Quiebra
de Sociedades
Por Nuri Rodríguez
Olivera
El Derecho
Concursal aplicable al comerciante individual, también, lo es a la sociedad
comercial. En nuestro Derecho no existe un régimen especial para la quiebra de
las sociedades, con excepción del creado específicamente para la sociedad anónima
y los bancos.
Las
mismas normas que rigen al comerciante individual se aplican a la sociedad, con
unas pocas salvedades establecidas en ciertos textos legales. Las normas sobre
quiebra de sociedades, en nuestro Derecho, las encontramos diseminadas en los
capítulos sobre sociedades y en los referentes a quiebras o concordatos. Ello
obliga a una labor de armonización así como de adecuación de las normas
generales de quiebra a las peculiaridades de los entes colectivos.
El artículo
1.572, con que se abre la Sección
“Sobre Las Quiebras” sólo se refiere al comerciante pero la doctrina
entiende que se aplica al comerciante individual y a las sociedades colectivas.
La aplicación del artículo 1.572 a las sociedades comerciales se ve confirmada por el
texto del artículo 1.578 que
establece que todo comerciante o sociedad comercial, que cesa en el pago de sus
obligaciones comerciales debe hacer manifestación de su estado ante el juez
competente.
Por otra
parte, el artículo 1.523 establece que el deudor comerciante y las sociedades
comerciales, con excepción de las anónimas, pueden evitar que se las declare
en quiebra, obteniendo de sus acreedores un concordato preventivo. El artículo
159 de la Ley 16.060 establece que la quiebra es causal de disolución de la
sociedad. Ambas normas presuponen que
las sociedades quiebran.
Los
presupuestos de la quiebra de sociedades son dos: la existencia de una sociedad
comercial; la cesación de pagos de obligaciones comerciales. El concepto de
cesación de pagos que debe aplicarse es
idéntico al que
corresponde a la quiebra del
comerciante individual.
Por ello, nos referiremos sólo al primer presupuesto.
Sólo
quiebran las sociedades comerciales, ya que la quiebra es un
proceso
exclusivo para comerciantes. La Ley 16.060 considera comerciales a las
sociedades con objeto comercial y, también,
a aquellas cuyo objeto no es comercial pero
adoptaron un tipo comercial (art. 3). Las sociedades con comercialidad formal
quiebran; liquidan si el tipo social adoptado fuera de una sociedad anónima.
1.
Sociedades regulares
Quiebran las
sociedades colectivas y,
también,
quiebran las sociedades en comandita, simples o por acciones. Quiebra la sociedad de capital e industria.
La sociedad
de responsabilidad limitada quiebra.
Las
sociedades cooperativas, en nuestro concepto, quiebran si se las reputa
comerciales y lo serán si su objeto es comercial, ya que para ellas no hay
comercialidad formal. La Ley 16.060
(art. 515)
no les atribuye comercialidad. Sólo dispone
que las cooperativas se regirán por sus leyes especiales sin perjuicio que se
le aplique esta ley en lo no previsto por aquellas y en cuanto sea compatible
En
la Ley de Cooperativas 10.761 de 1.946,
sobre cooperativas de producción y consumo, el artículo 11 dispone que los créditos que
les otorgue el Banco de la República, con un interés especial, serán
considerados como créditos privilegiados de la clase prevista en el artículo
1.732, inciso 6, del Código de Comercio. La norma presupone, entonces, que
estas cooperativas quiebran.
Para las
sociedades cooperativas agroindustriales, el artículo 24 del Decreto Ley 14.827
establece que la quiebra es causa de disolución, siempre que no se haya
acordado un concordato. La Ley sobre cooperativas agrarias 15.645, en su artículo
56, dispone la aplicación de las normas sobre concordato preventivo, haciendo
la salvedad de que por ello no adquieren naturaleza comercial.
La sociedad
irregular es una sociedad comercial, que no ha cumplido con requisitos formales:
documentación, inscripción en Registro Nacional de Comercio o publicidad, en
los casos en que se requiere. No obstante ello tiene personería jurídica y por
lo tanto patrimonio propio y pueden quebrar. La Ley 16.060 incluso contiene un
artículo 40 sobre la quiebra que establece:
“Las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores
particulares de los socios, inclusive en caso de quiebra, se juzgarán como si
se tratara de una sociedad regular”.
Del texto se
deduce que los bienes sociales están afectados preferentemente al pago de las
deudas sociales.
Los socios
no podrían pedir la quiebra de la sociedad irregular, puesto que la Ley prohíbe
a los socios promover acciones que se funden en su existencia.
El artículo 37 de
la Ley 16.060
dispone:
"Ni la sociedad ni los socios podrán invocar respecto de
cualquier tercero, derechos o defensas fundados en el contrato social".
No obstante, los terceros pueden probar que la sociedad existe para
ejercer acciones contra ella o contra los socios o contra los administradores o
contra todos ellos, a su elección (art. 39, inc. 2, Ley 16.060). Siendo así,
un tercero, acreedor de una sociedad irregular, podrá probar la existencia de
la sociedad, por cualquier medio de prueba y podrá pedir y provocar su quiebra,
para entonces, hacer efectiva la garantía preferente sobre los bienes sociales. Como el acreedor tiene opción
para ir contra la sociedad o contra los socios, si optara por ir contra los
socios, podría eventualmente provocar la quiebra de aquel socio que revistiera
por sí mismo la calidad de comerciante.
Si el socio no reviste la calidad de comerciante, se podría promover su concurso
necesario.
a. Sociedades nulas
La sociedad
nula, no obstante la nulidad que la afecta, es persona jurídica y ha
desarrollado una actividad que generó deudas. El artículo 26 inciso 1 de la
Ley 16.060 establece:
“La declaración de nulidad de la sociedad impedirá
a continuación de sus actividades y se procederá a su liquidación por quien
designe el juez conforme a lo dispuesto en la Sección XIII del presente Capítulo”.
De este
texto debe concluirse que la sociedad nula puede quebrar.
Otra es la
situación de aquellas sociedades en que
la nulidad afecta al vínculo de
un socio. Cuando uno de los socios contrató sociedad siendo incapaz o cuando
medió un vicio del consentimiento, corresponde sólo anular el vínculo que une
al socio incapaz o con consentimiento viciado. En cuanto al socio incapaz o de
consentimiento viciado, podrá sostenerse que no es responsable de las deudas
sociales puesto que, a raíz de la nulidad, la sociedad no existió a su
respecto.
Las
sociedades disueltas y en estado de liquidación pueden quebrar, puesto que
mantienen su personería jurídica (art. 168 Ley 16.060).
* Interés en pedir la quiebra de una
sociedad en disolución
El interés
de pedir la quiebra de una sociedad en disolución es doble:
El objeto de
la quiebra de la sociedad en liquidación, sería transformar la liquidación
privada a cargo del liquidador designado, en una ejecución concursal a cargo de
síndicos que asegure el tratamiento igualitario de los acreedores. El liquidador
de una sociedad tiene como función cobrar créditos, vender bienes y pagar las
deudas. Incluso en algunos tipos sociales, puede pedir a los socios aportes o
contribuciones debidas para pagar deudas si los bienes sociales no alcanzaran.
Pedida la quiebra, tales funciones se ejercerán por el síndico.
Mediante la
quiebra de la sociedad se puede provocar, la quiebra por reflejo de los socios
que son responsables solidarios de las deudas sociales.
* Oportunidad para solicitar la quiebra
Se
sostienen distintas posiciones en cuanto a la oportunidad para solicitar la
quiebra de una sociedad en estado de liquidación.
Algunos opinan que existe un plazo para pedir la quiebra de la sociedad
disuelta: el mismo que rige para el comerciante individual que dejó de serlo.
Para éste, corre un plazo de seis meses desde la fecha del cierre del
establecimiento comercial, exigiéndose que el cese en el pago se hubiera
producido mientras estaba en el ejercicio del comercio.
A los
efectos de aplicar la solución antedicha a la sociedad, recordemos que,
producida una causa de disolución, la sociedad debe cesar en su giro y que debe
comenzarse de inmediato la etapa de liquidación (art. 164 Ley 16.060). Por lo
tanto, podría pedirse la quiebra de la sociedad, dentro del término de seis
meses a contar del cese de la actividad comercial consecuencia de la disolución.
También, aplicando el régimen antes señalado, la sociedad
podría ser llevada
a la quiebra por los adeudos contraídos antes del cierre del comercio.
Recordemos que el liquidador puede contraer deudas durante la etapa de liquidación
(art. 498, inc. 2), pero si las contrae y no se pagan, tales deudas no pueden
fundamentar un pedido de quiebra, en la tesitura desarrollada.
Se argumenta
que esta solución sirve para que las situaciones jurídicas se definan en breve
término, no pueden los socios vivir en la incertidumbre de una posible quiebra,
durante todo el proceso de la liquidación privada de la sociedad. Se aplica
entonces, por analogía, la solución prevista para el comerciante retirado,
explicándola con similares fundamentos.
En
otra tesis, la quiebra podría pedirse aun cuando se hubieren terminado todas la
etapas de la liquidación privada y en tanto hubiere quedado un pasivo impago.
Mientras exista pasivo, la sociedad existe con su patrimonio ya que el patrimonio
no sólo consiste en valores activos; puede existir un patrimonio con valores
negativos. Si la sociedad existe puede ser llevada a la quiebra.
Existe interés
en la quiebra en esta situación: para provocar la quiebra
reflejo de los socios
a los efectos de hacer efectivas sus responsabilidades personales; y para hacer
factible el ejercicio de acciones revocatorias o el ejercicio de acciones de
restitución de bienes adjudicados a socios, sin haber pagado previamente el
pasivo.
Nosotros
entendemos que puede pedirse la quiebra de una sociedad, en tanto perdure su
etapa de liquidación privada. Nos apoyamos en el texto del artículo 168 de la
Ley 16.060 que admite que la sociedad en disolución se considera existente al
efecto de su liquidación.
La
diferencia de tratamiento con el comerciante retirado la explicamos por cuanto,
en materia de sociedades comerciales, éstas conservan su naturaleza comercial,
aun cuando no ejerzan el comercio. De manera que, disuelta la sociedad y
cerrado el comercio, la sociedad mantiene su calidad de comercial y se le sigue
aplicando el estatuto del comerciante.
La liquidación
termina una vez que el liquidador ha vendido los bienes sociales para el pago de
las deudas y ejecutado el proyecto de partición de los bienes restantes, si los
hubiere. Si hubieren bienes restantes, cumpliendo el proyecto, el liquidador
deberá trasmitirlos a los socios y con ese acto de trasmisión desaparece la
sociedad (art. 180 Ley 16.060). Si las deudas no se pagaron totalmente no podría
darse por terminada la liquidación según resulta del artículo 178 de la Ley
16.060.
Los
liquidadores no pueden confeccionar un balance final en tanto no se haya pagado
o garantizado los pasivos. La sociedad podrá ser llevada a la quiebra, en tanto
esté pendiente la liquidación y aun por los pasivos generados dentro de la
etapa de liquidación. No puede ser declarada en quiebra, terminada la liquidación.
No quiebran
las sociedades civiles sino que concursan.
Las
sociedades anónimas tampoco quiebran, sino que están sometidas a un régimen
especial, que se denomina de “liquidación judicial” pero que
sustancialmente no difiere del régimen de la quiebra, que es, por otra parte,
el Derecho común.
En
cuanto a las sociedad accidental o en participación,
recordemos que estas sociedades no tienen personería jurídica. Actúan por
intermedio de un socio gestor, que negocia a título personal y se obliga
personalmente, salvo excepciones establecidas en la Ley (Ley 16.060, arts. 483 -
488).
La Ley no
prevé la quiebra de la sociedad accidental. Podrá quebrar el socio gestor, si
él es comerciante, de lo contrario
concursa. Puede ser llevado a la quiebra, por una deuda contraída
personalmente, pero también, puede ser llevado a la quiebra por una deuda contraída
por cuenta de la sociedad, puesto que frente a terceros él es el único
responsable, en principio, de las deudas sociales.
Precisión
La
existencia de la sociedad puede ser conocida o desconocida por los terceros.
Cuando es desconocida, el socio gestor es el único responsable de las deudas
sociales pero, además, se crea una confusión entre los bienes propios del socio
gestor y los bienes que los demás socios le entregaron para la gestión social.
Con esa masa de bienes confundidos, el socio gestor responde incluso frente a
sus acreedores personales.
Cuando se
produce la quiebra del socio gestor, la confusión patrimonial antes referida se
mantiene: la masa de la quiebra se
ha de formar con los bienes que pertenecen al socio gestor y con los bienes
aportados por los otros socios. Con el producido de su venta se han de pagar a
todos los acreedores, los personales y los sociales.
Los efectos
de la quiebra son varios. En primer
lugar, arrastra a la
quiebra a los socios, solidariamente responsables. Se trata de una quiebra de
quienes no son comerciantes.
El artículo 1.576 del
Código de Comercio establece:
"La declaración de quiebra de una sociedad colectiva o en
comandita, constituye en estado de quiebra a todos los socios solidarios que la
componen".
La quiebra
de los socios implica un apartamiento de la norma contenida en el artículo 76
de la Ley 16.060, que sólo permite accionar contra los socios, cuando se ha
agotado el patrimonio social. En esta situación, se produce la quiebra simultánea
de la sociedad y de los socios para la ejecución colectiva de los bienes de una
y otros. No se cumple con el previo agotamiento de los bienes sociales. Se
entiende que los socios, deben conocer la situación de dificultades de la
sociedad que integran y si quieren evitar la quiebra de ésta y la propia, deben
procurar que se pague en tiempo las deudas sociales.
1. Particularidades de
la quiebra reflejo en los diversos tipos sociales
La quiebra
de la sociedad colectiva arrastra a la quiebra a todos los socios. La quiebra de
la sociedad de capital e industria provoca la quiebra de los socios solidarios;
no quiebra el socio industrial, ya que éste no responde con sus bienes propios a
los acreedores de la sociedad.
La quiebra
de la sociedad de responsabilidad limitada no provoca la quiebra de los socios.
Como los socios sólo responden con su aporte, los acreedores no pueden
perseguirlos en sus bienes y no pueden llevarlos a la quiebra.
En caso de
quiebra de una sociedad en comandita, quiebra el socio solidario y no el
comanditario. Se plantea si quiebra el socio comanditario que realizó actos de
administración que le están prohibidos. Se puede considerar que si se les
declara responsables por todas las obligaciones sociales, podrán ser llevados a
la quiebra para hacer efectiva esa responsabilidad, pero la sanción es grave y
no existe un texto legal que la consagre. El artículo 216 de la Ley 16.060 dice
así:
“Los
socios comanditarios no podrán ser administradores, representantes ni aun
mandatarios ocasionales. Tampoco podrán intervenir en la gestión social.
En
caso de contravención a las normas precedentes, serán responsables como socios
comanditados por las obligaciones de la sociedad que resulten de los actos
prohibidos. Según el número y la importancia de éstos podrán ser declarados
responsables por todas las obligaciones sociales o por algunas solamente”.
La quiebra
de las sociedades cooperativas, no arrastra a los socios.
Si se pactó
la continuación de la sociedad con los herederos y, luego, sobreviene la quiebra
de la sociedad ella arrastra a los herederos, convertidos en socios. Si se pactó
o la Ley dispone que los herederos continúen la sociedad pero con
responsabilidad limitada, ellos no quebrarán.
La quiebra sólo
alcanza a quienes son socios en el momento en que la quiebra se declara. El
socio excluido o que recedió, responde por las deudas de la sociedad contraídas
cuando él era socio, pero no puede ser declarado en quiebra, porque la quiebra
por reflejo sólo afecta a los socios actuales.
La quiebra
produce el desapoderamiento y la incapacitación de la sociedad, con la
misma extensión
y límites que respecto al comerciante individual. También,
se le detiene su correspondencia.
No se le ha
de aplicar, como es obvio, sanciones penales que sólo se harán efectivas en
los socios. Tampoco se ha de calificar la quiebra de la sociedad; sólo habrá
incidentes para la calificación de la quiebra de los socios.
Se le
aplican todos los efectos correspondientes al comerciante individual, incluyendo
el arresto preventivo y
la pensión alimenticia.
Habrá
incidentes para calificar la conducta de los socios y las calificaciones serán
distintas según el grado de participación y responsabilidad de cada uno, en
los hechos previstos en las normas legales para disponer una u otra calificación.
La declaración
de quiebra es causal de disolución de la sociedad. Así lo dispone el
artículo
159 de la Ley 16.060.
De
acuerdo a las normas sobre disolución de sociedades, la producción de la
causal de disolución no significa que la sociedad se extinga. La sociedad
subsiste a los efectos de su liquidación que, tratándose de quiebra, se hará
judicialmente. Si a raíz de recursos interpuestos se revoca la declaración o
si la quiebra termina con un concordato, quedará sin efecto la disolución.
La extinción
de la sociedad se producirá si la quiebra culmina con la liquidación de los
bienes. Quedará disuelta aun cuando quede remanente de bienes.
Cabe precisar que la
sociedad,
durante el proceso de quiebra, mantiene su personería jurídica aunque se
modifique su capacidad de obrar, con distintas restricciones. Los órganos de la
sociedad se mantienen (administrador, asamblea y sindicatura, según el tipo),
con las restricciones consiguientes, puesto que la sociedad está desapoderada y
debe cesar en su actividad mercantil. La sociedad podrá seguir actuando, por
ejemplo, para recurrir o plantear un concordato, actuando, entonces, por
intermedio de sus representantes.
La situación
de la sociedad en quiebra no es idéntica a una sociedad en que se produjo otra
causal de disolución. En la quiebra la liquidación se hace fundamentalmente en
interés de los acreedores y, por ello, se hace judicialmente y no en forma
privada, como en los demás casos. En la quiebra, la figura del liquidador se
sustituye por la del síndico.
Existen tres
vías para declarar la quiebra de una sociedad: a pedido de la propia sociedad,
de un acreedor o de oficio. El juez competente será el del domicilio de la
sociedad, entendiéndose como tal, la sede de su establecimiento principal (art.
40).
La sociedad
está obligada a manifestar su estado de cesación de pagos (art.
1.578).
Esa manifestación debe acompañarse con los documentos mencionados en el artículo
1.579.
Las
sanciones por la no presentación de la quiebra de la sociedad afectan a los
socios con responsabilidad solidaria. Estos pierden las ventajas que les aporta
una presentación en tiempo: exención del arresto, la posibilidad de obtener
una pensión. Además, su quiebra podrá ser calificada como culpable.
¿Quién
o quiénes dentro de la sociedad pueden resolver su quiebra?
Existe una
norma sólo para las sociedades colectivas, en el artículo
1.579:
la solicitud debe ser firmada por sí o por apoderado especial por todos
los socios que se hallen presentes al tiempo de hacer la manifestación. La
previsión legal excluye la posibilidad de que la quiebra pueda ser pedida por
un socio aislado. Un socio podría tener interés en la quiebra voluntaria de la
sociedad, para beneficiarse de su presentación en tiempo, pero la Ley no lo
autoriza. Resulta lógico, puesto que la quiebra arrastra a todos; debe ser una
decisión adoptada por todos, por unanimidad o, al menos, por los presentes, como
dice la norma citada.
¿Qué
quiere decir socios presentes? ¿Presentes dónde? Se entiende que deben estar
presentes en el domicilio de la sociedad, en la circunscripción territorial del
país donde está domiciliada la sociedad y que marca la competencia judicial.
La fuente de esta norma está en el Código
español de 1.829, que establece “todos
los socios que residen en el pueblo”.
La quiebra
no puede ser pedida por el administrador de la sociedad, a menos que en el
contrato social se hubiere conferido expresamente esa facultad.
El socio
comanditario no podría pedir la quiebra. Si no tiene ingerencia en la
administración social, menos aún podría participar en un acto de tal gravedad
como el pedido de quiebra. Aplicando la solución del artículo 1.579,
la quiebra tendría que ser pedida por todos los socios colectivos presentes.
Por las
mismas razones antes expuestas para el socio comanditario, el socio industrial
no podría participar en el acto de manifestar el estado de cesación de pagos.
En este caso, como en el anterior, no parece justo que el socio, que por la
limitación de su responsabilidad no se verá afectado por la quiebra, pueda
arrastrar a la quiebra a sus consocios sí responsables.
El artículo
243 de la Ley 16.060 dispone la aplicación a estas sociedades de todas las
normas aplicables a las sociedades colectivas. En consecuencia será de aplicación
el artículo 1.579.
Podría
entenderse aplicable el artículo 240 de la Ley 16.060, que dispone que la
disolución de la sociedad podrá ser resuelta por unanimidad, salvo cuando los
socios sean 20 o más, en cuyo caso, se aplica el régimen de mayorías de las
sociedades anónimas. Siendo la quiebra una causal de disolución se podría
aplicar esta norma.
La quiebra
puede ser, también, decretada a pedido de un acreedor, con documento comercial
y demás condiciones del artículo 1.580. El acreedor no debe perseguir
previamente a los socios responsables de las deudas sociales, como condición
para el pedido de quiebra; la única condición es que se haya requerido
judicialmente el pago a la sociedad y que ésta no haya opuesto excepciones
legales.
Se plantea
la duda de si la quiebra podría ser pedida por un pariente de los socios, que
sea acreedor de la sociedad. El segundo
inciso del artículo 1.580 dispone:
"No son admitidos a provocar la quiebra los ascendientes, los
descendientes, ni el cónyuge del deudor".
Como a raíz
de la quiebra de la sociedad, son llevados los socios a la quiebra, se entiende
aplicable el artículo 1.580. Ese acreedor, en consecuencia, no podría pedir la
quiebra.
Si el
acreedor de la sociedad fuera un socio de la misma - lo cual es perfectamente
posible dado que son sujetos de derecho distintos - no hay obstáculos para que
provoque la quiebra.
Del artículo 21 de la Ley 17.292 resulta que si los procesos concursales
preventivos se encuentran paralizados por más de seis meses o si consta la
inactividad del deudor en la explotación de su giro o la insuficiencia de sus
activos para cumplir con los pagos ofrecidos, se podrá decretar la quiebra o la
liquidación judicial a pedido de cualquier acreedor, previa vista del deudor y
del Ministerio Público.
El juez
decretará la quiebra, de oficio, en caso de rechazo, rescisión o anulación de
un concordato. También, cuando en el trámite de un concordato, los socios se
ausentaren del territorio nacional sin autorización judicial (art. 1.569), podría
ser declarada la quiebra de la sociedad.
El juez debe
declarar la quiebra de la sociedad. Tal declaración provoca la quiebra de todos
los socios solidarios que la componen (art. 1.576).
En doctrina
se plantea si deben dictarse tantos autos de quiebra como quebrados, lo cual
implicaría formar sendos expedientes de quiebra. Del texto legal citado podría
parecer que es suficiente que se declare la quiebra de la sociedad, sin que el
juez declare formalmente la quiebra de los socios. Parece más razonable que en
el auto inicial se declare la quiebra de todos, disponiendo que las medidas del
artículo 1.583 se apliquen, en lo pertinente, en relación a la sociedad y a los
socios.
También, se
discute si se designa un sólo síndico o tantos síndicos como fallidos. Para
esta interrogante, insistimos, parece razonable la unificación de los
procedimientos. Si el legislador hubiera querido autos múltiples, varios
procedimientos y sindicatura plural, así lo hubiera previsto.
Los recursos
contra el auto de quiebra se interponen en la forma
que para la quiebra
del comerciante individual. Agregamos que, tratándose de quiebra de sociedad,
podrán interponer recursos los socios, en los mismos plazos que la sociedad, ya
que todos son fallidos.
En la
sociedad de responsabilidad limitada, los socios podrían recurrir como terceros
interesados. En igual carácter, podrían recurrir los socios comanditarios o
los socios industriales de las sociedades en comandita o de las sociedades de
capital e industria.
La quiebra
de la sociedad y de los socios se realiza, en nuestra opinión, en un solo
procedimiento. Es uno solo el auto que declara en quiebra a todos, es único el
síndico para todas las quiebras, pero en el procedimiento, se deben formar
tantas masas activas y pasivas como fallidos. Se forman las masas de la sociedad
y las masas correspondientes a cada socio.
Esto es
necesario, pues no pueden confundirse los patrimonios a los efectos de la
liquidación final. El síndico único deberá liquidar, en primer término, los
bienes de la sociedad y pagar a los acreedores sociales con el resultado de esa
liquidación pues con los bienes sociales se debe atender preferentemente las
deudas sociales.
Si sobran
bienes sociales, ellos se distribuyen entre los socios, en las proporciones que
correspondan, engrosando las masas activas de sus respectivas quiebras. Si los
bienes sociales no alcanzan, los acreedores sociales concurrirán en las
quiebras de los socios, con los acreedores particulares de cada uno de ellos.
Los acreedores sociales impagos concurrirán, en las quiebras de cada uno de los
socios, por el total de sus créditos (se procede así cuando
existe un acreedor con varios deudores solidarios en quiebra).
Precisión:
aunque se formen masas distintas, la formación y
administración de las masas activas y el procedimiento de verificación para
determinar las masas pasivas se hace por el síndico único en el proceso único.
En cuanto a
la extensión del concordato preclusivo, a la quiebra de una sociedad, con
socios responsables solidarios se sustentan tesis opuestas:
En una
primera posición se entiende que el concordato pone fin a la quiebra de la
sociedad y a la quiebra de los socios. Si se dan quitas y plazos a la sociedad
tales ventajas beneficiarán a los socios puesto que su responsabilidad es
subsidiaria.
Para Bonelli
el concordato social se proyecta en las quiebras de cada uno de los
socios y así como termina con la quiebra social, también, terminaría con las
quiebras parciales. Dice así:
“Por el concordato celebrado con la sociedad
se liberan también los socios, salvo convención explícita y reserva en
contrario. En efecto frente a los terceros las sociedades constituyen entes
distintos de las personas de los socios y los socios responden solidariamente
entre ellos por las deudas sociales pero no solidariamente con la sociedad,
siendo tal responsabilidad solo subsidiaria. Por lo tanto quien contrató con la
sociedad tiene como deudor a la sociedad, aunque esté garantizado también con
el patrimonio de los socios, por lo que nos parece claro que legalmente
extinguido el crédito por efecto del concordato también queda extinguida la
acción contra los socios”.
En esta
tesis hay un inconveniente. Declarada la quiebra de la sociedad y, luego, la de
los socios, a la quiebra de éstos concurren los acreedores sociales y, además,
los particulares. El acreedor social podrá hacer remisión de parte de su crédito
en el concordato de la sociedad, pero ese concordato no da solución a los
acreedores particulares de cada socio.
Otros entienden que el concordato celebrado con la sociedad no beneficia a los
socios, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.703, ya que los socios
son una especie de garantes de las deudas sociales.
Los
acreedores podrán reclamar a los socios el saldo remitido a la sociedad. Cada
socio deberá lograr un acuerdo concordatario para poner fin a su respectiva
quiebra. A la firma de ese acuerdo deben concurrir los acreedores de la sociedad
por la parte remitida a la sociedad y los acreedores particulares.
Distinto es
el caso del concordato en la quiebra de uno de los socios pero no en la quiebra
de la sociedad. En este concordato, intervendrían los acreedores particulares
del socio y los sociales; éstos podrán ir contra el socio pero sólo por el
porcentaje que se hubiera establecido en el concordato. Para ese socio, además,
habrá terminado el desapoderamiento. La quiebra sigue respecto a la sociedad y
a los demás socios.
La
Ley 16.060 al regular la transformación de sociedades en su artículo 114 ,
dispone:
“Si la sociedad
transformada quebrara o se liquidara judicialmente dentro de los seis meses de
inscripto su nuevo tipo social en el Registro Público de Comercio, los
acreedores por obligaciones contraídas con anterioridad a esa inscripción podrán
solicitar la quiebra de los socios que sean solidariamente responsables, siempre
que se compruebe que en aquel momento la sociedad se encontraba en estado de
cesación de pagos”.
Damos un ejemplo. Una sociedad colectiva se transforma en sociedad de
Responsabilidad Limitada. Los acreedores de la sociedad ya no contarán con la
quiebra reflejo,
pero si la quiebra de la sociedad se produce en el plazo indicado por la norma,
los acreedores podrán solicitar la quiebra de los socios. Se debe probar que
cuando se inscribió la transformación, la sociedad ya estaba en estado de
cesación de pago.
Para
el caso de fusión, el artículo 135 dispone:
“Si la nueva sociedad o la
incorporante quebrara o se liquidara judicialmente dentro del plazo de sesenta días
de inscripta la fusión, cualquier acreedor anterior tendrá derecho a solicitar
la separación de los patrimonios a efectos de que los créditos sean pagos con
los bienes de las respectivas masas”.
Damos
un ejemplo. Se pueden haber fusionado sociedades con situaciones patrimoniales
distintas. Una de ellas, por ejemplo en una situación de desequilibrio, que
estaba gravada con pasivos importantes y
otras con pasivos de menor cuantía.
Al
unirse los patrimonios, los acreedores de la primera compartirán con los
acreedores de la segunda, la garantía del patrimonio de la sociedad creada o
absorbente, con lo cual se pueden perjudicar los acreedores de la sociedad más
solvente. La norma prevé que para el caso de quiebra o liquidación judicial,
un acreedor puede requerir que la fusión quede sin efecto con restitución de
patrimonios a las sociedades involucradas en la fusión.
