Contenido de los títulos
valores
en general
Por
Nuri
Rodríguez
Olivera
y Carlos
López
Rodríguez
Los
títulos valores son documentos solemnes. La solemnidad está consagrada en el
artículo 2 del Decreto
Ley 14.701 de 1977
que dispone:
“Los documentos y los actos a
que esta ley se refiere, sólo producirán los efectos previstos en la misma
cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la misma ley señala
salvo que ella lo presuma. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta
el negocio jurídico que dio origen al documento o al acto.”
Como
se desprende de la norma, la solemnidad alcanza al documento y a los actos que
pueden existir en torno a un título valor, por ejemplo, el acto de endoso, el
acto de aval, el acto de pago y el acto de aceptación. Tanto el documento como
cada uno de estos actos deben contener determinadas menciones y llenar
determinados requisitos. Por eso, se dice que unos y otros son solemnes.
En el caso de que falte alguna de las menciones
esenciales, el documento es inhábil como título valor, aunque puede llegar a
reconocérsele validez como documento privado de crédito. En ese caso, podrá
igualmente convertirse en título ejecutivo – aunque nunca título ejecutivo
cambiario - en tanto contenga una obligación de pagar cantidad líquida y
exigible, una vez que haya sido reconocido judicialmente.
I.
Enumeración legal de las menciones que debe contener un título valor
El
artículo 3 del Decreto
Ley 14.701 establece las menciones que debe contener todo título
valor. Este artículo dispone lo siguiente:
“Además
de lo dispuesto para cada título valor en particular, tanto los tipificados por
la ley como los consagrados por los usos deberán llenar los requisitos
siguientes:
1.
El nombre del título valor de que se trate.
2.
La fecha y el lugar de creación.
3.
El derecho que en el título se incorpore.
4.
El lugar y la fecha del ejercicio de tal derecho.
5.
La firma de quien lo crea.”
En
general, la falta de alguno de estos requisitos provoca la inhabilidad del
título (artículo 108, inc. 2). Esto significa que el obligado podrá oponer la
excepción de “inhabilidad de título” en el caso de que se promueva
en su contra un juicio ejecutivo cambiario.
El
artículo 2 dispone una salvedad. Establece:
“debe contener los requisitos
que la ley señala, salvo que ella los presuma”.
Esto significa que,
en algunos casos, la Ley autoriza a no incluir una determinada mención porque se crea una presunción para suplir la omisión del suscriptor.
En los casos en que hay presunciones legales para llenar los vacíos de
menciones exigidas por la Ley, no hay problema si falta esa mención.
A continuación analizaremos cada una de estas menciones.
A. Nombre del título
El
documento debe contener el nombre del título valor, es decir, debe indicar la
especie de título valor de que se trata. No es necesario que ese nombre se
coloque a manera de título o rótulo o en un lugar destacado del documento,
basta que figure en el documento.
Damos
ejemplos. Si se trata de un vale, debe aparecer escrito en el documento la
palabra “vale”; si es una letra de cambio, debe indicarse que el documento
es una letra de cambio y si es un cheque, así debe señalarse expresamente. En
el vale se dirá, por ejemplo, “vale por
la cantidad de...”; si fuera una letra, el documento deberá decir “Páguese
por esta letra de cambio”; en el caso del cheque, la fórmula impresa dice
“Sírvase pagar por este cheque”.
1.
Inserción de la denominación en el texto
Como
se advierte de la simple lectura del artículo 120, no basta que la denominación
“vale, conforme o pagaré” aparezca en cualquier lugar del documento.
Alguna de esas denominaciones debe figurar “inserta
en el texto del mismo documento”.
Decía Pérez Fontana en su manual
sobre títulos valores:
“El
nombre fuera del cuerpo del escrito o sea antes de empezar su redacción o
debajo de la firma del creador o en alguno de sus márgenes, es un simple rótulo
por lo que procediendo así no se cumple con lo que exige la ley y, en
consecuencia, un título redactado en esa forma no es un vale, pagaré o
conforme.”
Advertimos
que la inserción del nombre del título valor “en el texto” del
documento, existe como exigencia legal sólo en materia de vales, conformes y
pagarés.
En materia de títulos valores en general, lo único que el Decreto Ley 14.701
exige es que aparezca el nombre del título valor, sin especificar en qué lugar
del documento debe aparecer.
Nos
parece evidente que las solemnidades no pueden ser interpretadas en forma
extensiva o amplia. No existe ningún fundamento legal para determinar que los títulos
valores pierdan su eficacia cambiaria, en función de que su nombre no se
encuentra inserto en el texto excepto, como ya dijimos, en materia de vales,
conformes y pagarés.
Por
otra parte, advertimos que no es imprescindible que la denominación “vale,
conforme o pagaré” aparezca como un rótulo destacado, siendo suficiente
que dicho nombre surja claramente del texto del documento.
2.
Expresión en el idioma del título
Como
un segundo requisito, el artículo 120 impone que “la denominación vale,
conforme o pagaré” sea “expresada en el idioma en que se ha
redactado” el título.
Está
claro que no es indispensable que la denominación del título aparezca en
idioma español. Lo único que el artículo 120 exige es concordancia entre el
idioma en que se redacta el título y su denominación.
Es
claro, también, que el artículo 120 admite que la denominación no sea
exactamente “vale, conforme o pagaré”, en los casos en que el vale
haya sido redactado en un idioma extranjero. En una sentencia, por ejemplo, se
entendió que la expresión inglesa “promise
to pay”,
inserta en el encabezamiento del documento, no dejaría lugar a dudas respecto
de la naturaleza cambiaria de un documento que se pretendía ejecutar.
B.
Fechas
y lugares
1.
Fecha
y lugar de creación
El
artículo 3 impone que en los títulos valores se consigne la fecha y el lugar
de su creación. Para las letras de cambio se establece una solución
supletoria, para el caso en que se hubiera omitido el lugar de creación (art.
56, inc. 4). Esta norma es aplicable a los vales, en virtud de la remisión que
efectúa el artículo 125 a las disposiciones relativas a la letra de cambio.
a.
Fecha de creación
En el
título valor debe indicarse el día, el mes y el año que corresponda al
momento de su creación. La fecha sirve para determinar la capacidad de quien
crea el documento. Además, sirve como punto de partida de distintos términos
legales como por ejemplo los vencimientos y los plazos de presentación de
algunos títulos.
b.
Lugar de creación
El lugar de
creación podría tener relevancia para los títulos valores internacionales. El
Derecho Internacional Privado del país donde se pretenda ejecutar el título
valor puede que utilice el lugar de creación como punto de conexión para la
determinación del Derecho aplicable al título o a la capacidad de los
firmantes del título.
Cabe
advertir, sin embargo, que en el Decreto Ley 14.701 no se ha adoptado ese punto
de conexión. Inversamente, se ha adoptado un régimen estrictamente
territorialista. El artículo 30 dispone: “Los
títulos creados en el extranjero tendrán la consideración de títulos
valores si llenan los requisitos mínimos que esta ley establece”.
2.
Fecha y lugar de ejercicio
del derecho
a.
Fecha de ejercicio del derecho
El lugar y
la fecha de ejercicio del derecho no son menciones esenciales lo que significa
que, si faltan, son interpretadas de acuerdo a las presunciones que la Ley
establece. Así, en materia de letras de cambio y de vales, si el creador del
título no indicó fecha para el ejercicio del derecho, la Ley presume que
serán pagaderos “a la vista” esto es, a su presentación. De la misma
forma, si el librador no indicó el lugar del ejercicio del derecho, la Ley
presume que éste será el domicilio del librador.
Sin
embargo, puede suceder que, por una mención expresa del creador, el
beneficiario del derecho, deba ejercerlo en un lugar y en una fecha determinada.
En este caso se debe estipular el lugar, el día, mes, año, dónde y a partir
del cual, debe exigirse la prestación debida. El acreedor tiene la obligación
de respetar esta mención.
Puede
suceder que, incumpliendo su obligación, el acreedor presente el título antes
de la fecha indicada para su cobro. En este caso quién deba pagarle deberá
devolver el título para que el acreedor lo presente al cobro en la fecha
indicada. ¿Qué sucede si se paga el título antes de la fecha indicada para
hacerlo? Corresponde advertir que éste problema no se presenta en los vales
porque es el propio deudor quien paga y quien rescata el vale. En efecto, si yo
libro un vale para que sea cobrado el 3 de diciembre, sólo estoy obligada a
pagarlo el 3 de diciembre. Si mi acreedor viene a reclamarme el pago el 1º de
diciembre puedo excusarme de la obligación de pagar pues no se ha cumplido el
plazo estipulado. Sin embargo, puedo pagarlo y exigir la devolución del vale.
Con esta devolución me aseguro que no me lo cobre, nuevamente, el 3 de
diciembre. Esto es así porque el vale es un título valor, esto es, un
documento de presentación necesaria y, una vez pagado, de rescate.
En el caso
del cheque, quién debe pagar el título es el banco designado pues ello es una
obligación inherente al contrato de cuenta corriente que el cliente celebra con
el banco. Si el banco paga un cheque antes de la fecha estipulada, satisfacerá
al acreedor quién no podrá, igual que en el vale, pretender cobrarlo
nuevamente pues el banco rescató
el cheque. Sin embargo, el banco incurre en responsabilidad frente al cliente
pues incumplió las obligaciones de caja que le corresponden de acuerdo al
contrato de cuenta corriente celebrado. Lo mismo sucede con la persona obligada
a pagar la letra de cambio.
b.
Lugar de ejercicio del derecho
La Ley contiene normas
interpretativas. El artículo 3, inciso 2, da una norma interpretativa para el
caso en que en el título se indiquen varios lugares de cumplimiento, indicando
que el tenedor elegirá uno de ellos.
Pérez
Fontana advertía que la expresión “lugar de ejercicio del
derecho” es vaga e imprecisa. Según este autor, no bastaría con la
enunciación de la ciudad donde debe ejercerse el derecho. La mención debería
especificar, además, la calle y número, y hasta el país donde se ubica la
ciudad (para evitar aquellos casos en que existen ciudades homónimas en países
diversos).
C. Derecho incorporado
El título
debe contener la prestación exacta que se pretende del deudor. El derecho que
se incorpore al título dependerá del tipo de título valor de que se trate. Así,
si se trata de un título representativo de dinero (cheque, vales y letras de
cambio), contendrá la obligación de pagar una suma determinada de dinero. Si
se trata de un título representativo de mercadería, contendrá la obligación
de entregar determinada mercadería.
D. Firma del librador
La
firma es fundamental. Lo que determina el nacimiento de la obligación es
precisamente la firma del documento.
La
Ley 16.713 que reorganiza el sistema de previsión social, en su artículo 84,
permite que en los cheques emitidos por el Banco de Previsión Social, destinado
al pago de jubilaciones, pensiones y otros beneficios, se pueda sustituir la
firma autógrafa por signos o contraseñas impuestos o impresos mecánica o
electrónicamente.
En materia de Bonos del Tesoro, el Poder
Ejecutivo ha autorizado la emisión de determinados bonos, con firmas impresas
del Ministro de Economía y Finanzas, del Contador General de la Nación y del
Gerente General del Banco Central del Uruguay. Mencionamos, a vía de ejemplo,
los Decretos 276/994, 323/997 y 372/998.
A
continuación, haremos algunos comentarios respecto de la representación para la
suscripción de títulos valores.
1. Representación legal
La
representación de origen legal se rige por el derecho común. En consecuencia
para saber si un padre, tutor o curador pueden firmar un título valor por el
incapaz, a falta de normas expresas de esta ley, tenemos que acudir al Código
civil. De acuerdo al Código civil ni el tutor ni el curador pueden firmar vales
o letras de cambio por el incapaz representado, ya que del contexto del referido
Código resulta que no pueden obligarlo (arts. 384 y 431 C.C.).
En
cuanto a los padres, la doctrina está dividida. Hay quienes entienden que los
padres tienen la libre administración de los bienes de sus hijos y que por lo
tanto pueden firmar títulos valores. Nosotros entendemos que los padres están
autorizados para administrar pero no para comprometer el patrimonio de sus hijos
con la firma de títulos valores (artículo 267 C.C.).
2. Representación contractual
Quien firma un título valor puede hacerlo por sí y para sí; o puede hacerlo un
tercero a quien se ha conferido poder para ello. Quien actúa firmando un título
valor sin poder o excediendo los poderes que se le han concedido se obliga
personalmente y no vincula a quien pretendió representar. Este es un principio
general en materia de representación y de mandato. Está reiterado y establecido
expresamente en el artículo 24 de la Ley, en el inciso primero, en su primera
parte:
“Quien
suscriba un título valor a nombre de otro sin facultades legales, se obligará
personalmente como si hubiera obrado en nombre propio. Y si pagare tiene los
mismos derechos que hubiera tenido la persona a quien pretendió representar.”
Si
una persona sin representación firma un título valor y si en virtud de haberlo
firmado le es requerido el pago y paga él, luego tendrá derecho a repetir lo
pagado contra los obligados cambiarios anteriores.
Supongamos que alguien, sin poder, firma el endoso de un vale. B firma por A el
endoso. Si no tiene poder, quien se obliga es B; A no queda obligado porque no
le dio el poder a B. El portador de ese documento podrá reclamar su importe a B.
Si B paga, tiene acción de regreso contra el librador y va a poder exigir de
éste el pago del documento. Eso es, lo que establece el artículo 24: “y si pagare tendrá los mismos derechos que hubiese tenido la
persona a quien pretendía representar”.
a. Mandato expreso
* Modalidades de mandato
expreso
En
el artículo 21 se prevén dos modalidades de mandato expreso. Se establece que la
representación para obligarse, en un título valor se podrá conferir: mediante
mandato con facultades suficientes; mediante carta dirigida al presunto tenedor
del título.
¿Qué
significa mandato con facultades suficientes? En nuestro concepto, un mandato
general, por más amplios que sean sus términos no es suficiente, ya que el
Código civil establece que el mandato concebido en tales términos, sólo atribuye
facultades de administración (artículo 2.056 C.C.). Entendemos que la
suscripción de un título valor no es un acto de mera administración, en cuanto
crea obligaciones a cargo del firmante.
Para
que las facultades sean suficientes, deben ser expresas. El mandato debe
expresamente establecer “autorizo a X a firmar títulos valores en mi
representación”. Si una persona otorgara a otra, un mandato general, con los
términos más amplios y dijera “otorgo mandato general y absoluto a X para
hacer todo lo que yo pueda hacer”, ese mandato no autoriza a X para firmar
títulos valores, porque el mandato debe conceder facultades suficientes y
entendemos que debe ser conferidas expresamente. Cuando se redacta un poder a
favor de una persona a quien se quiere autorizar para que firme un título valor,
no basta con decir que se le confiere un poder amplio y general sino que debe
especialmente establecerse que puede firmar títulos valores o letras, cheques o
vales, según la extensión que quiera darse.
Desde luego que quien recibe un título firmado por un apoderado debe recabar y
examinar la documentación que acredita el mandato y conservar elementos
probatorios para el caso de que el obligado cambiario se excepcione en juicio
diciendo que quien firmó no era su apoderado.
La
otra modalidad establecida en el segundo numeral del artículo 21 es la carta
dirigida al tenedor del título. No se trata de un mandato general para firmar
títulos valores, sino de un mandato que tiene relación con un determinado título
valor, con una determinada letra de cambio o un determinado vale. Supongamos que
A va a firmar un vale a favor de B. Le manda una carta a B y le dice que va a
firmar un vale a favor suyo y que en su representación lo va a firmar X. Esa
persona X va a estar entonces autorizada a firmar ese vale. De modo que la carta
en la cual consta la autorización va a ser una carta dirigida al tomador de ese
documento quien podrá acreditar con esa carta que quien firmó el vale tenía
facultades para hacerlo. Cuando B inicie el juicio contra el librador A, va a
acreditar el mandato con la misma carta que tiene su poder. A no podrá decir “no,
yo no di mandato”, porque el tenedor ha de tener el comprobante de que el
mandato se confirió.
*
Firma por quien no tiene mandato
En
el primer inciso del artículo 24 se establece que quien actúa sin mandato se
obliga personalmente. El inciso segundo prevé, para la hipótesis de que una
persona ha actuado sin mandato, la posibilidad de que el presunto mandante
ratifique lo hecho por quien no tenía poder. Se establece además que en caso de
ratificación, va a estar obligado por el acto de la persona que invocó la
representación sin tenerla. Es decir, que cuando actúa una persona sin
representación puede suceder, al acto de la firma del título valor un acto de
ratificación posterior, expreso o tácito. El artículo 24 admite las dos
posibilidades y el inciso 3 distingue cuando la ratificación es tácita y cuando
es expresa. La expresa supone una constancia en el mismo título valor o por
separado. Una carta en la cual se dijera autoricé o ratifico lo hecho en mi
nombre, es una ratificación expresa. La tácita supone la realización de
determinados actos, por el presunto mandante, que signifiquen su aceptación de
lo firmado en su nombre, como podría ser, el pago total o parcial del importe
del título.
b. Mandato aparente
El
artículo más novedoso de esta ley en esta materia, es el artículo 22. El
artículo 22 establece que, quien haya dado lugar con hechos positivos o con
omisiones graves, a que se crea, conforme a los usos de comercio, que un tercero
está autorizado para suscribir títulos a su nombre, no podrá oponer la excepción
de falta de representación en el suscriptor.
El
artículo 22 recoge la teoría de la apariencia. Esta es una teoría muy en boga en
la doctrina comercialista, por la cual en tutela de los intereses de terceros se
hace primar la apariencia sobre la realidad. Se argumenta que quien crea la
apariencia y quien se vale de una apariencia, debe soportar sus efectos.
Igualmente debe tolerar que esa apariencia produzca sus efectos si
negligentemente permitió que se diera tal situación. Quien confió, por otra
parte, en una determinada apariencia o determinada manifestación exterior, tiene
derecho en confiar en que produzca sus efectos, independientemente de que la
manifestación corresponda o no a la realidad. Con la adopción de esta teoría, la
Ley procura asegurar el tráfico de los títulos valores.
Damos un ejemplo. Supongamos que un comerciante tiene un establecimiento y un
dependiente de su mayor confianza. Viene un determinado día un proveedor, deja
mercadería y su dependiente firma por el principal un conforme en su presencia.
Otro día el proveedor vuelve a entregar otra mercadería y vuelve a firmar el
dependiente en su presencia; otro día viene y el principal no está, vuelve a
entregar mercadería y firma el dependiente otro vale. En esta actuación del
ejemplo, el comerciante ha creado la apariencia de un apoderamiento; por lo
tanto, no podrá alegar que ese dependiente no tenía poder, para no pagar.
Decimos que con esta norma la Ley procura promover el tráfico de los títulos
valores, pero entendemos que en su aplicación podrán crearse situaciones de
conflicto.
El
artículo 22 no autoriza al demandado a excepcionarse con la falta de poder, en
la hipótesis planteada de mandato aparente. No obstante la redacción del
artículo 22, entendemos que su mecanismo de aplicación será el siguiente.
Si
el portador ejecuta el título, el demandado podrá excepcionarse señalando que el
firmante no era su apoderado. El portador del título firmado por un mandatario
aparente deberá, entonces, invocar y probar los hechos positivos o las omisiones
graves que crearon la apariencia de un apoderamiento. Probados esos extremos el
demandado quedará vinculado por la firma del mandatario aparente.
Aun
cuando la ley no establece quién debe probar la apariencia, entendemos que quien
tendrá que probarla será quien la invocó, es decir el acreedor demandante, ya
que la falta de apariencia es un hecho negativo imposible de probar.
Dijimos en un párrafo precedente que
quien recibe un título firmado por un apoderado, debe cerciorarse de la
existencia de un poder y además conservar elementos probatorios del
apoderamiento, para la eventualidad de que el obligado se excepcione, diciendo
que no dio poder. Con mayor razón, quien ha recibido un título, sin haber
verificado la existencia de un poder expreso, deberá tener y conservar los
elementos probatorios para acreditar la apariencia que haya de invocar.
c. Mandato al factor o gerente
y al dependiente
El factor o gerente tiene un poder amplísimo
ya que puede hacer todo lo que el contrato no le prohíba. Si el principal quiere
restringir las facultades del factor, debe establecerlo con una norma expresa
(artículo 136 Código de comercio).
En
el artículo 23 del Decreto Ley 14.701 se prevén dos hipótesis distintas, la del
administrador de una sociedad comercial y la del gerente o factor de una casa de
comercio. El artículo 23 establece que los administradores o gerentes de
sociedades o de establecimientos comerciales se reputarán autorizados por el
solo hecho de su nombramiento para suscribir títulos valores a nombre de las
entidades que administran.
De
acuerdo con ese texto el factor tiene facultades para firmar títulos valores.
Recordemos que por el artículo 21 el mandato tiene que tener constancia expresa
sobre las facultades de firmar títulos valores; pero si el mandato se confiere a
un factor no es necesario la cláusula expresa sobre la posibilidad de firmar
títulos valores.
Respecto a los dependientes cabe mencionar el artículo 150 del Código de
comercio, en el cual se establece la posibilidad de dar ciertas facultades a los
dependientes y de hacerlas conocer por circulares dirigidas a los
corresponsales. De acuerdo a esta norma, un comerciante podrá enviar una
circular a distintos comerciantes o corresponsales diciendo que ha dado poder a
un dependiente para firmar títulos valores, en cuyo caso, quedará comprometido
por los títulos que éste firme.
3. Representación de sociedades
comerciales
a. Consideraciones generales
En
cuanto al régimen de representación de sociedades comerciales, el Decreto Ley
14.701 debe complementarse con las previsiones especiales de la Ley 16.060.
El
Decreto Ley 14.701 se refiere a los administradores de sociedades. En la Ley
16.060 se distingue entre administrador y representante. El administrador es el
representante, salvo que la Ley o el contrato, establezcan otro régimen de
representación (Ley 16.060, artículo 79, inc. 1). Tratándose de sociedades con
órganos colegiados, el representante de la sociedad será el Presidente del
Directorio (Ley 16.060, artículo 376).
Para
conciliar la distinta terminología legal, podemos entender que las normas del
Decreto Ley 14.701 sobre administradores, debe entenderse referida a la figura
del administrador que sea representante o a la figura de quien sea representante
por disposición de la ley o del contrato.
Antes de analizar los textos legales aplicables a la firma de títulos valores
queremos hacer algunas precisiones respecto al régimen de administración y de
representación de las sociedades comerciales.
* En
la sociedades comerciales de tipo personal, los socios pueden designar en el
contrato uno o más de un administrador. Si no se designa administrador,
cualquiera de los socios puede administrar (Ley 16.060, art. 200, inc. 2).
Si
se designa más de un administrador, el contrato expresará cómo actuarán: en
forma indistinta, en forma conjunta o en forma colegiada.
El
contrato puede imponer la actuación conjunta. Así, por ejemplo, si se designa
dos administradores y se establece que actuarán en forma conjunta, deberán
firmar ambos los documentos sociales.
La
actuación colegiada o corporativa, impone la actuación en forma organizada,
mediante un Directorio, convocado formalmente, con la periodicidad prevista por
el contrato y en que se adopte resoluciones por mayoría. La representación la
ejerce el Presidente del Directorio, salvo pacto contrario.
Si
en el contrato o por acto posterior se designa más de un administrador y nada se
prevé sobre la forma en que han de actuar se entiende que cualquiera de ellos,
indistintamente, puede realizar cualquier acto de administración y
representación (Ley 16.060, art. 201).
Como
principio general, son los socios quienes han de resolver la actuación
indistinta, conjunta o colegiada cuando se designan varios administradores en el
contrato o por acto posterior. La Ley no impone una u otra forma de actuación.
* En
la regulación de las sociedades anónimas el artículo 375 de la Ley 16.060
dispone:
“La administración de las sociedades anónimas estará a cargo
de un administrador o de un directorio.
.....
Tratándose de sociedades anónimas abiertas el órgano de
administración será necesariamente un directorio.”
De
acuerdo con el texto transcripto, en las sociedades anónimas la designación de
un administrador o de más de uno puede resultar del contrato o de una decisión
de la asamblea, pero si se nombra más de uno es forzosa su actuación colegiada.
Para las sociedades anónimas abiertas, el órgano de administración ha de ser
siempre un directorio.
*
Para las comanditas por acciones el artículo 479, inciso 1 establece:
“La administración y representación estará a cargo de uno o
más administradores o de un directorio según se prevea en el contrato social.”
*
Tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, podrá el contrato prever
actuación indistinta, conjunta o colegiada. Se aplican las normas de las
sociedades anónimas en el último caso (artículo 237, inc. 3).
b. Interpretación del artículo
23 del Decreto Ley 14.701 y del artículo 79 inciso 3
de la Ley 16.060
* El
Decreto Ley 14.701, en su artículo 23, establece que el administrador se
reputará autorizado a suscribir títulos valores a nombre de las entidades que
administra por el solo hecho de su nombramiento.
Supongamos que en un contrato de sociedad colectiva, se designa administrador a
uno de los socios; por la sola designación y sin necesidad de establecerlo en el
contrato o en un documento aparte, ese administrador estará facultado para
firmar títulos valores por cuenta de la sociedad. No es necesario, entonces, que
en el contrato social o en el acto de designación de un administrador se
estipule expresamente que el administrador puede firmar títulos valores porque
la Ley ya lo autoriza.
Si
en el contrato no se ha designado administrador, cualquiera de los socios podrá
administrar y, por ende, firmar títulos valores.
Si
en el estatuto de la sociedad anónima se establece que la sociedad será
administrada por un administrador, no es necesario establecer en el estatuto que
está autorizado para la firma de títulos valores. El artículo 23 reputa que está
facultado para ello.
Tratándose de sociedades anónimas con órganos colegiados, el representante de la
sociedad será el presidente del directorio (artículo 376). El directorio es el
órgano que adoptará la resolución de firmar el título valor y luego el
presidente lo suscribirá. Aplicando el artículo 23, el directorio no debe estar
expresamente autorizado por el Estatuto para resolver la suscripción de títulos
valores y el presidente podrá firmarlos aunque en el Estatuto o en el acto de
designación no se le atribuya esa facultad.
* El
artículo 23 no plantea problemas en las hipótesis antes analizadas de
administración societaria. Las dudas se pueden plantear frente a previsiones
contractuales que imponen la representación plural. ¿Qué sucede cuando el
contrato de sociedad contiene estipulaciones sobre la forma de actuar de los
administradores e impone para la firma de documentos la actuación conjunta de
dos o más de ellos? Por ejemplo, si en el contrato social se designa a dos
administradores y se dispone que deben actuar conjuntamente, porque por más
confianza que exista entre los socios, no se desea que la sociedad quede
comprometida sino por la firma conjunta de los dos administradores. Para la
interrogante planteada, da una solución la Ley 16.060, en el artículo 79, inciso
5, que establece lo siguiente:
“La sociedad quedará obligada, aun cuando los representantes
actúen en infracción de la organización plural, si se tratara de obligaciones
contraídas mediante Títulos Valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o
concluidos mediante formularios.”
De
este modo, aunque quienes contrataron sociedad quisieron ser previsores y
establecieron que para que la sociedad se obligue frente a terceros debían
firmar dos administradores, si firma uno solo, igualmente obliga a la sociedad.
Damos otro ejemplo. Si el estatuto de una sociedad anónima dispone que la
representación sea ejercida por Presidente y Secretario, actuando conjuntamente,
aplicando el artículo 79 inciso 5, si el título valor es firmado sólo por el
Presidente, la sociedad quedará de todos modos obligada.
La
Ley supera las restricciones contractuales en protección de los terceros. El
tercero no tiene por qué examinar el contrato social, basta con el texto legal
que le ampara.
Se
supone que en las modalidades de obligarse por títulos valores, la celeridad con
que se celebran los negocios, impide que los terceros puedan controlar, en cada
caso, las previsiones del contrato social o de la designación del administrador
o representante.
La
norma agrega que el tercero que tuviere conocimiento de la infracción no podrá
reclamar a la sociedad el cumplimiento de la obligación contraída. Con ello se
sanciona al tercero de mala fe.
c. Sobre el artículo 79 inciso
4 de la Ley 16.060
Otra
norma que interesa es el artículo 79 inciso 4 que dispone:
“Las restricciones a las facultades de los administradores y
representantes establecidas en el contrato o en el acto de designación serán
inoponibles a los terceros, pero tendrán eficacia interna.”
La
norma se aplicará a la hipótesis en que el contrato disponga, por ejemplo, que
el administrador no puede firmar títulos valores sin la resolución previa de los
socios, adoptada por unanimidad o en la hipótesis en que se establezca que el
Presidente de una sociedad anónima no puede firmar títulos valores por una suma
superior a $ 1.000.000 sin resolución del Directorio, adoptada por una mayoría
calificada.
El
representante que actúa infringiendo la restricción del contrato, igual vincula
a la sociedad, pero será responsable frente a ésta, por el daño que haya causado
a la sociedad con su actuación transgresora.
Como en el caso anterior, la sociedad no quedará obligada, si el tercero tenía
conocimiento de la infracción.
II. Títulos valores incompletos
El legislador uruguayo ha
autorizado la creación de un título incompleto. El régimen aplicable a
los títulos valores con blancos se encuentra compuesto por normas de carácter
general, contenidas en el Decreto
Ley 14.701 de 1977 y otras normas que han sido especialmente dictadas en
tutela del consumidor frente a las operaciones de crédito.
El artículo 4 del
Decreto Ley 14.701 establece la posibilidad de emitir un documento con blancos.
Dispone lo siguiente:
“Si se omitieren algunas menciones o requisitos, cualquier tenedor legítimo
podrá llenarlas antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que
en él se consigne.”
La norma contenida en el
artículo 4 está
desarrollada para las letras de cambio en el artículo 61. Este artículo es aplicable, también,
a los vales y a los cheques.
Según
surge de la lectura del artículo 4
del
Decreto Ley 14.701, se requieren dos
condiciones para el ejercicio de los derechos consignados en un título valor
con blancos: que el título sea completado por un tenedor legítimo y que el título
sea completado antes de su presentación.
A.
Completamiento por el legítimo tenedor
El
artículo 4 autoriza
al tenedor legítimo para completar las enunciaciones que falten. El título no
podrá ser llenado por quien no tiene legítimos derechos sobre ese documento
como, por ejemplo, quien lo hurtó o quien lo encontró extraviado.
La norma del
artículo 4 contempla una práctica del comercio, por la cual el creador del título delega
en quien lo toma, que lo complete siguiendo sus instrucciones. Supongamos un
ejemplo. Se libra un vale y se deja en blanco la fecha de vencimiento y aun el
importe, porque se espera la concreción definitiva de un negocio de
compraventa. En el ejemplo, el librador da instrucciones al tomador para que
llene los claros de acuerdo a las alternativas de la relación fundamental.
El blanco, también,
puede ser llenado por el girado, al aceptar. Al hacerlo fija los límites de su
responsabilidad, en la forma convenida con el librador.
B. Completamiento antes de
la presentación
El
Decreto Ley 14.701 supone que,
al crearse el título, su creador lo haya hecho en forma incompleta faltándole
alguna o algunas de sus enunciaciones. Ahora bien, el título no existe como tal
sino hasta que esté completo y contenga todas las enunciaciones que el
Decreto Ley 14.701 ha
marcado como esenciales. Dado el carácter esencial de algunas de las menciones
que debe contener, si ellas faltan el título no es eficaz. Por ello, sólo
después de completado se podrá exigir el derecho consignado.
El librador podrá firmar
un título valor en que faltan menciones esenciales, pero en rigor, no existirá
el título valor sino hasta que sea completado y el
Decreto Ley 14.701 faculta para ello al legítimo
tenedor. El tenedor que pretende exigir la prestación prometida por el
librador, deberá y podrá previamente llenar los blancos, completando el título.
Si el título es
presentado en forma incompleta – esto es que falte una mención o que haya
quedado sin llenar un blanco – el demandado podrá excepcionarse por la
inhabilidad del título.
El
artículo 4 del
Decreto Ley 14.701 faculta al
tenedor para completar un título, sin aludir para nada a las instrucciones que
puedan haber sido dadas para su completamiento. Complementariamente, el artículo
61 prevé la existencia de esas instrucciones. Establece:
“Cuando
una letra de cambio incompleta en el momento de su creación, se hubiese
completado contrariamente a los acuerdos celebrados, el cumplimiento de
estos acuerdos no podrá alegarse contra el tenedor, a no ser que éste haya
adquirido la letra de cambio con mala fe o que al adquirirla, haya incurrido en
culpa grave.”
A. Tutela
a terceros de
buena fe
Para el caso de que el
tenedor se aparte de las instrucciones, la Ley incorpora en el artículo
61 una
norma protectora de los terceros de buena fe. En efecto, se establece que si el
tomador del documento llena el documento sin atenerse a las instrucciones, el
incumplimiento no podrá invocarse contra el tenedor de buena fe o
que no hubiere incurrido en culpa grave.
El librador del
título debe pagar lo que dice el título, porque está obligado en los términos
del documento (literalidad) y no puede alegar nada que esté fuera del documento.
Se protege, de esta manera, a los terceros que tienen derecho a la prestación
tal cual resulta de la literalidad del título.
El librador sólo podrá alegar la
violación de los acuerdos frente a quien tomó el título valor y con quien
celebró el pacto cambiario.
Advertimos
que el artículo
61 no protege a los tenedores de mala fe
o a quienes al adquirir el título incurrieron en culpa grave.
Quien debe probar la mala fe o la culpa grave del adquirente será el obligado a
quien se reclama la prestación, con todas las dificultades que tal prueba
supone.
Por
otra parte, quien adquiere un título incompleto debe informarse sobre el pacto
celebrado.
Asimismo, es deber del primer tomador, informar al adquirente subsiguiente
respecto de la existencia del pacto.
Consecuentemente, el portador que llene a su arbitrio los blancos será portador
de mala fe.
Ejemplo:
Se celebra un contrato de compraventa, en que se
estipula que el precio será fijado por un tercero. El comprador firma para el
pago del precio un vale, pero lo firma dejando en blanco el importe y dejando
instrucciones al vendedor para que llene el vale, con la cifra que resulte de la
fijación del precio por el tercero. Supongamos que el tercero fija el precio en
$ 1.000 pero el tomador del vale, el vendedor, completa el título poniendo $
2.000.
El tomador del vale
completó el título, tal como lo autoriza el artículo 4
de la Ley, pero lo hace violando las instrucciones, hipótesis del artículo
61. Luego, el tomador del vale lo endosa a favor de un tercero que pagó por ese
vale la suma de $ 2.000. Llegado el vencimiento, el tercero podrá exigir al
creador del vale la suma de $ 2.000 y el creador del vale no podrá alegar,
frente a ese tercero, la existencia de instrucciones violadas, sino que deberá
pagarle los $ 2.000 escriturados en el título.
Resumiendo lo hasta aquí
expuesto, diremos que:
1. El
artículo 4 - en
una norma general para todos los títulos valores - permite librar títulos con
blancos y que ellos sean completados por el tenedor legítimo para poder exigir
la prestación debida.
2.
El artículo
61 – en una norma especial para letras, aplicable a vales y a
cheques - agrega una referencia a los acuerdos extracambiarios para completar el
título, estableciendo soluciones protectoras de los terceros de buena fe, que
no hayan incurrido en culpa grave, para el caso de que tales acuerdos se violen.
B. Violación del pacto de
completamiento
Quien
llene los claros en un título valor, debe hacerlo respetando el pacto de
completamiento.
1.
Distinción
Si
existió el pacto de completamiento, se debe distinguir dos situaciones: la de
quien suscribió el título en blanco y la de quien suscribió el título luego
de completado.
a.
Situación del suscriptor de un título en blanco
El
título valor completado sin respetar el pacto no es nulo pero quien se obligó
en blanco responde, en principio, de acuerdo a lo convenido extracambiariamente
y no por el tenor literal. En esta posición se encuentra el creador del título
valor y quien lo endosó aún incompleto.
b.
Situación del suscriptor del título ya completado
Quien
suscribió un título valor después de llenado el blanco, responde de acuerdo
al tenor literal. Esta es una solución similar a la dada para el caso de
alteración del título valor.
Para
el portador de buena fe que adquirió el título valor completo, todos los que
suscribieron el título responden de acuerdo a su tenor literal.
Quien lo recibió incompleto no puede exigir por vía de regreso más de lo
pactado en el pacto de completamiento.
2.
Posibilidad de excepcionamiento por violación del pacto de completamiento
a.
Jurisprudencia
La
jurisprudencia argentina, en general, rechaza esta posibilidad por distintas
razones. Se ha argumentado que implica cuestionar la autenticidad ideológica
del documento; que constituye un tema extracartular propio del Derecho común;
que supone indagar sobre un pacto ajeno al tenor literal, violentando el
principio de abstracción, y que el limitado marco de conocimiento que ofrece el
juicio ejecutivo imposibilita el tratamiento de defensas que incursionan en la
causa de la obligación. Podría, entonces, según esta jurisprudencia,
promoverse un juicio de conocimiento para cuestionar la deuda en ejecución,
pero ese juicio no obstruiría ni paralizaría el ejecutivo.
En
algún caso, no obstante, se admitió el excepcionamiento referido, cuando los
hechos fundantes han sido admitidos por las partes y corroborados en forma
documental. En ese caso se expresó por el sentenciante que “frente al dolo
manifiesto no pueden los jueces permanecer indiferentes por el apego formal a
preceptos destinados a proteger la seguridad del tráfico de los títulos
valores circulatorios, y la cuestión controvertida no afecta a otro interesado
que las partes intervinientes en este proceso, ya que no median endosantes ni
avalistas”
En
nuestra jurisprudencia, se ha considerado que el abuso de firma en blanco
invocado frente al completamiento de un título valor contrariando lo pactado,
sería un hipótesis de falsedad ideológica. Siendo que la excepción de
falsedad ideológica no se encuentra en el elenco del artículo 108, a juicio
del Tribunal, sería inadmisible[1].
b.
Doctrina
En
nuestro país, Pérez Fontana
sostuvo posiciones contradictorias entre sí, en dos pasajes distintos del tomo
III de su manual sobre títulos valores. En la página 119 sostuvo:
“que
aun cuando el art. 108 de la L.T.V. no incluye las excepciones previstas en el
art. 61 de la misma, si el ejecutante completó la letra contrariando lo
establecido en el contrato de completamiento, el librador puede oponerse a la
ejecución”.
En cambio, en la página 241 expresó:
“En el caso de
que haya mediado un acuerdo entre el librador y el tomador, circunstancia
prevista por el art. 61 de la L.T.V. que autoriza a alegar el incumplimiento de
esos acuerdos al tenedor que haya adquirido el título de mala fe o al
adquirirlo haya incurrido en culpa grave, el ejecutado no podrá excepcionarse
porque esa excepción no está prevista en el art. 108 de la L.T.V... El
incumplimiento de los acuerdos deberá ser objeto de un juicio ordinario
posterior a la ejecución cambiaria”.
Por
su parte, Merlinski
opina que no habría posibilidad de oponer el abuso en el completamiento como
excepción, por no estar prevista en el artículo 108. Sin embargo, en su opinión,
el ejecutado igualmente podría alegar el abuso en el completamiento, al ser
citado de excepciones. Esta alegación generaría, a su entender, un incidente
innominado y atípico, dentro del proceso ejecutivo, que no inhibiría la
ejecución. Su eficacia se limitaría a que, en la vía de apremio, se
readecuase la obligación
del deudor, en función a lo que éste alegara y probara en el incidente
referido[1].
c.
Nuestra opinión
En
nuestro concepto, la enunciación de excepciones no se agota en el artículo
108, pues existen otros textos legales en que, también, se prevé
excepcionamientos expresa o tácitamente. Precisamente, la hipótesis en
estudio, a pesar de no encontrarse prevista en el artículo 108, es admisible en
función de lo dispuesto en el artículo 61.
Reconocemos
que la excepción fundada en el artículo
61 altera principios generales
cambiarios, por cuanto supone la necesidad de acudir a documentos
extracambiarios: el contrato donde se consagra la relación fundamental, el
pacto cambiario o el pacto de completamiento. Se altera, también, el principio
de la literalidad y de la abstracción. Sin embargo, nada impide que el
legislador establezca limitaciones a los principios generales.
Este
excepcionamiento es relativo, puesto que sólo puede oponerse por el creador del
título valor o por quien lo firmó antes de llenado el claro. Es, también, personal, porque se puede oponer sólo contra la persona con quien se suscribió
el pacto de completamiento o contra el portador de mala fe o que incurrió en
culpa grave.
A
su vez, la contravención al pacto de completamiento podrá alegarse si ella
ocasiona perjuicio al obligado cambiario. Por ejemplo, si al completar el título
se establece una obligación menor a la pactada o si se establece una fecha de
emisión distinta, que no afecta el vencimiento ni tiene incidencia en cuanto a
la determinación de la capacidad del creador, tales hechos no justifican un
excepcionamiento.
En
caso de ser procedente, el excepcionamiento tendrá como consecuencia reducir la
obligación cartular a los límites estipulados. Si la sentencia acoge el
excepcionamiento, con ello no se exonera de responsabilidad u obligaciones al
suscriptor sino que se fijarán los términos de la obligación de acuerdo al
pacto celebrado.
3.
Completamiento de la cláusula de vencimiento
Según lo establecido en
el artículo 3 del Decreto Ley 14.701, es un requisito de los títulos valores,
la mención de la fecha del ejercicio del derecho en ellos consignado. Esto es:
se debe estipular el momento, día, mes y año en que puede exigirse la prestación
debida. En materia de letras y vales, no se trata de una enunciación esencial
pues, si falta, el Decreto Ley presume que es pagadera a la vista (art. 56, inc.
2).
El
tribunal entendió que tanto el tomador como los sucesivos tenedores, pueden
completar el blanco según su conveniencia. Consideró que es inadmisible que
cuando alguien libra un vale con la fecha de vencimiento en blanco, se presuma
que celebra un acuerdo extracartular con el tomador para que éste nunca llene
la mención faltante y, entonces, el vale deba considerarse a la vista.
III.
Alteraciones en el texto de un título valor
El
artículo 13 se refiere a las alteraciones del
texto en un título valor. Establece: “En
caso de alteración del texto en un título valor, los signatarios anteriores se
obligan conforme al texto original”.
La
norma está suponiendo las hipótesis en que un título valor que tiene
determinadas enunciaciones comience a circular y, en determinado momento de su
circulación, alguien introduzca una alteración que varíe, por ejemplo, la
fecha de vencimiento o la cantidad a pagar o cualquier otra mención.
Para
tal hipótesis, el artículo 13 dispone que
quienes firmaron antes de efectuada la alteración, están obligados de
acuerdo al texto original. Así, por ejemplo,
el creador del documento está obligado de acuerdo al tenor de las
estipulaciones que él estampó. Si, luego, un endosante efectúa una alteración,
él y los posteriores endosantes estarán obligados al tenor de las
alteraciones pero los endosantes anteriores o el creador siguen obligados por
el texto anterior.
De
este modo, se consagra una limitación al principio de la literalidad del
derecho. El portador podrá exigir la prestación de acuerdo al texto original
o de acuerdo al texto alterado, según la fecha en que suscribió el obligado
a quien dirige su reclamación.
Esta
norma nos enfrenta a un problema difícil de prueba: determinar en qué momento
se hizo la alteración y en qué momento se obligaron los signatarios. Por ello,
el Decreto Ley incorpora una presunción, en el segundo inciso del artículo
13: "Se presume, salvo prueba en contrario, que la suscripción
ocurrió antes de la alteración".
Si
hay una alteración se presume que quienes suscribieron el documento lo
suscribieron antes de ser alterado y, entonces, están obligados en los términos
anteriores. El que tenga interés en probar lo inverso, es decir en probar que
la suscripción fue posterior a la alteración, tendrá que probarlo, porque
se admite la prueba en contrario.
Insistimos,
hay dos actos: suscripción y alteración. El Decreto Ley presume que cuando
se suscribe el título valor todavía no está alterado; quien tenga interés
podrá probar que quien firmó lo hizo después de la alteración, para hacer
caer la presunción legal.
Por
ello es que cuando se altera un título valor, se suele exigir una nueva firma
en el título, referida a la alteración. Por ejemplo:
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Montevideo,
22 de mayo de 2007 2008
Vale
por $ 10.000, que debo y pagaré al portador.
Walt
Disney
Testado
"2007" no vale, "2008" vale.
Walt
Disney
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