Promoción
de la
liquidación judicial
Por
Nuri Rodríguez Olivera
El proceso de liquidación judicial de
una sociedad anónima requiere de un primer impulso procesal. Este primer
impulso puede provenir de una solicitud de declaración judicial de liquidación
formulada por la propia sociedad (I)
o por un acreedor (II)
o puede provenir de la resolución de un juez
que la decreta de oficio (III).
Así como el comerciante debe
solicitar su propia quiebra, la sociedad anónima, también, debe hacer
manifestación de su estado de cesación de pagos y solicitar que se declare su
liquidación judicial. El artículo 1.578 del Código de Comercio, aplicable a
la liquidación judicial por lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de 1.893,
dispone:
“Todo
comerciante o sociedad comercial que cesa en sus pagos, está obligado a hacer
manifestación de su estado ante el Juez de Comercio de turno en la Capital[1],
o respectivo Juez Letrado Departamental en la campaña dentro de los cinco días
contados desde el siguiente al de la cesación.
Presentándose dentro de dicho plazo con los recaudos prescritos en el
artículo siguiente, quedará el fallido exento del arresto preventivo.
La
omisión de proceder conforme a este artículo, establece una presunción de
culpabilidad que se tomará en consideración al calificarse la quiebra”.
Al respecto, debemos hacer una precisión.
Por tratarse de una sociedad
anónima, no será de aplicación el inciso
2 ni el 3, pero
la omisión de cumplir con la obligación legal podría generar la
responsabilidad del administrador o directores de la sociedad anónima que
se encuentra en dificultades. Podría conceptuarse como una causal de
responsabilidad de los directores, en especial frente a los terceros, la no
denuncia de la cesación de pagos para la apertura de un proceso concursal que
confiera tratamiento igualitario a todos los acreedores
quirografarios
y el debido respeto de los privilegios por su orden.
A. Legitimación activa
El artículo 15 de la Ley de 1.893
dispone: “La liquidación judicial de
sociedades anónimas sólo puede decretarse a pedido de sus directores o
administradores...”.
Este artículo se refiere a quién puede formular el pedido
– dentro de la organización societaria – y dispone que lo pueden hacer
el administrador o los directores.
Queremos hacer otra precisión respecto de
esta norma. El órgano de administración está
facultado para pedir la liquidación judicial por
el solo hecho de serlo. No necesita autorización especial ni de los
estatutos ni de la asamblea ni de los accionistas. Si la administración está a
cargo de un administrador éste por sí solo, puede resolver pedir la liquidación
judicial. Si la administración está a cargo de un directorio el pedido debe
ser resuelto por ese órgano colegiado, por las mayorías para adoptar
resoluciones establecidas por la Ley o el estatuto. Uno o varios de los
integrantes del directorio, no podrían resolver y pedir la liquidación fuera
del marco del funcionamiento del directorio.
Adoptada la resolución de pedir la
liquidación judicial por el directorio, el pedido será planteado por el
representante de la sociedad. Pueden actuar en representación de la sociedad
quienes están investidos de representación legal: el presidente del
directorio, salvo que el estatuto establezca otras reglas en materia de
representación (art. 376 Ley 16.060).
De manera que existiendo directorio, la resolución de solicitar la declaración
de liquidación judicial debe adoptarse por el órgano directorio y quien se ha
de presentar en el juzgado firmando el escrito en que se pide la liquidación
judicial ha de ser el presidente, salvo que el estatuto haya establecido otra
cosa, como por ejemplo, que la representación sea ejercida por presidente y
secretario o por dos directores cualesquiera.
B. Facultades del apoderado de una
sociedad
anónima para promover su liquidación judicial
La Ley de 1.893 nada prevé sobre la
solicitud formulada por los mandatarios de la sociedad anónima En el artículo
1.579 del Código de Comercio se establece la posibilidad de que el comerciante
pueda manifestar su estado de cesación de pagos, suscribiendo tal manifestación
personalmente o por apoderado con poder especial. Aplicando esa norma a las
sociedades anónimas, por la remisión general contenida en el artículo 13, un
apoderado de una sociedad
anónima podría pedir la liquidación judicial siempre que se le haya
conferido poder especial para ello.
No debe confundirse, por lo tanto, la
situación jurídica del directorio o administrador de una sociedad
anónima con aquélla del mandatario. Hay soluciones legales distintas
para unos y otros. El directorio no necesita tener facultad especialmente
atribuida para promover la liquidación judicial; el mandatario, en cambio, debe
tener conferido un poder especial para ello. El poder se lo habrá conferido el
órgano de administración
que resolvió
la liquidación judicial.
C. Formalidades de la solicitud
El pedido debe ser acompañado de los documentos mencionados en el artículo 16:
memoria sobre las
causas del desastre, balance
de los
negocios sociales, inventario estimativo de los bienes y lista de los acreedores, indicando el importe, plazo y naturaleza de sus créditos. En el proceso de quiebra, se pide un documento más: la
demostración de ganancias y pérdidas en los dos años anteriores, según
libros. Este documento – que presta utilidad para la calificación de la quiebra
– no es exigido en la Ley de 1.893.
Los documentos con que se solicita la
liquidación, balance
e inventario y
lista de acreedores, deben ser firmados por un contador público por aplicación
de la Ley del 27 de abril de 1.917.
Basta un solo incumplimiento para
provocar la liquidación y ésta puede ser solicitada por un solo acreedor, que
pruebe que no le ha sido pagada una obligación. La Ley, en el artículo 15, se
refiere al pedido de uno o más acreedores; es suficiente con que la pida uno.
De acuerdo al artículo 15, el
acreedor debe presentar título ejecutivo contra el cual no se oponga excepción
legal.
A.
Diferencias con la quiebra
En materia de quiebra es distinta la
terminología utilizada en el artículo
1.580 del Código de Comercio para la situación similar. La quiebra, de acuerdo
con este texto, puede ser solicitada por un acreedor que presente un documento
comercial que traiga aparejada ejecución, respecto del cual el deudor no
hubiere puesto alguna excepción legal cuando fue requerido para el pago.
Al respecto nos cabe señalar dos
diferencias. En primer lugar, son más restringidas las posibilidades en la
quiebra, puesto que en ésta se exige la presentación de un documento comercial
que traiga aparejada ejecución; en la liquidación, cualquier título ejecutivo
es suficiente, incluso cuando no revista carácter comercial.
En segundo lugar, en la quiebra, dado
el tenor de la norma legal citada, el acreedor debe promover alguna acción
ejecutiva, en la cual se confiera al deudor la oportunidad procesal para oponer
excepciones legales; siendo condición legal que ese deudor no las haya opuesto.
En materia de liquidación judicial, cambia el tiempo del verbo. Dice el artículo
15 que procede la liquidación judicial a pedido de acreedores
que presenten
títulos ejecutivos contra los cuales no se oponga
alguna excepción legal. El tiempo presente utilizado, significa que podría la
sociedad deudora invocar alguna excepción legal, para impedir la liquidación
judicial, después que ésta fuera promovida. Sucede que, cuando la
liquidación judicial es solicitada por un acreedor, es facultad del juez oír a
los administradores, antes de dictar el auto de liquidación. En tal oportunidad, los administradores podrían alegar
una excepción legal.
Resumiendo lo que hemos dicho antes y
recién, para promover una quiebra es necesario que el comerciante haya cesado
en el pago de sus obligaciones mercantiles y puede ser solicitada por un
acreedor con un documento mercantil que apareje ejecución. Para promover la
liquidación judicial se requiere que la sociedad anónima
haya cesado en el pago de sus obligaciones sociales y puede ser
solicitada por un acreedor con un título ejecutivo. Hay total coherencia dentro
de cada sistema.
B. Actitudes del juez frente a la
solicitud
El juez, frente a un pedido de
liquidación judicial, debe proceder a dictar resoluciones que varían según
las circunstancias. Si la liquidación es pedida por la sociedad, el juez debe
decretar la liquidación, inmediatamente. Si
la liquidación es pedida por uno o más acreedores, el juez puede oír a los administradores de la sociedad.
Es una facultad del juez, oírlos; no
un deber.
Oír a los administradores, supone que
se les da la noticia de que ha habido una solicitud de liquidación. Al dar
traslado al administrador o directorio, el juez da la oportunidad de una
defensa. Se podrá alegar la existencia de una excepción legal. Recordemos que
en materia de títulos valores las excepciones están limitadas y esa limitación
se aplicará al caso de la solicitud de una liquidación judicial (Decreto Ley 14.701 y
Decreto Ley 14.414). Si no se tratara de títulos valores el representante de
la sociedad anónima podrá oponer
excepciones sin limitaciones.
Entendemos que, además, el
representante de la sociedad podría justificar que puede pagar, que tiene un
patrimonio solvente, que tiene bienes que holgadamente cubren su pasivo sin
necesidad de un concurso o podría incluso pagar y desinteresar al acreedor. Se
evita así la posibilidad de decretar una liquidación, cuando no exista
realmente una situación de cesación de pagos.
De acuerdo al tenor estricto del artículo
17, oído el órgano de administración, el juez deberá resolver sobre la
procedencia o improcedencia de la liquidación judicial solicitada en 48 horas.
En la hipótesis de que el Juez decida citar a los representantes de la
sociedad, la resolución debe también dictarse en ese breve término.
Esta interpretación ajustada
estrictamente al texto legal, resulta de difícil aplicación en los hechos.
Para oír a los administradores, deben ser citados y parece imposible que en el
plazo de 48 horas se pueda realizar la citación y celebrar una audiencia.
Aclaramos que la Ley no ha previsto
que se confiera traslado de las manifestaciones de los administradores al
peticionante de la liquidación. Tampoco ha previsto que se pueda generar
una controversia a resolver en vía incidental. Sin embargo, hemos visto
en algún caso judicial, que se prescinde de la aplicación de la norma legal en
cuanto a la aplicación del plazo referido e incluso se ha dispuesto la apertura
de un proceso incidental, dando traslado , al peticionante de la liquidación,
de lo manifestado por los representantes o administradores citados. Al cabo de
la incidencia, recién se dictó resolución sobre
la liquidación judicial solicitada.
El juez debe decretar de oficio la
liquidación judicial de un sociedad
anónima
en los casos
siguientes:
A. Rechazo de un concordato (art. 75
Ley de 1.893)
La Ley de 1.893 no prevé igual consecuencia para el caso
de anulación (art. 45) o rescisión del concordato (art. 46), por lo
cual cabe entender que, en tales hipótesis, debe mediar la solicitud de un
acreedor.
B. Revocación de una
Moratoria (art.
1.782 C.Com.)
C.
Fuga u ocultamiento
La Ley de 1.893 no ha previsto la
hipótesis que prevé el Código de Comercio de la fuga u ocultamiento del
comerciante. Suponemos que es así porque una persona jurídica no se puede fugar u
ocultar. Sin embargo, puede darse, que se cierre el comercio sin dejar
representante, dejando deudas pendientes y que el administrador o los directores
se fuguen u oculten, lo que sería bastante similar a la situación prevista en
el Código para la quiebra.
¿Sería posible que en tales
circunstancias, un acreedor denunciara el hecho para que el juez, de oficio,
decretara la liquidación? La Ley de 1.893 no contiene una solución expresa
para esta situación, pero, en virtud de la remisión de la quiebra contenida en
el artículo 13, podría entenderse aplicable la disposición sobre quiebra de
oficio.
Confirmando lo dicho, cabe advertir
que el artículo 20 de la Ley ha previsto la posibilidad de alzamiento. En
efecto, esta norma contiene una previsión sobre el nombramiento de síndicos
para el caso de alzamiento. Alzamiento es más que una fuga o un ocultamiento.
Hay alzamiento cuando el comerciante se fuga u oculta, no deja representante y
además oculta o sustrae el todo o parte de sus bienes (art. 1.663). Se está
admitiendo, en el artículo 20 - establecer una fórmula
especial para designación de síndicos - la posibilidad de que exista
alzamiento en la sociedad anónima, esto es: que se oculten o sustraigan
sus bienes.
