Comerciante y Auxiliares

Por Nuri Rodríguez, Carlos López y Virginia Bado

I. El comerciante

El artículo 5 del Código de Comercio dispone: 

“Todos los que se dedican al comercio, una vez que tengan la calidad de comerciantes, según la ley, están sujetos a la jurisdicción, reglamentos y legislación comercial”.

La norma indica que las personas consideradas comerciantes están sujetas a un régimen jurídico particular. El comerciante tiene, entonces, su propio estatuto jurídico y está sometido a un Derecho especial. Las actividades de los civiles, en cambio, se encuentran reguladas por el Derecho Civil. Sin embargo recordemos que el artículo 8 del Código de Comercio somete a la legislación comercial al acto de comercio aislado, esto es, el acto de comercio realizado por quien no es comerciante. En este caso, el acto queda sometido a la legislación comercial, pero no por ello el civil que lo realiza es sometido al estatuto jurídico del comerciante.  

A. Análisis de la definición legal de comerciante

El artículo 1 del Código de Comercio dispone: 

La ley reputa comerciante a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, se han inscripto en la matrícula de comerciantes y ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual”.

A continuación analizaremos uno a uno los elementos de la definición.

1.   El comerciante como individuo con capacidad para contratar

La Ley se refiere a “individuos” y por tales debe considerarse tanto al comerciante individual como a la sociedad comercial. En el primer caso, el comerciante será una persona física, en el segundo el comerciante será una persona jurídica.

Tanto sea una persona física o jurídica, el comerciante tendrá un nombre, un domicilio y una nacionalidad. En cuanto al nombre, el comerciante, persona física generalmente utiliza en su vida comercial el mismo nombre que utiliza en su vida civil. Las sociedades comerciales también deben tener un nombre al que debe agregarse la indicación del tipo social al que pertenecen, por ejemplo “Aceros Bonilla S.R.L”.

En cuanto al domicilio, el artículo 40 del Código de Comercio dispone que el domicilio del comerciante es el lugar donde tiene su principal establecimiento. Tratándose de sociedades comerciales la Ley 16.060 distingue entre domicilio y sede. El domicilio de la sociedad será la ciudad o departamento donde se establezca la administración y la sede será la ubicación precisa (calle y número) de la administración dentro del domicilio[1].

En cuanto a la nacionalidad, el artículo 31 del Código de Comercio dispone: “Los extranjeros pueden ejercer libremente el comercio con los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos del Estado. En principio existe un tratamiento igualitario entre nacionales y extranjeros en cuanto al ejercicio del comercio se refiere. Sin embargo debe tenerse presente que distintas actividades se reservan a nacionales o a personas domiciliadas en nuestro país. Estas reservas se realizan por la vía legal a través de lo que se denominan “Leyes de extranjería” [2]. Básicamente se trata de las actividades marítimas, pesqueras y aeronáutica, la explotación de canales de televisión y el transporte de pasajeros. Las sociedades constituidas en el extranjero también pueden desarrollar su objeto en nuestro país. Su actividad está regulada en la Ley 16.060.

En nuestro Derecho existen dos clases de individuos con capacidad para contratar: las personas físicas mayores de 18 años y las personas jurídicas. Sin embargo, no todos los mayores de 18 años ni todas las personas jurídicas son comerciantes.

a. Personas físicas incapaces para ejercer el comercio [3]

El capítulo II del primer título del Código de Comercio está dedicado al tema de la capacidad legal para ejercer el comercio. Según este capítulo serían incapaces para ejercer el comercio quienes no tienen la libre administración de sus bienes ni pueden obligarse contractualmente (art. 8) y aquéllos a los que expresamente se prohíbe comerciar (arts. 27-29).

* Personas que no tienen la libre administración de sus bienes ni pueden obligarse contractualmente

El C.Com. no establece por sí mismo quienes no tienen la libre administración de sus bienes ni pueden obligarse contractualmente sino que remite, respecto de este tema, a las "leyes comunes". Con la expresión "leyes comunes" el Código de Comercio se refiere al Código Civil.
Según el Código Civil, pueden contratar todas las personas que no estuviesen declaradas incapaces por ley (art. 1.278). A continuación, el Código Civil declara que existen dos tipos de incapacidades: absolutas y relativas.

* Incapacidad absoluta

Son incapaces absolutos los impúberes, los dementes y los sordomudos. Sus actos no producen ni siquiera obligaciones naturales y no admiten garantía (art. 1.279 C.C.).
Son menores impúberes los varones menores de 14 años y las mujeres menores de 12 años (art. 91 C.C.).

La nulidad absoluta puede ser declarada por el juez de oficio, a pedido del Ministerio Público o a pedido de parte interesada. No se subsana ni por ratificación de las partes ni por transcurso del tiempo menor a 30 años (art. 1.561 C.C.).

Si la nulidad absoluta es, además, notoria, de acuerdo con el artículo 30 del Código de Comercio, ninguno de los contrayentes queda obligado ni se genera derecho alguno a favor de cualquiera de ellos. La nulidad se extiende a los coobligados.

Es un poco difícil pensar en una hipótesis de incapacidad absoluta que no sea notoria. Tal vez sea el caso del demente con intervalos lúcidos. No obstante, aun en este caso no vemos impedimento para conciliar el régimen comercial con el civil: la nulidad del acto celebrado podrá declararse inclusive de oficio y es insubsanable. A pesar de esto, el contrayente que ocultó la nulidad queda obligado por el acto celebrado.

* Incapacidad relativa

Son incapaces relativos los menores adultos que se hallen bajo patria potestad y los comerciantes fallidos. Los actos de estas personas pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por la leyes (art. 1.280 C.C.).

Puede ser que los menores adultos no se hallen bajo la patria potestad porque esta se acabó o porque los padres la perdieron. La patria potestad se acaba por la muerte de los padres, por la mayor edad de los hijos y por el matrimonio de los hijos (art. 280 C.C.). La patria potestad puede perderse de pleno derecho en los casos previstos por el artículo 284 del Código Civil y a instancia de parte en los casos previstos en el art. 285 C.C.

En virtud de la modificación del artículo 280 del Código Civil dispuesta por la Ley 16.179, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años.
Los menores huérfanos de padre y madre o cuyos padres hayan perdido la patria potestad, deben quedar sujetos a tutela (art. 313 C.C.). El tutor es el encargado de administrar los bienes del menor (art. 384 C.C.). Si el menor hubiese heredado algún establecimiento comercial o industrial, el juez de la tutela decidirá si ha de continuar o no, tomando en consideración las circunstancias del caso y oyendo al tutor y al Ministerio Público (art. 409 C.C.). Si el juez resolviese que el establecimiento continúe, autorizará al tutor para que por sí o por los agentes de que se sirva bajo su responsabilidad, dirija las operaciones y trabajos, haga pagos y todos los demás actos de un mandatario, con libre administración (art. 410 C.C.).

La nulidad relativa requiere declaración judicial a instancia de parte. Es subsanable por el lapso de tiempo o la ratificación de las partes (art. 1.562).

Si la nulidad relativa es además notoria, ninguno de los contrayentes queda obligado. Si la nulidad relativa no es notoria, quien la ocultó queda igualmente obligado, a pesar de la nulidad que afecta al acto (art. 30 C.Com.).

La nulidad provocada por la minoridad es meramente personal. No se extiende a los demás coobligados (art. 30, inc. 3, C.Com.).

* Personas que tienen prohibido comerciar por incompatibilidad o por prohibición legal

En el capítulo del Código de Comercio que estamos analizando, se establecen dos clases de prohibiciones: por incompatibilidad de estado y por incapacidad legal. Estas no son las únicas prohibiciones para comerciar. Existen otras contenidas en el Código de Comercio y en otras leyes, según se verá.

Según el artículo 8 Código Civil, lo hecho contra las leyes prohibitivas es nulo. Consecuentemente, los actos realizados por quien tiene prohibido ejercer el comercio son nulos. Esta nulidad es absoluta e invocable por quien contrató con el prohibido, pero no por este último.

* Prohibición por incompatibilidad de estado

Por incompatibilidad de estado están prohibidos de ejercer el comercio las corporaciones eclesiásticas, los clérigos (mientras vistan el traje clerical) y los magistrados civiles y jueces en el territorio donde ejercen su autoridad y jurisdicción con título permanente (art. 27 C.Com.). Esta prohibición no comprende la facultad de dar dinero a interés (con tal que no hagan del ejercicio de esa faculta profesión habitual), ni tampoco la de ser accionistas, desde que no tomen parte en la gerencia administrativa de la compañía (art. 28 C.Com.).

La expresión "magistrados civiles" comprende a aquellos funcionarios públicos que ejercen autoridad como, por ejemplo, el Presidente de la República y sus Ministros. La Constitución colabora en la interpretación de esta expresión, mencionando expresamente a quienes tienen prohibido el ejercicio del comercio: los directores de entes autónomos (art. 200, inc. 3) y los intendentes (arts. 289, 290 y 291).

* Prohibición por incapacidad legal

Tienen prohibido comerciar por lo que el Código de Comercio denomina "incapacidad legal" los que se hallan en estado de interdicción y los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. RODRÍGUEZ OLIVERA entiende que la palabra "interdicción" se refiere a los dementes.
Existen normas especiales en el C.Com. respecto de le revocación de los actos realizados por el fallido (acción revocatoria concursal). Sus actos son relativamente nulos en cuanto afecten a los acreedores concursales.

* Otras prohibiciones

Por expresa disposición legal, les está prohibido a los corredores toda especie de negociación y tráfico, directo o indirecto, en nombre propio o ajeno, contraer sociedad o tener parte en buques mercantes o en sus cargamentos (art. 106, n. 1, C.Com.). Asimismo, el factor tiene prohibido realizar por cuenta propia negocios del mismo género de aquél en el que le está encomendado representar al principal. Si lo hace, tendrá que asumir las pérdidas que produzca el negocio, pero las utilidades serán de cuenta del principal (art. 142 C.Com.).

Esta última, en realidad, no es una prohibición de comerciar en general sino de realizar actos en competencia con el principal. La prohibición de realizar actos competitivos alcanza, también, a los socios en general (art. 209 Ley 16.060), a los administradores, representantes o directores de la sociedad (arts. 85 y 389 Ley 16.060). Quedan exceptuados de esta prohibición los accionistas de sociedades anónimas o en comandita por acciones.

Las sociedades de responsabilidad limitada no pueden realizar operaciones de intermediación financiera ni de seguros (art. 518 Ley 16.060).

Los bancos no pueden participar en empresas u operaciones comerciales, industriales, agrícolas o de otra clase ajena al giro bancario (art. 18 Ley 15.322). También se les prohíbe invertir en acciones emitidas por empresas privadas, excepto instituciones financieras radicadas en el exterior, empresas de intermediación externa, empresas administradoras de fondos de ahorro previsional (A.F.A.P.) y sociedades administradoras de fondos de inversión.
Los médicos, odontólogos o veterinarios, no pueden ser titulares – directamente o a través de la posesión de acciones de personas jurídicas que lo sean - de farmacias, droguerías o herboristerías (Ley 15.073).

2. Inscripción en la matrícula de comerciante

La segunda condición establecida por el artículo 1 del Código de Comercio es que el individuo que pretende ser comerciante se haya inscripto en la matrícula de comerciante. La inscripción en la matrícula de comerciante que llevaba el Registro Público de Comercio, dejó de ser requisito para obtener la calidad de comerciante a partir del Decreto – Ley n. 888 del 27 de julio de 1867. Esto quiere decir que, a partir de 1867, el requisito de la inscripción en la matrícula no forma parte de la definición del comerciante.

En realidad, la inscripción nunca fue una obligación del comerciante sino una carga, esto es: un imperativo legal cuyo cumplimiento es de interés del propia persona que está sujeta a la carga. Con otras palabras, nadie tuvo nunca el derecho de exigirle al comerciante el cumplimiento de la inscripción en la matrícula.

Sin embargo, la inscripción tenía tres beneficios: a. la presunción legal de la calidad de comerciante; b. la certificación de los libros de comercio y c. la solicitud de cualquier tipo de concordato.

Los analizaremos enseguida, sin embargo debemos advertir que hoy existe un régimen nuevo en materia de Registros Públicos. En efecto, en 1.997 se aprobó la Ley 16.781, sobre los registros públicos.

Esta Ley organiza el sistema registral del país creando diferentes registros. En el capítulo cuarto crea el  Registro Nacional de Comercio[4]. Este registro se organiza en base a lo que se llama “ficha personal” del comerciante, sea éste una persona física o una persona jurídica. En su artículo 100 expresamente deroga todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a ella.

Las funciones del Registro son las siguientes:

1. Llevar la ficha registral de los comerciantes y sociedades comerciales.

2. Habilitar los libros de los comerciantes.

3. Suministrar informaciones y certificaciones que se le soliciten por los interesados. 

Resulta importante destacar que, al detallar los actos que se deben inscribir, la Ley no hace referencia alguna a la matrícula del comerciante con lo cual se han sostenido dos posiciones con respecto a la derogación o no de la matrícula en la nueva Ley.

RODRÍGUEZ OLIVERA ha interpretado que la ficha reemplaza a la matrícula. Por lo tanto, el comerciante que desee gozar de la presunción legal del artículo 39 del Código de Comercio y poder solicitar cualquier clase de concordato, debe presentarse ante el juez, justificando su capacidad, crédito y probidad, para solicitar que éste ordene su inscripción.

Podría también interpretarse – y aparentemente así lo viene haciendo el Registro Nacional de Comercio - que ya no existe más la carga de matricularse y que todas las referencias legales a la matriculación deben considerarse derogadas tácitamente.

El Decreto Reglamentario 99/998 no agrega nada que ayude a la interpretación de la omisión legal.

En cuanto a la antigua exigencia de estar inscripto en la matrícula para poder certificar los libros de comercio, ha quedado claramente derogada, por cuanto el art. 51 de la Ley 16.781 – que dispone respecto de la certificación de libros – no se refiere a ella entre los requisitos que enumera.

En nuestro concepto, parece más acertada la primera posición porque una Ley registral no puede derogar normas de derecho sustantivo. La consecuencia de la derogación de todo el régimen del Código de Comercio significa dejar al comerciante desamparado. En efecto, no podría probar su calidad de comerciante ni tampoco pedir todas las soluciones concordatarias [5].

Teniendo en cuenta el nuevo régimen, analizaremos los beneficios que obtiene el comerciante al inscribirse en la ficha del Registro. Estos beneficios son los siguientes:

a. Presunción legal de la calidad de comerciante

Antes de la nueva Ley, se consideraba que la matriculación permitía al inscripto gozar de una presunción legal en cuanto a su calidad de comerciante. Esto es, la matriculación hacía presumir que quien estaba inscripto ejercía habitualmente actos de comercio. Tal es lo que dice el artículo 39 Código de Comercio: "Se supone el ejercicio habitual del comercio para todos los efectos legales, desde la fecha de la inscripción en la matrícula de comerciante".

Esta norma contiene una presunción de la calidad de comerciante. La matrícula sirve para probar la calidad de comerciante a través de la prueba de uno de los elementos que integra la definición. Se trata de una presunción absoluta, es decir que no cabe prueba en contrario; probada que sea la inscripción del individuo en la matrícula, no puede alegarse que no sea comerciante. Para RODRÍGUEZ OLIVERA, el comerciante que pretenda gozar de esta presunción legal, debe inscribirse en la ficha que lleva el registro.

b. Habilitación de libros de comercio

La matriculación era necesaria para que el comerciante pudiera certificar sus libros A partir de la nueva Ley de Registro, al procedimiento de certificación de libros se le llama habilitación. La habilitación de los libros de comercio es un procedimiento que realiza el Registro Nacional de Comercio. En la primera página del libro hace constar el número de fojas, el destino, la denominación del comerciante o sociedad comercial a la que pertenecen los libros y la fecha de intervención[6].

Es importante señalar que, la habilitación de los libros del comerciante, permite que los mismos sean presentados en juicio. La habilitación de los libros es uno de los requisitos de la “teneduría regular” de los libros de comercio. Para que los libros puedan servir de prueba al comerciante, deben ser llevados en forma regular, es decir cumpliendo con los requisitos intrínsecos y extrínsecos que más adelante estudiaremos.

Como vimos, en el nuevo régimen ya no es necesario inscribirse en el Registro para poder habilitar los libros de comercio. La antigua exigencia de estar inscripto en la matrícula para poder certificar los libros de comercio, ha quedado claramente derogada, por cuanto el art. 51 de la Ley 16.781 – que dispone respecto de la certificación de libros – no se refiere a ella entre los requisitos que enumera.

c. Solicitud de concordatos

El concordato es un acuerdo entre el deudor y sus acreedores para solucionar el estado de cesación de pagos que de continuar llevará al deudor a la quiebra. Hay muchos tipos de concordatos. El comerciante matriculado puede pedirlos todos. El no matriculado sólo puede solicitar el concordato privado que ofrece condiciones menos ventajosas que las restantes modalidades de soluciones preventivas. Para RODRÍGUEZ OLIVERA, este beneficio se mantiene igual que en el régimen anterior.

   3. Ejercicio de actos de comercio

La otra condición exigida por el artículo 1º del Código de Comercio, es el ejercicio de actos de comercio. Se es comerciante en función de la realización de actos de comercio. Sin embargo, no basta el ejercicio de cualquier acto de comercio de los enumerados por la Ley. Es necesario que la realización de los actos sea efectuada de determinada manera. Esto es deben ser ejercidos de cuenta propia y haciendo de ello la profesión habitual.

a. Actuación de cuenta propia

Significa que los efectos de los actos que realice el comerciante deben recaer sobre su persona y su patrimonio. No es necesario que los actos sean realizados personalmente ya que el comerciante puede actuar representado por el factor. La actuación por

 cuenta propia es lo contrario a la actuación por cuenta ajena. Cuando se actúa por cuenta ajena, se está actuando por cuenta de otra persona. Los efectos de esta actuación recaerán sobre esa otra persona. Es el caso del factor cuando realiza actos de comercio representando a su principal.

b. Profesión habitual
El artículo 2 del Código, sólo confiere la calidad de comerciante a quien hace del comercio una profesión. Por profesión se entiende la aptitud derivada de la posesión de un conjunto de conocimientos o de cierta habilidad, que puede existir en forma potencial, sin ser efectivamente ejercida. En el caso del comerciante, su habilidad debe ser ejercida, no basta la sola aptitud. Por ello el Código requiere la habitualidad. El hábito consiste en la repetición de actos de la misma especie. Los términos usados por el legislador se entienden complementarios: sólo se adquiere la calidad de comerciante con el ejercicio de actos de comercio, en forma habitual y haciendo de tal ejercicio e medio de obtener recursos para vivir (profesión).
 

II. Agentes auxiliares del comercio

El Código clasifica a las personas que actúan en el comercio en dos grandes categorías: el comerciante y los agentes auxiliares del comercio. Al comerciante dedica el primer título y a los agentes el tercero.

Este especial destaque de los agentes auxiliares, se debe a la importancia que revisten los auxiliares para el comercio. La complejidad del comercio siempre ha obligado a los comerciantes a recurrir a personal especializado y especialmente capacitado, que lo auxilie en la tarea de dirigir un establecimiento comercial y lo complemente en el ejercicio del comercio. 

El comerciante puede realizar la actividad comercial por sí mismo, sólo en tanto el volumen de sus negocios sea reducido, pero aun en ese caso, frecuentemente ha de necesitar de otras personas que le presten su colaboración. La asistencia que recibe de los auxiliares es de diversa naturaleza como, también, son diversos los vínculos contractuales que unen al comerciante con sus colaboradores.

Como consecuencia de la complejidad creciente del comercio, se han diversificado las actividades accesorias, a las cuales se dedican profesionalmente determinadas personas. También, la intensidad del tráfico comercial y la necesidad de buscar nuevos mercados para la negociación de productos, impone el uso de figuras auxiliares.

A. Concepto

El Código de Comercio no define al agente auxiliar de comercio. En lugar de ello, el legislador enumeró los sujetos que consideró debían ser calificados como agentes auxiliares, en su artículo 88:

“Son considerados agentes auxiliares del comercio, y como tales, sujetos a las leyes comerciales, con respecto a las operaciones que ejercen en esa calidad:

1º. Los corredores.

2º. Los rematadores o martilleros.

3º. Los barraqueros y administradores de casas de depósito.

4º. Los factores o encargados, y los dependientes de comercio.

5º. Los acarreadores, porteadores o empresarios de transporte”.  

De la enumeración que acabamos de transcribir y del contexto legal, se puede inferir que el Código considera auxiliares a aquellas personas que realizan como profesión habitual, actividades que no suponen su participación en la intermediación por cuenta propia entre la oferta y demanda de mercaderías, pero que, a pesar de ello, cumplen con una función instrumental accesoria a la intermediación.

Algunos de los sujetos enumerados por la Ley como auxiliares, son simples mediadores entre la oferta y la demanda (corredores y rematadores). Otros prestan un servicio complementario esencial para la intermediación comercial (depositarios y transportistas). Otros participan en la intermediación pero por cuenta del principal (factores y dependientes).

Con todo, es importante señalar la importancia que tiene esta calificación legal. En efecto, el Código señala que  los sujetos calificados como agentes auxiliares del comercio están sujetos a un estatuto especial, regulado por las leyes comerciales. La aplicación de este Derecho especial tiene un límite: sólo es aplicable a los auxiliares del comercio en lo que respecta a las operaciones que ejercen en esa calidad. Esto es, sólo se aplica el Derecho Comercial al rematador, en lo que respecta al acto de remate. Recordemos que el remate es un acto de comercio.

Finalmente, no sólo son auxiliares los que enumera el Código. En la práctica aparecen otras categorías de comerciantes que actúan como auxiliares de otro u otros comerciantes. Damos como ejemplo, los agentes. El agente es un comerciante que tiene una casa de comercio en una ciudad y recibe encargo de venta de bienes. Se organiza para recibir y cumplir encargos, generalmente en régimen de exclusividad.

B. Clasificación

El Código no contiene una clasificación de auxiliares propiamente dicha. Sólo se enumera las personas que, a criterio del legislador, son considerados agentes auxiliares del comercio.

La doctrina sí se ha encargado de clasificar a los agentes auxiliares del comercio. Hay tantas clasificaciones como autores se han encargado del tema. Así, hay autores que clasifican a los auxiliares en comerciantes y no comerciantes atendiendo a la definición de comerciante. 

Otros, en cambio, prefieren clasificarlos atendiendo principalmente a su poder de representación. De esta forma clasifican a los auxiliares en auxiliares con poder de representación y auxiliares sin poder de representación.

Finalmente, todos los autores recurren a un criterio distintivo sumamente importante: la subordinación. La subordinación es el elemento fundamental que determina la existencia de un contrato de trabajo. Básicamente, es la posibilidad de que el empleador imprima cuando lo crea necesario o conveniente, una cierta dirección a la actividad del trabajador. Atendiendo a la subordinación, los agentes auxiliares del comercio pueden ser clasificados en: auxiliares dependientes y auxiliares autónomos.

1. Auxiliares Dependientes

Los auxiliares dependientes, son personas vinculados con el comerciante por un contrato laboral, con funciones más o menos extensas de representación del principal. La dependencia laboral supone, principalmente, la subordinación de los dependientes frente al comerciante. La subordinación se constata fundamentalmente por la presencia de diferentes circunstancias preestablecidas en el contrato de trabajo como, por ejemplo, el cumplimento de un horario, el desarrollo de una actividad determinada en un lugar específico de trabajo, sometimiento directo al jerarca y acatamiento de las órdenes de éste.

Son auxiliares dependientes el factor o gerente, y los dependientes propiamente dichos, así como los viajantes y vendedores de plaza.

2. Auxiliares autónomos

Los auxiliares de comercio autónomos, son aquellos sujetos que no se relacionan con el comerciante mediante un contrato de trabajo. No se encuentran en condiciones de subordinación ni dependencia de clase alguna. Estos sujetos desarrollan su actividad con absoluta independencia. Su actuación es externa al establecimiento comercial por lo cual no cumplen un horario y no tienen establecido un lugar específico de trabajo. Al no estar vinculados al comerciante por un contrato de trabajo, le son ajenas las prerrogativas laborales como la indemnización por despido, el salario vacacional y el aguinaldo.

Son auxiliares independientes los siguientes sujetos: los corredores, los rematadores, los barraqueros, los administradores de casas de depósito y los empresarios de transporte [2]. En Derecho Marítimo, dentro de esta categoría, se incluyen los agentes marítimos, despachantes de aduana, proveedores marítimos. En Derecho Aeronáutico, encontramos categorías similares: agentes aeronáuticos y proveedores.

C. Consideración particular de los auxiliares dependientes


1. Factor o gerente

El Código de Comercio define al factor en el artículo 133, inciso 1: “Se llama factor a quien un comerciante encarga la administración de sus negocios, o la de un establecimiento particular”. Por lo dispuesto en el artículo 133, es factor tanto aquél a quien se le encarga la administración de todos sus negocios como aquél a quien se le confiere la administración de un establecimiento. Esta última, sería la hipótesis, por ejemplo, de un comerciante con varios establecimientos, que podría colocar al frente de cada uno un factor sin perjuicio de tener un factor a cargo de todos sus negocios en general.

a. Fuente de las obligaciones del factor: el mandato institorio

Los artículos 136 y 147, caracterizan al factor como un representante del comerciante. El artículo 136, en su inciso 10 establece: 

“Los factores constituidos con cláusulas generales se entienden autorizados para todos los actos que exige la dirección del establecimiento”. 

El artículo 147 dispone en su inciso 1: 

“Sólo tiene el carácter legal de factor para las disposiciones de esta sección, el gerente de un establecimiento comercial o fabril, por cuenta ajena, autorizado para administrarlo, dirigirlo y contratar sobre las cosas concernientes a él, con más o menos facultades, según haya tenido por conveniente el propietario”. 

La fuente de las facultades de representación del factor se encuentra en el denominado “mandato institorio”. El factor no es un simple mandatario. El mandato al factor es un mandato reglamentado en forma especial por el Código de Comercio con normas que lo separan del mandato común. Por otra parte, la Ley le acuerda al factor facultades de representación, aun en el silencio del contrato (Decreto Ley  de Títulos Valores 14.701).

b. Comparación con el mandato común

En primer lugar, el mandato institorio difiere del mandato común en cuanto a su contenido. En el mandato institorio lucen solamente las limitaciones a las facultades del factor. El factor, entonces, tiene amplias facultades para la administración del establecimiento del principal (art. 136). Las limitaciones deben ser establecidas expresamente. En el mandato común, en cambio, se deben señalar las facultades que se otorgan.

En segundo lugar, el mandato instorio permite al factor, en los casos del art. 139, no invocar el nombre del principal e igualmente obligarlo. En el mandato común, si el mandatario no invoca el nombre de su mandante no lo obliga en ningún caso (art. 2.068 C.C. y art. 314 C.Com.).

En tercer lugar, el mandato institorio no es delegable. El factor no puede delegar sus funciones sin autorización para ello (art. 162). El mandatario común puede delegar salvo que se le prohíba.

En cuarto lugar, el mandato común se extingue por muerte del mandante; en el caso del mandato institorio no se da esta causal de extinción (art. 145). Es causa especial de extinción del mandato institorio, la venta del establecimiento. En cambio no se extinguen, por ese hecho, los mandatos comunes otorgados.

c. Facultades conferidas al factor

* Representación legal para la firma de títulos valores

Para firmar títulos valores, la Ley requiere mandato con facultades suficientes. Como excepción, el artículo 23 del Decreto Ley 14.701 establece: 

“Los administradores o gerentes de sociedades o de establecimientos comerciales se reputarán autorizados por el solo hecho de su nombramiento, para suscribir títulos-valores a nombre de las entidades que administren”. 

Se trata de un caso de representación acordada por Ley, aunque el mandato no lo estipule.

*  Facultades para actuar en juicio

En algún momento cierta doctrina entendió que la facultad de actuar en juicio debía entenderse implícita en el mandato al factor. Vale decir que, aunque nada se dijera, el factor tenía naturalmente esa facultad.

Sin embargo, no es ésta la posición correcta. De  acuerdo al Código General del Proceso, para actuar en juicio se requiere poder especial para pleitos otorgado en escritura pública (art. 38 C.G.P.), requiriéndose, además, la calidad de abogado o de procurador. Si no se tiene tal calidad debe conferírsele las facultades para sustituir en un abogado o procurador. En consecuencia, no puede el factor actuar en juicio, salvo que se reúnan las calidades referidas.

d. Formalidades del contrato

El Código de Comercio impone dos exigencias formales a las que está sometido el mandato al factor. Esas exigencias son: autorización especial, prevista en el artículo 134, inciso 2, e inscripción en el Registro de Comercio, que surge del inciso 2 del artículo 134 y, expresamente, del artículo 47, inciso 3.

Del mencionado artículo 134 resulta que la autorización debe darse por escrito. No se requiere escritura pública, basta documento privado, ya que la Ley no impone solemnidades especiales.

Tal como lo expresa Mezzera Álvarez, con el calificativo especial se quiere significar que la autorización debe estar destinada concretamente a designar una persona como factor, no debiendo tomarse por oposición al término “general”. No quiere decir que la autorización sea especial por oposición a general, puesto que, según hemos visto, la representación que tiene el factor es amplísima y las limitaciones que quieran imponerse deben resultar de textos expresos.

La Ley Registral 16.871 deroga la obligación de inscribir poderes. Se ha considerado, en consecuencia, que debería entenderse que, a partir de esta ley, los artículos antes mencionados y relacionados con la inscripción del mandato al factor en el Registro de Comercio habrían quedado derogados.

La Ley 16.871 sólo dispone la inscripción de las modificaciones y revocaciones, renuncias, sustitución, limitación de poderes en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Mandatos y poderes. La inscripción de esos actos es para atribuirles efectos frente a terceros.

Corresponde advertir, sin embargo, que el segundo inciso del artículo 41, al mencionar lo que considera que no debe inscribirse, menciona a los mandatos y poderes, a los submandatos y a las ampliaciones de mandatos. Se omite la referencia al mandato institorio.

Podría entenderse que la omisión se debe a que considera al mandato institorio una especie de mandato. Sin embargo, en el inciso primero del artículo 41 no se lo consideró así, puesto que le refiere al mandato institorio expresamente.

e.  Forma de actuación

El factor debe actuar invocando el nombre del principal en cuya representación actúa (art. 137). Siendo así, los actos celebrados por el factor obligan al mandante (art. 138). Aun cuando no declarase que actúa en nombre del principal, si se da cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 139, su actuación produce los mismos efectos.

Cuando el factor actúa a nombre propio, el principio es que se obliga personalmente, porque se entiende que contrató a título personal; pero aun en esta hipótesis debemos distinguir dos situaciones. Si actuó a nombre propio, se obliga personalmente (art. 140, inc. 1). Si actuó a nombre propio pero por cuenta de su principal, el tercero que prueba esa circunstancia podrá opcionalmente actuar contra el factor o contra el principal que quedará obligado (art. 140, inc. 2).

* Actuación con invocación del poder

Siendo un mandatario con facultades de representación, al tratar cualquier negocio debe invocar el nombre del mandante y al firmar debe expresar que firma con poder. Tal exigencia es necesaria en general, para que exista representación. No basta tener poder para representar, es necesario que el representante haga saber a los terceros con quien trata, que celebra el negocio por cuenta de otra persona. El principio es reiterado para el factor en el artículo 137.

No se exigen fórmulas sacramentales. Basta, por ejemplo, la mención “por poder” u otra equivalente o bien expresando en la comparecencia del contrato o a continuación de la firma, el carácter de gerente o apoderado. Lo importante es que del documento resulte para terceros la representación invocada.

El artículo 140 inciso 1, consagra el principio general de que quien actúa en nombre propio se obliga personalmente. Lo mismo el artículo 314 para el mandato comercial común.

 * Actuación sin invocación del poder

Sin embargo, el Código de Comercio prevé distintas situaciones en que, aunque el factor no invoque el poder, obliga al principal. Por el artículo 139, el factor obliga al principal aún cuando actúe sin invocar el mandato, si se trata  de contratos que recaen sobre objetos comprendidos en el giro del establecimiento. Si se trata de un  objeto extraño al giro, pero se prueba que hubo orden del principal o se prueba que éste aprobó su gestión expresa o tácitamente, el principal queda también vinculado.

Por otra parte, el artículo 140, inciso 1, establece: 

“Fuera de los casos prevenidos en el artículo precedente, todo contrato celebrado por un factor en nombre propio, le obliga directamente hacia la persona con quien contratare”.

Luego, en el artículo 140, inciso 2, se dispone: 

“Sin embargo, si la negociación se hubiere hecho por cuenta del comitente del factor, y el otro contratante lo aprobare, tendrá opción de dirigir su acción contra el factor o contra su principal; pero no contra ambos”.

Donde la norma transcripta dice “aprobare” debe entenderse que se quiso decir “probare”. Se incurrió en un error de copia, por cuanto el Código español, fuente del artículo, establecía la expresión probare, que fue mal copiada por el Código argentino primitivo.

El factor actúa en nombre propio, pero por cuenta de su principal; en tal caso, si el tercero prueba que la operación se concertó en interés del principal, tiene opción para dirigir su acción contra uno u otro. No tiene acción contra ambos. El tercero debe elegir el destinatario de su acción.

f. Estatuto del factor

* Derechos del factor

El factor es un mandatario mercantil. Los mandatos pueden ser gratuitos u onerosos; pero, a falta de previsión en el contrato, se presume que es oneroso, porque así lo dispone el artículo 296, inciso 5, que contiene una norma general sobre interpretación de los contratos y establece que los contratos comerciales siempre se presumen onerosos. Por lo tanto, el factor tiene derecho a la remuneración por su trabajo.

Por otra parte, habíamos dicho que el factor asume un múltiple carácter y que, además de ser mandatario, es empleado y, por lo tanto, tiene derecho a remuneración, de acuerdo a normas de derecho laboral. El salario podrá consistir en un sueldo fijo o en un sueldo más una habilitación (participación en las ganancias). Además, tiene derecho a aguinaldo, a sueldo anual complementario y licencias pagas y al salario vacacional.

Existen algunas normas especiales en cuanto al salario. El  artículo 1.732, en el inciso cuatro, establece que tienen privilegio: 

“Los salarios de los dependientes, obreros y criados, por lo que se les adeude correspondiente a los seis meses anteriores a la fecha de la declaración de la quiebra”. 

Es decir que, en caso de quiebra, el factor cobra su salario con preferencia, respecto de otros acreedores. En materia de prescripción, el artículo 1.023, inciso 1, establece un plazo corto de seis meses, pero  entendemos que esta norma está derogada por el Derecho Laboral.

En cuanto a la indemnización por despido, las normas del Código de Comercio están derogadas por las leyes laborales. Pueden entenderse aplicables, las normas que explicitan situaciones en que se puede justificar un despido. Incluso podría sostenerse la vigencia de alguna norma como el artículo 156 del Código de Comercio que atribuyen derechos al factor o dependiente y que podrían considerarse suplementarios de los previstos por normas laborales.

Además de la indemnización por despido, el artículo 157 establece una indemnización por los daños sufridos por el factor o dependiente, que deberá fijarse por arbitradores. Está establecido por el artículo 157: 

“Si en el servicio que preste al principal aconteciere al factor o dependiente algún daño o pérdida extraordinaria, será de cargo del principal la indemnización del referido daño o pérdida, a juicio de arbitradores”. 

Podría discutirse si esta norma está derogada por las leyes laborales y de seguridad social. Puede entenderse que se agrega a las compensaciones previstas en el orden laboral.

* Obligaciones y deberes del factor

La principal obligación del factor es el cumplimiento del encargo conferido: administrar el establecimiento de su principal, haciendo uso de las facultades conferidas por el poder y por la Ley. La Ley enumera distintos deberes que deben ser observados por el factor.

El artículo 146 establece: 

“Los factores observarán, con respecto al establecimiento que administren, las mismas reglas de contabilidad que se han prescrito generalmente para los comerciantes (arts. 55 y siguientes)”. 

Se trata de una obligación obvia. Si el factor sustituye al principal en la administración del establecimiento, está obligado a llevar la contabilidad en la misma forma que si fuera el principal. En caso de incumplimiento del factor, las consecuencias recaerán en el principal, quien, por ejemplo, en caso de quiebra sufrirá las consecuencias de la calificación de fraudulenta de acuerdo con el artículo 1.662, inciso 8.

El factor tiene el deber de fidelidad para con su principal. En virtud de ese deber, recaen sobre el factor diversas prohibiciones, las que están expresamente establecidas en el artículo 142, inciso 1. No puede negociar por cuenta propia en operaciones del mismo género que el explotado por su principal. En otros términos, no puede hacer competencia a su principal, competencia que sería desleal, pues se aprovecharía de su posición para obtener ventajas.

Tampoco puede tomar interés en negociaciones del mismo género, esto es, no puede participar de ningún modo en estas negociaciones, aun cuando no intervenga personalmente sino a través de una sociedad, sea ésta de tipo personal o no (por ejemplo: una sociedad anónima). Ambas actividades prohibidas las podría realizar sólo con autorización expresa del principal.

El factor que incumple con estas prohibiciones que la Ley le impone, será pasible de dos sanciones, también, establecidas por la Ley. En primer lugar, las utilidades que perciba serán para el principal, que no responderá por las pérdidas (art. 142, inc. 2). Pierde las utilidades que haya generado el negocio; pero sufre las pérdidas, es decir, que traslada al principal las ganancias aunque no las pérdidas.

En segundo lugar, se configura una causal de despido, aun cuando hubiere plazo pendiente (art. 161, inc. 3). El artículo 171 prevé, también, la posibilidad de un despido sin indemnización, en el caso que haya negociado por cuenta propia o ajena (n. 3).

El factor no puede delegar su mandato. Solamente podrá sustituir si tiene autorización escrita del principal. Así lo establece expresamente el artículo 162. Si el factor tiene autorización para sustituir, puede delegar ciertos encargos. Si lo hiciere, no mediando autorización escrita del principal, será directa y personalmente responsable por los actos de los sustitutos y las obligaciones que hubieren contraído.

El régimen del mandato comercial común es distinto. El principio es inverso aunque las consecuencias son similares. El artículo 320 del Código de Comercio establece que el mandatario puede sustituir siempre que el mandante no se lo haya prohibido; pero responde de los actos del sustituto en dos circunstancias: cuando no se le hubiere dado facultad de sustituir y cuando el sustituto sea notoriamente incapaz o un insolvente.

*  Responsabilidad del factor

El tema de la responsabilidad tiene dos vertientes: la responsabilidad del principal por los actos del factor y la responsabilidad de los propios factores frente a sus principales y frente al fisco.

En cuanto a la responsabilidad del principal por los actos del factor, el artículo 138, inciso 1, dice así:

  “Tratándose en los términos que proviene el artículo antecedente, todas las obligaciones que contraen los factores recaen sobre los comitentes”. 

Esta norma contiene una aplicación del principio general en materia de representación: si los efectos de los actos celebrados por el factor recaen sobre el principal, es éste quien debe soportar, con su patrimonio, las consecuencias de esos actos. Sin embargo, el inciso 2, contiene una precisión: 

“Las acciones que se intenten para compelerles a su cumplimiento, se harán efectivas en los bienes del establecimiento y no en los propios del factor, a no ser que estén confundidos con aquellos de tal modo, que no puedan fácilmente separarse”.

La precisión referida introduce una modificación al principio, estableciendo que, también, los bienes del factor quedan afectados cuando están confundidos con los bienes del principal. Si en el establecimiento del comerciante hay bienes del factor, confundidos con los del principal, la apariencia creada es de que todos ellos son del principal. En consecuencia, el tercero puede accionar contra esos bienes del factor y éste no podrá alegar que son suyos para eludir el accionamiento. En la hipótesis, el factor ha creado una apariencia y debe sufrir las consecuencias de ello.

El fundamento de esta excepción es la protección del interés de los terceros que no están en condiciones de discernir a quién pertenecen los bienes que se encuentran dentro del establecimiento, así como evitar acuerdos entre principal y factor tendientes a disminuir la solvencia del primero en perjuicio de sus acreedores.

Si el mandatario actúa fuera de los límites del objeto que se le encomienda,  actúa con exceso de poder y no obliga a su mandante. Es de aplicación al factor la norma general sobre mandato contenida en el artículo 308 que dice así:

“El mandante responde por todos los actos del mandatario, siempre que sea dentro de los términos del mandato.

No está obligado por lo que se ha hecho excediendo el mandato, sino en cuanto lo haya ratificado expresa o tácitamente”.

En el caso del factor, cuyo poder es amplio, el exceso se cometería con la celebración de actos fuera del giro o contrariando una restricción expresa. El artículo 143, inciso 1, contiene una norma clara. Dice así:

“Los principales no quedan exonerados de las obligaciones que a su nombre contrajeran los factores, aun cuando prueben que procedieron sin orden suya en una negociación determinada, siempre que el factor estuviese autorizado para celebrarlo, según el poder en cuya virtud obre y corresponda aquella al giro del establecimiento que está bajo su dirección”.

Aplicando esta norma, si el factor actuó sin orden del principal en una operación determinada, siempre que ella esté comprendida en el giro y el factor estuviere facultado para celebrarla, el principal queda igualmente obligado. En este caso la norma tutela a terceros que están a la letra del mandato. El mandante no puede variar con una orden suya la autorización dada en el poder.

Existe abuso de poder cuando un mandatario celebra un negocio dentro de los límites del mandato pero en forma ilícita para sacar provecho para sí. En este caso el mandante queda vinculado frente a terceros.

El mandante no puede alegar un abuso de los poderes para excusarse y decir que no es responsable; responde igual. El artículo 143, inciso 2, establece

“No pueden sustraerse del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los factores, a pretexto de que abusaren de su confianza o de las facultades que les estaban conferidas, o de que consumieren en su provecho los efectos  que adquirieron para sus principales, salvo su acción contra los factores, para la indemnización”. 

Esta norma prevé expresamente ciertas hipótesis de abuso del poder en que el principal queda de todos modos vinculado por actos del factor. El mandatario actúa dentro de los límites de su mandato, pero contrariando los fines para los cuales se le confirió, como por ejemplo, para obtener un provecho personal o para beneficio de un tercero. En estos casos el mandante responderá frente a terceros, por esos actos celebrados por el factor con abuso de poder.

Supongamos que el factor compra bienes y, en vez de ponerlos en el establecimiento, se los lleva para su casa. El precio de la venta de esos bienes lo debe el principal, porque el factor actuó dentro de su giro y lo vinculó.

Es diferente al caso en que el factor actúa con exceso de poder. Cuando el mandatario excede el poder, cuyo alcance debe ser conocido por los terceros, no obliga al mandante; pero si abusa del poder, el mandante sigue obligado porque él debe sufrir las consecuencias de su mala elección.

En cuanto a las multas en que incurriere el factor, el artículo 144 establece: 

Las multas en que incurriere el factor, por contravención a las leyes o reglamentos fiscales, en la gestión de los negocios que le están encomendados, se harán efectivas en los bienes que administren salvo el derecho del propietario contra el factor, si fuere culpable en los hechos que dieren lugar a la multa.

El factor que ha contravenido leyes o reglamentos está cometiendo una actividad ilícita; pero el principal no puede alegar que le encomendó que actuara de acuerdo a normas de derecho y que no se le dio mandato para violar leyes, para no quedar obligado por los actos del mandatario. En esa hipótesis, el mandante queda igual vinculado, porque la violación de la Ley se cometió en ocasión de ejecutar el negocio que se le había encomendado, un negocio comprendido dentro del giro.

La norma es aplicación del principio general, antes enunciado, sobre abuso de poder. En la hipótesis en análisis se ha configurado un abuso. Se agrega la posibilidad de que el principal repita contra el factor culpable.

En cuanto a la responsabilidad de los factores, el artículo 155 establece: 

“Los factores y dependientes de comercio son responsables a sus principales de cualquier daño que causen a sus intereses por malversación, negligencia o falta de exacta ejecución de sus órdenes o instrucciones, quedando sujetos en el caso de malversación a la respectiva acción criminal”. 

El artículo 144 da derecho al principal a repetir contra el factor culpable por las multas aplicadas por violación de leyes o reglamentos fiscales.

Los artículos 21 y 104 del Código Tributario disponen su responsabilidad civil y penal en materia tributaria. Artículo  21:

(Solidaridad de los representantes). Los representantes legales y voluntarios que no procedan con la debida diligencia en sus funciones, serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias que correspondan a sus representados. Esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que administren o dispongan, salvo que hubieren actuado con dolo”.

El artículo 104, dentro del capítulo de Infracciones y Sanciones, establece:

“(Responsabilidad de las entidades). Las personas jurídicas y las demás entidades podrán ser sancionadas por infracciones sin necesidad de establecer la responsabilidad de una persona física.

Sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria de la persona o entidad, sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios, serán sancionados por su actuación personal en la infracción”.

2. Dependientes propiamente dichos

El dependiente es un empleado al que el comerciante acostumbra encomendar tareas en su comercio, otorgándole sólo en algunos casos, ciertas facultades de representación (art. 147, inc. 2). Jerárquicamente está por debajo del factor.

El dependiente se distingue del obrero y de los empleados por las tareas a su cargo. La relación del dependiente con el principal está regulada por el Derecho Comercial y, también, por el Derecho Laboral.

No son auxiliares del comercio, los obreros, porteros, choferes, limpiadores, realizan tareas materiales; los empleados de escritorio prestan servicios intelectuales pero no tienen nunca facultades de representación. El obrero y el empleado escapan al ámbito del Derecho Mercantil. Su situación está regida por el Derecho Laboral exclusivamente.

La diferencia fundamental entre el factor y el dependiente es en cuanto a las facultades de representación. El factor, según vimos, está dotado de amplias facultades de representación. El dependiente, en cambio, prestará fundamentalmente servicios de carácter material. El principal, por contrato, puede darles determinadas facultades. Si no hay facultades otorgadas por poder expreso, el dependiente tendrá sólo las facultades de representación dispuestas legalmente en los artículos 149 y 152.

a. Contrato del Principal con el Dependiente

Del contrato que se celebra entre principal y dependiente surge, en primer término, una relación laboral. El dependiente promete prestación de servicios y el principal se obliga a pagarlos. Esos servicios se prestan en relación de dependencia. Puede incorporarse a la relación un mandato con facultades especiales y hay, además, una representación impuesta por la Ley, aun cuando no exista mandato entre principal y dependiente.

Cuando el comerciante confiere facultades de administración al dependiente debe documentarlo. Así lo dispone el artículo 148 con una remisión a las normas del factor. La escritura puede ser pública o privada. Debe inscribirse en el Registro de Comercio. La exigencia del Registro se elimina en la Ley 16.871. Sólo se debe registrar la cancelación o la modificación de los mandatos[1].

El artículo 150 contiene una previsión especial para el caso en que el comerciante quiera autorizar a un dependiente a realizar ciertas operaciones de su giro con eficacia respecto de personas determinadas con las cuales tiene relaciones comerciales. Para este caso basta con que lo comunique por una circular. En esa hipótesis, los contratos que el dependiente celebre, obligan al principal en sus relaciones con las personas a quienes se remitió la circular. La misma previsión rige para el caso en que se quiera autorizar al dependiente a firmar correspondencia que vincule al principal con determinadas personas.

* Facultades de representación conferidas por el principal

Como principio general, los dependientes tienen ciertas facultades de representación limitadas, acordadas por la Ley y pueden tener facultades de representación resultantes de un mandato expreso del principal. El principal puede conferirles autorización expresa para ciertas operaciones (arts. 147 y 148). El artículo 147 en el primer inciso se refiere al factor. Luego, en el segundo inciso establece: “Los demás empleados con salario fijo, que los comerciantes acostumbran emplear, como auxiliares de su tráfico, no tienen la facultad de contratar y obligarse por sus principales, a no ser que tal autorización les sea expresamente concedida, para las operaciones que con especialidad les encarguen, y tengan los autorizados la capacidad legal necesaria para contratar válidamente”.

El artículo 148 dice:

“El comerciante que confiera a un dependiente de su casa el encargo exclusivo de una parte de su administración, como el giro de letras, la recaudación y recibo de capitales bajo firma propia, u otras semejantes en que sea necesario firmar documentos que produzcan obligación y acción, está obligado a darle autorización especial para todas las operaciones comprendidas en el referido encargo, la que será anotada y registrada en los términos prescriptos en el artículo 134.

No será lícito por consiguiente, a los dependientes de comercio girar, aceptar ni endosar letras, poner recibo en ellas, ni suscribir ningún otro documento de cargo ni de descargo sobre las operaciones de comercio de sus principales, a no ser que estén autorizados con poder bastante legítimamente registrado”.

Se trata, como se puede apreciar de los textos citados, no de autorizaciones generales sino especiales para ciertos actos. El artículo 147 usa el término especialidad y el artículo 148 da ejemplos: giro de letras, recaudación o recibo de capitales. No es forzoso que estas operaciones se individualicen una por una. Se puede conferir a un dependiente el encargo exclusivo de una parte de la administración del establecimiento como, por ejemplo, autorización genérica para girar letras o para cobrar sumas y otorgar recibos correspondientes (art. 148). Lo esencial es que el poder indique el tipo de las operaciones comprendidas en el encargo.

* Facultades conferidas por la Ley

En distintas normas se prevé un régimen de facultades y atribuciones legales.

El artículo 149 autoriza a los dependientes a recibir importes adeudados: “Sin embargo, de lo prescrito en el artículo precedente, todo portador de un documento en que se declare el recibo de una cantidad adeudada, se considera autorizado a recibir su importe”. En este caso, el dependiente actúa como un mero mensajero. Lleva el recibo firmado por el principal con lo cual el tercero queda liberado, entregándole dinero a cambio de ese recibo. La norma dice "todo portador", con lo cual se aplica a cualquier empleado y no necesariamente a un dependiente.

El artículo 152, inciso 1, autoriza a los dependientes para cobrar y expedir recibos: “Los dependientes encargados de vender por menor en tiendas o almacenes públicos, se reputan autorizados para cobrar el precio de las ventas que verifiquen y sus recibos son válidos, expidiéndolos a nombre de sus principales”. La Ley confiere al dependiente una representación limitada para vender y recibir el pago de ventas y para firmar recibos a nombre de sus principales por operaciones realizadas dentro del establecimiento.

Cuando el dependiente realiza sus funciones dentro del establecimiento, se supone que actúa bajo la vigilancia del principal. Por ello, se le presume autorizado para celebrar todos los actos que habitualmente se cumplen en el lugar que se le ha asignado. El público que entra en un establecimiento no tiene por qué averiguar qué poderes han sido conferidos al dependiente que lo atiende, siempre que se desempeñe como es habitual en la vida de los negocios, en el tipo de negocios de que se trate. Si el principal quiere restringir el poder conferido por la Ley, debe hacerlo saber al público, mediante publicidad adecuada dentro del local. Por ejemplo, un aviso visible que diga: "pagos en caja". Con ello se quita a ciertos dependientes las facultades de cobrar y se indica cuál de ellos puede cobrar y dar recibo. El dependiente detrás de la caja podrá recibir pagos y firmar el recibo correspondiente.

El artículo 152, inciso 2, dice así: “La misma facultad tienen los dependientes que venden en los almacenes por mayor, siempre que las ventas sean al contado, y el pago se verifique en el mismo almacén; pero cuando las cobranzas se hacen fuera de éste, o proceden de ventas hechas a plazo, los recibos serán necesariamente suscritos por el principal, su factor o legítimo apoderado constituidos para cobrar”. La norma se refiere al dependiente en almacenes por mayor: sólo le faculta para recibir precio en ventas al contado y cuyo pago se realice en el almacén. Esto es, siempre bajo la vigilancia del principal. A contrario sensu de lo dispuesto por el artículo 152, inciso 2, se interpreta que el dependiente del comercio minorista podrá cobrar ventas al contado y ventas al fiado. Se argumenta que la restricción para el dependiente del comercio mayorista se funda en que se supone un mayor volumen económico de las transacciones comerciales en este caso. Una venta al fiado en negocio por mayor supone conceder crédito de mayor entidad.

Del artículo 154 surge la facultad para recibir mercadería: “Siempre que un comerciante encarga a un dependiente del recibo de mercaderías compradas, o que por otro título deban entrar en su poder, y el dependiente las recibe sin objeción ni protesta, se tiene por buena la entrega, sin que se le admita al principal reclamación alguna, a no ser en los casos prevenidos en los artículos 546, 548, 1255 y 1256”. Si el comerciante encarga a un dependiente la recepción de mercaderías, el dependiente está autorizado por ley para formular las observaciones que correspondiese. Si no las hace se tiene por bien efectuada la entrega, sin que el principal pueda luego hacer reclamo. Es un caso de representación para ejercitar actos conservatorios.

En el artículo 154 hay excepciones a la regla; pero no constituyen excepciones al principio de la representación conferida, sino excepciones a la inadmisibilidad de una reclamación posterior. En los artículos referidos se admite la reclamación posterior pero con carácter general, con prescindencia de que la recepción de mercadería hubiese estado a cargo del principal o de un dependiente.

b. Estatuto del Dependiente

Los derechos de los dependientes son similares a los analizados para el factor. El dependiente no puede realizar negocios por cuenta propia o ajena sin autorización del principal (art. 161). El dependiente no puede delegar (art. 162). Su responsabilidad tiene un régimen similar al del factor, pues se le aplica el artículo 155.

El dependiente debe actuar invocando el nombre del principal (arts. 151 y 137). Si no lo hace no lo vincula. Sus actos vinculan y obligan al principal, de igual modo que se analizó respecto al factor (el art. 151 remite a los 138, 140, 143 y 144).

 

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