La Ley 17.250, en su artículo 2, define al consumidor:

En doctrina, se han hecho dos interpretaciones de la cuestión:

I. Posición de Ordoqui Castilla

Según Ordoqui Castilla, sería consumidor final aquel que utiliza el producto o servicio en su propio beneficio, sacando al producto del ámbito del comercio, de forma que no integre el proceso de producción de nuevos productos. Para este autor, todo depende del destino que le da la persona al bien. Si satisface necesidades propias, familiares, sociales o domésticas, se trata entonces de un consumidor final. Lo que interesa es que el producto o servicio no se comercialice nuevamente. No sería consumidor, entonces, aquella persona que adquiere el producto o servicio con el ánimo de integrarlo a un proceso de producción, transformación o de comercialización. En ese sentido, el comerciante no podrá ser considerado consumidor pues no es destinatario final de lo que adquiere, sino que lo integra a un proceso que forma parte o posibilita la comercialización. Todo lo que se adquiere para ser utilizado en su proceso de producción (materia prima, vehículos, instrumentos de comunicación, de promoción, etc.) no supone una relación de consumo. Debe, en definitiva, analizarse el destino del bien, viendo si el producto o servicio está o no afectado al comercio o a la industrialización futura.

En esta tesis, si un fabricante adquiere máquinas, para aplicar a su industria, no es destinatario final, no es consumidor. Si la materia prima tiene un vicio que origina daños, quien adquirió dicha materia prima para producir a su vez, para la Ley uruguaya no es consumidor, debiendo reclamar por el Derecho común. En cambio, si quien reclama es el adquirente del producto final que lo utiliza como destinatario último, la acción contra el proveedor (fabricante o importador) se fundará en la Ley 17.250.

II. Posición de Szafir

Según Szafir, para nuestra Ley, será consumidor el profesional que adquiere un equipo de aire acondicionado para su oficina, un teléfono celular para atender llamadas internacionales o personales, pero no será consumidora, la empresa que adquiere líneas telefónicas de Antel para dar un servicio 0900. Si esta última sufre perjuicios por la pérdida de clientela a raíz del fallo del servicio, su reclamación no será en calidad de consumidor sino por el régimen del Derecho común.

Si la materia prima tiene un vicio que origina daños como consecuencia de la utilización del producto final, quien adquirió dicha materia prima para producir a su vez, para la Ley uruguaya no es consumidor, debiendo reclamar por el Derecho común. En cambio, si quien reclama es el adquirente del producto final que lo utiliza como destinatario último, la acción contra el proveedor (fabricante o importador) se fundará en la Ley 17.250.

Otro ejemplo: el caso de adquisición de maquinaria industrial a través de la concesión de un préstamo bancario. Dichos bienes de capital no se integran al proceso de producción, como sucede con los que se usan para crear o transformar productos. Si un fabricante adquiere materia prima, como puede ser la lana para fabricar buzos, no cabe duda que la integra y no es consumidor. Pero si ese mismo fabricante compra una máquina para armar dichos buzos, no la integra en el proceso de producción o transformación sino que la utiliza como destinatario final.

Nuestra posición

Por nuestra parte, concordamos plenamente con la posición de Szafir.

La cuestión se se desdibuja un poco en el ámbito financiero, por la particular naturaleza del dinero, en tanto está destinado a circular.

Sin embargo, es generalmente aceptado que son consumidores financieros las personas físicas sin actividad comercial o industrial, que toman un crédito para aplicarlo a sus necesidades de consumo. En cambio, se descarta que sean consumidores las sociedades comerciales o los comerciantes, especialmente si la finalidad de la operación de crédito es aplicar los recursos financieros a su actividad comercial o industrial.

Sobre este particular, entendemos que se debe descartar como criterio para la atribución de la calidad de consumidor, que el sujeto sea civil o comerciante, persona física o jurídica. Esa distinción no la hace la Ley 17.250 y, por lo tanto, no la debe hacer el intérprete.

En segundo lugar, entendemos que la naturaleza del bien sobre el que recaen las operaciones de crédito – el dinero – no habilita una solución diferente a la expresada por Szafir respecto de otros bienes. El “destino final” del dinero se produce al utilizarlo de acuerdo a su función, esto es: para cancelar obligaciones pecuniarias. De modo que si un comerciante toma un préstamo para utilizarlo pagando materias primas, mercaderías o salarios, estará utilizando el dinero como destinatario final del mismo.

Una situación diferente se daría en el caso de que un sujeto tomase un préstamo para, a su vez, dar en préstamo el dinero recibido. En ese caso, el dinero – como mercadería – continúa en el ciclo económico y, por lo tanto, el primer tomador del préstamo no sería su destinatario final, ni consumidor.

En nuestra opinión, el segundo inciso del artículo 2 implica que, aunque el bien – cualquiera sea éste, incluso el dinero - sea adquirido o utilizado con el fin de integrarlo en un proceso de producción o comercialización, el sujeto que lo recibe continúa siendo consumidor, en tanto se constituya en “destinatario final” del bien. De modo que el énfasis está puesto por la Ley en la calidad de “destinatario final” y es tal quien se ubica al final del ciclo económico y utiliza el bien de acuerdo al destino propio del mismo.