Por ser la sociedad un contrato plurilateral y por ser persona jurídica, las prestaciones que los socios se obligan a realizar no se intercambian entre ellos, sino que se vuelcan en el patrimonio del sujeto nacido. Cuando un socio cumple con su obligación de aportar, el bien que aporta sale de su patrimonio.
Los aportes constituyen el patrimonio social. A cambio de su aporte, el socio recibe una participación social, medida por el valor de su aporte en relación al capital integrado total de la sociedad.
El patrimonio cumple dos funciones:
instrumental y responsabilidad.
El patrimonio y los bienes que lo integran sirven para la
explotación del giro previsto como objeto de la sociedad.
La sociedad, con su patrimonio, responderá frente a terceros. Con los bienes del patrimonio social, la sociedad debe afrontar el pago a los acreedores sociales. La sociedad, en su actuación en el mundo de los negocios, va a contraer obligaciones y el respaldo para ella está constituido por el patrimonio social.
Para determinar la solvencia de una sociedad, no se ha de estar a la cifra de capital, que es una cifra meramente ideal, suma de aportes oportunamente recibidos; lo que interesa es el patrimonio con que la sociedad cuenta, formado inicialmente por los aportes pero que se modifica día a día de acuerdo al resultado de la actividad empresarial de la sociedad.
El interés de estas funciones determina que la formación y preservación de ese patrimonio sea de la mayor importancia. El legislador cuida que efectivamente se forme y, luego, no se diluya, mediante controles de distinta naturaleza y entidad.
El equilibrio entre
capital integrado y patrimonio se cuida fundamentalmente en materia de
sociedades anónimas, en razón de la limitación de responsabilidad de los
socios. En otros tipos sociales, los acreedores pueden acudir al patrimonio de
los socios cuando el patrimonio social es insuficiente.
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