¿Cuáles son los
efectos del auto de liquidación judicial sobre la sociedad, sus accionistas y
su administrador o directores?
Salvo los efectos personales
, las normas relativas a los efectos de la declaratoria de
quiebra son enteramente aplicables. Aclaramos que los efectos se producen en
virtud del auto que declare la liquidación: aun cuando se retrotraen a la fecha
en que tuvo lugar la efectiva cesación de pagos, con el fin de anular o hacer
revocables determinados actos que pudo celebrar la sociedad, en el período de
sospecha. En este punto, son aplicables todas las normas sobre acciones
revocatorias de la quiebra.
A. Efectos comunes con el
proceso de quiebra
Indicaremos los principales efectos
del auto de liquidación judicial que coinciden con los efectos del auto de
quiebra, en forma resumida. Para ello distinguiremos entre los efectos que
recaen sobre la sociedad anónima y los efectos que recaen sobre los acreedores
de la sociedad anónima.
1. Efectos sobre la sociedad
anónima
a. Desapoderamiento
La sociedad anónima queda separada e
inhibida de la administración
de sus bienes,
incluso de los que pueda recibir en el futuro y desde luego tampoco podrá
disponer de ellos. Aplicando lo dispuesto por el artículo 1.597, el
desapoderamiento se produce “de
Derecho”, esto es, sin que sea
menester que el juez lo decrete y desde la hora cero del día en que fue dictado
el auto de liquidación
. Asimismo, los efectos comienzan a producirse antes de que
el auto de liquidación sea notificado o publicado y son oponibles a la sociedad
anónima e incluso a terceros de buena fe, aun cuando éstos ignoren la quiebra
El desapoderamiento dura en tanto la sociedad anónima se encuentre en liquidación
y hasta que ésta llegue a su fin.
b. Efectos relacionados con el
Estado
En el artículo 487 de la Ley 15.903
se establece que las personas declaradas en quiebra, liquidación judicial o
concurso, no tienen capacidad para contratar con el Estado, en tanto no obtengan
su rehabilitación. Esta norma es una consecuencia de la incapacidad general que
afecta a todos los concursados.
El artículo 360 de la Ley 15.809
establece: “La Administración podrá
disponer la rescisión de los contratos de obra pública y aplicar las
disposiciones de este artículo en los casos que la empresa contratista incumpla
gravemente el cronograma contractual de avance de obra y presente una situación
económico-financiera de insolvencia para continuar la ejecución de la obra de
acuerdo al mencionado cronograma. Esta situación se considerará probada cuando
la empresa se encuentre en concurso civil, quiebra, concordato, embargo y
secuestro de su equipo y máquinas, o registre embargos genéricos por cantidad
superior al total de su activo declarado en el último balance o estado
financiero”.
En virtud de la norma transcripta, el
Estado puede rescindir unilateralmente un contrato celebrado con “empresas”,
previa intimación judicial para constituirla en mora. Una vez adoptada la
resolución de rescisión, la Administración puede pedir judicialmente la
entrega de las obras y la desocupación de las áreas respectivas. En tal caso,
el juzgado competente ordenará la entrega de las obras y la desocupación, en
un plazo de diez días corridos. Esta resolución sólo admitirá el recurso de
reposición y su ejecución se cometerá al alguacil del juzgado actuante.
El concurso civil, la quiebra y el
concordato, son considerados como elementos de prueba de la situación de
insolvencia. La norma omite referirse a la liquidación judicial. Pese a esta
omisión podría sustentarse que la liquidación judicial debería considerase
también como una prueba de su insolvencia.
c. Efectos relacionados con créditos
y relaciones jurídicas preexistentes
Se aplican a la liquidación judicial
todas las normas sobre reivindicación (art. 1.714 ss C.Com.) y, también, las
que regulan los efectos de la quiebra sobre las obligaciones y contratos
pendientes de ejecución. Sobre los efectos de la liquidación judicial sobre créditos
y relaciones
jurídicas preexistentes al auto de liquidación
son
enteramente aplicables las normas de la quiebra.
Cabe distinguir, a este respecto, tres
categorías de relaciones jurídicas: negocios celebrados durante el período de
sospecha susceptibles de ser alcanzados por acciones revocatorias, negocios
susceptibles de ser alcanzados por una acción pauliana y negocios no
susceptibles de ser alcanzados ni por acciones revocatorias ni paulianas que
todavía se encuentran pendientes de ejecución. Nos remitimos a nuestro trabajo
sobre quiebras.
d. Otros efectos
No pueden promoverse juicios contra la
sociedad ni continuarse los ya iniciados; todos deben dirigirse a los síndicos.
El instituto del fuero de atracción
se aplica también en materia de liquidación judicial. Sobre su alcance ya nos
hemos referido antes en la sección primera de este capítulo.
B. Efectos peculiares de la liquidación judicial
1. Efectos sobre la sociedad
a. Causal de disolución
En la liquidación judicial de las
sociedades anónimas. como en la quiebra, se produce el desapoderamiento de los
bienes, papeles y libros
de la
sociedad. Los bienes son ocupados por los síndicos provisorios. La sociedad anónima
en liquidación es separada de la administración
y no puede
seguir comerciando. Si la razón de la existencia de la sociedad anónima era el
ejercicio de la actividad comprendida en su objeto y tal actividad no le está
permitida, lo lógico es que se produzca su disolución.
Esto explica que la declaración
judicial de quiebra o de liquidación sea causal de disolución (art. 159 Ley
16.060). Por aplicación del artículo 159, numeral 5, de la Ley 16.060, la
sociedad anónima queda disuelta desde el auto que declara su liquidación
judicial. El artículo 159, numeral 5, de la
Ley 16.060 dispone: “Las sociedades se
disolverán: ... 5) Por la quiebra o liquidación judicial. La disolución
quedará sin efecto si se homologara un concordato resolutorio”.
De acuerdo a este texto, la sociedad queda disuelta
desde que dictado el auto de liquidación
judicial, éste
haya quedado firme.
Ello no significa que desaparezca el contrato y la personería
jurídica societaria. La disolución no provoca la extinción de la sociedad. Sólo
significa que la sociedad entrará, por esta causal, en un estado de liquidación.
La sociedad anónima mantiene su personería jurídica, precisamente, a los
efectos de su liquidación y hasta que ésta culmine. Incluso, distintas normas
de las leyes concursales permiten la actuación de los órganos sociales en el
proceso judicial.
en
tanto se tramita el proceso de liquidación, la sociedad anónima subsiste. La
sociedad anónima cambia de objeto, no puede continuar con su actividad, pero
sobrevive para hacer posible la etapa de liquidación.
La personería jurídica se mantiene,
aun terminada la liquidación de los bienes, mientras quede un remanente de su
activo. Si sobran bienes sociales, ellos se distribuirán entre los socios en
las proporciones que corresponda.
2. Efectos sobre los accionistas
La liquidación judicial de la
sociedad anónima no provoca la quiebra de los accionistas. Éstos concurren con
los acreedores sociales, en la forma que se expresa a continuación.
a. Ausencia de quiebra reflejo
En las sociedades de tipo personal con
responsabilidad personal de los socios, la quiebra de la
sociedad provoca la
quiebra de los socios. Ello es así, para hacer efectiva la
responsabilidad subsidiaria de los socios.
No sucede lo mismo en las sociedades
cuyos socios tienen la responsabilidad limitada a su aporte. Los accionistas de
una sociedad anónima no son responsables personalmente por las deudas sociales.
En consecuencia, cuando se produce la liquidación judicial de la sociedad anónima,
ella no afecta a los accionistas que, eventualmente, perderían sólo el monto
integrado por sus acciones sociales.
Producida la liquidación judicial, la masa de esa liquidación se integra,
exclusivamente, con los bienes que forman el patrimonio social y sólo sobre éstos
se ejercerá la ejecución colectiva. El patrimonio de los accionistas queda
fuera de la ejecución concursal y no puede ser alcanzado por los acreedores
sociales.
b. Concurrencia de accionistas y
acreedores
Los accionistas son acreedores de la
sociedad anónima por el remanente de la liquidación de su patrimonio,
proporcionalmente a las cantidades aportadas. Sin embargo, el patrimonio social
formado con los aportes iniciales de los accionistas está afectado
prioritariamente al pago de las deudas contraídas por la sociedad. En
consecuencia, los accionistas no pueden concurrir con los acreedores
sociales en la
ejecución concursal.
La liquidación de los bienes sociales
tiende a la satisfacción prioritaria de los acreedores. Sólo en el caso de
que, pagadas las deudas sociales, quedara un excedente, los accionistas podrán
pretender el reembolso de sus aportes.
3. Efectos sobre el administrador o
los directores de la sociedad
El administrador o los directores de
la sociedad anónima, en principio, no se ven alcanzados por los efectos de la
liquidación judicial. Sin embargo, son pasibles de responsabilidad civil, de
acuerdo con las disposiciones de la Ley 16.060, y hasta de responsabilidad
penal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de 1.893.
a. Ausencia de responsabilidad por
las deudas sociales
Los administradores o directores de la
sociedad anónima son sus mandatarios, representantes u órganos, según sea la
posición que se adopte sobre su naturaleza jurídica. En cualquiera de las hipótesis,
actúan a nombre y por cuenta de la sociedad anónima y no comprometen su
patrimonio personal con su actividad social. Tampoco sufren ninguna de las
restricciones de carácter personal que se imponen al fallido de la quiebra.
b. Responsabilidad civil
La responsabilidad de los
administradores se encuentra regulada en los artículos 391 a 396 de la Ley
16.060. Esta Ley establece que los directores son solidariamente responsables
respecto a la sociedad, a los terceros y a los accionistas por los daños y
perjuicios resultantes, directa o indirectamente de la violación de la Ley, el
estatuto o el reglamento, por el mal desempeño de su cargo según el criterio
del artículo 83 y por aquellos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa
grave (art. 391).
El artículo 393, inciso 1, agrega:
“La acción social de responsabilidad
será ejercida por la sociedad, previa resolución de la asamblea de
accionistas, que podrá considerarla aun cuando el asunto no figure en el orden
del día”. El artículo 395 habilita a los acreedores
a ejercer la
acción en determinadas circunstancias: “Los
acreedores de la sociedad sólo podrán iniciar la acción de responsabilidad
cuando ésta tenga por finalidad la reconstrucción del patrimonio social,
insuficiente para cubrir las deudas sociales a consecuencia de los actos u
omisiones generadores de responsabilidad y siempre que la sociedad o los
accionistas no la hayan promovido”. El artículo 396 da una solución para
la hipótesis de concordato, moratoria o liquidación judicial: “en caso de concordato, moratoria o liquidación judicial, la
acción será
resuelta y entablada por los interventores o síndicos designados en los
respectivos trámites y en su defecto, por los acreedores
individualmente”.
Cabe precisar que en la hipótesis de liquidación
judicial, la acción social competerá a los síndicos definitivos pues sólo
ellos pueden ejercer acciones judiciales.
c. Responsabilidad penal
El
artículo 76 de la Ley de 1.893 contiene una norma sobre responsabilidad penal.
Sigue vigente. Establece lo siguiente: "Los directores y administradores de sociedad anónima que cometan
fraude, simulación, infracción de estatutos o de una ley cualquiera de orden público,
sufrirán la pena señalada en los artículos 272 y 274 del Código Penal para
los quebrados fraudulentos".