El
vale como título ejecutivo
Por Nuri Rodríguez
Olivera y
Carlos López Rodríguez
El vale presenta particularidades bastante
significativas que lo destacan del resto de los documentos privados, incluso de
aquellos que contienen la obligación de pagar una cantidad líquida y exigible.
Reseñaremos estas particularidades a continuación.
I. Presunción de
autenticidad del vale
En
el Código General del Proceso, el instrumento privado que contiene la obligación
de pagar una suma líquida y exigible, es título ejecutivo siempre que la firma
sea reconocida o dada por reconocida ante el tribunal competente (art. 353).
En cuanto al vale, no es necesario el
previo reconocimiento de firma por el obligado
(art. 124 Decreto Ley 14.701). El vale se
presume auténtico. Se admite la prueba en contrario pero esa prueba en contrario se efectuará en
el período de prueba del juicio ejecutivo, si el obligado dedujo excepción de
falsedad.
El
artículo 124 establece:
"Los vales,
pagarés o conformes se presumirán auténticos, sin perjuicio de la prueba
contraria, y... sin necesidad... de
diligencia judicial de reconocimiento de firma."
II. Innecesariedad del
protesto para constituir un título ejecutivo
En
el Decreto Ley 14.701, la letra es título
ejecutivo si se protesta. El cheque es título ejecutivo si tiene la constancia
del rechazo puesta por el banco, que equivale al protesto (Decreto Ley 14.412).
El
vale, a diferencia de los documentos antes mencionados, es título ejecutivo
sin protesto
(art. 124 Decreto Ley 14.701).
El
artículo 124 establece: "Los vales,
pagarés o conformes... constituirán títulos ejecutivos
sin necesidad de protesto...".
A. ¿Contra quién se tiene título ejecutivo?
Nos
preguntamos: pero se tiene título ejecutivo ¿contra quién? ¿contra el
librador? ¿y contra los
endosantes? ¿y contra los avalistas?
1.
Posición de Teitelbaum sobre
la necesidad de citar a reconocimiento de firma a obligados de regreso
Teitelbaum
considera que la presunción de autenticidad sólo
juega contra el librador pero no abarca a los demás suscriptores del título,
los cuales deben ser citados a reconocimiento de firma.
Entiende que la
presunción legal es excepcional y debe ser de interpretación restrictiva.
Sostiene que el artículo 124, al decir que los vales se presumen auténticos,
se refiere al documento inicial con la firma del librador y no a su posterior
circulación y agregado de firmas de endosantes.
Argumenta
Teitelbaum que,
en la práctica comercial, se presume que el primer tomador del vale controla la
firma del librador pero que no hay contralor de firmas de los endosantes.
Nosotros
discrepamos con esta interpretación.
Para
empezar, el artículo 124 no distingue.
El artículo 124 presume la autenticidad del vale, todo él se presume auténtico:
sus estipulaciones y sus firmas. La autenticidad establecida en el texto legal
es una consagración expresa de un principio general rector en materia de título
valor.
Tampoco estamos de acuerdo con
el argumento de que en la práctica no hay contralor de firmas de los
endosantes, puesto que cada endosatario debe
controlar la firma de su endosante. Entre endosante y endosatario existe una
relación extracartular, de modo que ambos se conocen o deben conocer y pueden
hacer efectivos los contralores. La cadena de endosos supone un encadenamiento
en los contralores. Cada cual confía en quien le precede en la tenencia del título
y se asegura de la autenticidad de la firma de quien se lo endosa.
Además,
para la tutela del endosante, existe la excepción de falsedad, cuando se le
presente a ejecutar un vale que no haya realmente suscrito.
2.
Sobre la formación del título ejecutivo contra obligados de regreso y
contra avalistas
Se
discute si el vale no protestado confiere acción ejecutiva contra los obligados
de regreso.
a.
Posición de Pérez Fontana
Sostenía
Pérez Fontana:
“Lo
dispuesto por el art. 124 se aplica solamente en el caso de que el vale, pagaré
o conforme no haya circulado, pues si fue endosado será necesario el protesto
para accionar contra cualquiera de los endosantes o de sus avalistas, mediante
la llamada acción de regreso...”
La
misma posición fue sustentada por nosotros en nuestro primer enfoque sobre el
tema.
b.
Nuestra posición primera en el tema
Cuando
abordamos el tema por primera vez señalábamos que el vale, aun sin protesto,
era título ejecutivo contra el librador, pero que la falta de protesto hacía
perder acciones de regreso contra endosantes. Llegábamos a esa conclusión con
una interpretación pie de letrista.
Recordábamos
que, en materia de letras de cambio, el Decreto Ley confiere al protesto una doble
eficacia: conservar acciones de regreso y conferir calidad de título ejecutivo.
El artículo 124, en materia de vales, hace referencia a la omisión del
protesto sólo para establecer que, de todos modos, es título ejecutivo, pero
nada dice el legislador sobre los efectos de la omisión del protesto en cuanto
a las acciones de regreso contra endosantes. Entonces, frente al silencio del
legislador, entendimos que correspondía aplicar la disciplina jurídica de las
letras.
Interpretamos
que la falta de protesto del vale hacía perder acciones de regreso. El portador
del vale que no protesta no tiene acción contra endosantes o contra avalistas
de endosantes, aunque tiene acción ejecutiva contra el librador y los avalistas
de éste.
c.
Nuestra posición actual
Hemos
reconsiderado el tema. Consideramos que no es necesario el protesto para
acciones de regreso.
Aquella
primera interpretación nuestra, aferrada estrictamente al tenor literal de un
artículo, era equivocada pues no tenía en cuenta los principios generales de
la Ley en que está inserta. Entendemos hoy que, sin perjuicio de respetar los
textos del articulado, cada norma debe interpretarse en función de los
lineamientos y principios que inspiran el cuerpo legal íntegro, de tal modo de
eliminar contradicciones e incongruencias y lograr soluciones armónicas.
Sin
duda, los textos legales en materia de vales son imperfectos. El artículo 125
de la Ley remite a las normas sobre letras de cambio, para disponer su aplicación
a los vales, en lo pertinente, pero en la reglamentación de los vales no se ha
cuidado la debida coherencia de los textos, obligando a un esfuerzo
interpretativo para lograr una debida armonización.
Para
fundar nuestra posición señalamos los siguientes argumentos:
Primero:
El artículo 105 del Decreto Ley, aplicable a los vales, dispone que todos los
firmantes del título son solidariamente responsables de su pago y que su
portador tiene acción cambiaria contra todos ellos.
Segundo:
El protesto requerido para las letras, tiene fundamentalmente un doble juego
de efectos: permite conservar las acciones contra el librador, los endosantes,
y demás obligados (artículo 106), y confiere el carácter de título
ejecutivo (artículo 107). Si una letra no se protesta se pierden las acciones
de regreso contra los endosantes, librador y demás obligados y no se obtendrá
un título ejecutivo contra el aceptante.
Tercero:
El artículo 124, en norma especial para los vales, ha declarado que el vale,
aun sin protesto, es título ejecutivo pero sin especificar contra quién o
quiénes. Debe entenderse que, en el caso del vale, el Decreto Ley
dispensa del protesto y ha
conferido la calidad de título ejecutivo a un vale, para el ejercicio de los
derechos que él confiere contra cualquiera y todos los obligados cambiarios,
puesto que la norma no distingue.
Cuarto:
La intención
del legislador, al incorporar este artículo 124, fue la de aligerar las
cargas del portador del vale, eximiéndolo de cumplir con la diligencia
notarial.
Se
quiso que la acción ejecutiva cambiaria de los vales se pudiera promover, sin
que fuera necesario el protesto previo.
El
Decreto Ley ha querido decir: no es necesario acreditar notarialmente el no pago
del vale. Aunque no se acredite el no pago por el obligado principal, de todos
modos, se dan acciones de regreso y tales acciones son ejecutivas.
El
título debe conservar su eficacia, contra todos los obligados cambiarios, para
que la exención legal estipulada tenga sentido[3].
Debe entenderse, con un criterio amplio, que se confiere al vale calidad de título
ejecutivo, aun sin protesto, para ejercer todas y cualquiera de las acciones
cambiarias, sea cual fuera el obligado o responsable demandado porque una posición
contraria quitaría sentido a las normas que eximen del protesto, pues
significaría que ellas aportan una ventaja sólo aparente, pues libera de
cargas al portador pero de inmediato lo sanciona con pérdidas de derechos por
no cumplir con las cargas liberadas. Tal posición implicaría atribuir una
incongruencia al legislador. Habría incongruencia si se le dice a un tenedor de
un vale “aunque no proteste tiene título
ejecutivo” y luego resulta que si no protesta sólo puede accionar contra
el librador y pierde acciones contra endosantes y sus avalistas. Sería
incongruente que se le permita al portador no cumplir con un protesto pero luego
se le sancione por ello.
B.
Requerimiento de pago del artículo 124
El
vale – no protestado – es título ejecutivo para todas las acciones directas
y de regreso. Pero, para el ejercicio de todas o cualquiera de ellas, debe
cumplirse previamente con la diligencia de la intimación judicial o por
telegrama colacionado respecto al obligado
- directo o de regreso – a quien se proponga ejecutar.
1.
El artículo 124, en su segundo inciso, impone, como requisito previo a la
apertura del juicio ejecutivo, el requerimiento de pago documentado mediante telegrama certificado o
colacionado, con plazo de tres días. El artículo 124 contiene una remisión al
artículo 53 de la Ley 13.355. El inciso final del artículo 53 de la Ley 13.355
dispone:
“Cuando no exista diligencia
judicial de reconocimiento o protesto, la ejecución no podrá decretarse sin
previa intimación de pago al deudor con plazo de tres días.”
2. De acuerdo al
mencionado artículo 124, inciso 2, se permite sustituir la intimación judicial
del artículo 53 de la Ley 13.355 por un requerimiento de pago por telegrama
colacionado. El plazo establecido en el artículo 124 debe necesariamente
transcurrir antes de que el portador pueda solicitar el embargo. Constituye un
verdadero plazo de gracia derogatorio de lo establecido en esa misma ley, en el
artículo 119.
La
intimación o el requerimiento de pago debe hacerse al obligado u obligados a
quienes se pretende ejecutar. Esta norma tiene por objeto impedir el abuso de
acreedores que se resisten a percibir extrajudicialmente el pago de su deuda,
para crear gastos que hagan más gravosa la situación del deudor.
3.
La intimación o requerimiento de pago de las normas citadas, es un acto ajeno a
la formación del título. No se trata de un sustituto del protesto. Se debe
cumplir respecto a ciertos títulos ejecutivos ya completos, con el objeto de
evitar demandas sorpresivas. La intimación presupone la existencia de un título
ejecutivo.
Entendemos
que, si se diera entrada a un juicio ejecutivo sin haber intimado, el juicio
puede prosperar. El demandado podría luego promover una acción de daños y
perjuicios por el incumplimiento de la norma en cuanto le haya perjudicado.
Alguna doctrina sostiene
que el tenedor del vale que lo presentó para requerir su pago y no recibió su
pago, debe dar los avisos previstos en el artículo 98 del Decreto Ley 14.701
para las letras y a sus efectos. En nuestro concepto, el tenedor del vale no
pagado no debe cursar avisos. Debe recordarse que a los vales se les aplica las
normas de letras de cambio en lo pertinente. No siendo necesario el protesto
para los vales, no es pertinente extender el sistema de avisos de los protestos.
4. Tampoco se trata de una intimación para
constituir en mora al deudor cambiario. En los vales, al igual que en las
letras, en función de lo dispuesto por el artículo 100 del Decreto Ley 14.701,
a partir del vencimiento, se puede exigir los intereses al tipo fijado en el
título y si no hubiese sido estipulado, al tipo corriente bancario en la fecha
de pago.
No es necesario pactar la mora automática ni hacer caer en mora al obligado
cambiario.
III. Limitación de excepciones
En la ejecución cambiaria las
excepciones se limitan. El
artículo 108 establece:
"Contra la ejecución de las letras de cambio no se
admitirán más excepciones que la de falsedad material, compensación de crédito
líquido y exigible, prescripción, caducidad, pago y espera o quita concedida por
el demandante que se pruebe por escritura pública o por documento privado
judicialmente reconocido o concordato homologado.
También serán
admisibles las excepciones procesales de inhabilidad del título (falta de
alguno de los requisitos esenciales exigidos
por el artículo 3), falta de legitimación activa o pasiva del demandante o del
demandado, falta de representación litis pendencia o incompetencia, sea de
jurisdicción o por razón de cantidad.
Cualquier otra excepción
fundada en las relaciones personales entre el actor y el demandado, no obstará
al progreso del juicio ejecutivo".
