¿Quién designa al interventor provisorio y quién designa al definitivo, en los concordatos preventivos aplicables a las sociedades anónimas? ¿Cuándo se los designa a cada uno? ¿Cuáles son sus funciones?
Por Virginia Bado Cardozo & Carlos López Rodríguez
Para los concordatos preventivos de las sociedades anónimas, la Ley prevé dos tipos de intervenciones. Una de ellas, de carácter provisorio, es a los efectos de asegurar la preservación del patrimonio del deudor durante la tramitación del concordato, para lo cual se le otorga a dos acreedores la función de intervenir el giro de los negocios del deudor y proveer información durante el proceso. La otra, de carácter definitivo, supone la designación de un acreedor para que fiscalice la actuación del deudor, durante el cumplimiento del acuerdo concordatario
I. Interventor provisorio
A. Designación
Por el artículo 14 de la Ley 17.292 (modificatorio del art. 70 Ley 2.230), admitida la gestión del concordato, el juez designa, en el mismo acto, dos acreedores informantes interventores. Los acreedores deben ser elegidos entre los doce de mayor monto que no sean privilegiados, ni sociedades vinculadas controlantes o integrantes de un mismo grupo económico con la gestionante.
Si demoran en aceptar sus cargos, el
Tribunal designará a una persona que figure en la lista de síndicos prevista
en el artículo 469.2 del Código General del Proceso, en cuyo caso, habrá un
único informante interventor.
B. Funciones
Estos acreedores son designados con la finalidad de intervenir e informar sobre el giro de los negocios.
1. Función informativa
La función de informar requiere que puedan y deban examinar libros y documentos de la sociedad deudora. La gestionante del proceso concursal preventivo debió presentar al Juzgado, con su solicitud diversos documentos: estado estimativo y detallado del activo y estado del pasivo, con el detalle requerido por la Ley, memoria explicativa de las causas de la suspensión de pagos o del mal estado de negocios (artículos 1.524 y 1.531).
También, la sociedad gestionante debe rendir de cuentas desde la fecha de los estados contables adjuntos a su solicitud hasta la fecha en que asumen el cargo los acreedores designados. Como pudo haber transcurrido mucho tiempo, desde la confección de los balances a la fecha de la aceptación de los cargos, se hace imprescindible una actualización, por cuanto pudo variar la situación patrimonial e importa conocer las operaciones efectuadas en ese lapso por la sociedad.
Concretamente, sobre la base de
la documentación reseñada, la Ley dispone que los acreedores designados deben
informar
2. Intervención
En cuanto a la función de intervención, encuentra su justificación, por cuanto la sociedad deudora, al amparo de una moratoria provisional, puede incurrir en abusos, en negocios que agraven la situación patrimonial, en pagos a unos acreedores, sin respetar los derechos de los otros, etcétera.
El artículo 14 establece:
”… La intervención que tendrá el alcance del artículo 316 del Código General del Proceso, supondrá en todos los casos el control de movimientos de dinero y mercaderías del giro de la gestionante…”.
El artículo 316 del Código General del Proceso, a su vez, establece:
“El tribunal podrá disponer las medidas que estime indispensables, entre otras, la prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, los embargos o secuestros, la designación de veedor o auditor, la de interventor o cualquiera otra idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar (artículo 312).
La resolución que disponga una intervención necesariamente fijará su plazo, el que podrá ser prorrogado mediante la justificación sumaria de su necesidad y las facultades del interventor, que se limitarán a las estrictamente indispensables para asegurar el derecho que se invoque, debiéndose en lo posible, procurar la continuación de la explotación intervenida”.
A la vista de estas disposiciones, puede entenderse que la enunciación legal referida es simplemente indicativa de las mínimas facultades que han de tener los acreedores informantes y que se hizo a los efectos de determinar un nivel mínimo de funciones del interventor. Por lo tanto, el juez, aplicando el artículo 316 del Código General del Proceso podrá ampliarlas, aunque dentro del marco impuesto por esa norma procesal: se deben limitar a las estrictamente indispensables para asegurar el derecho de los acreedores y se debe procurar la continuación de la explotación intervenida. Si los acreedores informantes-interventores denuncian irregularidades o abusos de la sociedad, el juez podrá decretar providencias que estime oportunas para mantener la integridad patrimonial, esto es, podrá dar facultades mayores a los acreedores designados.
Puede, también, interpretarse que la remisión del artículo 14 se refiere sólo a lo dispuesto en el artículo 316.2, pues es en éste donde se establece el alcance de la intervención. En este sentido, el alcance de la intervención estaría limitado al plazo que disponga la Sede y a lo estrictamente indispensable para asegurar los derechos de los acreedores, procurando la continuación de la explotación intervenida.
II. Interventor definitivo
A. Designación
Una vez homologado el concordato, los acreedores designan a uno de ellos como interventor, salvo que en el concordato se estipule lo contrario.
B. Funciones
Las funciones de este interventor son de fiscalización; lleva la cuenta de las entradas y salidas de caja e impide que la sociedad extraiga más dinero para sus gastos que la cantidad que le fue asignada. Por expresa disposición legal, este interventor no puede intervenir en el manejo y dirección del negocio el que pertenece, exclusivamente, a la sociedad concordataria.
La continuación de la intervención está prevista en el artículo 42 de la Ley 2.230 que contiene una remisión a ciertos artículos derogados del Código de Comercio, que mantienen su vigencia a estos efectos de acuerdo a esa norma.
Según los artículos referidos, si en el concordato no hay estipulación en contrario, la sociedad queda sujeta a la intervención de uno de los acreedores, elegidos por la junta, hasta que haya cumplido con las estipulaciones del concordato. Según las normas referidas, las funciones serían las siguientes:
1) “Llevar cuenta de las entradas y salidas de la Caja, de la cual tendrá sobrellave”.
2) “Impedir que extraiga de la caja para gastos personales más de lo que le fue asignado por el juez, e impedir que distraiga fondos para objetos ajenos al giro. No puede mezclarse en orden y dirección de negocios. Ello incumbe al fallido”.
