a diversos grados de culpabilidad?

A. Sobre la posibilidad de atribuir responsabilidad objetiva a los directores

1. Opinión que atribuye responsabilidad objetiva al administrador y a los directores de sociedades anónimas

Se ha interpretado que bastaría la producción del acto ilegal o antiestatutario para dar nacimiento a la responsabilidad del administrador y los directores. La referencia al dolo, abuso de facultades y a la culpa grave no está calificando las condiciones generadoras de la responsabilidad sino agregando nuevas causales para hacer responder a los administradores por cualquier otro daño producido mediante conductas dolosas, abusivas o incurriendo en culpa grave.

En este sentido, Galindo Farías considera que si se trata de la violación de una norma contenida en la Ley o en los estatutos, la existencia de la culpa se constataría objetivamente. Se comprobaría la culpa con el simpel examen objetivo de los hechos o actos realizados en violación de las normas preestablecidas. Por lo tanto, toda violación material de los deberes objetivamente determinados en la Ley o en los estatutos, sería fuetne de responsabilidad para los administradores, si su incumplimiento hubiere dado lugar a la causación de un daño[3].

Claro que, dice Galindo Farías, si el daño fuese causado por mal desempeño del cargo, la responsabilidad dependería de la acreditación de la negligencia, de la falta de atención o de cuidado, en que hubiere incurrido el administrador o los directores. En este caso, la calificación de la culpa sería de naturaleza subjetiva. Su existencia y grado serán objeto de un juicio estimativo. En esta hipótesis no se encontraría una disposición objetiva y específica, legal o convencional, que sirva para confrontar la conducta observada con aquella actividad que se espera del administrador o los directores[4].

2. Nuestra opinión

Coincidimos con que la referencia al dolo, al abuso de facultades y a la culpa grave, no estaría calificando a la violación de la Ley o el estatuto, sino agregando nuevas causales de responsabilidad. Como dijimos más arriba, aun actuando de conformidad con la Ley y los estatutos, el administrador o los directores, pueden ser responsabilizados por el daño producido con dolo. Dicho de otra forma, en los casos de violación de la Ley o el estatuto, no se requiere la coexistiencia del abuso de facultades, dolo o culpa grave.

No obstante la interpretación que acabamos de referir, consideramos que la LSC no supone una desviación del sistema general de responsabilidad. En los casos de violación de la Ley o el estatuto, sólo existirá responsabilidad del administrador o los directores, cuando se haya configurado el elemento subjetivo[5].

Claro está que la buena fe de los administradores no puede ser aceptada como excusa del incumplimiento de sus obligaciones, de su negligencia o de la violación de disposiciones legales o antiestatutarias. No es causa de absolución[6].

Tampoco la inexperiencia basta para exonerar de responsabilidad al administrador o a los directores. Por el contrario, si esa inexpereiencia ha sido la razón del perjuicio sufrido, ella puede constituir una circunstancia agravante porque el administrador o director, ha cometido una primera falta al aceptar una misión que era incapaz de cumplir[7].

III. Acciones de responsabilidad contra los administradores de la sociedad anónima

La acción de responsabilidad es aquella que puede ejercerse contra alguien a quien se imputa ser el culpable de un acto dañoso o perjudicial. La titularidad de la acción corresponde a quien ha sufrido un perjuicio[8].

Teniendo en cuenta sus eventuales titulares, podemos distinguir dos clases de acciones de responsabilidad con el administrador y los directores: la acción por el daño causado a la sociedad y las acciones correspondientes a los accionistas y a los terceros por el daño sufrido personalmente.

A. La acción por daño a la sociedad

1. Legitimación para el ejercicio de la acción social

La responsabilidad de directores o de administradores de sociedades anónimas se puede generar respecto a la sociedad, los accionistas o los terceros, quienes tendrán el ejercicio de las correspondientes acciones judiciales. Señalamos una importante diferencia con el art. 83 que, para los demás tipos, establece sólo responsabilidad frente a la sociedad y a los socios pero no frente a terceros.

2. Exoneración de responsabilidad

Los incs. 2, 3 y 4 del art. 391 de la LSC disponen respecto de los casos y las condiciones en que los administradores o directores de sociedades anónimas quedarán exonerados de responsabilidad. Básicamente, se distingue según la resolución generadora de responsabilidad se haya tomado en una sesión del directorio o fuera de ella.

a. Exoneración de responsabilidad respecto de resoluciones adoptadas en sesión de directorio

Para el caso en que la resolución hubiese sido adoptada en una sesión del directorio, la Ley prevé dos sub-hipótesis, según el director estuviese presente o ausente en dicha sesión. Si el director estaba presente, debió cumplir con dos condiciones: no haber votado la resolución y haber dejado constancia en actas de su oposición.

Puede suceder que los demás directores se hayan negado a dejar constancia formal de la oposición. En dicho caso, quien votó en contra debe comunicar en forma fehaciente a la sociedad su oposición en un plazo de 10 días de la reunión. El plazo para realizar esta comunicación se cuenta a partir de la reunión en que se haya adoptado la resolución.

Si el director no concurrió a la sesión que adoptó la resolución y toma conocimiento de ella después, debe tomar dos providencias, para liberarse de responsabilidad. Debe comunicar, en forma fehaciente, su oposición en el plazo de 10 días a contar de la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución. Debe, además, solicitar la reconsideración de la resolución generadora de responsabilidad. Por esta vía, el director podrá manifestar su oposición expresamente y solicitar se deje constancia de ella en actas o hacer la comunicación fehaciente, si los restantes directores se opusieran a incluir en el acta esa oposición.

La Ley aclara que la abstención o la ausencia injustificada no exime de responsabilidad. No obstante, aunque se justifique la ausencia del director, éste debe actuar en la forma antes analizada para eximirse de responsabilidad.

b. Exoneración de responsabilidad respecto de resoluciones adoptadas fuera de directorio

Si el acto o hecho generador de responsabilidad no se resolvió en una sesión de directorio, sólo serán responsables los directores que hayan participado en él. Será responsabilidad individual y no corporativa. La Ley impone que, en cuanto ese acto o hecho llegue al conocimiento de los demás directores, éstos deben plantearlo en el directorio para que éste adopte resolución al respecto y puedan dejar constancia formal de su oposición.

3. Extinción de la responsabilidad

Como norma de carácter general, el art. 102, dispone que la aprobación de balances anuales y de la memoria, no implica la aprobación de la gestión de los administradores, o directores ni de los síndicos. La Ley no admite, por lo tanto, una aprobación tácita de sus gestiones.

Tratándose de sociedades anónimas se aplica el artículo 392 de la Ley. La asamblea, por mayoría de presentes, podrá resolver aprobar la gestión o renunciar al ejercicio de una acción de responsabilidad o aprobar una fórmula transaccional; pero tal facultad tiene limitaciones y condiciones en la Ley.

* Tal resolución no tiene eficacia si se trata de responsabilidad por violación de la Ley o de los estatutos. De manera que podrá ser eficaz la renuncia, sólo si la responsabilidad se generó por el mal desempeño del cargo.

* No será eficaz esa resolución si no se planteó en la asamblea, los hechos concretos que son generadores de la responsabilidad. Nunca ha de tener eficacia una declaración genérica de exoneración de responsabilidad. Los accionistas podrían aprobar la gestión sin tener conocimiento de ilícitos o violaciones estatutarias concretas. Para que tenga eficacia una resolución de extinción de responsabilidad, tuvo que ponerse en conocimiento de los accionistas, reunidos en asamblea, hechos concretos susceptibles de generar responsabilidad, para que se delibere, se aprecie su gravedad y se resuelva con conocimiento de causa.

* El tema de la responsabilidad debe plantearse en el orden del día. La exigencia se justifica pues, de este modo, los accionistas se pueden informar previamente sobre el tema para estar en condiciones de votar. Si el directorio que extiende el orden del día, no incluye la responsabilidad y luego el grupo que lo apoya lo plantea como tema, para votar sorpresivamente la aprobación de la gestión, tal resolución no tendrá eficacia liberatoria.

El tema de la responsabilidad puede ser propuesto, en una asamblea, por cualquier accionista que denuncie hechos concretos generadores de responsabilidad y, entonces, será tratado aunque no figure en el orden del día. Si la asamblea trata el tema de la responsabilidad, no incluido en el orden del día, y resuelve liberar de responsabilidad o transar, tal resolución asamblearia no tendrá eficacia. Por lo contrario, si se trata el tema y se resuelve responsabilizar a los administradores y ejercer las acciones pertinentes, esa resolución tiene eficacia. Lo que la Ley no quiere es el planteo sorpresivo del tema con el efecto de liberar de responsabilidad.

* Aun cuando se configuren todas las circunstancias antes referidas, para que la extinción sea válida, existe una última posibilidad:  que la minoría se oponga a tal resolución. De acuerdo al artículo 394 los administradores no quedan liberados de responsabilidad si se oponen accionistas que representen el 5 % del capital integrado.

* También, pierde eficacia la resolución que los libera de responsabilidad, si, posteriormente, se produce la liquidación judicial de la sociedad.

B. La acción por daño a los accionistas

El administrador y los directores, pueden incurrir en responsabilidad frente a los accionistas cuando, con sus actos u omisiones, afectan derechos que tienen como tales. Los accionistas tienen derechos patrimoniales, derechos políticos, derechos de control y otros y, en cuanto ellos le sean desconocidos, tendrán acción de responsabilidad contra el administrador. Frente a un desconocimiento de sus derechos pueden actuar contra la sociedad, reclamando se les reconozca sus derechos o pueden actuar contra el administrador o los directores por los daños y perjuicios sufridos.

Damos un ejemplo: el accionista puede reclamar al administrador porque no se le ha pagado un dividendo. El daño directo es el no recibir la ganancia dispuesta en la asamblea. El daño indirecto será el lucro cesante: por no haber recibido ese dinero no pudo hacer una inversión que le hubiera proporcionado determinada rentabilidad.

C. La acción por daño a los terceros

Entendemos que la Ley 16.060 no reconoce al tercero una acción para reclamar la responsabilidad del administrador o los directores, por el daño sufrido como reflejo del daño causado a la sociedad.

Damos un ejemplo. El hecho del administrador causó perjuicio a la sociedad. Como consecuencia de sus pérdidas patrimoniales se perjudican los acreedores. Los acreedores no tienen acción contra el administrador por el daño sufrido por la sociedad. En el ejemplo, entre el administrador y el acreedor se interpone la sociedad. El daño se causa a la sociedad. No hay nexo causal entre el hecho y el daño sufrido por el acreedor. Los acreedores sólo podrán ejercer la acción social, si la sociedad no la ejerce.

Fuera de la hipótesis referida, es posible que el administrador o los directores, por una actuación contraria a la Ley o al estatuto, o por falta de la diligencia de un buen hombre de negocios, por ejemplo, provoquen un daño directo al patrimonio de un tercero[9]. Para que tenga lugar esta acción, el nexo causal se debe dar respecto de un daño sufrido directamente por el acreedor. El artículo 391 prevé – especialmente para sociedades anónimas - la responsabilidad del administrador y los directores, por el daño a terceros.

La responsabilidad frente a terceros es extracontractual, porque se funda en la trasgresión de una norma que impone a los administradores un determinado comportamiento. La responsabilidad se genera por el daño causado por la trasgresión, directamente al tercero.

Por tratarse de responsabilidad extracontractual, la Ley no realiza las distinciones que se vieron en materia de responsabilidad contractual. Se responde siempre de las consecuencias del hecho ilícito, previsibles o imprevisibles.

Siendo esta responsabilidad extracontractual, prescribe a los cuatro años. Se sostiene que si el hecho generador de responsabilidad configura un ilícito penal, el término de prescripción es el fijado por el Código Penal (arts. 117 y 119) (Sentencia de Casación 84 del 6 de diciembre de 1993).



[1] Rodríguez Olivera, Responsabilidad civil de administradores de sociedades anónimas, p. 69.

[2] El artículo 391 se aplica a las sociedades en comandita por acciones (art. 477, inc. final).

[3] Galindo Farías, Sociedad anónima, responsabilidad civil de los administradores, p. 93 ss.

[4] Galindo Farías, íd. ibíd.

[5] Rodríguez Olivera, op. cit., p. 209. Conforme Dalsace, Manuel des sociétés anonymes, p. 216, y Uría, Derecho mercantil, p. 229.

[6] Steiger, Le Droit des sociétés anonymes en Suisse, p. 272. La sentencia del 5 de febrero de 1910 de la Corte de Amiens, citada por Steiger, se refier al caso de una sociedad que había distribuido dividendos ficticios poco antes de un aumento de capital. Los suscriptores de las nuevas acciones pretendían que las habían suscripto en virtud de haber llegado a su conocimiento tal distribución. Se comprobó la buena fe de los administradores; se probó que fueron engañados por actos del director gerente. La Corte igualmente estableció que los administradores eran culpables por falta de vigilancia, lo que era suficiente para entrañar su resposnabilidad y les condenó a reembolsar a los suscriptores el importe de sus acciones.

[7] Marx, De la responsabilité des administrateurs dans les sociétés snonymes, p. 18.

[8] Moreau, La société anonyme, traité pratique, t. I, p. 227; Mouret, Responsabilité des fondateurs et administrateurs del sociétés anonymes, p. 232; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, p. 361. En sentencia del Tribunal de Comercio del Sena, del 19 de enero de 1951, se establece que la gratuidad en el cargo no tiene influencia en cuanto a la determinación de la existencia de responsabilidad. No es causa de exoneración pero puede ser tendia en cuenta por los jeuces para graduar la responsabilidad (Revue Trimestrielle de Droit Commercial, 1951, p. 530).

[9] Rodríguez Olivera, op. cit., p. 238.