¿Cuáles son las causales de impugnación de asambleas?
Por Nuri
Rodríguez
Olivera
El
artículo
365 de la Ley 16.060 establece distintas causales de impugnación:
que la resolución sea
contraria a la Ley,
al contrato social o a los reglamentos;
que la
resolución fuera lesiva del interés social;
que la resolución fuere lesiva de
los derechos de los accionistas.
I.
Violación de la Ley, el contrato social o los
reglamentos
En cuanto
a la primera causal, deseamos aclarar que la Ley dispone que la resolución será
impugnable sea cual fuere la Ley que se contraríe. Por lo tanto, son
impugnables las resoluciones no sólo por su contenido ilícito o contrario a
los estatutos sino, también, cuando en su formación se han violado normas
legales o estatutarias.
La
resolución de la asamblea es la etapa final de un proceso formativo de la
voluntad social. La resolución no es separable de las etapas que la preceden,
que son formativas y conducentes a la resolución final. De manera que el acto
asambleario se integra con distintas etapas dispuestas por la Ley y que forman
una unidad funcional, sin relevancia jurídica alguna si se las considera por
separado. De modo que, cuanto la Ley se refiere a decisiones o acuerdos
violatorios de las leyes debe entenderse que la violación pudo producirse en
cualquiera de las etapas de la formación de tal decisión o acuerdo.
Al
proyectarse la Ley uruguaya se entendió que no existía justificación para
crear acciones distintas según se trate de violación de normas que regulan el
funcionamiento de una asamblea o se trate de violación de normas sustanciales
de la Ley de sociedades o de leyes que regulan otras materias.
Se pensó que existiendo la violación de una ley siempre debe quedar abierta la
acción de nulidad con todas las garantías de juicio ordinario; sin perjuicio
de la impugnación, por un procedimiento más ágil, establecido al efecto.
Pérez
Idiartegaray comparte esta opinión:
“En
primer lugar, hemos visto que la denominada voluntad de la asamblea se forma a
través de un proceso complejo estrictamente reglamentado por la Ley, que
comprende una serie de actos que deben cumplirse necesariamente para culminar en
la resolución. El incumplimiento de las normas que rigen ese proceso puede
incidir en la regularidad de la resolución...
...
Esto tiene particular relevancia en el caso de lo que podríamos denominar
irregularidades formales, esto es, las que se refieren al procedimiento a través
del cual se ha formado la voluntad de la asamblea. Desde este punto de vista
podríamos agrupar las irregularidades refiriéndolas a ciertos módulos
esenciales, esto es: la convocatoria a la asamblea, la constitución de la
asamblea, la deliberación que ésta realiza y la proclamación de la resolución
y redacción del acta...
Sin
ánimo de agotar el elenco de posibles irregularidades, podemos señalar las
siguientes:... d) si la asamblea no se hubiese constituido con el quórum
requerido para ese caso...”.
Afirman
Uría, Menéndez y García
de Enterría:
“la anulabilidad de los acuerdos de las Juntas puede
producirse por dos causas distintas. La primera es por contravenir las normas
estatutarias, bien en razón del propio contenido del acuerdo, bien por la forma
en que éste haya sido tomado; y es que los estatutos, en tanto que norma
rectora de la vida social, no pueden ser incumplidos en ningún caso.... cabría
citar como ejemplos de acuerdos nulos los siguientes: a) los tomados sin cumplir
los requisitos formales que la Ley exige para regular la constitución y el
funcionamiento de las Juntas Generales... b) los que no hayan sido tomados por
mayoría absoluta de votos o por la mayoría especial eventualmente exigida en
determinados casos...”.
La
doctrina argentina, en sus comentarios a la norma que sirvió de fuente a la
disposición uruguaya, es de la misma opinión. Véase, por ejemplo, los autores
siguientes: Nissen, Ley de
Sociedades Comerciales, t. II, p. 251 siguientes; Bendersky, Impugnación judicial de asambleas de
sociedades anónimas, Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones,
nº 55, p. 15 y siguientes; Farina, Sociedades
Comerciales, p. 315; Halperin, Sociedades
Anónimas, p. 645 y siguientes.
II.
Lesión del interés social
Además
del incumplimiento de las formalidades impuestas por la Ley y el contrato
social, respecto de la celebración de asambleas y la toma de resoluciones, las
resoluciones pueden ser impugnadas por ser lesivas del interés social o de
derechos de los accionistas. Esta distinción que merece un comentario.
El interés
social es aquél de los accionistas, compartido por todos ellos: interés de
realizar una actividad en común y de obtener beneficios. Al lado de ese interés
social, existen derechos de los accionistas que podrían ser lesionados. Se
trata de cualesquiera derechos que emanan de la posición de socio: derecho de
voto, derecho de utilidades o derecho de preferencia en la suscripción de
aumentos de capital.
Debe
tenerse en cuenta que, según afirman Uría,
Menéndez y García de Enterría, a
través de las acciones de impugnación “se
garantiza tanto el sometimiento de los acuerdos sociales al marco legal y
estatutario por que ha de regirse la sociedad como la defensa del interés
social, que podría resentirse con posibles acuerdos adoptados por los socios
mayoritarios en beneficio propio o de otra persona”. Surgiría,
entonces, una causa de anulabilidad “cuando el acuerdo lesiona los
intereses sociales, para beneficiar así los intereses de cualquier accionista o
de terceros... cuando la mayoría, que debe ejercitar sus prerrogativas
atendiendo en todo momento al interés social como interés superior común a
todos los accionistas, tome un acuerdo que, sin violar propiamente la Ley o los
estatutos, posponga los intereses sociales para beneficiar a cualquier socio o a
un tercero...”.
Resulta
que, tanto en el Derecho español como en el uruguayo, la impugnación de
resoluciones de asamblea por violación del interés social, se encuentra
prevista a texto expreso (art. 365 Ley 16.060), como una forma de tutela del
referido interés, en lo que respecta a la formación de la decisión colegial.
Según expresa Richard:
“debe excluirse el voto dirigido contra la
sociedad, pues el derecho de voto no puede ejercerse contra la convención
original o el desenvolvimiento colegial”.
Se
considera interés contrario, todo aquel interés particular que contraríe la
consecución del objeto o de la actividad social. Así, también, ha sido
definido como cualquier modalidad operativa de un accionista o de un grupo de
ellos tendiente a beneficiarse con la generación de decisiones sociales que no
sean congruentes con el estricto cumplimiento del objeto social.
Dice Richard:
”En opinión de la doctrina, los derechos subjetivos no son
conferidos a los individuos para su utilización egoísta, sino que deben ser
ejercidos en el interés general. En materia de sociedades los derechos
reconocidos por la Ley o por los estatutos a los órganos de gestión, de
control o de tutela, están destinados, en primer lugar o prioritariamente a
permitir a dichos órganos ejercer una actividad beneficiosa para la sociedad,
pudiendo ser sometidos a examen o censura si su titular ha utilizado sus
derechos o poderes en disconformidad con su destino.”
En la
doctrina francesa, Houpin y Bosvieux
afirman que hay abuso de derecho y desviación de poder, cada vez que el
accionista actúe para satisfacer intereses particulares, aun en los casos en
que no exista necesariamente la intención de perjudicar.
III. Lesión
de los derechos de los accionistas como tales
Hecha esta
precisión diremos que son, también, impugnables aquellas resoluciones
adoptadas que, aunque no sean extrañas a la esfera de los intereses sociales,
signifiquen un excesivo o injustificado sacrifico de los derechos de los
accionistas, extraños del grupo dominante. Por ejemplo, si la mayoría
calificada resuelve, en sucesivos ejercicios, no distribuir utilidades, destinándolas
a reservas y postergando indefinidamente las expectativas de los accionistas a
una participación en las utilidades. En casos como éste o en similares en que
la minoría aparezca sufriendo sacrificios excesivos e injustificables
corresponderá una acción de impugnación.
