El
interventor en los
procedimientos
concursales
Por
Virginia Bado
Cardozo y Carlos
López
Rodríguez
A
continuación, se
analizará la figura del interventor en los procesos concursales atendiendo a
los siguientes aspectos: designación, obligatoriedad o no en el procedimiento y
funciones de cada uno de ellos.
I.
El interventor en los procesos concursales aplicables a las sociedades anónimas
A. Liquidación
judicial
Para el caso de
que se declare la solvencia de la masa, la asamblea de accionistas designará un
interventor que no desplaza al órgano de administración (coexisten). Las
funciones del interventor son de simple examen y consejo, salvo en el caso de
que, una vez resuelta la liquidación de la sociedad anónima, se proceda al traspaso
del activo y pasivo de la sociedad a una tercera persona, en cuyo caso se
requerirá su consentimiento.
B. Concordatos
preventivos
(judicial y extrajudicial) de
la liquidación judicial
Para los concordatos
preventivos de las sociedades anónimas, la Ley prevé dos tipos de
intervenciones. Una de ellas, de carácter provisorio, es a los efectos de
asegurar la preservación del patrimonio del deudor durante la tramitación del
concordato, para lo cual se le otorga a dos acreedores la función de
intervenir el giro de los negocios del deudor y proveer información durante el proceso. La
otra, de carácter definitivo, supone la designación de un acreedor para que fiscalice la actuación
del deudor, durante el cumplimiento del acuerdo concordatario
1. Intervención provisoria
Por
el artículo 14 de la Ley 17.292 (modificatorio del
art.
70 Ley 2.230), admitida la gestión del concordato, el juez designa, en el mismo acto,
dos acreedores informantes interventores. Los acreedores deben ser elegidos entre los doce de
mayor monto que no sean privilegiados, ni sociedades vinculadas controlantes
o integrantes de un mismo grupo económico con la gestionante.
Si demoran en aceptar sus cargos, el
Tribunal designará a una persona que figure en la lista de Síndicos prevista
en el artículo 469.2 del Código General del Proceso, en cuyo caso, habrá un
único informante interventor.
Estos acreedores son designados con
la finalidad de intervenir e informar sobre el giro de los negocios.
a. Función informativa
La función de informar requiere
que puedan y deban examinar libros y documentos de la sociedad deudora. La
gestionante del proceso concursal preventivo debió presentar al Juzgado, con su
solicitud diversos documentos: estado estimativo y detallado del activo y estado
del pasivo, con el detalle requerido por la Ley, memoria explicativa de las
causas de la suspensión de pagos o del mal estado de negocios (artículos 1.524 y
1.531).
También, la sociedad
gestionante debe rendir de cuentas desde la fecha de los estados contables
adjuntos a su solicitud hasta la fecha en que asumen el cargo los acreedores
designados. Como pudo haber transcurrido mucho tiempo, desde la confección de
los balances a la fecha de la aceptación de los cargos, se hace imprescindible
una actualización, por cuanto pudo variar la situación patrimonial e importa
conocer las operaciones efectuadas en ese lapso por la sociedad.
Concretamente, sobre la base de
la documentación reseñada, la Ley dispone que los acreedores designados deben
informar
sobre la marcha del giro empresarial, la exactitud de los documentos anexos a
la gestión y sobre las bases de la petición concursal.
b. Intervención
En cuanto a la función de
intervención, encuentra su justificación, por cuanto la sociedad deudora,
al amparo de una moratoria provisional, puede incurrir en abusos, en negocios
que agraven la situación patrimonial, en pagos a unos acreedores, sin respetar
los derechos de los otros, etcétera.
El artículo 14 establece:
”… La intervención que tendrá el alcance del artículo 316 del Código General del
Proceso, supondrá en todos los casos el control de movimientos de dinero y
mercaderías del giro de la gestionante…”.
El artículo 316 del Código General del
Proceso, a su vez, establece:
“El
tribunal podrá disponer las medidas que estime indispensables, entre otras, la
prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, los embargos o
secuestros, la designación de veedor o auditor, la de interventor o cualquiera
otra idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar (artículo 312).
La resolución que disponga una
intervención necesariamente fijará su plazo, el que podrá ser prorrogado
mediante la justificación sumaria de su necesidad y las facultades del
interventor, que se limitarán a las estrictamente indispensables para asegurar
el derecho que se invoque, debiéndose en lo posible, procurar la continuación
de la explotación intervenida”.
A la vista
de estas disposiciones, puede entenderse que la enunciación legal referida es
simplemente indicativa de las mínimas facultades que han de tener los acreedores
informantes y que se hizo a los efectos de determinar un nivel mínimo de
funciones del interventor. Por lo tanto, el juez, aplicando el artículo 316 del
Código General del Proceso podrá ampliarlas, aunque dentro del marco impuesto
por esa norma procesal: se deben limitar a las estrictamente indispensables para
asegurar el derecho de los acreedores y se debe procurar la continuación de la
explotación intervenida. Si los acreedores informantes-interventores denuncian
irregularidades o abusos de la sociedad, el juez podrá decretar providencias que
estime oportunas para mantener la integridad patrimonial, esto es, podrá dar
facultades mayores a los acreedores designados.
Puede,
también, interpretarse que la remisión del artículo 14 se refiere sólo a lo
dispuesto en el artículo 316.2, pues es en éste donde se establece el alcance de
la intervención. En este sentido, el alcance de la intervención estaría limitado
al plazo que disponga la Sede y a lo estrictamente indispensable para asegurar
los derechos de los acreedores, procurando la continuación de la explotación
intervenida.
2. Intervención definitiva
Una
vez homologado el concordato, los acreedores designan a uno de ellos como
interventor, salvo que en el concordato se estipule lo contrario. Las funciones
de este interventor son de fiscalización; lleva la cuenta de las entradas y
salidas de caja e impide que la sociedad extraiga más dinero para sus gastos
que la cantidad que le fue asignada. Por expresa disposición legal, este
interventor no puede intervenir en el manejo y dirección del negocio el que
pertenece, exclusivamente, a la sociedad concordataria.
La continuación de la intervención está
prevista en el artículo 42 de la Ley 2.230 que contiene una remisión a ciertos
artículos derogados del Código de Comercio, que mantienen su vigencia a estos
efectos de acuerdo a esa
norma.
Según los artículos referidos, si en el
concordato no hay estipulación en contrario, la sociedad queda sujeta a la
intervención de uno de los acreedores, elegidos por la junta, hasta que haya
cumplido con las estipulaciones del concordato. Según las normas referidas, las
funciones serían las siguientes:
1)
“Llevar cuenta de las
entradas y
salidas de la Caja, de la cual tendrá sobrellave”.
2)
“Impedir que extraiga de
la caja para gastos personales más de lo que le fue asignado por el juez, e
impedir que distraiga fondos para objetos ajenos al giro. No puede mezclarse en
orden y dirección de negocios. Ello incumbe al fallido”.
C.
Moratoria
1. Intervención provisoria
En
el auto de admisión, el juez designa los acreedores
interventores-informantes (art. 1.767 redacción dada por art. 14 Ley 17.292).
Estos interventores tienen las mismas funciones que los que se designan
provisoriamente en los concordatos preventivos aplicables a las sociedades
anónimas.
2. Intervención definitiva
En la junta de acreedores, se recaba la votación de los acreedores y éstos
mismos designan a dos acreedores interventores. Éstos interventores tienen la
función de
intervenir
en la gestión de la sociedad deudora durante el término de la Moratoria. La
sociedad anónima no puede enajenar ni gravar sus bienes, recibir ni pagar
cantidad alguna, ni ejercer actos de administración, sin la autorización o la
asistencia de los interventores (art. 1.776).
II.
El interventor en los procesos concursales aplicables al
comerciante y sociedades comerciales (excepto anónimas)
A.
Concordato preventivo judicial de la quiebra
1. Designación
La designación
puede producirse en distintas instancias.
a. Nombramiento por el juez
El juez debe
designar un interventor en el auto de admisión del concordato. La designación es
preceptiva. Este interventor, necesariamente, debe ser un contador público.
El carácter
preceptivo de la designación de un interventor en el propio auto de admisión,
tiene su explicación y fundamento. En el concordato preventivo judicial no se
sabe si los acreedores adoptarán o no el concordato, pues debe esperarse al día
de la junta, pero al deudor comerciante igualmente se le acuerda una moratoria.
Por ello, mientras llega el día de la reunión de acreedores, debe buscarse el
medio de evitar la sustracción de bienes del activo o que una actuación
negligente del concordatario produzca pérdidas en menoscabo del patrimonio. Ello
se logra con una intervención.
En el concordato
preventivo extrajudicial, los peligros no son iguales. Los acreedores al aceptar
la propuesta, tienen la posibilidad de nombrar interventor. Si no lo hicieren,
se presume que los acreedores le tienen confianza y el juez no tiene por qué
nombrarlo. Luego, si se deducen oposiciones, el juez debe nombrar un interventor
porque la confianza no se puede ya presumir, dada la propia oposición.
b. Nombramiento por mayoría especial
El artículo
1.536 prevé que una determinada mayoría de acreedores puede dejar sin efecto la
designación hecha por el juez en el auto de admisión, designando otro contador
para que cumpla la función de intervención. El artículo referido exige que la
mayoría reúna las condiciones siguientes:
·
tratarse de acreedores
pertenecientes a la segunda categoría del numeral 1 del artículo 1.584;
·
sus créditos deben
resultar de la relación presentada por el deudor y no haber sido objeto de
observación, o deben ser justificados con sus libros de comercio;
·
reunir más de la mitad
de los créditos de la categoría referida.
2. Funciones
a.
intervenir en el giro de los negocios del deudor;
b.
efectuar un informe sobre el estado de los negocios, las causas invocadas en la
memoria y la conducta comercial del deudor y
c. asistir a la junta de acreedores.
B.
Concordato preventivo extrajudicial de la quiebra
1. Intervención provisoria
a.
Intervención facultativa
La mayoría
absoluta de los acreedores pertenecientes a la segunda categoría del inciso 1
del artículo 1.524, pueden designar un interventor al firmar el proyecto
de concordato, o en cualquier momento ulterior (artículo 1.525). En este caso,
la designación es facultativa. Su función es la de fiscalizar la marcha
de los negocios del deudor. Podría decirse, en estos casos, que estamos ante un
representante de la mayoría de los acreedores.
Es importante
aclarar que si el interventor es designado al firmar el proyecto de concordato,
por tratarse de un acuerdo entre el deudor y sus acreedores, las facultades
pueden ser más o menos extensas, según se convenga. Si el interventor es
designado luego, por la mayoría referida, no podrá tener más facultades que las
que la Ley le acuerda.
b.
Intervención preceptiva
En caso de que
se dedujeren oposiciones, en cambio, el juez deberá designar un
interventor provisorio (artículo 1.530). En este caso, el interventor debe
necesariamente ser un contador público. su función será la de informar
sobre los hechos discutidos y, en general, sobre el estado de los negocios,
sobre las causas invocadas en la memoria y sobre la conducta comercial del
deudor, en cuanto pueda apreciarse por el examen de la contabilidad y de la
prueba producida.
Si existe
interventor designado y la reclamación deducida nada tiene que ver con la
mayoría, el contador designado sólo tendrá funciones específicas de información
y se mantiene paralelamente al interventor antes designado. Si la oposición
deducida tiene que ver con la mayoría y lo hace dudosa, cesa el interventor
antes designado y al contador se le atribuye, también, la función de fiscalizar.
De este modo, se quiere evitar que el deudor, combinándose con acreedores
supuestos o falsos, imponga un interventor, complaciente o deshonesto.
En
cualquiera de los dos casos – designación por las mayorías o designación
judicial – el interventor deberá asesorar al juez cuando el deudor solicita
venia para realizar alguno de los actos enumerados en el
artículo 1.555.
2. Intervención definitiva
En el concordato puede
estipularse que el deudor, para el manejo de sus negocios, quede sujeto a la
fiscalización de un interventor. En ese caso, puede ser que en el mismo
concordato se designe quien ocupará el cargo o puede designárselo posteriormente
por la mayoría absoluta de acreedores de la segunda categoría ya referida, que
representen más de la mitad del importe de los créditos (artículo 1.565).
Si no es posible formar esa mayoría, después de tres votaciones, el interventor es nombrado por el juez.
En este caso, el
interventor no debe ser necesariamente contador.
C. El interventor en el concordato de liquidación
En
el concordato de liquidación, el interventor debe ser
propuesto en el proyecto de concordato y sometido a la aprobación de las
mayorías exigidas por el numeral 1 del artículo 1.524 del Código de Comercio. Una vez obtenida
esas mayorías del artículo 1.524, el interventor quedará, definitivamente, nombrado.
En el concordato de liquidación, el
interventor tiene una doble función. Como interventor continúa el giro de los
negocios mientras se tramita el concordato y hasta su homologación o rechazo.
Como liquidador realizará la liquidación de los bienes del deudor, en cuanto el
concordato quede homologado o perfeccionado.
1. Continuación
del giro de los negocios
El interventor debe continuar
provisoriamente el giro de los negocios hasta que el concordato sea homologado.
Mientras no esté homologado, el liquidador no podrá vender bienes. Podría
clausurar el establecimiento, depositando bienes en un lugar seguro, si lo
estimara más conveniente para los intereses del deudor.
A los efectos de
que el interventor pueda cumplir con esta función, el artículo 13 dispone que,
una vez alcanzadas las mayorías legales, el deudor deberá poner al interventor
en posesión del comercio y de todos sus bienes.
El desapoderamiento abarca, también, los
bienes prendados e hipotecados.
Desde luego que los
acreedores preferentes pueden ejecutar el patrimonio del deudor con
independencia del concurso. En tanto no se ejecuten por no haberse vencido el
plazo de la deuda garantizada, los bienes afectados son entregados al
interventor, quien oportunamente los podrá vender pero con su gravamen.
2. Liquidación
del patrimonio del deudor
Inmediatamente de recibido el comercio, el
interventor debe practicar un balance del activo y pasivo del deudor, y hacerlo
conocer a los acreedores. Este balance servirá de base para la liquidación y
prorrateo que se realizará cuando sea aceptado u homologado el concordato
(artículo 14).
Se hace necesaria, por lo tanto, la
intervención de un contador, puesto que la Ley de 1.917 establece su firma en
balances e informes de carácter mercantil que se presenten en juzgados. En
consecuencia, el liquidador-interventor no es contador, deberá designar un
contador a los efectos de la preparación del balance dispuesto por el artículo
14.
En cuanto el concordato quede homologado o
perfeccionado, el interventor debe realizar la liquidación de los bienes del
deudor.
3. Recepción de
oposiciones
En caso de que hubiere oposiciones a la
propuesta de concordato, por parte de los acreedores, el interventor es el
encargado de recibirlas y elevarle los antecedentes al juez (artículo 15).
