Por Nuri Rodríguez Olivera
En la Ley 17.292 se incluyeron varias normas con el propósito de eliminar prácticas por las cuales se dilatan los procesos, recargando a los tribunales y afectando la credibilidad de los institutos concursales. En materia de concordato, obtenida la moratoria provisional, el deudor, escudado en ella, se despreocupaba de la prosecución de los trámites. Los acreedores, en general, se desinteresaban de los procesos concursales, entendiendo que, en definitiva, no habrían de obtener la recuperación de sus créditos, por las demoras de los procesos y sus costos. Era necesario crear mecanismos para agilizar trámites e impedir maniobras dilatorias.
Hemos de analizar, en primer término, disposiciones legales generales a todos o casi todos los procesos concursales. Luego, hemos de considerar algunas disposiciones que regulan aspectos puntuales de todos los procesos concursales. Al final de nuestra exposición consideraremos normas aplicables a determinados procesos concursales.
I. Previsiones generales aplicables a todos los concursos
A. Normas para hipótesis de paralización de trámites
La
Ley 17.292 contiene una norma referida a la paralización de trámites de
quiebra, liquidación judicial y concurso necesario y otra que concierne a
circunstancias relacionadas con los concursos preventivos. Las estudiaremos en
ese orden.
1. Sobre paralización de trámites en quiebra, liquidación judicial o concurso necesario
El artículo 20 contiene una norma sólo aplicable a la quiebra, liquidación judicial o concurso necesario.
Dispone que si se paraliza el trámite por cualquier causa, por un término que exceda los seis meses, cualquier acreedor, que justifique su crédito, podrá pedir la clausura de los procedimientos, con iguales efectos a los previstos para la clausura de la quiebra por insuficiencia de activo.
El artículo 20 establece: “Si
por cualquier causa, el proceso de Quiebra, Liquidación Judicial o Concurso
Necesario se encontrare paralizado por un término que exceda los seis meses,
cualquier acreedor, que justifique su crédito, podrá pedir la clausura de los
procedimientos con iguales efectos a los previstos para la clausura de la
Quiebra por insuficiencia de activo (artículos 1711 y siguientes del Código de
Comercio)”.
Recordamos que los efectos de la clausura por insuficiencia de activo son, en primer término, la suspensión de los procedimientos de quiebra pero manteniendo el estado de quiebra y, en segundo término, que los acreedores recuperan la posibilidad de ejercer individualmente sus acciones. También recordamos que la clausura podrá ser revocada, acreditando determinadas exigencias legales y con ello se pueden reanudar los procedimientos.
En el artículo 21 se plantean varias hipótesis:
a. que los trámites se encuentren paralizados por un término que exceda los seis meses;
b. se constate la inactividad del deudor en la explotación de su giro;
c. se constate la insuficiencia de sus activos para cumplir con los pagos por él ofrecidos.
En todas ellas cualquier acreedor puede pedir se decrete la quiebra o la liquidación judicial. El tribunal la podrá decretar, previa vista al Ministerio Público y al deudor[1].
No se procederá de tal forma, si el deudor presenta un acuerdo, firmado por las mayorías de acreedores, exigidas en las normas concursales, en el cual se acepten las circunstancias referidas.
En las situaciones planteadas se crea una sanción grave: la quiebra o la liquidación. La solución se justifica: para evitar la sanción, los involucrados en estos procedimientos han de adoptar conductas vigilantes y activas, para impedir un mal mayor que el producido por los procesos preventivos.
Ya hemos señalado que, muchas veces, el deudor que obtenía una moratoria provisional se desinteresaba del proceso, por cuanto estaba al cubierto de ejecuciones. Ahora esa moratoria no se puede extender más de un año y, además, el deudor debe interesarse en la continuación del proceso para evitar su quiebra o liquidación judicial.
Por su parte, los acreedores, interesados en la solución concordataria; para evitar la preclusión del proceso preventivo, se habrán de preocupar por realizar diligencias que aseguren la continuación de los trámites pendientes, vigilando debidamente el proceso.
La situación segunda, en que el comerciante cesa con la actividad de sus giro, ya es demostrativa de su desinterés por la solución concordataria. Por otra parte, se entiende que sólo mediante la explotación de su giro, ha de poder hacer frente a las obligaciones que se imponen en la propuesta concordataria, presentada en el Tribunal.
La tercera hipótesis es aquélla en que se constate la insuficiencia de activos para cumplir con los pagos ofrecidos. Ello ha de resultar de informes efectuados en el trámite concordatario por el contador designado por el Juez en el concordato preventivo judicial o por los acreedores informantes-interventores designados judicialmente en el concordato preventivo o Moratoria de una sociedad anónima. Desde luego, tales informes pueden no ser suficientes. Muchas veces los bienes figuran en los estados contables por valores inferiores a los reales o venales; en consecuencia, el tribunal no podrá guiarse exclusivamente por los estados contables e informes recibidos al respecto.
La norma, en análisis, establece garantías, para evitar actuaciones o denuncias indebidas de un acreedor. Es una facultad del tribunal disponer la quiebra o liquidación judicial. Deberá analizar los hechos denunciados. La paralización del trámite resultará del mismo expediente. Será un hecho de fácil constatación. El cese de la explotación del giro, será un hecho sobre el cual el denunciante deberá ofrecer o producir prueba. La insuficiencia de activos, deberá ser apreciada sobre la base de los estados contables que se hubieran elaborado y del examen de la situación económica real del deudor. La Ley impone que el tribunal debe, antes de adoptar una resolución, dar vista al Ministerio Público y al deudor[2].
Se podrá evitar, la quiebra o la liquidación si el deudor o la sociedad deudora presenta un acuerdo, firmado por las mayorías de acreedores, exigidas en las normas concursales, en el cual se acepten las circunstancias referidas. De manera que se admite que los acreedores, actuando por mayoría, se opongan a la quiebra o liquidación judicial, dando su conformidad a los hechos señalados. Puede suceder que a los acreedores les interese lograr un acuerdo concordatario, aunque se hayan constatado los hechos referidos, por entender que de todos modos es mejor ese acuerdo, que la quiebra o liquidación judicial.
El artículo 18 de la Ley 17.292 establece condiciones comunes para todos los procesos concursales, civiles y comerciales y algunas especiales para los concursos preventivos.
a. Las publicaciones deben hacerse en dos diarios: el Diario Oficial y otro medio de prensa escrita, de la ciudad del Juzgado interviniente. Se deben hacer por tres días.
b. En el caso de procesos concursales preventivos, se pone de cargo del deudor acreditar que se hicieron las publicaciones ante el tribunal, presentando las publicaciones al actuario. Se establece un término de 15 días, a contar de la notificación del auto que las ordenó. La sanción establecida es grave: se revocará el auto de admisión o la moratoria concedida y se decretará la quiebra o la liquidación judicial.
Se
modifican los textos legales que imponían la publicación íntegra de
concordatos o de las sentencias homologatorias. El artículo 18 de la Ley
dispone que bastará que se publique un extracto de su contenido, previo control
de la Oficina Actuaria.
Se trata de otra norma dictada para impedir dilatorias en los procesos concursales. Se disminuyen costos de las publicaciones, que pudieran servir de pretexto para no hacerlas y se impone su rápida publicación bajo el apercibimiento legal de sanciones severas.
Se comete un error en le referencia del artículo 18 al concurso necesario, por cuanto para el deudor civil no se admiten concursos preventivos. El error se explica porque, en el proyecto original, como el Código General del Proceso, se admitían fórmulas preventivas del concurso civil. Cuando en la Cámara se elimina la posibilidad del concurso preventivo para civiles, se omitió corregir las restantes normas, que aludían, indirectamente, a tal posibilidad.
c. Si se trata de concursos necesarios, quiebras o liquidaciones judiciales y no existen recursos disponibles o suficientes para cubrir el costo, el Tribunal debe ordenar su realización sin cargo. El artículo 18 dispone que, a tal efecto, se oficie a la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales. No se tuvo en cuenta que el artículo 18 establece publicaciones en otro Diario.
El artículo
19 de la Ley de Urgencia dispone
que, en todos los procesos concursales preventivos, el Juez debe disponer en el
auto de admisión la inscripción de la solicitud en el Registro Nacional de
Actos Personales.
También dispone que se inscriban en ese registro, las quiebras, liquidaciones judiciales y concursos necesarios. Aplicando esta norma, dictado el auto de quiebra, de liquidación judicial o el que dispone el concurso debe oficiarse al Registro referido comunicándolo[3].
La norma se justifica pues la regulación legal, de los distintos procesos concursales, establecen restricciones a la capacidad del deudor que deben ser conocidas por los terceros.
Ya en la Ley 16.871 de Registros, se disponía que se debían inscribir en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, las interdicciones decretadas por los jueces en los casos y formas previstas en la Ley, así como los embargos generales de derechos (artículo 3 incisos 1 y 2).
Para el concurso civil, el artículo 457 del Código General del Proceso, disponía la inscripción en el Registro General de Inhibiciones.
El artículo 19 pone la inscripción de cargo del deudor. Debe acreditar que la hizo en el plazo de 10 días hábiles a contar de la fecha de libramiento del oficio. Si el deudor no acredita la inscripción, en el breve plazo que se le fija, el juez revocará el auto de admisión y decretará la quiebra o la liquidación judicial de la sociedad.
En el auto que decreta la quiebra o la liquidación judicial o el concurso necesario, debe ordenarse la inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales y si no existen recursos suficientes disponibles, el Juez dispondrá, de oficio, que la inscripción se efectúe liberada del pago de tasas registrales.
a. El artículo 28 establece que las resoluciones se pueden impugnar en los plazos y por los medios previstos en el Capítulo VII del Título VI del Libro I del Código General del Proceso. En todos los casos, la apelación de las resoluciones que se adopten en materia concursal no tendrá efectos suspensivos salvo que el Tribunal superior así lo disponga (numeral 2 del artículo 251 del C.G.P.).
De acuerdo con este régimen se modifican los regímenes especiales en materia de recursos establecidos en los procesos concursales. Las resoluciones que se dicten serán recurribles por los recursos y en la forma y plazos establecidos en el C.G.P. en el capítulo ... del libro I, Título VI que regula los medios de impugnación de las resoluciones judiciales.
b. En cuanto al auto de quiebra, en el Código de Comercio se habían previsto recursos de reposición y de apelación que se planteaban sucesivamente. El plazo para recurrir por el deudor era de 8 días contados a partir de la primera publicación. Los acreedores y terceros tenían plazo de treinta días a contar de su notificación por edicto (art. 1.590 del C. de Com.).
Aplicando la Ley 17.292, si se considera que, el auto de quiebra, es una sentencia interlocutoria, se podrá recurrir por recursos de reposición y apelación, que se deben plantear conjuntamente en el plazo de 6 días a partir de la notificación (artículo 254 del Código General del Proceso). Los plazos establecidos en las normas de quiebra para recurrir eran más largos y han quedado modificados por esta nueva ley, que remite a los establecidos en el Código General del Proceso.
Si se considera que el auto de quiebra es una sentencia definitiva, sólo habrá recurso de apelación y el plazo para recurrir es de quince días a partir de la notificación personal o por edictos, según dispone el Código General del Proceso. Se modifican los plazos establecidos en el Código de Comercio abreviando el conferido a acreedores y terceros.
c. También, quedan modificados los artículos 1.642 y siguientes, que regulan los recursos contra las resoluciones que resuelvan incidentes sobre la fijación de la época de cesación de pagos; el artículo 1.683 sobre recursos contra resoluciones que se dictan en el proceso de la verificación de créditos; el artículo 1.701 sobre concordatos en la quiebra, que admitía el recurso de apelación en relación contra resoluciones dictadas en incidencias sobre oposiciones a concordatos aprobados en junta de acreedores, confiriendo plazo de 10 días para entablarlo. En todos estos casos, se trata de sentencias interlocutorias, respecto de las cuales se podrán plantear recursos de reposición y apelación en subsidio, en plazos de 6 días.
d. En materia de concordatos preventivos, queda modificado el artículo 1557, que establece recurso de apelación en relación, contra la sentencia que se pronuncie sobre Concordatos Preventivos y que se debía interponer en el término de 10 días. Entendemos que, a partir de la vigencia de la Ley 17.292, había recurso de apelación, que se interpondrá en el plazo de 15 días.
e. En fin, queda modificado el régimen de la Ley de 1.893, para la liquidación judicial de las sociedades anónimas, cuyo artículo 19 remite a las normas de recursos establecidas en el Código de Comercio, pero estableciendo un plazo de 10 días con distintos puntos de partidas: * contados desde la notificación personal, si la sentencia fuese contraria a la petición y * desde la publicación si fuere favorable.
Contra el auto que decreta la liquidación de la sociedad anónima, se interpondrán los recursos admitidos contra el auto de quiebra y según se entienda que se trate de sentencia interlocutoria o definitiva.
f. Se establece, como principio, que la apelación no tiene efectos suspensivos; pero ello será resuelto por el Tribunal de Apelaciones al cual se eleve el expediente.
En efecto, la norma se remite al artículo 251.2 del Código General del Proceso, que admite sentencia con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo, estableciendo para este último caso que: