Por Nuri Rodríguez Olivera
& Carlos López Rodríguez
En términos generales,
se sustenta que la personalidad es siempre un mecanismo jurídico al servicio de
fines determinados que el Derecho pretende tutelar pero consta que esta técnica
de la personería jurídica suele ser utilizada con fines distintos a los
tutelados o con fines ilícitos. En efecto, como la creación de la personería
jurídica societaria es fruto de la libre voluntad de los particulares, ha
sucedido y puede seguir sucediendo que se cree, por ejemplo una sociedad persona
jurídica, con el sólo fin de ocultarse detrás de ella, como detrás de una máscara,
actuando en el mundo de los negocios en forma encubierta. De este modo, las
personas físicas, se disfrazan para la realización de maniobras ilícitas o
fraudulentas con el vestido de la persona jurídica societaria.
Lo que la Ley denomina
"inoponibilidad de la personalidad jurídica" ha recibido
distintos nombre en la doctrina y en los Derechos extranjeros: prescindencia o
desestimación de la personería jurídica o penetración de la personería jurídica
o superación de la personería jurídica Se la justifica señalando la
necesidad de descorrer el velo o de quitar la máscara de la personería jurídica
o se invoca el abuso de la personería jurídica.
La solución contempla
aquellas situaciones en que la técnica de la personería jurídica se utiliza
en oposición a los fines que llevaron al legislador a consagrarla. Se sostiene
que, en tales casos, corresponde superar la forma jurídica adoptada o
prescindir de ella o levantar el velo para constatar cuál es la realidad
interna encubierta y aplicar a tal realidad el derecho que corresponda.
La jurisprudencia y la
doctrina que adopta y analiza el tema de la inoponibilidad de la personalidad
jurídica, toma como punto de partida la consideración de la sociedad como
persona jurídica. Que la sociedad comercial sea una persona jurídica,
significa que es un ente susceptible de adquirir derechos y de contraer
obligaciones y un centro de imputación de hechos y actos jurídicos. Se explica
que la personalidad atribuida a la sociedad, constituye un recurso de la técnica
jurídica que permite a una pluralidad de socios actuar como una unidad en el
mundo jurídico, a los efectos de lograr el fin común que los ha llevado a
asociarse.
Frente a la posibilidad
de un uso indebido de la técnica de la personería jurídica, nace la creación
de la jurisprudencia anglo-norteamericana en virtud de la cual, en los casos de
utilización indebida del negocio societario, correspondería prescindir de la
personería jurídica dejando al descubierto la maniobra que se pretendió
perpetrar. La novedosa resolución fue recepcionada en Europa y, luego, recibida
en Latinoamérica. En Argentina primero y, más tarde, en nuestro país, muchos
fallos la han acogido y la doctrina se ha ocupado frecuentemente de ella.
En nuestra realidad se
han configurado situaciones que justificaban la aplicación de este instrumento.
Podemos dar muchos ejemplos. Una persona, obtiene el concurso de otra –
testaferro - para crear una sociedad con el solo fin de limitar su
responsabilidad en el ejercicio de sus actividades comerciales o utiliza este
recurso para ejercer una actividad que le está prohibida en razón de
cuestiones personales (piénsese en el fallido o en un magistrado civil, a
quienes les está prohibido el ejercicio del comercio). Otras veces se ha usado
el esquema societario para defraudar los derechos del cónyuge para el caso de
disolución de sociedad conyugal o los derechos de los herederos forzosos para
el caso de sucesión, traspasando los bienes particulares de mayor importancia
económica a una sociedad anónima, cuyas acciones luego serán entregadas a
quien se quiere favorecer. En fin, es corriente que una persona trasmita sus
bienes a una sociedad para eludir la persecución de sus acreedores. A veces,
utilizando los esquemas societarios, se crean conjuntos económicos, traspasando
de una a otra sociedad utilidades o distribuyendo entre ellas bienes y deudas,
en burla de los derechos del Fisco o de acreedores o para lesionar los intereses
de los socios o accionistas de alguna de las sociedades involucradas en la
maniobra.
Las maniobras posibles
son tantas como las que el ingenio humano puede elaborar. Hemos mencionado
algunas, a vía de ejemplo, para demostrar cómo los particulares pueden usar la
persona societaria como un recurso técnico eficiente para simulaciones y
fraudes.
Cierta doctrina moderna,
siguiendo a Ascarelli, no es partidaria de esta construcción doctrinaria
y jurisprudencial. Se argumenta por Ascarelli
y sus seguidores que, en los casos en que la jurisprudencia y la
doctrina, aplican la teoría de la prescindencia de la personería jurídica,
simplemente se trata de situaciones en que no corresponde aplicar la normativa
especial de las sociedades comerciales que le atribuyen personería jurídica.
No corresponde decir, que se pueda desestimar la personería jurídica o
prescindir de ella sino, simplemente, que no la tienen, ya que la personería
jurídica se otorga toda vez que se dan determinados supuestos, a saber: un
negocio societario real celebrado con los fines tutelados por el Derecho.
Según Ascarelli,
las normas de sociedades comerciales, con la diferenciación del
patrimonio de la sociedad y de los socios y con toda su estructura de
responsabilidades, no se aplicarían en aquellos casos en que faltasen
requisitos específicos para la existencia del negocio societario. La estructura
societaria se aplicaría sólo en el caso de que exista una pluralidad de
personas que pongan bienes en común para realizar una actividad comercial y
distribuir entre sí sus resultados. Si no se cumplen con esas condiciones y
fines, cae el negocio societario y su caída arrastra a la personería jurídica,
por aplicación de las normas específicas del Derecho Societario.
No se trataría,
entonces, de prescindir de la personería jurídica sino, simplemente, de no
aplicar el régimen societario a la situación cuestionada, ya sea porque falta
la pluralidad de elementos personales o por falta de consentimiento o por falta
de causa o por simulación.
Ripert, en el mismo sentido, señala
que en los casos en que se abusa de la personería jurídica, existe una
simulación, estando el negocio viciado por falta de consentimiento.
La
prescindencia de la personería jurídica puede lograrse a través de dos
mecanismos distintos: A. la
prescindencia normativa y B. la prescindencia jurisdiccional. La prescindencia
normativa se logra mediante una ley que establezca que, en determinados casos y
circunstancias y a determinados efectos, corresponde prescindir de la personería
jurídica para regular las relaciones que subyacen bajo su apariencia.
Existen
varios casos en que nuestro derecho positivo ha autorizado la desestimación de
la persona jurídica. Así por ejemplo, la Ley 13.426, que se aplica a la Caja
de Jubilaciones de la Industria y Comercio, prevé la existencia de conjuntos
económicos y establece que cuando se den se produce una comunicación de
responsabilidad entre todas las entidades jurídicas que lo forman, prescindiéndose
de sus individualidades jurídicas. Otro ejemplo es la Ley 14.625 sobre
distribución, en que se responsabiliza a las “empresas” productoras o importadoras por los impuestos y cargas
sociales que se generan por la actividad de las “empresas” distribuidoras, aún cuando éstas pertenezcan a
personas jurídicas distintas, con salvedades expresamente establecidas.
En
materia de liquidación judicial de bancos, a partir de la Ley 13.892 se han
dictado normas para determinados casos concretos que establecen la confusión
patrimonial del patrimonio del Banco en liquidación con los patrimonios de sus
sociedades colaterales, prescindiendo así de sus respectivas personalidades jurídicas,
que justificarían, por el contrario, su separación. Las Leyes 14.672 y 14.774
para regular la liquidación de ciertas sociedades financieras y de ciertos
frigoríficos, dispusieron que las distintas personas jurídicas que formaban el
conjunto económico se liquidarán como una sola entidad patrimonial.
No
es a esta penetración normativa a la cual se refiere la Ley 16.060. Esta ley
regula la desestimación jurisdiccional.
La
prescindencia jurisdiccional es la que se logra mediante el ejercicio de una
acción que promueve un juicio en que se debe resolver el caso concreto
planteado, desestimando la personería jurídica para imputar hechos, actos y
relaciones, en controversia, a los socios o terceros que resulten ser sus auténticos
titulares. Hasta la sanción de la Ley 16.060 no existían normas que
autorizaran a los jueces a desestimar la personería jurídica. Los jueces
fundaban sus fallos en el abuso del derecho o en la existencia de un negocio
simulado. La Ley 16.060 incorpora una norma que los autoriza a hacerlo, en
determinados casos pero encauzando y limitando la aplicación del instrumento,
para que no se convierta en un instrumento de utilización arbitraria y
discrecional.
La
Ley 16.060 recoge la elaboración jurisprudencial y doctrinaria, para crear una
normativa que determina los casos en que este instrumento puede ser utilizado y
los mecanismo procesales para ello. Se justifica su inclusión por las razones
antes apuntadas.
La
sociedad comercial es una persona jurídica, lo cual significa que es un ente
susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones y un centro de
imputación de hechos o actos jurídicos. La personalidad atribuida a la
sociedad constituye un recurso de la técnica jurídica que permite a una
pluralidad de socios actuar como una unidad en el mundo jurídico a los efectos
de lograr el fin común que los ha llevado a asociarse.
La
personalidad es siempre un mecanismo jurídico al servicio de fines determinados
que el Derecho pretende tutelar: intereses de los socios que se unen para
realizar una actividad en común. El negocio societario da marco jurídico para
un fenómeno asociativo de colaboración. Sirve como instrumento para las
personas que deseen aunar bienes y esfuerzos y compartir los riesgos de una
actividad económica en común. El legislador regula el contrato societario y
atribuye personería jurídica al agrupamiento de bienes y personas formando por
el contrato, pero no admite que se utilice el instrumento jurídico, vulnerando
el orden jurídico, en perjuicio de los propios socios o de terceros.
Por
el artículo 189, se autoriza a prescindir de la personalidad jurídica de la
sociedad en determinados casos que preceptivamente se determinan, indicando la vía
procesal. El artículo 190 atribuye determinados efectos al instrumento y al artículo
191 autoriza la adopción de medidas cautelares.
El
artículo 189, bajo el nomen iuris "procedencia", establece:
"Artículo
189. (Procedencia). Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la
sociedad, cuando ésta sea utilizada en fraude a la ley, para violar el orden
público, o con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios,
accionistas o terceros.
Se
deberá probar fehacientemente la efectiva utilización de la sociedad
comercial como instrumento legal para alcanzar los fines expresados.
Cuando
la inoponibilidad se pretenda por vía de acción, se seguirán los trámites
del juicio ordinario".
1.
Condiciones para la prescindencia de la personalidad jurídica
a.
Condiciones objetivas
El
artículo 189, inciso 1, dice así:
“Podrá
prescindirse de la personalidad jurídica de la sociedad, cuando ésta sea
utilizada en fraude a la Ley, para violar el orden público, o con fraude y en
perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros”.
*
Fraude a la Ley
La
primer condición mencionada por el artículo 189 es la comisión de fraude a la
Ley. Esto sucede cuando se actúa de acuerdo a las normas jurídicas pero
contrariando los fines para los cuales éstas se han dictado. Aplicando este
concepto general, habrá fraude a la Ley cuando se utilice el negocio societario
con fines distintos a los queridos por el legislador.
La
Ley organiza el instrumento societario para permitir que dos o más personas
unan bienes y esfuerzos para realizar una actividad económica. Si el
instrumento jurídico se utiliza por una persona con otros fines como, por
ejemplo, el de limitar su responsabilidad personal para el ejercicio de
actividades económicas, se está cometiendo un fraude a la Ley.
*
Violación del orden público
La
segunda condición establecida por el artículo 189 para la procedencia de la
inoponibilidad de la personería jurídica, consiste en la violación del orden
público. Tal violación se producirá cuando mediante el negocio societario se
vulneren normas de interés general, como podría ser el caso en que una persona
constituya una sociedad anónima para transferirle bienes y, luego, distribuir
las acciones al portador entre ciertas personas vulnerando las legítimas para
el caso de muerte.
*
Fraude y perjuicio de socios o terceros
La
tercera condición consiste en el fraude y perjuicio de los derechos de socios,
accionistas o terceros.
Podrá
ocurrir fraude y perjuicio de los derechos de los socios, en el caso de
sociedades vinculadas o de sociedades controlantes y controladas, en que se
transfieran bienes o utilidades o gastos de una a otra, perjudicando a los
socios o accionistas de una de ellas. El artículo 50 dispone al respecto:
“Los
administradores no podrán favorecer a una sociedad vinculada, controlada o
controlante en perjuicio de la sociedad administrada debiendo vigilar que las
operaciones entre las sociedades se efectúen en condiciones equitativas o con
compensaciones adecuadas. Serán responsables de los daños y perjuicios
causados en caso de violación de esta norma”.
El artículo 51 agrega:
“La
sociedad controlante deberá usar su influencia para que la controlada cumpla
su objeto, debiendo respetar los derechos e intereses de los socios o
accionistas.
Responderá
por los daños causados en caso de violación de estos deberes y por los actos
realizados con abuso de derecho. El o los administradores de la sociedad
controlante serán solidariamente responsables con ella cuando infrinjan esta
norma”.
Existe
fraude y perjuicio de terceros cuando una persona constituye una sociedad para
traspasarle sus bienes e insolventarse en perjuicio de sus acreedores.
b.
Condiciones subjetivas
¿Quién
puede promover la acción para obtener una declaración judicial de
prescindencia, para imputar hechos o actos a las personas ocultas tras la máscara?
La Ley no lo dice.
Debe
sobreentenderse que quien tiene interés tiene acción y que, por lo tanto,
tendrá acción quien resulte perjudicado por el uso indebido de la personería
jurídica. Entonces, podrán entablar la demanda los socios o accionistas, o los
terceros, o una sociedad vinculada o controlada que haya sido perjudicada.
No
resuelve la Ley si los propios involucrados, podrían hacerlo. Parecería que
no, dada la naturaleza de los caso enumerados. Son todos hechos ilícitos que no
podrían ser invocados por quien los comete. Podría solicitarse sólo por los
socios o accionista ajenos a la maniobra y víctimas de ella.
En
sentencia argentina del 10 de octubre de 1.973 - Mellor Goodwin Combustion S.A.
c/ Gobierno Nacional - se admitió que los tribunales pueden descorrer el velo
societario en el interés de los mismos que la han creado, haciendo aplicación
de la teoría de la penetración, porque lo que se trata es de la necesaria
prevalencia de la razón de derecho sobre el ritualismo jurídico, formal,
aprehendiendo la verdad jurídica objetiva, sea esta favorable al fisco o al
contribuyente. En el caso al acto interesaba demostrar que entre varias
sociedades, existía un conjunto económico.
2.
Procedimiento
La
pretensión debe promoverse por la vía del juicio ordinario, donde debe
producirse prueba fehaciente de los hechos invocados. Se ha querido que una
pretensión de tanta trascendencia jurídica se dilucide con las máximas garantías
procesales. En otras materia societarias las controversias pueden tener una
solución judicial de mayor agilidad (art. 18) pero este tema de la
prescindencia debe ser manejada con las mayores cautelas.
3.
Prueba de los hechos que hacen admisible a la desestimación
El
artículo 189, en el inciso 2, exige prueba fehaciente. En esta materia debe
recordarse que por la naturaleza del asunto, difícilmente existirá prueba
documental de los hechos que configuran los casos que hacen posible la
prescindencia.
La prueba de que se usa del esquema societario y de la personería jurídica con
fines no tutelados por la Ley, necesariamente se deberá armar sobre indicios
que sirvan de base a presunciones judiciales, tal como sucede en materia de
simulación.
El
artículo 190, bajo el nomen iuris "efectos", establece:
"La declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica de la
sociedad, sólo producirá efectos respecto del caso concreto en que ella sea
declarada.
A
esos efectos, se imputará a quien o a quienes corresponda, conforme a
derecho, el patrimonio o determinados bienes, derechos y obligaciones de la
sociedad.
En
ningún caso, la prescindencia de la personalidad jurídica podrá afectar a
terceros de buena fe.
Lo
dispuesto se aplicará, sin perjuicio de las responsabilidades personales de
los participantes en los hechos, según el grado de su intervención y
conocimiento de ellos".
1.
Inoponibilidad
Acogida
la demanda de inoponibilidad, la sociedad subsiste como contrato y como persona,
sólo que no es oponible a la persona que la entabló y para el caso en que se
ha planteado. La sentencia que se dicte tiene efectos respecto al caso concreto
y no afecta a terceros de buena fe.
Como
consecuencia del fallo que se dicte y, según las circunstancias, determinados
bienes, derechos u obligaciones de la sociedad y aun todo su patrimonio se
atribuirá a quien se oculte detrás del velo de la personería societaria.
Damos un ejemplo: si se celebró la sociedad para defraudar las legítimas en
caso de sucesión, los bienes sociales se imputarán al fallecido para luego
incluirlos en el activo sucesorio.
Supongamos
que un acreedor promueve una acción de inoponibilidad porque su deudor ha
trasmitido bienes a una sociedad con el fin de insolventarse. El deudor obtiene
una sentencia que producirá efectos sólo a su respecto. Los bienes de la
sociedad se imputarán al deudor en la medida que sea necesario para cubrir el
crédito del acreedor demandante. Si sobraran bienes la sociedad subsistirá con
ellos.
En
algunos casos, la imputación de bienes a la persona oculta será de tal entidad
que la sociedad quedará sin bienes en su activo, produciéndose una causal de
disolución (art. 159). Serían los casos de los ejemplos anteriores, en que el
acreedor embarga y ejecuta todos los bienes de la sociedad para poder cobrarse,
o cuando todos los bienes sociales se imputan al causante.
2.
Responsabilidades personales
El
instrumento de la prescindencia es aplicable, sin perjuicio de las
responsabilidades personales de quienes participan en los hechos (art. 190, inc.
4). Me remito a las disposiciones ya comentadas sobre responsabilidad de los
administradores, de los síndicos y de los accionistas por su voto, y a los artículos
50 y 51 de la Ley, antes transcriptos, en que se establecen respectivamente la
responsabilidad de los administradores de las sociedades vinculadas y de las
sociedades controlantes.
Se
dispone un régimen de responsabilidad de socios y administradores o
participantes en los hechos, pero sin crear un régimen de responsabilidad
objetiva a su cargo. Quien pretenda responsabilizarlos deberá probar sus
respectivas culpas. El artículo 190, inciso 4, dispone:
“Lo dispuesto se aplicará sin
perjuicio de las responsabilidades personales de los participantes en los
hechos, según el grado de su intervención y conocimiento de ellos”.
En
algunas hipótesis, los hechos denunciados para reclamar la prescindencia de la
personería jurídica generarán responsabilidad penal. Por ejemplo, el delito
denominado insolvencia societaria fraudulenta, se tipifica toda vez que se
oculta o disimula o se hace desaparecer el patrimonio de una empresa (art. 5 Ley
14.095). Al desaparecer el patrimonio de la empresa, ésta se insolventa en
perjuicio de los acreedores y aún de los propios socios.
3.
Inscripción
El
artículo 191, bajo el nomen iuris "inscripción",
establece:
"El
Juez interviniente en un proceso en el cual se pretenda la prescindencia de la
personalidad jurídica de una sociedad, ordenará, si correspondiera, la
inscripción del testimonio de la pretensión en la Sección Reivindicaciones
del Registro General de Inhibiciones, a los efectos previstos en el artículo 38
de la Ley nº 10.793, de 25 de setiembre de 1946; sin perjuicio de otras medidas
cautelares que pueda adoptar".
El
juez puede disponer la inscripción del testimonio de la demanda en el Registro
Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones.
Con ello se impide la posibilidad de que la sociedad enajene los bienes o los
grave en tanto se sustancie el juicio. Se podrán adoptar otras medidas
cautelares prevista por las leyes procesales, incluso la intervención de la
sociedad, también disciplinada en la Ley.
El
artículo 191 le atribuye a la inscripción los efectos previstos en el artículo
38 de la Ley 10.793. Siendo que esta Ley fue derogada por la Ley 16.871, se
producen aquí varios problemas interpretativos importantes. El primero de ellos
consiste en resolver si la derogación de la Ley 10.793 supone la derogación de
todas las referencias que se hubieren hecho a dicha Ley en otras normas -
considerándose que los efectos atribuibles a la inscripción son los que
establece la Ley 16.871 - o si el artículo 38 de la Ley 10.793 mantiene su
vigencia a los exclusivos efectos de la remisión efectuada en el artículo 191.
a.
Posición que considera derogada la remisión a la Ley 10.793
El
artículo 100 de la Ley 16.871 deroga todas las normas que se opongan a ella.
Por ende, habría quedado modificado el artículo 191, en su referencia al artículo
38 de la Ley 10.793.
El
artículo 35 de la Ley 16.871 dispone que la acción de prescindencia de la
personalidad jurídica se inscribe en el Registro Nacional de Actos Personales,
Sección Interdicciones. En dicho artículo no se confiere ningún efecto
especial a la inscripción de esta acción.
El
efecto de las inscripciones registrales se establece en el artículo 54, para
todos los actos registrales. El artículo 54 dispone:
“Los
actos, negocios jurídicos y decisiones de las autoridades competentes que se
registren conforme a la presente Ley serán oponibles respecto de terceros a
partir de la presentación al Registro, excepto lo dispuesto en el artículo
siguiente”.
La
Ley 16.060 incorporó como documento inscribible en la Sección Reivindicaciones
a la acción de prescindencia y previó como facultad del Juez que disponga esa
inscripción para impedir, que la
sociedad enajene o grave los bienes – que hubieren sido enajenados en fraude a
la Ley – en tanto se sustancie el juicio. Se trata de una medida cautelar; la
Ley autoriza a que se soliciten otras medidas cautelares previstas en normas
procesales e incluso la intervención de la sociedad prevista en la Ley
societaria.
Doy
ejemplos: Si inscribo una acción pauliana o una acción reivindicatoria es para
que los terceros sepan que un determinado bien es objeto de esa acción, porque
si ese bien es vendido, no obstante la inscripción, su venta podrá ser anulada
(art. 43). La inscripción de la demanda de inoponibilidad tiene el mismo
efecto; hacer conocer a los terceros la demanda en que se pretende que se
atribuya un determinado inmueble a quien realmente le pertenece. Se sanciona con
nulidad los actos que se realicen sobre ese bien.
b.
Posición que sustenta la vigencia de la remisión a la Ley 10.793
Se
ha entendido que el artículo 191 utilizó la referencia al artículo 38 de la
Ley 10.793, como una forma indirecta de establecer parte de su contenido. Esto
es, en lugar de establecer directamente los efectos que le confería a la
inscripción, prefirió indicar que ellos serían los que establecía el artículo
38 referido. Siendo así, los efectos referidos en dicho artículo deberían ser
considerados parte integrante del artículo 191. Por lo tanto, no se discutiría
la vigencia de la Ley 10.793 sino la vigencia de la remisión.
¿Cuál
serían entonces los efectos previstos por el artículo 38 de la Ley 10.793?
La
anterior Ley Registral 10.793, en el inciso 2 del artículo 38, se refería a
las acciones que se inscribían en la Sección Reivindicaciones del Registro
General de Inhibiciones. Enumeraba las siguientes: las reivindicatorias a título
universal; las reivindicaciones a título singular de bienes raíces o naves y
la acción pauliana, cuando tuviere por objeto la rescisión o revocación de
enajenaciones del todo o parte de una universalidad jurídica o de bienes raíces.
Complementariamente
a las normas de prescripción de la acción pauliana antes citadas, la Ley
Registral 10.793, en el mismo artículo 38 incorporaba dos incisos sobre
prescripción aplicables sólo a una de las acciones inscribibles, la acción
pauliana.
El artículo 38 disponía: “La acción
pauliana expirará en el término de un año, a partir de la fecha de la
inscripción de la enajenación respectiva en el Registro de Traslaciones de
Dominio”.
Puesto
que el único efecto a que se refiere el artículo 38 consiste es la "expiración"
de la acción en la plazo de un año, se ha entendido que la inscripción de la
pretensión de inoponibilidad tiene como efecto que empiece a correr dicho
plazo. Rippe dice textualmente:
“La misma
disposición ordena que la inscripción es a los efectos previstos en el artículo
38 de la Ley 10.793 de 25 de setiembre de 1946, Ley sobre Registros Públicos, y
dicha norma prevé un efecto específico en relación a la acción pauliana, que
esta expirará en el término de un año, a partir de la fecha de la inscripción
de la enajenación respectiva en el Registro de Traslaciones de Dominio,
prescripción que también correrá contra los incapaces. Debe considerarse
entonces que la inscripción registral de la demanda de prescindencia de la
personalidad jurídica de la sociedad comercial tiene efectos similares a los
previstos para la acción pauliana”.
Consideramos
que esta interpretación es errónea, por las razones siguientes:
*
Error en la interpretación del artículo 38
El
artículo 38 de la Ley 10.793 establecía una nómina de acciones que se inscribían
en la Sección Reivindicaciones y contenía, además, una norma de prescripción
referida exclusivamente a las acciones paulianas que era una de las acciones
registrables, entre otras. El artículo 38 de la Ley 10.793, hoy derogado,
establecía un término de prescripción para la acción pauliana y fijaba como
punto de partida de ese término la inscripción de la enajenación
- impugnada por tal acción -
en el Registro de Traslaciones de Dominio. Es decir que el término de
prescripción no era un efecto de la inscripción de la demanda de la acción
pauliana.
Se
tenía en cuenta, como punto de partida de la prescripción de la acción
pauliana, la fecha en que se inscribía la enajenación – que era objeto de la
acción – en el Registro de Traslaciones de Dominio. Si la acción pauliana se
ejercía contra bienes cuya enajenación no se inscribía seguía vigente el artículo
1.296 del Código Civil y el artículo 228 del Código de Comercio y el plazo
corría desde que el acreedor supiera la enajenación.
La
fecha en que la acción pauliana se inscribía en la Sección Reivindicaciones
no tenía relevancia para el término de prescripción, puesto que el punto de
partida de ese término prescripcional era el de la inscripción en el Registro
de Traslaciones de Dominio del acto que se impugnaba. El término de prescripción
(y no de caducidad) se establecía en este artículo 38 de la Ley Registral sólo
para la pauliana y no para las otras demandas previstas en los apartados A y B
del artículo 38 (acciones reivindicatorias).
*
La caducidad de la acción pauliana en el régimen de la Ley 16.871
De
acuerdo al artículo 45, apartado 7, de la Ley 16.871 – que deroga la Ley
10.793 - la acción pauliana se inscribe en la Sección Universalidades. En ese
apartado 7 se agrega una norma, ahora sí, de caducidad. El plazo para inscribir
la acción pauliana caducará en el término de un año, a partir de la fecha de
inscripción del acto impugnado. En la redacción de la Ley 10.793, se establecía
un plazo para ejercer la acción; en el nuevo texto se establece un plazo para
poder inscribir la acción en el Registro respectivo. No se establece plazo de
prescripción para el ejercicio de la acción sino un plazo de caducidad para
poder inscribir la acción pauliana.
De
manera que, actualmente, en la Ley Registral no se fija un plazo de prescripción
para el ejercicio de la acción pauliana. Se establece un término de caducidad
exclusivamente para la acción pauliana en el artículo 45 de la Ley 16.871
(derogatorio del art. 38 de la Ley 10.793) y referido a la posibilidad de
inscribir la demanda en el Registro. Vigente la Ley 16.871, la acción pauliana
se inscribe en la Sección Universalidades y la acción de prescindencia en el
Registro de Actos Personales, con normativas particulares para cada registración.
*
Error del legislador
Sin
perjuicio de que el artículo 38 de la Ley 10.793 ya no es aplicable al caso,
explicaré el error de la remisión. El Legislador incurrió en un error cuando,
en la redacción del artículo 191 de la Ley 16.060, se refirió a “los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 10.793”,
porque en ese artículo 38, no se establecían efectos del Registro. Más
adelante explicaremos el error involuntario en la redacción de la Ley, tal como
surge de la discusión en la Comisión del Parlamento que la estudió, y cuál
fue el espíritu del legislador al redactar ese texto.
El
artículo 38 establecía textualmente:
“En
esta Sección se inscribirán las acciones siguientes:
A)
Las reivindicatorias a título universal;
B)
Las reivindicatorias a título singular de bienes raíces o naces;
C)
La pauliana cuando tenga por objeto la rescisión o revocación de
enajenaciones del todo o parte de una universalidad jurídica o de bienes raíces.
La
acción pauliana expirará en el término de un año, a partir de la fecha de
inscripción de la enajenación respectiva en el Registro de Traslaciones de
Dominio.
Esta
prescripción correrá también contra los incapaces.
Las
acciones paulianas y reivindicatorias a título universal, iniciadas antes de
la vigencia de esta ley, deberán inscribirse dentro del plazo de sesenta días
a contar de dicha vigencia”.
De
la sola lectura se desprende que el artículo 38 no establecía a qué efectos
se debía hacer la inscripción. Los efectos se establecían en el artículo 43
de la Ley 10.793:
“Los actos realizados
por personas inhibidas o sobre bienes embargados o reivindicados podrán ser
anulados sólo a pedido de la parte que solicitó la inscripción o de sus
sucesores”.
En
el artículo 38 de la Ley 10.793 se imponía la inscripción de varias acciones:
las reivindicatorias a título universal, las reivindicatorias a título
singular de bienes raíces o naves y la pauliana cuando tenga por objeto la
rescisión o revocación de enajenaciones del todo o parte de una universalidad
jurídica o de bienes raíces. En todos los casos, la inscripción perseguía
los mismos efectos o la misma finalidad: que el demandado no enajenara el bien,
en tanto se sustancia el juicio; pero ello no resulta del artículo 38 sino que
surge, repetimos, del artículo 43.
En
el texto original elaborado por Ferro
Astray, Delfino Cazet y Rodríguez
Olivera, no se preveía la inscripción de la demanda sino sólo la
registración de la sentencia que hiciere lugar a esa demanda. En sesión de la
Comisión de la Cámara de Representantes del 22 de abril de 1.988 se transcribió
un nuevo proyecto que establecía:
“El juez
interviniente en un proceso en el cual se pretenda la prescindencia de la
personalidad jurídica de una sociedad, podrá, a solicitud de parte, adoptar
las medidas cautelares que correspondan para asegurar el resultado del
juicio”.
En
la misma sesión del 22 de abril de 1.988 se transcribió otra fórmula, que
disponía se inscriba en la Sección Reivindicaciones y dispone:
“...
a los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley 10.793...”.
En esa
nueva redacción se incurría en error, porque el artículo 67 de la Ley 10.793
tenía que ver con la forma en que se hace la inscripción.
En
otro texto publicado por la Cámara de Representantes, XLIIa. Legislatura, se
hace la remisión, pero al artículo 53 y, también, erróneamente. Luego,
cuando se le da redacción definitiva al texto, se menciona el artículo 38,
diciendo “... a los efectos previstos en
el artículo 38 de la Ley 10.793, de 25 de setiembre de 1946 ...”.
Cuando
se discutió este último texto, los integrantes de la Comisión dijeron otras
cosas que interesan para dilucidar
la fuente del error:
Señora
Rodríguez Olivera: “No sé
de qué forma se podría obviar la referencia a la Ley de 1946 por cuanto está
modificada por otra ley que está suspendida. Si entrara en vigencia el año
que viene, la nueva ley tendría otro número”.
Señor
Delfino Cazet: “Pienso que
se trata de un problema de interpretación lógica. Si se deroga esta ley -
puede que ocurra o no – por entrar en vigencia la nueva Ley de Registros,
quedaría comprendida la derogación de la referencia a la Ley de 1946,
sustituyéndose por la de la nueva ley”.
Señora
Rodríguez Olivera: “Así es”.
Señor
Presidente: “Teniendo en cuenta esas consideraciones, no tengo
inconveniente en suprimir la referencia a la Ley de 1946”.
Señor
Delfino Cazet: “Sin embargo,
tal como está redactado es más claro”.
Lo
que más me interesa recalcar es lo que sigue. En sesión del 10 de agosto de
1.988, Lamas, refiriéndose al
texto en que ya se había incorporado la inscripción de la demanda y en que se
planteaba agregar la posibilidad de una intervención, dijo:
“...
Si bien no digo que pueda hacerse, creo que debemos llegar a la conclusión de
que tiene que ser algo totalmente restrictivo, porque una medida cautelar, una
acción de inoponibilidad de la personería jurídica va a suponer una inscripción
en el Registro General de Inhibiciones a los efectos previstos en el artículo
38 de la Ley 10.793; está referida a las acciones paulianas y a las acciones
reivindicatorias. No recuerdo bien el texto de dicho artículo, pero supongo
que establecerá la imposibilidad de enajenar los bienes afectados por la
inscripción y si la enajenación se produce, el adquirente sabe que esta puede
llegar a estar viciada y que, en su momento, podrá ser revocada...”
(realce es nuestro).
El
propio legislador reconoce que no recuerda bien el texto de este artículo 38
pero que supone que establece la imposibilidad de enajenar los bienes afectados
por la inscripción (incurriendo en error). De toda esa discusión resulta que
el legislador redactó el texto sin tener presente el contenido del artículo 38
de la Ley de Registro, entonces vigente, conociendo que allí se inscribían
acciones paulianas y acciones reivindicatorias y suponiendo que, en ese texto,
se establecía el efecto de impedir la enajenación de bienes, tal como dice el
Diputado Lamas, y sin pretender
atribuirle otros efectos. De ninguna manera
se quiso extender el breve término de prescripción de la acción
pauliana a la acción de prescindencia.
Nos
parece relevante transcribir otras consideración vertidas en la Comisión de la
Cámara de Representantes, que apoyan nuestra posición de que se quiso
instrumentar una tutela – distinta a la pauliana y que la acción de
prescindencia de la personalidad jurídica no tiene término de prescripción
Lamas diferencia la acción de
prescindencia con la acción pauliana, señalando el inconveniente de ésta, que
debe ejercerse en un año, y que quedaría superado con las normativa
proyectada. El Diputado Lamas, en
sesión del 7 de julio de 1.988, en presencia de Ministro de Economía y otros,
dijo:
“Por lo menos, deseo hacer alguna precisión porque, a mi entender los
textos de los artículos 190, 191 y 192 aprobados por la Comisión – para
utilizar una expresión que se ha usado muchas veces en la Comisión
- lo que hacen es levantar el velo de la personalidad jurídica. Pongamos
un ejemplo frecuente de utilización de una sociedad en fraude de los acreedores
- y esto se refiere a todas las sociedades -: una persona endeudada
en una forma tal que el cúmulo de sus deudas pone en peligro su
patrimonio personal, compra una sociedad anónima
de esas que se venden por, y le transfiere su casa y, eventualmente, algún
otro negocio; el salvar la casa es un propósito bastante frecuente en la gente.
En el momento en que se va a iniciar la acción judicial contra el deudor por un
bien que inclusive figura en las declaraciones juradas que por ejemplo se hacen
ante las instituciones bancarias, resulta que el abogado se encuentra con que
ese bien ya no pertenece más al señor Juan Pérez, sino a equis sociedad anónima.
Entonces, allí tiene que iniciar una acción pauliana – con el
inconveniente de que ésta tiene un plazo de un año, que con los sistemas
de renovaciones, postergaciones, dilatorias y ni que hablar de las
refinanciaciones, generalmente muere -, o bien iniciar una acción simulatoria,
que también es una creación doctrinaria a la cual tampoco habría
tiempo para acudir, ya que requiere, asimismo, determinados requisitos y
un Juez que esté dispuesto a aceptarla. Me parece que esa es la hipótesis de
la cual se parte. En este caso, no hay otro efecto que el previsto en el artículo
191, que no sólo se limita a esta situación concreta, sino también a la
imputación de bienes. O sea que si yo, deudor, simulé vender mi casa a una
sociedad anónima y se inicia una acción basada en estos artículos, lo que el
Juez va a decir en el caso concreto es que la casa no es de la sociedad anónima,
sino del señor Lamas y, por lo tanto, su acreedor puede ir sobre ella ...”.
1.
No existe un término de caducidad ni de prescripción breve para la acción de
prescindencia de la personería jurídica. No se establece en el artículo 191
que la regula ni en ningún otro texto legal ulterior.
A
partir de la Ley 16.871 la acción pauliana y la acción de prescindencia de la
personalidad jurídica se inscriben en distintos Registros. El único efecto que
se otorga a la inscripción, en la Ley 16.871, hace oponible la acción respecto
a terceros (art. 54, inc. 1).
Ni
aun en el régimen anterior a la Ley 16.871 podía entenderse que la acción de
prescindencia de la personalidad jurídica tenía prescripción de un año. El
artículo 38 de la Ley 10.793 no atribuía efectos a la inscripción
reivindicatoria y pauliana que se debían registrar en el Registro de
Reivindicaciones. En la norma se establecía que la acción pauliana tenía un
breve término de prescripción; pero ello no era un efecto de la inscripción
en el Registro de Reivindicaciones. En la acción pauliana, el término de
prescripción de un año corría a partir de la inscripción del acto de
enajenación que se quería anular, en el Registro de Traslaciones de Dominio.
La
inscripción de la acción pauliana, en la Ley 10.793, tenía como efecto lo
establecido en el artículo 43 y siguientes de esa ley: que los terceros
conocieren que respecto a un bien determinado se ha promovido una acción de esa
naturaleza. El artículo 38 de la Ley Registral de 1.946, referido al Registro
de Reivindicaciones, establecía una norma sobre prescripción para la acción
pauliana y no para las otras acciones que se inscribían en ese mismo Registro
de acuerdo a ese texto.
El
artículo 191 de la Ley 16.060 fue modificado por la Ley 16.871. La acción de
prescindencia de la personalidad jurídica debe inscribirse en el Registro de
Actos Personales. La acción pauliana se inscribe en la Sección
Universalidades. Los efectos de la registración son los establecidos en el artículo
54 de la Ley 16.871.
2.
La Ley 16.060, para la acción de prescindencia no ha establecido plazos
perentorios de ejercicio ni términos breves de prescripción ni términos de
caducidad.
3.
El artículo 38 de la Ley 10.793 establecía una nómina de acciones que se
inscribían en la Sección Reivindicaciones, en la cual se incluía acciones
reivindicatorias y acciones paulianas. Aclaramos
que el artículo 38 referido no establecía los efectos de la inscripción de
esas acciones en ese Registro. El efecto de la inscripción resultaba de lo
establecido en el artículo 43 de esa misma Ley 10.793 que establecía en su
segundo y tercer incisos:
“Los
actos realizados por personas inhibidas o sobre bienes embargados o
reivindicados podrán ser anulados sólo a pedido de la parte que solicitó la
inscripción o de sus sucesores.
La
acción de nulidad de actos realizados sobre bienes embargados no proseguirá
si se desinteresa el acreedor embargante”.
4.
Estimamos que la interpretación que Rippe
hace del artículo 38 de la Ley 10.793 es incorrecta. Ni aun aplicando esa norma
derogada podría sustentarse que la acción de prescindencia prescribe o caduca
al año. Resulta, por otra parte, absurdo interpretar que el legislador haya
querido que el efecto de la inscripción de una demanda sea la prescripción de
la acción que con ella se instaura.
5.
No existe un término de caducidad ni de prescripción breve para la acción de
prescindencia de la personería jurídica. No se establece en el artículo 191
que la regula ni en ningún otro texto legal ulterior.
