Responsabilidades
de los Accionistas
Por
Nuri Rodríguez Olivera y Carlos López Rodríguez
I. Responsabilidades
que surgen del régimen general aplicable al socio
A.
Responsabilidad del accionista de una sociedad anónima en formación, irregular
o nula
En principio, el
accionista no responde frente a terceros por las obligaciones contraídas por la
sociedad anónima (art. 244 Ley 16.060). No obstante, mientras la sociedad
anónima está en formación o si es irregular o la afecta una nulidad
insubsanable, el accionista deviene responsable frente a terceros, en
aplicación del régimen general correspondiente.
1. Sociedad
anónima en formación
Si se trata de una
sociedad anónima en formación, el accionista fundador es solidariamente
responsable por los actos y contratos celebrados a nombre de la sociedad en
formación, sin poder invocar el beneficio de excusión del artículo 76 ni las
limitaciones que se funden en el contrato social. Esta responsabilidad cesará
en cuanto a los actos indispensables para la constitución de la sociedad cuando
ésta se haya regularizado y, respecto de los demás, una vez ratificados por la
sociedad (art. 21).
2. Sociedad anónima
irregular
Si se trata de una
sociedad anónima irregular, también, el accionista es responsable solidario
por las obligaciones sociales, sin poder invocar el beneficio de excusión (art.
76), ni las limitaciones que se funden en el contrato social (art. 39). La
regularización de la sociedad no modifica la responsabilidad del accionista por
los actos realizados por la sociedad anónima mientras era irregular (art. 42).
3. Sociedad
anónima nula
En los casos de nulidades
no subsanables, la declaración de nulidad de la sociedad implicará que los
accionistas respondan solidariamente por el pasivo social y los perjuicios
causados (art. 28).
B.
Responsabilidad por dolo o culpa y por la utilización de bienes sociales
El
accionista es responsable por el daño causado a la sociedad anónima con dolo o
culpa. Ese daño debe ser indemnizado por el accionista, sin que pueda alegar
compensación por el lucro que su actuación haya proporcionado en otros
negocios (art. 74, inc. 1).
El
socio tiene el deber de aplicar los fondos o bienes sociales exclusivamente en
provecho de la sociedad. Si el accionista aplica fondos o bienes de la sociedad,
a uso o negocios por cuenta propia o de tercero, está obligado a traer a la
sociead las ganancias resultantes, siendo las pérdidas o daños de su cuenta
exclusiva (art. 74, inc. 2):
“El socio que aplique los fondos
o bienes de la sociedad a uso o negocios por cuenta propia o de tercero estará
obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas o
daños de su cuenta exclusiva”.
El socio no
puede utilizar el dinero o los bienes de la sociedad ni puede aplicarlos a
negocios por cuenta propia o de tercero. Una conducta de este tipo implicaría
un ilícito y, a la vez, un incumplimiento del contrato pues significaría
apropiarse de los bienes sociales y de desviarlos del uso que todos los socios
pretendieron darle. Podrá, además, ser excluido (art. 147). En nuestro
concepto, además, podría configurar el delito de apropiación indebida
previsto en el Código Penal.
Videla
Escalda hace una exposición sobre esta prohibición
refiriéndose a la sociedad civil pero sus consideraciones sirven para
justificar la normativa. Transcribo algunos de sus pasajes:
“La
constitución de una sociedad significa la organización de un ente activo que
ha de evolucionar con su patrimonio para lograr las utilidades que constituye,
por definición, su razón de ser. El
empleo de esos bienes (los que conforman el patrimonio social) deberá
estar condicionado por la finalidad del contrato de sociedad en general, es
decir, el propósito de lucro y por la finalidad específica que se define de
acuerdo al objeto de la entidad en particular: deberá, pues, tender a obtener
resultados beneficiosos
en el aspecto patrimonial y cumplirse dentro del ámbito que señalan los
fines propios de aquélla.
Ha
tenido buen cuidado la ley, de dejar en claro que la utilización de los
fondos sociales debe ser exclusivamente para el cumplimiento de los fines
sociales y no para el empleo en beneficio propio ... El Código ha querido
hacer hincapié en la delicadeza del concepto de ‘confianza’ y ha querido
destacar que es, precisamente, la cualidad esencial que debe existir en la
sociedad: sin ella, no habría manera de lograr la colaboración armónica
entre todos los factores humanos que la integran, ni se justificaría el
sacrificio de los intereses propios de cada socio al bien común de la
entidad”.
Refiriéndose
al artículo 1.722 del Código Civil argentino Videla
Escalda agrega:
“Desde
la primera lectura, esta disposición legal despierta cierta sorpresa:
configura una situación muy grave, la de una persona que se ha apoderado para
su propio uso de bienes que no le pertenecen, sino que tienen como titular a
otro sujeto... La interpretación más correcta del artículo lleva a concluir
que se ha querido establecer una sanción económica de tipo civil al socio
que ha incurrido en tal actitud, sin perjuicio que terminaría con el justo
castigo del culpable.
En
primer lugar, es posible que se haya producido un delito de carácter penal,
que pondría en marcha el organismo represivo del Estado y daría lugar a un
proceso que terminaría con e justo castigo del culpable. Aunque el artículo
se refiere a dinero de la caja y a su empleo para usos propios del socio, debe
asignarse mayor amplitud a los conceptos en cuestión, pues bastaría que
utilizara cualquier especie de bienes de propiedad de la sociedad para que se
produjese la situación contemplada en la disposición legal que se comenta.
En resumen, puede decirse que el socio tiene la obligación de abstenerse de
usar para su propio beneficio los bienes sociales, de cualquier naturaleza y
que, si lo hiciere, además de las sanciones penales que pudieren
corresponderle autorizaría a sus consocios a excluirlo de la sociedad”[2].
C.
Responsabilidad por mora en la integración
Los suscriptores están
obligados a integrar el valor de las acciones suscriptas en las condiciones
previstas en el contrato social, el programa de constitución, las resoluciones
de la asamblea o, en su defecto, por el órgano de administración. Si no
cumplen con su obligación, caen en mora por el solo vencimiento de los plazos.
Producida la mora, la sociedad puede, a su elección, reclamar judicialmente el
cumplimiento de la obligación o declarar resdindida la suscripción, con
pérdida de las cantidades ya abonadas a la sociedad por el suscriptor moroso.
En caso de reclamar judicialmente el cumplimiento, la demanda incluirá la
reclamación de los intereses que se hayan establecido sobre el saldo impato o,
en su defecto, el interés bancario corriente para las oepracions activas más
los daños y perjuicios, salvo lo previsto en el contrato social o en el de
suscripción (art. 318).
II.
Responsabilidades previstas especialmente para los accionistas
La Ley
establece la responsabilidad del accionista por el voto, en tres artículos:
324, 325 y 372.
El
voto ha sido tradicionalmente considerado y así lo establece la Ley, como un
derecho del accionista; pero este derecho, como todos los derechos, está sujeto
a limitaciones y condiciones. La Ley establece la prohibición de votar al
accionista que tiene – en la materia puesta a votación – un conflicto de
intereses.
Existirá
conflicto de intereses cuando el socio es titular de un interés doble:
su interés como socio y un interés extraño a tal condición y cuando
la realización de uno de ellos ha de importar necesariamente el sacrificio del
otro. En tal situación, se puede presumir, que en el momento de votar, tal
accionista haga prevalecer los intereses extrasociales particulares sobre los
sociales. Por ello, la Ley establece la prohibición de votar. Si no obstante la
prohibición legal, el accionista vota, incurre en responsabilidad civil (art.
325).
Con
carácter más genérico, en el artículo 324, se establece que el accionista
responde por los daños y perjuicios cuando hace ejercicio abusivo de su derecho
de voto. En esta norma queda comprendida la situación especial, prevista en el
artículo 325 antes comentado y cualquiera otra situación, en que el accionista
al votar procure obtener beneficios extraños a la causa del contrato de
sociedad en beneficio propio o de terceros.
El
accionista no puede utilizar su voto para adoptar resoluciones contrarias a la
Ley, a los estatutos o lesivas de los intereses tutelados por el derecho.
Incurre en responsabilidad aquél accionista que votó una resolución que fue
dejada sin efecto, en un juicio de impugnación, por violar la Ley o los
estatutos o por dañar los intereses sociales.
De
acuerdo al artículo 367, puede impugnar una resolución de asamblea, quien votó
en contra o el ausente o quien votó, si su voto fuera anulable por vicios de la
voluntad. Esta norma está admitiendo, la posibilidad de anular el voto afectado
por un vicio del consentimiento.
El vicio
del consentimiento anula el voto del accionista que lo de, pero también la
decisión de la asamblea, si el voto viciado era decisivo, esto es, no se
hubiera logrado la mayoría sin el concurso de ese voto. El vicio del
consentimiento puede generarse en una asamblea extraordinaria que resuelva
modificar el estatuto. En este caso, la resolución será nula aplicando las
normas del Código Civil sobre elementos de los contratos: consentimiento,
capacidad, objeto y causa, enteramente aplicables a todos los tipos sociales;
pues todas las sociedades, nacen de un negocio contractual. Una reforma del
estatuto de una sociedad constituye una modificación del contrato social; también
deben reunirse a su respecto todos los elementos contractuales apuntados. Esos
elementos deben darse en los accionistas que participan en la asamblea; pues según
ya vimos, la asamblea es la mecánica jurídica ideada por la Ley, para
canalizar la voluntad individual de todos los accionistas.
El
artículo 325 para sociedades anónimas establece:
“Los
accionistas o sus representantes que en una operación determinada tengan por
cuenta propia o ajena, un interés contrario al de la sociedad, deberán
abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquélla.
Si
contravinieran esta disposición, serán responsables de los daños y
perjuicios cuando, sin su voto, no se hubiera logrado la mayoría necesaria
para una decisión válida”.
C.
Responsabilidad en caso de impugnación de asambleas
El
artículo 372, al regular el régimen de la impugnación de las resoluciones,
establece la responsabilidad por el voto si la resolución quedó sin efecto.El
artículo 372 establece:
“Los accionistas que hayan votado favorablemente las resoluciones que
se dejen sin efecto, responderán solidariamente de las consecuencias de las
mismas, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al administrador, a
los directores, al síndico o a los integrantes de la comisión fiscal”.
De
manera que hay un cúmulo de responsabilidades; solidaria de los accionistas que
votaron y, además, de los directores y de los síndicos.
