Responsabilidad de
Socios y Administradores en la Sociedades Irregulares y de Hecho
Por Nuri
Rodríguez Olivera y Carlos López Rodríguez
El artículo 39, inciso 1, dice así:
“Sin perjuicio de la responsabilidad de
la sociedad, los socios serán responsables solidariamente por las obligaciones
sociales sin poder invocar el beneficio de excusión (art. 76) ni las
limitaciones que se funden en el contrato social. Igual responsabilidad tendrán
los administradores por las operaciones en que hubieran intervenido”.
Los terceros tienen un elenco de
varios responsables por los negocios sociales, la sociedad, los socios, que lo
son solidariamente y sin beneficio de excusión y el administrador, por los
actos en que haya intervenido.
El artículo 39, inciso 2, establece:
“Los terceros podrán accionar, indistinta o conjuntamente, contra la
sociedad, los socios y administradores”.
Con otras palabras, el inciso 1
contiene una norma de Derecho sustancial consagrando la responsabilidad de la
sociedad irregular de socios y administradores y, luego, se agrega una norma
instrumental para servir a la norma material y estableciendo la posibilidad de
accionar. De modo que la responsabilidad afecta a todos: a la sociedad, a los
socios y a los administradores confiriéndose acción contra todos.
I. Responsabilidad del patrimonio social
El patrimonio de la sociedad irregular
responde por las deudas que se contraigan en su nombre. Los bienes adquiridos
por la sociedad irregular están afectados al pago a los acreedores sociales.
La responsabilidad de la sociedad se
establece en el primer inciso del artículo 39, y en el segundo inciso, en forma
complementaria, se agrega la posibilidad de accionar contra la sociedad. Los
terceros pueden acreditar la existencia de la sociedad y accionar contra el
patrimonio de ésta.
Arecha
y García Cueva comentando una
norma similar argentina aclaran que ella implica la imputación a la sociedad de
la obligación asumida por el administrador y que esta imputación se produce
cuando actúa en actos que no sean notoriamente extraños al objeto socia, pues
así lo impone la regla general y agrega:
“Puntualizamos,
empero, que como en la sociedad no constituida regularmente el objeto social no
está determinado en el acto fundacional y es desconocido para los terceros en
virtud de la falta de inscripción del acto constitutivo en el Registro Público
de Comercio, debe tenerse en cuenta, para efectuar la imputación a la sociedad,
la actividad o actividades desarrolladas por ésta.
En consecuencia, la imputación se producirá
cuando el administrador realice un acto que no sea extraño a la actividad de la
sociedad, circunstancia que debe interpretarse ampliamente a favor de la
imputación, no produciéndose ésta sólo en los casos límite de actos clara y
notoriamente ajenos a la actividad desarrollada por la sociedad”[14].
II. Responsabilidad de socios y administradores
La responsabilidad de los socios y
administradores se adiciona a la responsabilidad del sujeto societario. El artículo
39 establece la responsabilidad solidaria de socios y administradores que no
pueden invocar el beneficio de excusión. No se trata, por lo tanto, de una
responsabilidad de socios y administradores en subsidio y en caso de
insuficiencia de patrimonio social sino de responsabilidad directa, asumida a la
vez por sociedad, socios y administradores.
Tratándose del administrador, no se
da íntegramente el fenómeno de la representación por el cual los efectos de
los actos del representante se trasladan directamente a su representado,
estableciéndose una relación directa entre representado y tercero. El
administrador vincula a la sociedad administrada; pero, además, responde
parcialmente por las obligaciones contraídas.
Los socios no pueden invocar las
limitaciones establecidas en el contrato social. Por ejemplo: se constituyó una sociedad de responsabilidad limitada pero no se
regularizó. El socio no puede invocar su calidad de socio responsable
limitadamente.
La responsabilidad solidaria no se
circunscribe pura y simplemente a los socios, sino que se hace extensiva a los
administradores; pero, respecto a éstos, sólo por las operaciones en que hayan
intervenido.
Como dice Rodríguez y Rodríguez:
“El celebrar operaciones se refiere a la
realización de negocios jurídicos, en su más amplio sentido. Supone una
actuación jurídica frente a terceros. La expresión legal se refiere lo mismo
a un actuar contractual que a declaraciones unilaterales y convencionales de
voluntad: cualquier hacer con
consecuencia jurídica”.
La responsabilidad del artículo 39 se
tiene frente a cualquier tercero, conozca o no la irregularidad.
Para Rodríguez y Rodríguez:
“La
misma finalidad del texto legal nos induce a decir que debe tratarse de terceros
de buena fe; esto es, de terceros que desconozcan la situación irregular de la
sociedad, de terceros frente a los cuales se den todas las condiciones de la
apariencia jurídica (objetividad, buena fe, causalidad). Es decir, que en
definitiva, debemos considerar como terceros, a efectos del precepto comentado y
de toda la materia de sociedades irregulares, aquellos no socios, frente a los
que se han producido las manifestaciones externas base de la apariencia”[17].
Entendemos que esta conclusión de Rodríguez
y Rodríguez no puede extraerse de nuestro texto legal que no distingue.
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