Responsabilidad del transportador

Por Carlos E. López Rodríguez

Responsabilidad es la obligación de resarcir los daños que son consecuencia de un hecho ilícito[1].

La responsabilidad del transportador frente al cargador es de carácter contractual, claramente, en tanto deriva de la violación de obligaciones propiamente tales, sea que estén establecidas en el contrato o en la Ley[2].

I. Responsabilidad frente al cargador

La atribución de responsabilidad al transportador depende de que se verifiquen ciertos elementos, a saber: incumplimiento, nexo causal, daño y culpa.

A. Incumplimiento

El art. 163 del Código de Comercio (CCom), norma básica en materia de responsabilidad del transportador, establece:

“Los troperos, arrieros y en general todos los que se encargan de conducir mercancías mediante una comisión, porte o flete, deben efectuar la entrega fielmente en el tiempo y en el lugar del convenio; emplear toda la diligencia y medios practicados por las personas exactas en el cumplimiento de sus deberes en casos semejantes, para que los efectos o artículos no se deterioren, haciendo a tal fin por cuenta de quien perteneciere los gastos necesarios; y son responsables a las partes por las pérdidas o daños que les resultaren por malversación u omisión suya o de sus factores, dependientes u otros agentes cualesquier.”

La norma transcripta refiere a dos obligaciones: efectuar la entrega fielmente en el tiempo y en el lugar del convenio, y emplear toda la diligencia y medios practicados por las personas exactas en el cumplimiento de sus deberes en casos semejantes, para que los efectos o artículos no se deterioren.

El art. 163, también, establece una hipótesis de responsabilidad: responsabilidad por las pérdidas o daños que resultaren por malversación u omisión.

1. Incumplimiento de la obligación de entregar

La obligación típica que surge del contrato de transporte consiste en la entrega de la mercadería en el destino convenido, dentro del plazo acordado. Esa obligación no sólo surge del artículo 163, que acabamos de transcribir sino de lo dispuesto en  los artículos 178 y 179, referidos a la responsabilidad del transportador por la tardanza. En el artículo 178 se establece:

Estando prefijado el plazo para la entrega de los efectos, deberá ésta verificarse dentro del plazo estipulado, so pena de pagar la indemnización pactada en la carta de porte...

... si la tardanza excediere el doble del tiempo prefijado en la carta de porte, además de pagar la indemnización estipulada, queda responsable el porteador a los perjuicios que hayan sobrevenido...

A su vez, el artículo 179 dispone:

No habiendo plazo estipulado para la entrega de los efectos, tendrá el porteador la obligación de conducirlos en el primer viaje que haga al punto donde debe entregarlos...

Caso de no hacerlo, responderán... por los daños y perjuicios que resulten de la demora.”

Queda claro que el contrato de transporte se incumple toda vez que no se alcanza el resultado a que se obligó, según los términos de la carta de porte. En particular, el transportador responde por los daños ocasionados si las cosas no llegan a destino, si llegan con detrimento o averías, y si llegan con retardo.

Todos estos incumplimientos configuran causales de responsabilidad, a las que el codificador a dedicado disposiciones específicas.

En todos los casos, la obligación de reparar tiene su fuente en el incumplimiento de una obligación de naturaleza contractual[3].

2. Incumplimiento de la obligación de custodia

En el artículo 163, según ya observamos, además de la obligación de entregar la mercadería en el plazo y lugar estipulados, se establece una obligación de custodia. Dispone el artículo 163:

“deben... emplear toda la diligencia y medios practicados por las personas exactas en el cumplimiento de sus deberes en casos semejantes, para que los efectos o artículos no se deterioren...” (énfasis nuestro).

Esta obligación se encuentra reforzada por lo establecido en el artículo 169, que le atribuye responsabilidad al transportador por el “desfalco, detrimento o menoscabo” que sufra la mercadería:

“... está obligado el acarreador a entregar los efectos cargados en el mismo estado en que los haya recibido, según resulte de la carta de porte.

El desfalco, detrimento o menoscabo que sufran serán de su cuenta.” (énfasis nuestro).

Las pérdidas y menoscabos de la mercadería, también, son de cargo del transportador, en el caso de que varíe el camino pactado o de que no se dirija vía recta al punto de destino. El artículo 177 establece:

Mediando pacto expreso sobre el camino por donde deba hacerse el transporte, no podrá variarlo el conductor, so pena de responder por todas las pérdidas y menoscabos, aunque proviniesen de algunas de las causas mencionadas en el artículo 167, a no ser que el camino estipulado estuviese intransitable u ofreciere riesgos mayores. [4]

Si nada se hubiese pactado sobre el camino, quedará al arbitrio del conductor elegir el que más le acomode, siempre que se dirija vía recta al punto donde debe entregar los efectos.” (énfasis nuestro).

B. Daño

Se responde por el valor de las cosas en el lugar y al tiempo de la entrega. En caso de avería se debe reparar lo que importa el menoscabo, salvo que sea de tal entidad que ya no sirvan, en cuyo caso se debe reparar como pérdida total (artículo 173). El artículo 173 establece:

“Si por efecto de las averías quedasen inútiles los efectos para la venta y consumo en los objetos propios de su uso, no estará obligado el consignatario a recibirlos, y podrá dejarlos por cuenta del porteador, exigiéndole su valor, al precio corriente de aquel día, en el lugar de la entrega.”

Se responde sólo por el daño causado. No se responde por el lucro cesante. Con este régimen, el Código de comercio se aparta del principio general establecido por el artículo 222 que impone, como el Código civil, reparar el daño directo y la ganancia esperada.

En los casos de retardo, referidos en los artículos 178 y 179, se responde por los daños y perjuicios que resulten de la demora y, también, se responde por lucro cesante, por cuanto no existe norma que limite la extensión de la responsabilidad al daño causado. Sin embargo, la reclamación por lucro cesante se debe atener a lo dispuesto por el artículo 223: daño inmediato y directo, previsto o previsible al celebrar el contrato. Los daños no previsibles sólo se pueden reclamar si hubiera dolo del transportador.

C. Nexo causal

En materia de responsabilidad contractual debe darse el nexo causal entre el incumplimiento de un contratante y el daño sufrido por el otro. Si falta ese nexo, la responsabilidad contractual no se genera, puesto que el incumplimiento no le sería imputable al transportador.

Sin embargo, el transportador responde por los daños provenientes de caso fortuito y fuerza mayor, si se acredita su culpa o negligencia (artículo 170).

Además, por disposición expresa del artículo 163, el transportador responde tanto del hecho u omisión propios, como de sus factores, dependientes u otros agentes cualesquier. Verificado el daño, hay un único responsable frente al remitente y lo es su co-contratante, el transportador[5].

1. La presunción de responsabilidad

De acuerdo al artículo 219 del Código de comercio, similar al artículo 1.342 del Código civil, el deudor puede exonerarse de responsabilidad si justifica que el incumplimiento proviene de “causa extraña que no le es imputable”:

El deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, sea en razón de la falta de cumplimiento de la obligación, o de la demora de la ejecución, aunque no haya mala fe de su parte, siempre que no justifique que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña que no le es imputable.”

Esta norma de carácter general sufre una modificación en el contrato de transporte, ya que el transportador no puede exonerarse invocando cualquier “causa extraña” sino que sólo puede invocar fuerza mayor, el caso fortuito o el vicio propio de la cosa. El transportador es responsable por todos los daños que sufra la mercadería, menos aquellos provenientes de vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito. El artículos 168 dispone:

"Durante el transporte corren de cuenta del cargador, no mediando estipulación contraria, todos los daños que sufrieren los efectos, provenientes de vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito.

La prueba de cualquier de estos hechos incumbe al acarreador o comisionista de transporte." (énfasis nuestro).

Según Rodière, analizando normas similares del Derecho francés, nos encontraríamos frente a una presunción de responsabilidad de origen legal[6]. Cuando hay vicio propio de la cosa transportada, fuerza mayor o caso fortuito, éstas son circunstancias en que el hecho no es imputable al transportador.

2. Eximentes de responsabilidad

De acuerdo con el artículo 168, son de cuenta del cargador los daños que sufran los bienes transportados por vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito. En consecuencia, frente a tales circunstancias el transportador no es responsable. Sin embargo, es suya la carga de la prueba de que el faltante o daño, se debió a fuerza mayor, a un caso fortuito o a un vicio de la carga (artículo 168, inc. 2).

La carga de la prueba del transportador no es una agravación de su responsabilidad sino una consecuencia natural de la obligación de resultado asumida por el transportador. Cuando en un contrato se contraen obligaciones de medio, la carga de la prueba del incumplimiento la tiene el acreedor de esa obligación. Si se contraen obligaciones de resultado, el daño proviene de un incumplimiento del deudor y será éste quien debe descartar el nexo de causalidad.

El vicio propio es la predisposición de la carga a deteriorarse en razón de su propia naturaleza.

No hay definición legal de la fuerza mayor o del caso fortuito. En general, se sostiene que la fuerza mayor supone un hecho exterior, ajeno a los contratantes: por ejemplo una tempestad.

El caso fortuito es un hecho relativo a los contratantes: por ejemplo, la explosión de un motor, un incendio. En todos los casos tiene que ser imprevisible o inevitable.

3. Casos de inaplicabilidad de las eximentes

Aun cuando se den los supuestos de “exención” de responsabilidad, el transportador igualmente podrá ser responsabilizado si no empleó los medios y precauciones practicadas en circunstancias idénticas por personas diligentes (artículo 170) o si cambió el camino por donde debía hacerse el transporte, salvo que el otro estuviere intransitable u ofreciere riesgos mayores (artículo 177). El artículo 170 dispone:

Si las averías son por caso fortuito o vicio propio, el cargador puede probar que el transportador no empleó medios y precauciones practicadas en circunstancias idénticas por personas diligentes.”

De manera que, aun cuando haya existido una causal de exención, el cargador podrá probar la falta de diligencia del transportador, para responsabilizarlo. En este caso, la carga de la prueba es del cargador.

En resumen:

El transportador responde de daños causados, salvo caso de fuerza mayor, caso fortuito o vicio propio de la cosa, siendo suya la carga de la prueba de tales circunstancias.

Probando tales hechos, acredita que no hay relación de causa a efecto entre su actividad y el daño. Si los eximentes no se configuraron, el transportador será siempre responsable aunque no mediara culpa de su parte y aunque hubiera cumplido con la diligencia debida.

Aun cuando pruebe tales eximentes, podrá ser responsabilizado por falta de diligencia, en la situación prevista por el artículo 170 pero, en tal caso, la carga de la prueba corresponde al cargador.

D. Culpa

Se suscita una importante controversia en la dilucidación de si basta el acaecimiento del incumplimiento o si, además, se requiere la constatación de un actuar culpable del transportador, para que pueda considerarse generada la responsabilidad.

1. Responsabilidad subjetiva del transportador

Parte de la doctrina nacional ha considerado que la culpa es el fundamento de toda responsabilidad contractual[7]. Entre sus argumentos, mencionan que el artículo 1.342 habilita al deudor a evitar la condena en daños y perjuicios, justificando que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña que no le es imputable[8].

Según Amézaga, “no hay responsabilidad contractual sin culpa”. Sucede que el incumplimiento hace presumir la culpa del deudor. Cuando el deudor prueba que ha cedido a causa extraña que no le es imputable, demuestra con ello que no hubo culpa de su parte[9].

Peirano Facio, también, sustentaba que si el incumplimiento no tiene su origen en la culpa del deudor, éste no debe daños y perjuicios. En el mismo sentido que Amézaga, asimila “causa extraña que no es imputable al deudor” a “ausencia de culpa”, al afirmar que basta que pruebe que no es culpable porque con ello acredita la causa extraña[10].

Acorde con esta posición, el artículo 163 del Código de comercio, confirmaría la base subjetiva de la responsabilidad pues, según dicha norma, el transportador responde en caso de que no se emplee diligencia y por los daños que sean consecuencia de malversación u omisión:

"... todos los que se encargan de conducir mercancías mediante una comisión, porte o flete, deben... emplear toda la diligencia y medios practicados por las personas exactas en el cumplimiento de sus deberes en casos semejantes... y son responsables a las partes por las pérdidas o daños que les resultaren por malversación u omisión suya o de sus factores, dependientes u otros agentes cualesquier." (énfasis nuestro).

La norma transcripta exige del transportador la diligencia de las “personas exactas en el cumplimiento de sus deberes” (artículo 163). Se trata de un concepto que recuerda al de “buen padre de familia” del Código civil o al de “buen hombre de negocios” de la Ley 16.060. Sin embargo, cabe advertir que es más exigente que el de "buen padre de familia", que simplemente expresa una diligencia media.

Según se desprende de la expresión "personas exactas en el cumplimiento de sus deberes", el Código impone una responsabilidad especialmente severa pero, de todas formas, subjetiva, pues se trata de una responsabilidad por culpa.

Adviértase, es este sentido, que el artículo 170 del Código de comercio exige prueba de la negligencia o culpa, a los efectos de imputar responsabilidad al transportador.

"Aunque las averías o pérdidas provengan de caso fortuito o de vicio propio de la cosa cargada, quedará obligado el porteador a la indemnización, si se probare que la avería o pérdida provino de su negligencia o culpa, por haber dejado de emplear los medios y precauciones practicadas en circunstancias idénticas, por personas diligentes (artículo 163)." (énfasis nuestro).

2. Responsabilidad objetiva del transportador

En la tesis objetiva, en todos los casos, el único presupuesto de la responsabilidad contractual es el hecho objetivo del incumplimiento. Éste, no la culpa, es la fuente de responsabilidad contractual[11].

En la opinión de Gamarra, la presunción de culpa contractual carece de todo asidero en nuestro Derecho positivo. Según este autor, es especialmente claro en aquellos contratos que establecen obligaciones de resultado – aunque tiene la misma opinión en el caso de los contratos que establecen obligaciones de medios - que el mero incumplimiento es generador de responsabilidad[12].

Donde el deudor se obliga a un resultado, si éste no se obtiene responde, simplemente, porque el resultado no se obtuvo, no porque haya incurrido en culpa. El transportador, dice Gamarra, no puede aducir como prueba de descargo la ausencia de culpa, porque la culpa no es el fundamento de su responsabilidad[13].

Según recuerda Gamarra, la exoneración de responsabilidad por causa extraña no imputable al deudor, no se justifica en razón de la ausencia de culpa sino por la extinción de la obligación[14].

En particular, alguna doctrina ha señalado, comentando textos como los nuestros, que se trata de una responsabilidad derivada de la teoría del riesgo profesional[15]. Independientemente de plantearse si el transportador tuvo o no culpa, lo que debería tenerse en cuenta es que, como profesional del transporte, asume el riesgo inherente a su actividad, debiendo indemnizar toda vez que cause lesión al derecho del otro contratante.

La responsabilidad del transportador, entonces, se ha calificado como objetiva,  impuesta “ex lege”, por razones de política en materia de transportes, para inducir a las empresas a extremar precauciones respecto al buen estado de sus vehículos y al buen desempeño de su personal. La definición de culpa provista por el artículo 221 del Código de comercio – en la sección correspondiente a los daños y perjuicios – parece avalar esta posición:

"Se entiende por culpa en esta materia, todo hecho, toda omisión que causa perjuicio a otro, y que pueden ser imputados al que los ha cometido, aunque no haya mala fe de su parte.  

El comerciante que se encarga, por cualquier título, de la guarda o cuidado de mercaderías, se considera que sabe lo que se necesita para su conservación, y es responsable si dejare de hacerlo.”

En caso de imposibilidad superviniente de la prestación, el transportador sólo puede evitar que se le responsabilice cuando el caso fortuito o el vicio propio de la cosa no sea imputable a su culpa. En este sentido, el artículo 170 del Código de comercio establece:

"Aunque las averías o pérdidas provengan de caso fortuito o de vicio propio de la cosa cargada, quedará obligado el porteador a la indemnización, si se probare que la avería o pérdida provino de su negligencia o culpa, por haber dejado de emplear los medios y precauciones practicadas en circunstancias idénticas, por personas diligentes (artículo 163)." (énfasis nuestro).

Dicho de otra forma, cuando el incumplimiento se debe a culpa del deudor, éste no puede alegar causa alguna de exoneración. Gamarra coloca como ejemplo el del transportador que conduce ebrio, con exceso de velocidad. Su conducta culposa puede no hacerlo incurrir en responsabilidad si el accidente no se produce. Sin embargo, si el accidente tiene lugar porque la diligencia debida no se empleó, el incumplimiento imputable a culpa genera siempre la responsabilidad del transportador[16].

Como se ve, no basta que la prestación sea imposible para que el deudor resulte liberado de responsabilidad. Se requiere que el caso fortuito o el vicio de la cosa no esté precedido de alguna culpa del transportador, puesto que en ese caso, el daño le sería igualmente imputable[17].

Gamarra llega a postular que en el caso del transporte se verificaría una relación de garantía, donde el deudor sería responsable, fuese cual fuese su comportamiento, por el mero hecho de no lograr el resultado comprometido[18].

3.  Nuestra opinión

Entendemos que no se puede dar una respuesta general a la cuestión de la naturaleza jurídica de la responsabilidad del transportador. Debe distinguirse según cuál sea la obligación que se incumple. Según se analizó en párrafos anteriores, el Código, desde el primer artículo que dedique al transportador (el artículo 163) pone a cargo de éste dos obligaciones principales: la de efectuar la entrega de la mercadería y la de custodiar esa mercadería.  

Respecto de la obligación de efectuar la entrega de la mercadería transportada, consideramos que basta la acreditación del incumplimiento. El transportador es responsable aunque haya cumplido con la diligencia debida.

Por supuesto que, para que se considere cumplida esta obligación, la entrega  debe efectuarse fielmente en el tiempo[19] y en el lugar del convenio (artículo 163 C.Com.). Asimismo, incurre en este tipo de responsabilidad el transportador que varia el camino pactado (artículo 177 C.Com.).

La responsabilidad no le sería imputable al transportador, claro está, en casos de fuerza mayor, caso fortuito o vicio propio de la cosa. Esto, sin embargo, nada tiene que ver con la culpa. Sólo incide sobre la imputación del daño, pudiendo interrumpir el nexo causal, según se analizó párrafos arriba.

La culpa tiene que ver con la diligencia (en el caso la de las personas exactas en el cumplimiento de sus deberes, según establece el artículo 163), no con la imputabilidad. Si la fuerza mayor, caso fortuito o vicio propio de la cosa no se configuran, el transportador es siempre responsable, aunque no medie culpa de su parte. El desfalco, detrimento o menoscabo que sufran son de su cuenta (artículo 169 C.Com.).

Por otra parte, corresponde advertir que el transportador no puede exonerarse invocando cualquier causa extraña sino que sólo puede invocar fuerza mayor, el caso fortuito o el vicio propio de la cosa.

En cambio, respecto de la obligación de custodia el Código establece un régimen basado en la culpa.

Adviértase que, luego de referirse a la obligación de entregar, el artículo 163 coloca un punto y coma, a partir del cual se refiere a la obligación de custodia y a las condiciones en que su incumplimiento genera responsabilidad:

“… en general todos los que se encargan de conducir mercancías mediante una comisión, porte o flete, deben… emplear toda la diligencia y medios practicados por las personas exactas en el cumplimiento de sus deberes en casos semejantes, para que los efectos o artículos no se deterioren, haciendo a tal fin por cuenta de quien perteneciere los gastos necesarios; y son responsables a las partes por las pérdidas o daños que les resultaren por malversación u omisión suya o de sus factores, dependientes u otros agentes cualesquier.” (énfasis nuestro).

Como surge de la lectura del artículo transcripto, respecto de la obligación de custodia – “para que los efectos o artículos no se deterioren” – la obligación del transportador es de medios: “emplear toda la diligencia y medios practicados por las personas exactas en el cumplimiento de sus deberes”. Por si esto no fuese suficientemente claro, en su parte final el artículo establece que la responsabilidad del transportador se extiende a “las pérdidas o daños que les resultaren por malversación u omisión”. Como la responsabilidad es de interpretación restrictiva, en cuanto a la obligación de custodia, el transportador sólo responde por malversación y omisión.

Malversar es invertir ilícitamente los caudales públicos o equiparados a ellos, en usos distintos de aquellos para que están destinados[20].  La omisión, a su vez, está directamente vinculada con el deber de diligencia que el propio artículo establece.

De modo que, si se cumple con la entrega pero la mercadería se encuentra afectada por pérdidas o daños, el transportador es responsable si se acredita que existió malversación u omisión de su parte. Asimismo, el transportador podría exonerarse de responsabilidad, acreditando que empleó la diligencia y medios practicados por las personas exactas en el cumplimiento de sus deberes.

II. Responsabilidad frente a terceros

La responsabilidad frente a terceros no contiene normas especiales dentro de la regulación del contrato de transporte. Se le aplican, por lo tanto, las disposiciones generales sobre responsabilidad extracontractual, en especial, las normas sobre la responsabilidad por las cosas que uno maneja o de las personas que de uno dependen (art. 1.324 C.C.).

En las hipótesis de responsabilidad extracontractual, la doctrina señala que se trata de responsabilidad objetiva, pues la Ley no exige que deba probarse la culpa del dueño de la cosa o de quien tiene la responsabilidad por los hechos de otros.

Frente a terceros, el transportador responderá por daños inmediatos y mediatos y por el lucro cesante, así como por el daño moral cuando el daño es sufrido por personas. En nuestro Derecho no hay límites para tal responsabilidad.

III. Cláusulas de irresponsabilidad en los contratos de transporte  

El transportador, en la práctica, ha tratado de atenuar su responsabilidad por cláusulas incorporadas al contrato de transporte que lo exoneran de responsabilidad o que la limitan.

El Código de comercio, en materia de transporte, admite cláusulas relativas a la responsabilidad en el artículo 168; pero sólo en beneficio del cargador. Dispone lo siguiente: 

“Durante el transporte corren de cuenta del cargador, no mediando estipulación contraria, todos los daños que sufrieren los efectos, provenientes de vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito.

No hay en la disciplina del contrato, en el Código de comercio, normas sobre las cláusulas de irresponsabilidad.

En principio se admite la validez de las cláusulas en base a distintos fundamentos. Son válidos por el principio de la autonomía de la voluntad. Si las partes son libres de contratar deben, también, ser libres para convenir la extensión de la obligación contractual.

También, se validan argumentando que la responsabilidad es una cuestión relacionada con el derecho de propiedad de las partes, por lo cual no habrían razones para prohibir su limitación.

Si se admite estipulaciones relacionadas con la responsabilidad del cargador (art. 168), también, deben admitirse a favor del transportador.

A. Ventajas e inconvenientes de las cláusulas de irresponsabilidad

Se alude a distintas ventajas de las cláusulas de exoneración o limitación de la responsabilidad. Estas cláusulas precisan los efectos del contrato. Con ellas se evitan litigios futuros o eventuales.

En el caso especial del transporte, se introducen para suprimir o disminuir la responsabilidad, en función que los riesgos que afrontan los transportadores son muy grandes. Se entiende que la limitación opera como una contrapartida de la severidad del régimen de responsabilidad que les afecta, en una tarea riesgosa que funciona como servicio público social o de interés para la economía.

La doctrina señala los peligros de estas cláusulas. La libertad absoluta puede desembocar en prácticas abusivas, especialmente cuando forman parte de un contrato de adhesión, como es el caso del transporte. Generalmente se impone a un cocontratante con poca o ninguna capacidad de negociación.

Se expresa que es una amenaza para el deber de cumplir los contratos de buena fe. Se señala que su uso generalizado puede inclinar a los deudores a no cumplir con sus obligaciones contractuales[3].

B. Cláusulas usuales de irresponsabilidad

La doctrina distingue entre los distintos tipos de cláusulas.

1. Cláusulas de irresponsabilidad que se relacionan con el derecho a la indemnización

Se les llama cláusulas de no responsabilidad o cláusulas de exención. En la práctica, en general se excluye la responsabilidad por ciertas obligaciones y no por todas.

Respecto a este tema, cabe recordar que obligación y responsabilidad son términos correlativos.  No parece posible pensar en una exclusión de responsabilidad que no implique una exclusión de la obligación. A su vez, la exclusión de la obligación puede significar desvirtuar el contrato mismo. Por ejemplo: si una persona se obliga a transportar bienes pero a la vez dice que no responde si no los transporta.

Por ello, la exclusión de ciertas responsabilidades puede ser válida cuando el contrato impone más de una obligación. Cada contrato puede implicar un haz de obligaciones, en cuyo caso puede pactarse irresponsabilidad frente a unas pero no respecto a todas. En especial, podrá eximirse de responsabilidad por las obligaciones que no son principales sino accesorias.

Por ello, el análisis de la validez de las cláusulas excluyentes de la responsabilidad se puede convertir en el tema de qué número y naturaleza de obligaciones las partes pueden dejar de cumplir sin destruir el contrato[4].

2. Cláusulas relacionadas con la culpa o dolo

No es admisible una cláusula que excluya al dolo, porque ello sería permitir la mala fe, porque sería violatoria del orden público, porque permitiría que el contratante tuviera la libertad para cumplir o no con el contrato, lo cual tendría el mismo efecto que la condición protestativa en el contrato, prohibida por el derecho (art. 238 C.Com.).

La culpa grave se asimila al dolo en cuanto a sus efectos. No podría pactarse una irresponsabilidad por los incumplimientos efectuados por culpa grave, por las  mismas razones antes anotadas[8].

La doctrina y la jurisprudencia admiten, en principio, excusar de responsabilidad en caso de culpa leve.

Las partes podrán convenir una fórmula de diligencia para juzgar eventuales incumplimientos. En alguna doctrina se admite la validez de la cláusula si el damnificado ha asumido el riesgo expresamente.

Advertimos que toda la doctrina y la jurisprudencia admiten que cuando hay cláusulas inválidas, se anula la cláusula pero no el contrato.

3. Cláusulas con estimación del daño resarcible

Puede tratarse de una cláusula penal en que se establece por anticipado el monto de indemnización, indicando que el transportador se responsabiliza hasta cierto monto.

En general, no se discute la validez de estas cláusulas. Tal cláusula está permitida por el artículo 224 del Código de comercio, que establece lo siguiente: 

“Cuando la convención establece que el que deje de cumplirla pagará cierta suma por vía de daños y perjuicios, no puede adjudicarse a la otra parte, una cantidad mayor o menor.

No se admiten si el acreedor prueba el dolo o culpa grave del transportador o si se trata de daño a una persona. Tampoco se admite cuando el valor es tan bajo que la reparación se torna insignificante.

En el Código civil francés se agregó una norma en el artículo 1.175: “El Tribunal puede disminuir o incrementar la pena acordada cuando es manifiestamente excesiva o insignificante”.


[1] Gamarra, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, t. XVII, Responsabilidad contractual, v. 1, p. 11.

[2] Gamarra, íd., p. 12.

[3] Así lo consideran Rodière (Rodière, Droit des transports, p. 554) y Da Silva (Da Silva, Contrato de transporte de coisas, p. 101).

En la postura de Gamarra, a la cual adherimos, la responsabilidad contractual deriva de la violación de una obligación o deber que corresponde a una relación preexistente. La responsabilidad extracontractual se genera cuando no hay relación preexistente; deriva de la violación de un deber de no causar daño a otro; la obligación de reparar nace después que se produce la violación del deber.

[4] Aunque la edición oficial se remita al artículo 167, evidentemente se reviere al artículo 168, como así lo hace el artículo 177 del Código argentino.

[5] Presa, sent.71 (consentida), dictada por , el 19 de noviembre de 1991, Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 23 Turno, en autos caratulados “London Lancanshire c/ Rogelio Aguinaga SRL y otro, demanda por incumplimiento”, ficha 23/701/90, in: Revista de Transporte y Seguros, n.6, p. 64-66.

[6] Decía Rodière:

El transportador tiene una obligación de resultado y soporta una presunción de responsabilidad, no una simple presunción de culpa. No le basta probar su diligencia, su ausencia de culpa; para liberarse debe denunciar un hecho tópico que ha causado el daño que no le es imputable.” (Rodière, op. cit., p. 556).

[7] Amézaga, Culpa contractual; Peirano Facio, Obligaciones, t. 3; Sánchez Fontans, El contrato de construcción.

[8] Gamarra, op. cit., p. 131.

[9] Amézaga apud Gamarra, op. cit., p. 132/157/173.

[10] Peirano Facio, apud Gamarra, íd., p. 132/175.

[11] Gamarra, íd., p. 183.

[12] Gamarra, op. cit., pp. 157 y 158.

[13] Gamarra, íd., p. 159.

[14] Gamarra, íd., p. 176.

[15] Da Silva, op. cit., p. 101.

[16] Gamarra, op. cit., p. 182.

[17] Gamarra, íd., p. 184.

[18] Gamarra, íd., p. 187.

[19] El transporte debe verificarse dentro del plazo estipulado, so pena de pagar la indemnización pactada o  los perjuicios que hayan sobrevenido, si la tardanza excediere el doble del tiempo prefijado en la carta de porte (art. 178 CCom).

[20] Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, p. 832.