Naturaleza jurídica de la obligación cambiaria

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

La determinación de la naturaleza jurídica de la obligación cartular ha sido objeto de una abundantísima controversia doctrinaria[1]. Por nuestra parte, nos limitaremos a destacar algunas de las orientaciones principales de la doctrina, en la medida que incidan sobre la apreciación de nuestro Derecho positivo.

I. Teorías contractualistas

Según las primeras teorías formuladas para explicar la naturaleza jurídica de la obligación cartular, ésta deriva de un acuerdo de voluntades (contrato de cambio) entre quienes participan en la formación del título de crédito. El título valor sería el instrumento para la ejecución del contrato y, al mismo tiempo, probaría la existencia del contrato.

Estas teorías fueron las predominantes hasta que Einert, en publicaciones aparecidas en 1824 y 1839, las cuestiona radicalmente. Analizando el funcionamiento de la letra de cambio, este autor partía del principio de que ese título constituía el papel moneda de los comerciantes. Según Einert, el título valor no es el instrumento de un contrato sino una promesa abstracta, dirigida al público en general, de pagar conforme a las cláusulas insertas en el documento. Una vez instrumentado el título valor, éste queda desligado de toda relación personal entre quienes intervinieron en su creación. La obligación de suscriptor es asumida ante una persona indeterminada o sea ante el que posea legítimamente el título[3].

Las teorías contractualistas podrían ser satisfactorias si sólo se tomase en cuenta las relaciones entre el librador y el tomador del título. Sin embargo, cuando se analizan las relaciones entre el deudor y los subsecuentes poseedores del título, se tropieza con un obstáculo: es fundamental que los sucesivos tenedores se encuentren investidos de un derecho autónomo, que los coloque al abrigo de todas las excepciones de carácter personal que podrían oponerse a los tenedores anteriores. Las teorías contractualistas no pueden explicar satisfactoriamente la autonomía del derecho de los sucesivos tenedores, con quienes el librador no tiene relación alguna[4].

Los partidarios de las teorías contractualistas, entonces, realizan un importante esfuerzo por superar las críticas, a través de precisiones a la formulación básica de la teoría.

Así, por ejemplo Liebe, en 1843, insistía en la existencia de un acuerdo de voluntades entre el librador y el tomador del título en el momento de la suscripción del título pero ese acuerdo, según Liebe, tendería solamente a producir el título.

Goldschmidt sostenía que el librador contrataba con el primer tomador, a favor de éste y, al mismo tiempo, en favor de la serie indeterminada de los subsiguientes tomadores.

En un sentido similar, Vivante, en 1896, consideraba que la fuente de la obligación cartular tenía una doble origen: un contrato en cuanto al primer tomador y la voluntad unilateral frente a los tenedores sucesivos[5].

II. Teorías unilateralistas

En nuestro Derecho, la fuente de las obligaciones que emanan de un título valor es la voluntad unilateral de quien la creó. Así lo dispone el artículo 7 del Decreto Ley 14.701 de 1977, que establece lo siguiente: “Toda obligación incorporada a un Título Valor deriva de la firma puesta en el mismo”.

La obligación cartular, por lo tanto, en nuestro Derecho, tiene su fuente en la voluntad unilateral porque el título se crea y produce sus efectos, con la sola expresión de voluntad del firmante, sin necesidad de que su voluntad se combine con otra, que haya de añadirse a ella para integrar un solo negocio. Quien suscribe el título valor se obliga a una prestación frente al poseedor del título y no la subordina a ninguna aceptación ni contraprestación. Así es a diferencia del contrato, ya que en el contrato siempre hay una manifestación de voluntad que debe estar integrada con otra manifestación de voluntad; en el título valor, la obligación cartular nace con una sola manifestación de voluntad de una sola parte.

El legislador claramente agrega a las fuentes clásicas de las obligaciones: ley, contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito, esta nueva, de la voluntad unilateral, cuya existencia, por otra parte, ya se sostenía bajo el imperio del Código de comercio. El mérito del Decreto Ley 14.701 es, por lo tanto, establecer con toda claridad, lo que antes era una mera elaboración doctrinaria.

Resumiendo, quien suscribe un título valor se obliga a una prestación frente al poseedor del título y no subordina esa obligación a ninguna aceptación, a ninguna contraprestación. En consecuencia, la fuente de las obligaciones que emanan de un título valor es la voluntad unilateral de quien lo crea.

Agregamos que la voluntad unilateral es la fuente de cada una de las obligaciones que constan en el título. El artículo 7 del Decreto Ley 14.701 establece que toda obligación, incorporada a un título valor, deriva de la firma puesta en el mismo. En el título pueden figurar distintas firmas: la firma del librador, las firmas de los endosantes, las firmas del aceptante, la firma del avalista. La obligación del endosante – como la del librador - va a surgir de su sola voluntad unilateral y sin necesidad de una voluntad complementaria. Si se trata de una letra de cambio y el girado acepta, su obligación va a emanar de su sola firma agregada al documento, obligación unilateral asumida por el girado al aceptarla. Si una persona avala el título y lo firma, su obligación, también, ha de derivar de su sola firma. Habrá entonces obligación contraída por la sola firma del creador, obligación del girado que acepta, obligación nacida de la sola voluntad del endosante y obligación derivada de la sola firma del avalista. En todos los casos, la obligación deriva de la sola firma del obligado.

A. La obligación cartular como negocio jurídico unilateral

Para la doctrina de aquellos países cuyos Derechos recogen el concepto de “negocio jurídico” – el Derecho alemán y el italiano, por ejemplo - la obligación cartular es un negocio jurídico unilateral. Entre estos autores cabe citar a Messineo.

El libramiento, el endoso, el aval, la aceptación, serían negocios jurídicos unilaterales, pues resultan de una sola declaración de voluntad y producen efectos independientemente del consentimiento ajeno. El suscriptor de un título valor no subordina la validez de su obligación a ninguna aceptación o contraprestación[6].

Además, el suscriptor se obliga frente al poseedor que presente el título no frente al primer tomador, siéndole indiferente que quien exhiba el título sea el primer tomador o un poseedor subsiguiente. En los títulos de crédito hay una despersonalización del acreedor. El acreedor es un sujeto activo indeterminado aunque determinable futuramente, cuando llegue el momento de cumplir con la obligación contenida en el título[7].

No debe entenderse que en este negocio participa una sola voluntad, puesto que puede aparecer, en su creación, la voluntad de varias personas. Lo que se quiere significar es que cada obligación emana de una voluntad única o unitaria, derivada de una sola parte o de un solo centro de intereses. Ponemos un ejemplo: dos personas A y B firman un vale, creándolo. El vale contendrá dos expresiones de voluntad pero ellas forman una sola parte. Cuando A y B firman el documento no son partes opuestas o complementarias en la relación. Es decir, se trata de un negocio unilateral, aunque existe pluralidad de sujetos, porque se perfecciona y produce sus efectos sin necesidad de que la voluntad manifestada se combine con otra, que haya de añadirse a ella para integrar el negocio.

B. La obligación cartular como acto jurídico unilateral

Pérez Fontana advierte, correctamente, que en nuestro Derecho, la noción de  negocio jurídico que maneja la doctrina alemana e italiana, carece de apoyo legal. En nuestro Derecho sólo se conocen los actos jurídicos, que pueden ser tanto unilaterales como bilaterales[8].

Ahora bien, en materia de voluntad unilateral como fuente de obligaciones, existen algunas discrepancias doctrinarias en cuanto al momento en que exactamente nace la obligación del creador del documento. Existen, fundamentalmente dos teorías: la teoría de la creación y la teoría de la emisión.

1. Tesis de la emisión

La tesis de la emisión fue desarrollada, principalmente, por Stobbe (1878).

Se emite un título valor cuando el creador lo entrega.

Según la tesis de la emisión, la obligación nace después de la creación, con la entrega voluntaria del documento. Entiende Stobbe que es necesario que al acto de creación siga un acto de desapoderamiento del título por obra del suscriptor, porque es únicamente con ese acto que él se priva definitivamente del poder de destruir o de anular el título y de impedir el nacimiento de la obligación[10].

Para Gierke, existen dos actos unilaterales, un acto unilateral de creación y, luego, un acto unilateral de entrega, pero recién después de ese momento de la entrega voluntaria o de la emisión, nacería la obligación[11]. En consecuencia, si dentro de esta tesitura se firma y crea un vale, y el firmante no lo emite sino que lo conserva en su poder, todavía no estaría obligado.

Si el título no pasa a las manos de un tercero, falta la posibilidad de que se haga valer la obligación, que subsiste meramente en potencia. El problema surge cuando el título sale del poder de su creador sin su voluntad o cuando el tenedor de buena fe lo recibe de una persona que no tenía derecho sobre él (adquisición a non domino). En este caso el Decreto Ley 14.701 protege al tenedor mediante la prohibición de que se le opongan las excepciones personales que el deudor podría oponer a los anteriores tenedores[12].

2. Tesis de la creación

La teoría de la creación se debe a Kuntze (1857). El título valor se crea cuando se firma el documento. La obligación cartular nace con la sola creación. Aun cuando permanezca en manos del suscriptor, ya tiene un valor patrimonial y está en condiciones de llegar a ser fuente de un derecho de crédito. Existiría una obligación sujeta a condición suspensiva. La condición se cumple cuando el título llega a manos del sujeto que, de acuerdo al tenor del documento y a su ley de circulación, está legitimado para hacerlo valer[13].

Según Kuntze, el querer a que se obliga el librador está contenido en las palabras extendidas en el título. El creador pone así fuera de su persona un querer de obligarse, lo ha objetivado y lo ha licenciado[14].

En esta posición, entonces, si se crea un título valor, el firmante está obligado desde el momento en que lo ha creado, aunque no lo emita voluntariamente. Ésta es la tesis adoptada por el Decreto Ley 14.701[15]. La obligación nace con la sola creación del documento. Así surge del artículo 7, que establece que la obligación deriva de la firma. La firma es el acto que culmina la creación. De varios artículos, especialmente de los artículos 9, 25 y 30 resulta que nuestro legislador adoptó la tesis de la creación.

El artículo 9 del Decreto Ley 14.701 establece lo siguiente:

El suscriptor de un título valor quedará obligado en los términos literales del mismo aunque el título entre en circulación contra su voluntad o después de que sobrevengan su muerte o incapacidad.

El suscriptor de un título valor, por la tesis de la creación, queda obligado aunque el título entre en circulación contra su voluntad, es decir: aunque no lo haya emitido voluntariamente. Aquí radica la importancia práctica de adoptar la tesis de la creación o la tesis de la emisión.

Explicamos el significado de la norma, con un ejemplo. Una persona firma un vale y lo guarda en su escritorio; ya ha creado un título valor con una obligación a su cargo. No es necesario, según la tesis adoptada por la Ley, que entregue ese documento, porque la obligación nació con la sola creación. Si el vale es sustraído por un empleado infiel, el librador está obligado por la declaración que ha formulado, porque su obligación nació con la sola firma y no puede alegar la desposesión involuntaria, frente al poseedor que le reclame el importe del vale.

Si se hubiera adoptado la tesis de la emisión, en el ejemplo puesto, el firmante podría alegar que no hubo emisión y, por lo tanto, no estaría obligado. Con la norma del artículo 9 se quiere tutelar el prestigio del título valor, porque el título valor circula en la plaza con mucha facilidad, sobre la base de que quien se obligó, va a pagar al poseedor. Si cualquier persona que se propone adquirir un título valor tuviera la duda de que el librador no lo pagará al vencimiento, no lo adquiriría, pero el poseedor sabe que lo va a cobrar, porque el que libró la letra no puede alegar la desposesión involuntaria. La norma da seguridad a los eventuales tenedores futuros.

Se protege así la circulación de los títulos valores. Frente a una desposesión involuntaria, la Ley no protege al creador del título valor sino a los poseedores del título. Frente al autor de la desposesión, el creador podrá promover una acción de reivindicación o formular una denuncia penal pero frente al poseedor del título no le puede decir: “no le pago porque este documento me fue sustraído”.

El artículo 25 se refiere a los efectos de la creación y el artículo 30 a los títulos creados en el extranjero, denotando que el legislador centra su régimen en la creación.

3. Tesis de la promesa unilateral pura

Según una tesis desarrollada por Siegel (1873), el título obliga al suscriptor aun antes de salir de sus manos pero, mientras está en sus manos, coinciden en una misma persona las calidades de deudor y acreedor. De esa manera, se mantiene en suspenso el ejercicio del derecho de crédito por parte de un tercero. El desapoderamiento del título es la condición para que la obligación se transforme de potencial en actual[16].

III. Teoría de la obligación legal

Según esta teoría, la obligación cartular no reposa sobre la voluntad sino sobre la Ley. Esta posición es aceptada por Mossa y por Garrigues[17].

Mossa explica que el Derecho cambiario es un Derecho formal, que atribuye a la sola creación del título el efecto de obligar. La Ley es lo que determina los efectos jurídicos. El contenido de la declaración, la intención y la voluntad, no son indispensables porque el sistema formal dicta todas las normas que disciplinan al título. El obligado no puede fijar un contenido distinto al legal. La Ley agota por sí misma el contenido de la declaración[18].



[1] Pérez Fontana, Títulos valores, t. I, p. 79-125.

[3] Mezzera Álvarez, Curso de Derecho Comercial, t. 4, p. 155; Pérez Fontana, íd., p. 87.

[4] Mezzera Álvarez, íd., pp. 155 y 156.

[5] Mezzera Álvarez, íd., p. 156.

[6] Mezzera Álvarez, íd., p. 158.

[7] Mezzera Álvarez, íd. ibíd.

[8] Mezzera Álvarez, íd. ibíd.; Pérez Fontana, op. cit., p. 84.

[9] Existen muchas variantes y matices de las teorías que no estimamos oportuno desarrollar en este momento.

[10] Mezzera Álvarez, op. cit., p. 159.

[11] Mezzera Álvarez, íd., p. 157.

[12] Pérez Fontana, op. cit., p. 101.

[13] Mezzera Álvarez, op. cit., p. 158.

[14] Pérez Fontana, op. cit., p. 95.

[15] Rippe Káiser in: Mezzera Álvarez, op. cit., p. 160.

[16] Mezzera Álvarez, íd., p. 159.

[17] Pérez Fontana, op. cit., pp. 99 y 100.

[18] Pérez Fontana, íd., p. 83.

 

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