Por Nuri
Rodríguez
Olivera
y Carlos
López
Rodríguez
Se
llama disolución de una sociedad comercial al efecto que produce el
acaecimiento de alguna de las denominadas "causales de
disolución", origen de un procedimiento liquidatorio que culminará con
la extinción del contrato de sociedad y de la persona jurídica por este
generada.
Producida una causal de disolución,
será necesario un acuerdo social o una resolución judicial que declare que esa
causal se ha producido. A partir de ese acuerdo o de esa resolución judicial,
la disolución produce sus efectos entre los socios. Frente a terceros, los
efectos comienzan a producirse a partir de la inscripción del acuerdo o la
declaración judicial en el Registro Nacional de Comercio.
En algunos casos que hemos luego de
referir, los efectos de la disolución se producen de inmediato, como en el caso
de la disolución por vencimiento de plazo y como en el caso en que el número
de socios haya quedado reducido a uno.
I. Nociones generales
Se
llama disolución de una sociedad comercial al efecto que produce el
acaecimiento de alguna de las denominadas "causales de disolución"
y que da origen a un procedimiento liquidatorio que culminará con la
extinción del contrato de sociedad y de la persona jurídica creada por éste.
Cuando
los vínculos societarios se extinguen totalmente se produce la desaparición de
la persona jurídica creada. Del negocio societario nace una persona de Derecho;
cuando ese negocio queda sin efecto, la persona de derecho se extingue por falta
de su base negocial. El mantenimiento del negocio contractual que la originó es
presupuesto de la subsistencia de la persona jurídica. Persona y contrato son
interdependientes.
En
materia de contratos se dice que un contrato se rescinde, se resuelve o se
revoca. No se dice que un contrato se disuelva. No obstante, esta expresión de
disolución es la que se utiliza por el Derecho extranjero y por la doctrina
para designar la situación que inicia un procedimiento que pone fin a las
relaciones contractuales societarias. Es, también, la utilizada por la Ley
16.060.
La
Ley enuncia causas de disolución y admite que el contrato pueda incluir otras
causales. Resumimos a continuación los caracteres generales del régimen legal
de la disolución
Las
sociedades se disuelven cuando se verifican algunas de las causas referidas en
el artículo 159 de la Ley 16.060. En algunos casos que, luego, hemos luego de
referir, los efectos de la disolución se producen de inmediato, como en el caso
de la disolución por vencimiento de plazo y como en el caso en que el número
de socios haya quedado reducido a uno.
Cuando
se produce una causal de disolución de la sociedad, ello no conduce a una
disolución automática, por cuanto se requiere el mecanismo previo de un
acuerdo de socios o una resolución judicial que declare que esa causal se ha
producido.
Cuando
se produce una causal de disolución, los socios deben ponerse de acuerdo en
declarar disuelta la sociedad. El acuerdo se logra inorgánicamente, si la
sociedad es personal. Si se trata de una sociedad en que funciona asamblea de
socios o accionistas, ésta debe ser convocada al efecto.
Además,
la Ley dispone que la sociedad se ha de disolver toda vez que los socios
acuerden en ello (artículo 159, inciso 1). Teniendo el contrato de sociedad, un
plazo de duración, éste debe ser respetado, pero nada impide que los socios
consientan en disolver la sociedad no obstante la pendencia del plazo. A esta
figura la Ley 16.060 la designa como disolución anticipada, en otras
disposiciones.
Si
no se logra el acuerdo, los socios o accionistas pueden, individualmente,
promover una declaración judicial. Con otras palabras, el derecho de un socio,
a solicitar una declaración judicial, está condicionado a que no haya podido
previamente lograr un acuerdo con los restantes (artículo 162).
La
disolución puede ser solicitada por cualquiera de los socios de una sociedad
irregular (artículo 43). Ello está previsto en el artículo 43 de la Ley
16.060. La sociedad irregular, por ser tal, es inestable. Cualquier socio puede
pedir se declare su disolución.
También,
los terceros interesados pueden pedir la declaración judicial de disolución de
la sociedad (artículo 162).
En
todos los casos, en que se pida una declaración judicial, se deberá justificar
que se ha producido una causal. El derecho de plantear una declaración de
disolución no se otorga discrecionalmente sino cuando se invoquen y justifiquen
las causales, legal o convencionalmente establecidas.
Se
tratará de un proceso de jurisdicción voluntaria por cuanto se pretende una
sentencia declarativa. La sentencia tiene naturaleza declarativa, tal como
dispone el artículo 162 de la Ley 16.060. No es constitutiva de la disolución,
sino que comprueba la causal y declara disuelta la sociedad.
Puede
suceder que, en el proceso promovido, se plantee una oposición de la sociedad o
de alguno de los socios restantes, -cuando la disolución es solicitada por uno
de ellos- o la oposición de la sociedad o de cualquiera de los socios si la
declaración de disolución es pedida por un tercero. En tal caso se generará
una controversia que puede determinar se altere la naturaleza del proceso (artículo
404.2 Código general del proceso), sin perjuicio de la aplicabilidad del artículo
405 del Código general del proceso
.
Al
contradictorio eventual se aplicará el procedimiento dispuesto por los artículos
346 y 347 del Código general del proceso, en virtud de la remisión del artículo
18 de la Ley 16.060.
Precisión
A
partir del acuerdo de socios o de la resolución judicial, la disolución
produce sus efectos entre los socios. Frente a terceros, los efectos comienzan a
producirse a partir de la inscripción del acuerdo o la declaración judicial en
el Registro Nacional de Comercio.
B.
Situaciones de excepción
No
se requiere acuerdo ni declaración judicial cuando la disolución se produce
por vencimiento de plazo.
En
el caso de fusión, la disolución y sus efectos se producen con el contrato de
fusión (artículo 122). En el caso de escisión, la disolución de la sociedad
escindida y sus efectos se producen con el acto definitivo de escisión (artículo
140).
Tanto
el contrato de fusión como el acto de escisión, deben contener una declaración
sobre las sociedades que quedan disueltas para la inscripción ulterior en el
Registro Nacional de Comercio.
Si
se trata de quiebra o liquidación judicial la disolución se produce con el
auto que la declara.
El
Decreto Ley 15.322 para entidades de intermediación financiera, refiriéndose a
facultades del Banco Central del Uruguay establece que:
“La
disolución de las sociedades y el consiguiente estado de liquidación serán
declarados por el Banco, en los casos en que proceda conforme a la Ley, rigiendo
en cuanto a los procedimientos de liquidación los principios generales y
preceptos de la legislación vigente en materia de liquidación de sociedades,
en todo aquello que no se oponga a la presente ley” (artículo
41 de la Ley modif. por Ley 16.327).
C.
Normas especiales para sociedades anónimas
1.
Tratándose de una sociedad anónima, la disolución debe ser resuelta en
asamblea extraordinaria. El artículo 343 inciso 6 de la Ley 16.060 dispone que
es competencia de la asamblea extraordinaria, sin admitir pacto en contrario,
resolver sobre la disolución de la sociedad, designación, remoción y
retribución del o de los liquidadores. Rige el régimen de mayoría establecido
en el artículo 356 que impone la mayoría absoluta de accionistas presentes. El
estatuto puede prever una mayoría más exigente.
Si
se trata de la disolución anticipada, se requiere la mayoría establecida en el
artículo 362, esto es, la mayoría absoluta de acciones con derecho a voto. La
misma mayoría especial se requiere para otros casos de disolución como la fusión
y escisión. El artículo 362 admite que el estatuto modifique la exigencia
legal, imponiendo una mayoría mayor.
Si
la asamblea resuelve que no se ha producido una causal de disolución, puede
entenderse que corresponde la aplicación del artículo 162 de la Ley. Aplicando
el texto legal citado, un accionista podría pedir, judicialmente, que se
declare disuelta una sociedad anónima, justificando: a) la causal de disolución;
b) que se ha planteado ante el órgano asambleario la cuestión de la disolución
y c) que éste no adoptó resolución o resolvió no disolver no obstante
existir una causal que la justificaba.
Puede
entenderse que el artículo 162 no es aplicable a la sociedad anónima. Dada la
especial estructura de la sociedad anónima, la Ley sólo habilita que sea la
asamblea extraordinaria la que disponga la disolución. En efecto, el artículo
343 establece que es competencia de la asamblea extraordinaria resolver la
disolución de la sociedad. La Ley organiza precisamente el funcionamiento de
las asambleas para garantizar los intereses de todos los accionistas. Es el
instrumento para la adecuada formación de la voluntad de la sociedad. La
defensa del accionista contra resoluciones adoptadas por la asamblea en que se
negara la existencia de la causal de disolución, será el ejercicio de una acción
de impugnación (artículo 365).
2.
También, puede pedir la disolución de una sociedad anónima el Órgano Estatal
de Control (hoy Auditoría Interna de la Nación) (artículo 411).
La Ley enuncia las causales de
disolución en el artículo 159 de la Ley
16.060 y en algunas otras disposiciones, como los artículos
156 y 157. Por lo dispuesto en el artículo 143 en el contrato podrá pactarse
causales de disolución no previstas en la Ley.
Las causales de disolución son
establecidas, con carácter general, para todos los tipos sociales. Luego hemos
de ver que hay normas especiales para las sociedades cuyo objeto sea la
intermediación financiera y para las sociedades cooperativas.
A continuación analizaremos las
distintas causales de disolución.
La sociedad se ha de disolver toda vez
que los socios acuerden en ello. Así lo dispone el artículo 159, inciso 1.
Se trata de lo que la Ley llama, en
otras disposiciones, disolución anticipada. Teniendo el contrato de sociedad,
un plazo de duración, éste debe ser respetado; pero nada impide que los socios
consientan en disolver la sociedad no obstante la pendencia del plazo.
No es necesario indicar la causa de la
decisión; basta que expresamente y por las mayorías necesarias se adopte la
resolución de disolver.
El artículo 159 establece que la
decisión de los socios se ha de tomar “de
acuerdo a lo establecido en cada tipo social”. Ello nos obliga a
remitirnos a distintos textos.
El artículo 208 para sociedades
colectivas establece:
“Toda modificación
del contrato así como la disolución anticipada de la sociedad, salvo disposición
legal o contractual en contrario, requerirá el consentimiento unánime de los
socios”.
La Ley admite pacto contrario. El contrato podría resolver que
la disolución anticipada se resuelva por una mayoría especial de socios.
La norma se aplica a las sociedades de
capital e industria (art. 219) y a las sociedades de responsabilidad limitada de
menos de 20 socios (art. 240) y a las sociedades en comandita simple (art. 213).
Para las sociedades anónimas se
requiere una Asamblea Extraordinaria con mayorías especiales establecidas en el
artículo 362. La norma del artículo 362 se aplica a las sociedades de
responsabilidad limitada de veinte o más socios, por lo dispuesto en el artículo
240.
Entiendo que, también, debe aplicarse
el artículo 362 a las sociedades en comandita por acciones. El artículo 481 se
refiere a la modificación del contrato social y la disolución anticipada
supone una modificación de la cláusula del plazo. Se requiere, de acuerdo a
ese texto, el consentimiento unánime de los socios comanditados y las mayorías
de los socios comanditarios, iguales a las exigidas para las sociedades anónimas.
La admisión de esta causal se
corresponde con el principio de la autonomía de la voluntad. Si dos o más
personas acordaron contratar, nada impide que acuerden dejar sin efecto el
contrato.
¿Qué naturaleza tiene una decisión
de la unanimidad de socios, tal como se requiere para las sociedades colectivas?
No se trata de un contrato porque, tal como resulta de los arts. 1246 y 1247 del
Código Civil, el contrato es una convención de la cual nacen obligaciones. En
la hipótesis prevista por el inciso en estudio, los socios acuerdan extinguir
relaciones jurídicas.
Esta causal de disolución es
asimilable a la revocación por mutuo disenso de los contratos celebrados entre
dos personas, previsto en el artículo 1294 del Código Civil.
El “mutuo disenso” es una convención
conexa con un contrato anterior, al cual se pretende extinguir.
Esa convención o acuerdo debe
celebrarse entre las mismas personas vinculadas por el contrato o entre las
personas que hubieron las participaciones sociales de los contratantes
originales.
Se trata de la disolución por una
estipulación de plazo que el propio contrato contiene.
En esta materia hay que recordar
varias disposiciones: los arts. 6 y 15. El artículo 6 impone que el contrato de
sociedad estipule un plazo de duración. El artículo 15 impone que no puede ser
superior a 30 años, salvo para las sociedades anónimas que pueden tener plazo
mayor. La exigencia de un plazo determinado se establece en tutela de los socios
contratantes.
Esta causal opera ipso iure, sin
necesidad de acuerdo de socios ni de declaración judicial ni de registro. No es
necesario el registro, porque en el Registro Nacional de Comercio ya está inscripto el
contrato del cual surge la fecha de vencimiento. El plazo se presume conocido
por todos, puesto que figura en el contrato inscripto (art. 163).
La disolución ipso iure se establece
en función del principio de la seguridad jurídica: los socios saben de
antemano la extensión del tiempo de sus derechos y obligaciones. Al mismo
tiempo se da seguridad jurídica a los terceros y acreedores, que pueden tener
información exacta y cierta, por la publicidad registral, sobre la fecha de
terminación del contrato de la sociedad, con la cual se relacionan.
Si los socios quieren mantener la
sociedad pueden convenir, antes del vencimiento, la extensión del plazo, lo
cual implica una modificación del contrato que requiere un acuerdo de socios
por unanimidad o por mayoría según el tipo social y lo convenido en cada
contrato y, además, el cumplimiento de los requisitos exigidos para la
constitución (art. 10).
La prórroga debe ser expresa. No se
admite una prórroga tácita. Como la sociedad se extingue ipso iure al vencer
el plazo, si la sociedad continuará actuando y explotando el objeto social,
ello generará responsabilidad de los administradores y de los socios, en la
forma prevista para las sociedades irregulares, a cuyo régimen hay especial
remisión en el artículo 164.
Lo que sí se admite es la posibilidad
de pactar cláusulas de prórroga automática. En tales cláusulas se pactan
plazos; pero se admite que, llegado el vencimiento, la sociedad ha de continuar,
por un nuevo período - salvo que alguno de los socios se oponga a la continuación
- y, así sucesivamente, por los períodos prorrogados.
Podrá pactarse que el socio, no
conforme con la continuación pueda receder. También, podrá convenirse que el
socio, que se opone a la continuación de la sociedad, acuerde con los demás la
cesión de su parte o cuota social, fijando las
condiciones para ello. Estimamos que cualquiera de esos pactos es lícito
y no contradice el espíritu de la Ley.
El artículo 161 inc. 3 prevé que, en
casos de prórroga automática, se debe comunicar al Registro para su
incorporación al legajo, que la sociedad continúa por no haberse denunciado el
contrato social. El artículo 161 inc. 3 no daba especial eficacia a tal
comunicación. De manera que, aunque no se hiciere tal comunicación, la prórroga
tiene eficacia. Eliminado
el legajo, tal comunicación deberá hacerse para su anotación en la ficha
registral.
El artículo 159, inciso 3, establece: “Por el cumplimiento de la condición a
la que se subordinó su existencia”.
Se
pudo haber pactado, en el
contrato social, una condición
resolutoria. Pudo estipularse en el contrato de sociedad, que producido un
determinado hecho o acto, la sociedad se disuelva. Una
condición podría ser, a vía de ejemplo, la caducidad de una concesión
para cuya explotación se constituyó la sociedad. Malagarriga pone, como
ejemplo, el de la sociedad constituida para explotar negocios
de hotel, que subordine su duración al tiempo que le fuere permitido
ocupar el edificio en el cual se instala.
La condición debe revestir las
exigencias de los artículos 1.406 y siguientes del Código Civil.
Esta causal, como la de vencimiento
del plazo, tiene su fuente en el contrato y
en la voluntad de los contratantes. La condición tiene una diferencia
importante con el plazo. El plazo tiene carácter fatal; pero, en cuanto a la
condición, debe ser demostrado que se ha cumplido. Podría suceder que se
controvierta la producción de la condición. Por ello, la sociedad se disuelve
ipso iure por el vencimiento del plazo pero no se disuelve ipso iure por el
cumplimiento de la condición.
Puede pactarse una condición
resolutoria para el caso de que uno de los socios no cumpliere con alguna
obligación asumida en el contrato. Por ejemplo, podría pactarse en un contrato
que la sociedad se disolverá por el incumplimiento de un socio si la obligación
a su cargo reviste interés especial.
Pactada esta condición resolutoria,
será necesario el acuerdo de los socios (el socio incumplidor y los socios
restantes) o, en defecto de acuerdo, una declaración judicial (art. 162). En
ambos casos, los efectos de la disolución entre las partes comienzan después
del acuerdo o de la declaración judicial. No se retrotraen a la fecha del
incumplimiento. Respecto a terceros, los efectos comienzan desde el Registro del
acuerdo o de la sentencia.
Si se produce un incumplimiento y no
se pactó una condición resolutoria, la sociedad o los restantes socios
pueden optar entre obligar al incumplidor al cumplimiento de su obligación o
promover la exclusión del socio, esto es, la rescisión parcial. Surge así del
artículo 147 de la Ley.
Se prevé en el numeral 4 del artículo
159. La norma se refiere al objeto social, en su acepción de giro o actividad
comercial (o civil para la sociedad comercial por el tipo).
En el contrato social debe establecerse, según lo dispone el artículo
6, el objeto o actividad que los socios se proponen realizar.
Puede suceder que el objeto de la
sociedad tenga: a) carácter transitorio como, por ejemplo, la construcción de
un edificio o de una carretera o de un puente o b) carácter permanente como la
explotación de una fábrica de productos alimenticios o de un comercio de
compraventa de calzado o de un Banco.
La consecución del objeto social se
ha de dar en el primer caso, esto es, cuando la sociedad ha cumplido con un
objeto específicamente determinado, de carácter transitorio.
La imposibilidad sobreviniente de
lograr el objeto, podrá ser de hecho o de derecho. La imposibilidad de hecho
sería, por ejemplo, el agotamiento de los filones de una mina; la imposibilidad
de derecho sería, por ejemplo, que se dictara una ley posterior a la celebración
del contrato que cree un monopolio estatal o prohíba la explotación de un
giro.
En los casos establecidos en este
inciso, debe haber un acuerdo social o una declaración judicial que constate el
hecho o la causal de disolución.
En cualquiera de estos casos, nada
impide que producida la causal de
disolución, los socios acuerden modificar el objeto de la sociedad para
mantener la existencia de la sociedad. Se tratará de un acuerdo o convención
de modificación que debe celebrarse con las mayorías requeridas según el tipo
y que son las mismas analizadas precedentemente para resolver la disolución
anticipada o para convenir la prórroga.
El dictado del auto de quiebra de una
sociedad comercial o del auto de liquidación judicial de una sociedad anónima
producirá la disolución de la sociedad. En estos casos, la disolución
produce sus efectos a partir del auto que declare la quiebra o la liquidación
judicial. No es de aplicación el artículo 162.
El auto de quiebra o liquidación
judicial dispone el cese inmediato de las actividades comerciales y el
desapoderamiento de sus bienes.
En la quiebra el Juez designa un síndico
provisorio. En la liquidación judicial designa dos síndicos provisorios. La
administración de los bienes sociales pasa al síndico o síndicos designados
que deben ocupar todos los bienes a los efectos de su conservación y posterior
venta dentro del proceso concursal. La liquidación será efectuada por el síndico
o los síndicos definitivos que se designen, en interés fundamental de los
acreedores.
En tanto la sociedad está en quiebra
o en liquidación judicial, la sociedad conserva su personería jurídica a los
efectos del proceso concursal. Incluso distintas normas de las leyes concursales
permiten la actuación de los órganos sociales en el proceso judicial.
La disolución quedará sin efecto si
el proceso concursal terminara por la homologación de un concordato. Ello es
posible en el régimen de la Ley. Logrado un acuerdo concordatario, se termina
el proceso concursal y se restituyen los bienes a los órganos de administración
que continuarán con la actividad social para hacer frente al plan de pagos
propuesto en la solución concordataria.
Para que se configure esta causal, el
patrimonio neto de una sociedad debe ser inferior a la cuarta parte del
capital integrado.
La existencia de las pérdidas puede
ser constatada por los socios o accionistas. La constatación puede surgir de un
balance de fin de ejercicio o de un balance especial, en que la diferencia entre
los activos y los pasivos arroje una suma menor a la cuarta parte del capital
integrado.
Puede no ser suficiente para determinar
la causal de disolución, los datos que arrojen los balances anuales o
especiales y entendemos que debe
realizarse un balance al efecto, en que se ajusten los valores contables
de activo y pasivo de acuerdo a valores reales o venales.
El artículo 160 prevé distintos
mecanismos para evitar la disolución por la causal de pérdidas patrimoniales:
a. el reintegro de capital.
b. la reducción del capital
La Ley no fija plazos para adoptar
estas medidas, pero mientras no se declare la disolución por esta causal habrá
tiempo para hacerlo. Desde luego, interesará hacerlo cuanto antes, para
evitar que cualquier socio, accionista o tercero promueva la declaración
judicial de disolución.
Si los socios no se ponen de acuerdo
en el reintegro o reducción del capital, cualquier socio podrá pedir la
declaración judicial. Disuelta la sociedad, de todos modos podrá reactivarse
la sociedad, mediante mecanismos similares.
En el caso de fusión por creación,
se disuelven las sociedades fusionadas, con la peculiaridad de que no existe
proceso de liquidación (art. 115). Este es innecesario pues hay trasmisión
universal del patrimonio de las sociedades fusionadas a la sociedad creada,
que asume posición de aquéllas en las relaciones contractuales y demás
relaciones jurídicas.
Cuando la fusión es por incorporación
se disuelven sólo las sociedades absorbidas. Tampoco en este caso habrá
proceso de liquidación.(art. 115, inc. 2). Se opera una trasmisión universal
del patrimonio de las absorbidas a las absorbentes. Será la sociedad absorbente
la que cumpla con los contratos pendientes, cobre créditos y pague deudas de
las fusionadas.
En ninguna modalidad de fusión existe
un patrimonio a liquidar.
Se efectúan balances especiales sólo
para determinar las participaciones que han de corresponder a los socios de
las sociedades que se disuelven, en la sociedad nueva o en la absorbente y para
determinar lo que haya que reembolsar a los socios o accionistas, en caso de
receso o de exclusión (art. 119).
Para
ambos tipos de fusión, hacemos la salvedad de la aplicación de las normas especiales dictadas para la
tutela de los acreedores y de la sociedad creada o absorbente (arts. 127 y 128).
Cuando se produce la escisión se
disuelve la sociedad escindida; pero también sin liquidación (art. 116). No se
requiere un proceso de liquidación de patrimonio, pues éste se trasmite, por
alícuotas a las sociedades resultantes de la escisión. Las sociedades
resultantes
de la escisión serán continuadoras de la escindida, por las alícuotas
trasmitidas y habrá responsabilidad solidaria de todas ellas por créditos
denunciados o que figuren en balances especiales (art. 138).
La Ley ha calificado a la sociedad
como un contrato, lo cual supone el acuerdo de, al menos, dos personas para su
celebración y que la pluralidad se ha de mantener durante todo el transcurso de
la ejecución del contrato de sociedad en el tiempo. La pluralidad de socios es
requisito esencial para la existencia de la sociedad y para su mantenimiento.
Por distintos motivos - transferencias
por acto entre vivos o por sucesión, recesos,
exclusiones - pueden concentrarse las participaciones sociales en una sola
mano. En tales supuestos se habrá producido una causal de disolución.
En tal circunstancia, el socio que
queda tiene una opción: disolver la sociedad o continuar la misma
incorporando nuevos socios, para lo cual se establece un plazo de un año.
La disolución por la causal prevista
en este inciso está sometida, por lo tanto, a la condición suspensiva de que,
en el plazo indicado, se incorporen nuevos socios.
En tanto no se incorporen los nuevos
socios, el socio único responderá ilimitadamente por las obligaciones sociales
que se contraigan en ese período. No se trata de una responsabilidad solidaria,
sino de una responsabilidad directa por las deudas que se contraigan a nombre y
por cuenta de la sociedad.
La causal de disolución prevista en
el apartado 9 del artículo 159, concierne al funcionamiento de la sociedad.
La sociedad no funciona, no puede
desarrollar la actividad social y ello por las causas que se explicitan en el
texto legal: por la inactividad de
los órganos sociales o por la imposibilidad de lograr acuerdos válidos.
Damos ejemplos. Los directores no se
reúnen o cuando se reúnen no adoptan resoluciones válidas por disentimiento
entre sus integrantes. No se reúnen las asambleas o reunidas no se adoptan
resoluciones porque hay grupos de socios enfrentados y no se logran las mayorías
requeridas por la Ley o el estatuto.
La inactividad debe ser de tal grado,
que afecte e impida la gestión de los negocios. Suele suceder que en una
sociedad no se convoque regularmente al Directorio o que haya atraso en la
realización de asambleas ordinarias y, no obstante ello, se esté realizando la
actividad comercial, industrial o civil que sea su objeto, en cuyo caso,
entendemos no se configuraría esta causal de disolución.
Cuando se configura esta causal de
disolución en sociedades integradas por dos socios o por grupos de socios
enfrentados, difícilmente se ha de lograr un acuerdo ni aún para declarar
disuelta la sociedad. En estos casos, cualquier socio podrá solicitar la
declaración judicial de disolución.
La otra solución, para estas
situaciones es la intervención judicial de la sociedad, prevista específicamente
en el artículo 184, inciso 2º, como medida cautelar autosatisfactiva, que no
necesita de un juicio posterior.
Si la sociedad transgrediendo el
objeto lícito y permitido, previsto en el contrato social, realiza una
actividad ilícita continuada o comete actos ilícitos de gravedad que desvirtúen
su objeto, se la sanciona con la disolución.
En esta hipótesis, no se puede
reactivar la sociedad (art. 166). Luego veremos que se han dictado normas
especiales para el proceso de liquidación.
Esta causal está prevista en el artículo
43 de la Ley.
La sociedad irregular, por ser tal, es
inestable. Cualquier socio puede pedir se declare su disolución. En esta hipótesis,
el contrato se resuelve totalmente por la sola voluntad de un socio.
Se trata de un negocio unilateral,
porque emana de la voluntad de una sola parte. Es recepticio, porque
necesariamente debe ser puesto en conocimiento de los otros interesados (art. 43
inc. 2). Es extintivo, porque tiene como efecto hacer cesar vínculos jurídicos.
En este caso especial, los demás
socios pueden oponerse a la disolución, si en el plazo de 10 días resuelven
regularizar la sociedad y efectivamente la regularizan en un plazo de 60 días.
Recién vencido ese plazo, si la sociedad no se ha regularizado, la disolución
produce sus efectos.
De manera que la disolución de la
sociedad irregular a pedido de un socio, no produce sus efectos ipso iure, sino
que declarada la voluntad de disolver la sociedad, la disolución queda
condicionada a la actividad posible de los demás socios.
No se necesita intervención judicial,
tal como resulta del texto del artículo 43, inciso final que establece:
“Respecto
de los terceros, la disolución producirá efectos cuando se inscriba en el
Registro Público de Comercio y se publique. Para la inscripción bastará que
el socio presente una declaratoria en escritura pública o privada documentando
su decisión y acredite el incumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo.”
La Ley exige, además, de inscripción,
una publicidad en diarios. A partir de esa publicidad, la disolución produce
efectos frente a terceros.
El artículo 157 establece:
“Si
por efecto de la rescisión parcial quedara desvirtuado el tipo social, los
socios restantes podrán optar por disolver la sociedad o por continuarla
mediante la incorporación de nuevos socios o transformarla dentro del plazo de
ciento ochenta días. Mientras no formalicen la opción concedida, los socios
responderán ilimitada y solidariamente por las deudas sociales.”
Si, por una rescisión parcial, queda
desvirtuado el tipo social, los restantes socios tienen varias opciones:
pueden disolver la sociedad o transformarla o incorporar nuevos socios.
De acuerdo a esta norma, el acuerdo en
uno u otro sentido, se adoptará por unanimidad, por los socios restantes.
La hipótesis podría ser, por
ejemplo, en una sociedad en comandita, en que fallece el socio comanditado y
queda rescindida parcialmente la
sociedad por tal causal. La sociedad queda sólo con socios comanditarios. Estos
deberán resolver: disolver la sociedad o transformarla, por ejemplo en
sociedad anónima o en incorporar un socio que asuma la calidad de comanditado.
13.
Causal de disolución especial para la sociedad de responsabilidad limitada
La Ley dispone que el número máximo
de socios de este tipo social es de cincuenta. Luego, establece en el artículo
223, inciso 3:
“Si por cualquier
circunstancia llegara a tener un número superior, deberá transformarse en
sociedad anónima en el plazo de dos años, bajo sanción de disolución, salvo
que en ese plazo el número de socios se reduzca a cincuenta o menos”.
Las Cooperativas Agropecuarias se
disuelven por las causales establecidas en el artículo 24 del Decreto Ley 14.827.
Para las Cooperativas de Vivienda, hay
causales especiales de disolución en el artículo 139 de la Ley 13.728.
B.
Causales de disolución convencionales
Se
pueden prever especiales causales de disolución en el contrato
social, porque lo autoriza el artículo 143.
Se puede pactar que la sociedad se
disolverá por causa de muerte, incapacidad o inhabilitación del socio.
En la Ley, esos hechos o
circunstancias son causa de rescisión parcial, salvo pacto en contrario (art.
144). El pacto en contrario, puede ser que la sociedad no se rescinda
parcialmente o que la sociedad se disuelva. Cualquiera de los dos pactos es
admisible.
En especial, en las sociedades
constituidas en consideración a las cualidades personales del socio, cualquier
hecho que lo afecte puede
repercutir en la sociedad. En consecuencia, los socios pueden hacer previsiones
particulares que atiendan las circunstancias especiales de su caso.
En las sociedades de responsabilidad
limitada, la muerte o incapacidad del socio no es causa de rescisión parcial ni
de disolución total (art. 235); pero entiendo que podría pactarse la disolución
para el caso de que se produjese cualquiera de esas circunstancias, en razón de
lo dispuesto por el artículo 143, que admite que en el contrato se estipule
otras causales de la disolución, además de las legales.
Podría preverse que es causal de
disolución una pérdida patrimonial menor a la fijada en el artículo 159,
numeral 6. Por ejemplo, el contrato podría establecer que la sociedad se
disuelve si de un balance anual resultara que el patrimonio es una cifra
inferior al 50 % del capital integrado. Pueden entender los socios que, llegado
a ese grado de pérdidas, conviene a sus intereses disolver la sociedad sin
esperar que se produzcan las pérdidas mayores previstas por la Ley como causal
de disolución.
La Ley no ha previsto la disolución de la sociedad por la
voluntad unilateral, desistimiento unilateral o receso.
La Ley admite el receso, sólo como instrumento para una rescisión parcial
(art. 150), en hipótesis expresamente previstas. Se admite excepcionalmente que
por la sola voluntad de un socio se disuelva
la sociedad irregular (art. 43).
Salvo
el caso mencionado de las sociedades irregulares, rige el principio de la
irrevocabilidad del contrato por voluntad unilateral. Deriva de lo dispuesto
por el artículo 1.291 del Código Civil. El vínculo jurídico creado por las
partes tiene una fuerza vinculante que las somete.
En doctrina se entiende que, por el
principio de la autonomía de la voluntad, las partes podrían pactar que el
cumplimiento quede al arbitrio de uno de los contratantes.
Producido
el acuerdo o la declaración judicial o la causal de disolución, según los
casos, la sociedad debe cesar en su actividad normal, no puede continuar
explotando el giro de los negocios sociales y comienza una etapa llamada de
liquidación. En esta etapa, fundamentalmente, se terminan los negocios
pendientes, se cobran los créditos y se pagan las deudas. Durante esta etapa,
la sociedad subsiste con su personería para que el patrimonio social se
mantenga afectado al pago de las deudas sociales. Con
otras palabras, como efecto
inmediato de la disolución los administradores de la sociedad deben cesar la
actividad comercial que era objeto de la sociedad y adoptar las medidas
necesarias para iniciar de inmediato el proceso de la liquidación.
Los
efectos de la disolución no se retrotraen a la fecha del hecho configurativo de
la causal de disolución. Respecto
a los socios, produce sus efectos desde el acuerdo o desde la declaración
judicial (art. 163). Respecto
a los terceros, la disolución produce sus efectos a partir de la inscripción
en el Registro. El artículo 163 hace la salvedad de lo dispuesto en el artículo
164. El artículo 164 establece la responsabilidad de los administradores
respecto a terceros, por las operaciones que se realicen después del
acuerdo o de la declaración judicial -
se haya o no inscripto - o después del vencimiento del plazo, cuando sean ajenas a los fines de la liquidación a la cual
deben abocarse. También son responsables personal y solidariamente los socios.
El artículo 164, entre paréntesis, menciona al art. 39 y éste dispone que los
terceros puede accionar, indistintamente contra la sociedad, los socios y los
administradores.
La
reactivación se regula por el artículo 166. Procede cuando se ha acordado la
disolución o se ha declarado judicialmente y aun cuando haya comenzado el
proceso de liquidación.
Terminado
el proceso de liquidación se disuelven los vínculos contractuales,
desaparece la personería jurídica y, en tal
caso, ya no podrá ser reactivada.
No
se admite la reactivación, cuando la disolución se ha producido por fusión o
escisión o como consecuencia de actividad ilícita o prohibida o de hechos ilícitos
graves.
Si
hay fusión o escisión no se puede reactivar porque la sociedad o sociedades
absorbidas o escindidas quedaron disueltas y extinguidas automáticamente como
consecuencia de la trasmisión patrimonial.
Si
la sociedad ha realizado actividad ilícita o cometido actos ilícitos no merece
la tutela legal y debe ser liquidada para proteger a los acreedores.
El
artículo 166 establece que la reactivación debe adoptarse por la mayoría
requerida para modificar el contrato y dispone también la aplicación del artículo
10.
Aplicando
esta norma, se necesitará para las sociedades colectivas, unanimidad, salvo
pacto en contrario e inscripción en el Registro. Para sociedades anónimas se
requiere una resolución adoptada en asamblea extraordinaria por mayoría de presentes o la mayoría absoluta de acciones con derecho a
voto (arts. 356 y 362), según el caso, y luego control estatal, inscripción y
publicidad.
Para
los demás tipos sociales, se requiere la unanimidad o las mayorías
establecidas por remisión a las normas de sociedades colectivas y de Sociedades
anónimas y requisitos de inscripción y publicidad según el tipo.
En
el artículo 166, inciso 3, se ha establecido el derecho de receso a favor de los
socios que hayan votado negativamente o los ausentes.
La
Ley establece expresamente que la sociedad reactivada conserva su personería
anterior. Ello es coherente con lo antes dicho de que la sociedad no se extingue
por la producción de la causal ni tampoco por el acuerdo de disolución ni
tampoco por la declaración judicial de disolución. La sociedad sólo quedará
extinguida, como contrato y como persona, cuando haya terminado el proceso de
liquidación. En consecuencia, si se reactiva, se tratará de la misma sociedad
que aún se mantiene.