El
vale como título ejecutivo
Por Carlos López
Rodríguez
El vale presenta particularidades bastante
significativas que lo destacan del resto de los documentos privados, incluso de
aquellos que contienen la obligación de pagar una cantidad líquida y exigible.
Reseñaremos estas particularidades a continuación.
I. Presunción de
autenticidad del vale
En
el Código General del Proceso, el instrumento privado que contiene la obligación
de pagar una suma líquida y exigible, es título ejecutivo siempre que la firma
sea reconocida o dada por reconocida ante el tribunal competente (art. 353).
En cuanto al vale, no es necesario el
previo reconocimiento de firma por el obligado (art.
124 Decreto Ley 14.701). El vale se
presume auténtico. Se admite la prueba en contrario pero esa prueba en contrario se efectuará en
el período de prueba del juicio ejecutivo, si el obligado dedujo excepción de
falsedad.
El
artículo 124 establece:
"Los vales,
pagarés o conformes se presumirán auténticos, sin perjuicio de la prueba
contraria, y... sin necesidad... de
diligencia judicial de reconocimiento de firma."
II. Diligencias
previas a la promoción del juicio ejecutivo
El
inciso 2 del artículo 124, exige que, previamente a la promoción del juicio
ejecutivo se intime el pago, judicialmente o mediante telegrama colacionado:
“En estos casos, la intimación prevista por el inciso final del artículo
53 de la Ley 13.355, de 17 de enero de 1965, podrá sustituirse por un requerimiento
de pago en un plazo de tres días, documentado mediante telegrama
certificado o colacionado.”
A
estas modalidades, la Ley 18.172 de 2007, sobre rendición de cuentas, en su artículo
340 agrega el envío postal mediante documento a la vista certificado con aviso
de recibo:
"La intimación de pago prevista en el inciso final
del artículo 53 de la Ley Nº 13.355, de 17 de agosto de
1965, a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del
Decreto-Ley Nº 14.701, de 12 de setiembre de 1977, se podrá efectuar por
envío postal mediante documento a la vista certificado con aviso de
recibo."
La
doctrina es discrepante respecto a las consecuencias que conlleva el
incumplimiento de este requisito.
A.
Doctrina que considera que el vale es título hábil a pesar de la omisión
1.
La intimación como acto ajeno a la formación del título
En
el Decreto Ley 14.701, la letra es título ejecutivo si se protesta. El cheque
es título ejecutivo si tiene la constancia del rechazo puesta por el banco, que
equivale al protesto (Decreto Ley 14.412). El vale, a diferencia de los
documentos antes mencionados, es título ejecutivo sin protesto. En efecto, el
artículo 124 del Decreto Ley 14.701 establece: "Los
vales, pagarés o conformes... constituirán títulos ejecutivos sin necesidad
de protesto..."
La
intimación o requerimiento de pago de las normas citadas, es un acto ajeno a la
formación del título. No se trata de un sustituto del protesto. Se debe
cumplir respecto a ciertos títulos ejecutivos ya completos, con el objeto de
evitar demandas sorpresivas e impedir el abuso de
acreedores que se resisten a percibir extrajudicialmente el pago de su deuda,
para crear gastos que hagan más gravosa
la situación del
deudor.
En
esta posición, si se diera entrada a un juicio ejecutivo sin haber intimado, el
juicio puede prosperar. El demandado podría, luego, promover una acción de daños
y perjuicios por el incumplimiento de la norma en cuanto le haya perjudicado.
2.
¿Contra quién se tiene título ejecutivo?
Nos
preguntamos: se tiene título ejecutivo pero ¿contra quién? ¿contra el
librador? ¿y contra los endosantes? ¿y contra los avalistas?
Podría
entenderse que, aun sin protesto, se tiene acción ejecutiva contra todos los
obligados cambiarios, por los fundamentos siguientes:
a.
El artículo 105 del Decreto Ley, aplicable a los vales, dispone que todos los
firmantes del título son solidariamente responsables de su pago y que
su portador tiene acción cambiaria contra todos ellos.
b.
El protesto requerido para las letras, tiene fundamentalmente un doble juego
de efectos: permite conservar las acciones contra el librador, endosantes y demás obligados (art. 106) y confiere título
ejecutivo (art. 107). Si una letra no se protesta se pierden las dos cosas: la acción ejecutiva de regreso contra los endosantes, librador y demás obligados y la acción ejecutiva
directa contra el aceptante.
c.
El artículo 124, en norma especial para los vales, ha declarado que el vale,
aun sin protesto, es título ejecutivo pero sin especificar contra quién o
quiénes. Debe entenderse que, en el caso del vale,
el Decreto Ley dispensa
del protesto a todos sus efectos.
Armonizando
los textos citados, pareciera que el legislador ha conferido la calidad de título
ejecutivo a un vale, para el ejercicio de los derechos que él confiere contra
cualquiera y todos los obligados cambiarios, puesto que la norma no distingue.
La
intención del legislador al incorporar este artículo fue la de aligerar
exigencias en materia de vales. Se quiso que la acción ejecutiva cambiaria de
los vales se pudiera promover, sin que fuera necesario el protesto previo. La exención legal del protesto en materia de
vales es de igual naturaleza que la exención del protesto establecida en otros
textos legales para las letras de cambio.
El
sentido de todas estas previsiones es aligerar de cargas al portador, liberándolo
de protestar. En los casos previstos el título debe conservar su eficacia
ejecutiva, contra todos los obligados cambiarios, para que la exención legal
estipulada tenga sentido
El
Decreto Ley ha querido decir: no es necesario acreditar notarialmente el no pago del vale. Aunque no se acredite
el no pago por el obligado principal, de todos modos, se dan acciones de regreso
y tales acciones son ejecutivas.
La
incorporación del artículo 124 tiene por objeto aligerar las cargas del
portador, eximiéndolo de cumplir con la diligencia notarial. Debe entenderse,
con un criterio amplio, que se confiere al vale calidad de título ejecutivo,
aun sin protesto, para ejercer todas y cualquiera de las acciones cambiarias,
sea cual fuera el obligado o responsable demandado. Una posición
contraria quitaría sentido a las normas que eximen del protesto, pues
significaría que ellas aportan una ventaja sólo aparente, pues libera de
cargas al portador pero de inmediato lo sanciona con pérdidas de
derechos por no cumplir con las cargas liberadas.
La
interpretación contraria implicaría atribuir incongruencia al legislador. Habría
incongruencia si se le dice a un tenedor de un vale “aunque
no proteste tiene título ejecutivo” y luego se le advierte “si
no protesta sólo puede accionar contra el librador y pierde acciones contra
endosantes
y sus avalistas”.
La incongruencia resulta de que se le permite al portador no cumplir con un
protesto pero luego se le sanciona por ello.
B.
Doctrina que considera que el vale no es título hábil para promover un
juicio ejecutivo, hasta tanto se cumpla con la intimación legal
El
vale – no protestado – es título ejecutivo para todas las acciones directas
y de regreso, pero para el ejercicio de todas o cualquiera de ellas, debe
cumplirse previamente con la diligencia de la intimación judicial o por
telegrama colacionado respecto al obligado -
directo o de regreso – a quien se proponga ejecutar.
1.
El artículo 124, en su segundo inciso, impone, como requisito previo a la
apertura del juicio ejecutivo, el requerimiento de pago documentado mediante
telegrama certificado o colacionado, con plazo de tres días. El artículo 124
contiene una remisión al artículo 53 de la Ley 13.355. El inciso final del
artículo 53 de la Ley 13.355 dispone:
“Cuando
no exista diligencia judicial de reconocimiento o protesto, la ejecución no
podrá decretarse sin previa intimación de pago al deudor con plazo de tres días.”
2.
De acuerdo al mencionado artículo 124, inciso 2, se permite sustituir la
intimación judicial del artículo 53 de la Ley 13.355 por un requerimiento de
pago por telegrama colacionado. El plazo establecido en el artículo 124 debe
nece
sa
riamente transcurrir antes de que el portador pueda
solicitar el embargo. Constituye un verdadero plazo de gracia derogatorio de
lo establecido en e
sa
misma ley, en el artículo 119.
La
intimación o el requerimiento de pago debe hacerse al obligado u obligados a
quienes se pretende ejecutar. Esta norma tiene por objeto impedir el abuso de
acreedores que se resisten a percibir extrajudicialmente el pago de su deuda,
para crear gastos que hagan más gravosa
la situación del deudor.
3.
Teitelbaum consideraba que en los
casos en que es necesaria la intimación judicial previa, ante su omisión
corresponde la excepción de inhabilidad del título ejecutivo, que podría
ser opuesta de oficio por el juez.
Sus argumentos eran los siguientes:
a.
La intimación judicial o sus subrogados (telegrama colacionado o envío
postal mediante documento a la vista certificado con aviso de recibo) constituyen medidas
preparatorias de la ejecución, expresamente previstas en forma inequívoca por
la Ley como una condicionante de la admisión de la ejecución.
El artículo 53 de la Ley 13.355 dispone que “la
ejecución no podrá decretarse sin previa intimación de pago al deudor con
plazo de tres días.”
En
opinión de Teitelbaum, la
circunstancia de que tales presupuestos no integren el título, no impide oponer
la excepción de inhabilidad, como no lo impide la falta de protesto en la letra
de cambio o de constancia bancaria de rechazo en el cheque.
b.
Cuando el tribunal deniega inicialmente la ejecución, al advertir la falta de
intimación, está calificando el título de inhábil. Si tal inhabilidad puede
oponerse de oficio, con más razón procede si se excepciona la parte.
c.
Según Teitelbaum
los argumentos
fundados en la equidad y la buena fe, no pueden estar por encima de la
rigurosidad en el análisis del título
ejecutivo. Ante
el incumplimiento de las diligencias previas y opuesta la excepción, lo único
que corresponde es allanarse, cumpliendo lo preceptuado legalmente. Cualquier
otra alternativa significaría premiar la negligencia
o temeridad del ejecutante que confía en la inadvertencia del tribunal de los
requisitos exigidos legalmente para que se pueda decretar la ejecución.
III. Limitación de excepciones
En la ejecución cambiaria las
excepciones se limitan. El
artículo 108 establece:
"Contra la ejecución de las letras de cambio no se
admitirán más excepciones que la de falsedad material, compensación de crédito
líquido y exigible, prescripción, caducidad, pago y espera o quita concedida por
el demandante que se pruebe por escritura pública o por documento privado
judicialmente reconocido o concordato homologado.
También serán
admisibles las excepciones procesales de inhabilidad del título (falta de
alguno de los requisitos esenciales exigidos
por el artículo 3), falta de legitimación activa o pasiva del demandante o del
demandado, falta de representación litis pendencia o incompetencia, sea de
jurisdicción o por razón de cantidad.
Cualquier otra excepción
fundada en las relaciones personales entre el actor y el demandado, no obstará
al progreso del juicio ejecutivo".
El inciso
final del artículo 53 de la Ley 13.355 dispone:
“Cuando no
exista diligencia judicial de reconocimiento o protesto, la ejecución no
podrá decretarse sin previa intimación de pago al deudor con plazo de tres
días.”
