Por Nuri
Rodríguez Olivera
Se ha dicho que el capital marca un valor histórico que no tiene
valor jurídico para la sociedad y que es irrelevante en economías sujetas a
procesos inflacionarios.
A.
El capital no permite medir la solvencia de la sociedad
Cabanellas
critica el término capital, porque refleja el valor histórico de los aportes y
ello no brinda una protección razonable a los acreedores. Se extiende Cabanellas
respecto a la atribuida función de garantía del capital diciendo:
“Tampoco en los hechos es cierto que el capital obre como una garantía
para los acreedores de la sociedad”.
Agrega Cabanellas:
“Como queda dicho, el capital social es
frecuentemente insignificante y sujeto de diversos avatares más o menos
arbitrarios. Lo que opera como garantía de los acreedores - la tradicional ‘garantía
común de los acreedores’ - es el
conjunto de los activos de la sociedad, o sea su ‘patrimonio bruto’.
Tampoco
sirve el capital para medir la solvencia, el grado de endeudamiento o el poderío
económico de la sociedad, todas ellas variables que pueden incidir sobre el crédito
que la misma merezca, debido a su carácter arbitrario; el patrimonio neto
reviste en este sentido una importancia muy superior.
Tampoco
tiene interés jurídico el capital social para los acreedores de las sociedades
con responsabilidad limitada de sus socios pues, por las razones antes
descriptas, serán el patrimonio bruto y el patrimonio neto de la sociedad -
valores marcadamente distintos a los del capital social - lo que reflejarán los
bienes con que responderá la sociedad y su solvencia en cuanto diferencia entre
los activos y el pasivo exigible.
Por
último, el capital no refleja, a través de la vida de la sociedad, el valor de
los bienes que los socios han aportado o se han prometido aportar. Ese valor
fluctúa - aumentando constantemente en las economías inflacionarias - no
obstante lo cual el capital permanece inalterado”.
Olivera
García por su parte dice que, en la medida en que
el capital social refleja el valor histórico y no el valor real de los aportes,
el aseguramiento de un patrimonio neto equivalente al capital histórico
no brinda protección razonable a los acreedores.
B.
Sobre la función de contención
Dice Cabanellas:
“Tampoco es correcto afirmar que los
aportes de los socios, al integrar el capital de la sociedad, quedan en el
pasivo, lo cual veda su distribución bajo cualquier título que sea”.
Agrega
Cabanellas:
“Cuando cierta suma de dinero, o ciertas materias primas, son
aportadas a la sociedad, lo que ocurrirá casi inmediatamente es que esos bienes
serán dados en pago, serán utilizados para adquirir insumos, serán empleados
en el proceso productivo, o sufrirán otros actos de disposición. Si los
aportes tienen sentido económico y empresario, es justamente porque serán
objeto de tales actos. Si los negocios de la sociedad prosperan, su consecuencia
es que aumentará el patrimonio neto de la misma. Si fracasa, ese patrimonio
disminuirá. Frente a esos avatares jurídicos, contables y económicos, el
capital social se mantiene inmóvil, sin reflejar el destino que hayan corrido
los aportes que le dieron origen”.
Al respecto, nosotros decimos que,
desde luego, el capital no sirve de garantía. Cualquier acreedor para dar crédito
ha de investigar no la cifra de capital sino los estados contables y sin duda no
ha de conformarse con la cifra del capital que es una cifra más. Cuando se
producen procesos inflacionarios, se hacen ajustes en los estados contables -
actualizando valor de los activos - y esos ajustes están admitidos por normas
reglamentarias y ellos revelan la real situación patrimonial de la sociedad. Si
un banco da crédito o un proveedor lo confiere, no lo hace en base al capital
que figure en el contrato sino al patrimonio que resulte de los estados
contables.
El capital social no tiene esa función
de garantía porque es una mera cifra ideal y cumple otras funciones. La cifra
capital no revela la situación patrimonial de la sociedad; esa situación es
revelada por los estados contables, en los cuales la cifra capital es una cifra
más.
Entendemos que Cabanellas se equivoca porque la doctrina que explica el
concepto de capital, no dice que el capital constituya una garantía de los
acreedores. La doctrina que analiza la función del capital sostiene otra cosa:
que el capital social es una cifra ideal
que figura en los estados contables y actúa como una barrera que fortalece el
patrimonio, pues actúa como tope para la distribución de utilidades. No sólo
el capital cumple con esa función sino que, complementariamente, sirven de
barrera la cifra ideal de reservas, de revaluación de bienes, de aportes a
cuenta de futuras integraciones.
Cuando la doctrina analiza el carácter jurídico del concepto de capital y el
hecho de que se considere como una línea de contención no está entendiendo,
con ello, que sea un importe que ingresa a la caja y no se toca. El hecho de que
el capital se haga figurar en el pasivo no significa que los activos a que se
corresponde sean intangibles. Los dineros y bienes que se aportan se destinan,
por lo contrario, para ser invertidos y para producir.
Por otra parte consideramos que es
cierto que el capital representa el valor del aporte a la fecha de la constitución
de la sociedad o a la fecha en que se realizó. Con el paso del tiempo, puede
tener escasa significación económica; pero tiene interés jurídico porque
mediante su formación, con los aportes iniciales, se marca
la participación de cada socio en el capital total y porque fija el tope
- aunque no el único - para
la distribución de utilidades.
Finalmente, la doctrina que
maneja el concepto de capital social entiende, claramente, que el capital no está
destinado a reflejar la situación económica o financiera de la sociedad. Ella
surgirá de los estados contables y no de esa cifra, que es uno de los tantos
rubros de los estados contables.
Cuando se producen procesos
inflacionarios, se hacen ajustes por inflación en los estados contables y esos
ajustes están dispuestos por normas reglamentarias. Mediante ellos se revela la
real situación patrimonial de la sociedad. Los ajustes se incluyen en los
rubros patrimoniales de la sociedad, junto al rubro capital.
Por disposiciones reglamentarias, se
utiliza el valor histórico en la expresión del capital integrado; pero se
admite que se actualicen valores del activo y que la actualización figure en
rubros patrimoniales que, en su conjunto, reflejan los valores reales que
componen el patrimonio; patrimonio que es indispensable para la tutela de
terceros. Por otra parte los rubros patrimoniales, como dicen las normas
internacionales de contabilidad, se acreditan a la inversión de los accionistas
y, desde luego, el superávit resultante de la revaluación no podrá ser
distribuido como una utilidad. Los rubros patrimoniales no pueden distribuirse
aunque no integren el capital; puesto que las normas reguladoras no lo
habilitan.
Por disposición de la Ley y de normas contables, se pueden distribuir
utilidades si el patrimonio neto supera no sólo la cifra de capital sino también
la de reservas legales o reservas voluntarias. No se puede distribuir utilidades
si con ello se afecta las revaluaciones de activo, llevadas a un rubro
patrimonial en la contabilidad. En consecuencia, el régimen vigente asegura
protección razonable a los acreedores puesto que procura un patrimonio neto
equivalente al capital histórico más los otros rubros patrimoniales.
Nuestra Ley impone, además, la
adecuación del capital a las cifras reales del patrimonio, en determinadas hipótesis.
Debe aumentarse obligatoriamente el capital en las hipótesis del artículo 288
de la Ley. La Ley impone, actualizar la cifra capital, cuando los rubros
patrimoniales superen determinados porcentajes y distribuir acciones liberadas.
Con el mismo fin se impone reducir el capital, cuando el patrimonio, como
consecuencia de los resultados anuales, se ve reducido por debajo del capital
integrado. Se obliga a reducir el capital, cuando el patrimonio es inferior al
capital en determinados porcentajes: si las pérdidas han afectado las reservas
y el 50 % del capital. En este contexto legal, en el curso de la vida societaria,
frecuentemente se impone una actualización de la cifra contable de capital y ésta,
combinada con los demás rubros patrimoniales, refleja
más o menos adecuadamente la situación patrimonial en defensa de accionistas y
de terceros. De acuerdo con estas exigencias
legales, el capital social se deberá cambiar cuando sus diferencias con el
patrimonio sean relevantes. El legislador impone una adecuación del capital al
patrimonio, para que el capital deje de tener un mero valor histórico.
Dicen, tanto Olivera García como Cabanellas,
que el capital tiene asignado por la doctrina una función de productividad y
que el capital no puede cumplir esas funciones. Dice Olivera García que el capital es uno de los rubros que
utiliza la sociedad para autofinanciarse.
Por nuestra parte, estimamos que si existe una
doctrina que le atribuye esa función, esa doctrina es equivocada.
La función de productividad, así
como la de garantía, la cumple el patrimonio.
Con los aportes de los socios que
forman el capital inicial, a la vez, se constituye el patrimonio del ente jurídico
nacido del contrato. El capital es una enunciación más del contrato social y
el capital integrado figurará como tal en la contabilidad social, como cifras
meramente ideales, confrontadas a un patrimonio esencialmente variable. Son los
activos del patrimonio los que se destinan a actividades productivas y es el
patrimonio neto, el tenido en cuenta como respaldo de los créditos que se
contraigan.
La doctrina que analiza el concepto
de capital no le atribuye esa función de productividad. El capital es una mera
cifra: la función de productividad la cumplen los bienes aportados y los que se
vayan incorporando con el desarrollo de la actividad social, incrementando el
patrimonio. La sociedad usa para su giro los bienes de su activo o contrae
deudas y todo ello se reflejará en los asientos contables; pero no en el
capital.
En algunas elaboraciones
doctrinarias hay un manejo equivocado de los términos legales. No son los
rubros contables - entre los cuales el capital - los que sirven para que una
sociedad se autofinancie o desarrolle su emprendimiento.
La sociedad se ha de manejar con los
bienes de su activo, teniendo en cuenta su situación financiera global. Los
datos sobre su situación financiera y sobre sus posibilidades de actuar, han de
resultar de los estados contables y dentro de ellos, la cifra contable de
capital es un dato importante a tener en cuenta, así como el dato de las
reservas y otros rubros patrimoniales. Los otros rubros son las reservas, los
ajustes al patrimonio, los resultados y el rubro de aportes a realizar.
Cabanellas
y Olivera García realizan otras críticas,
que comentamos a continuación: sobre la equivalencia entre capital y aportes,
sobre la ausencia de información respecto del capital y sobre la presunta
obsolescencia del capital en el Derecho extranjero.
Sostiene Cabanellas:
“No es exacto que el capital social esté
formado por la suma de los aportes numerarios y en especie. Como ya hemos
mencionado en este apartado, esta igualdad no existe siquiera al constituirse la
sociedad, sea por la existencia de emisiones bajo y sobre la par, prestaciones
accesorias, y diferencias entre el valor contable y el valor real de los
aportes”.
Aclaramos que cuando Cabanellas
dice “capital social”, se está
refiriendo a capital integrado.
Cabanellas
se equivoca en algunas de sus afirmaciones. El capital integrado equivale a lo
aportado.
1..
Emisiones bajo y sobre la par
El plus que se paga por una acción no
se lleva al rubro capital, sino que su importe se contabiliza como una reserva
(art. 297). Si se admite la emisión bajo la par, el capital queda establecido
en el valor nominal que se emitió y lo menos en que se integró ha de figurar
como una pérdida. De manera que, cuando se efectúen emisiones por debajo o por
encima de la par, la contabilidad ha de reflejar la real situación patrimonial.
2.
Prestaciones accesorias
Las prestaciones accesorias no
integran el capital porque así lo dispone la Ley (art. 73).
Olivera
García, dice que en el régimen de la Ley, se puede
aumentar y reducir el capital social sin necesidad de reforma del contrato
social ni requerir el consentimiento de la asamblea, cuando ello no es así. Olivera
García formula una afirmación sin tener en cuenta los artículos 284 a
295 de la Ley 16.060 .
Olivera
García dice que, en el régimen actual, hay
ausencia de una información objetiva respecto al monto de capital accionario de
las sociedades, careciendo accionistas y terceros de una vía de conocimiento de
esta circunstancia. Entendemos que no es así: el accionista conoce el capital
integrado y los demás rubros patrimoniales por los estados contables. El
tercero que concede crédito, solicita a la sociedad un estado contable del cual
resulta el capital integrado y demás rubros
patrimoniales.
El capital integrado no es cifra
oculta, como dice Olivera García
en el trabajo antes citado. Por otra parte, toda vez que se quiera aumentar el
capital integrado de una sociedad anónima deben efectuarse publicaciones, para
que los accionistas ejerzan sus derechos de preferencia y de acrecer (arts. 326
y 328).
Se dice, por Cabanellas, que el concepto de capital es obsoleto y menciona
que se ha dejado de usar en los Estados Unidos de Norteamérica y en Rhuana. No
compartimos la calificación de obsoleto. El concepto tradicional de capital
social, se sigue usando en las más modernas legislaciones y no podemos
calificar a los legisladores de esos países como obsoletos.
La Ley española de 1.989, siguiendo
directivas de la Unión Europea, mantiene el concepto de capital social. Lo
mismo sucede en Francia. La doctrina moderna sigue usando el concepto.
Rubio
expresa:
“el capital constituye una
cifra matemática. No representa bienes o cosas, sino un dato de valor,
inmutable, y por ello sólo puede modificarse formalmente, jurídicamente. Su
volumen no tiene nada que ver con las oscilaciones prósperas o adversas del
negocio. El patrimonio crece o disminuye y el capital permanece invariable”.
CHULIA señala que podría revisarse el concepto o manejo del concepto de
capital social, pues en alguna legislación se ha desechado. Sin embargo, agrega
que el Derecho Europeo continuará ligado al sistema de capital nominal, que
inspira a la Segunda Directiva sobre Sociedades de la Unión Europea.
MERLE dice:
“Capital
es la cifra que representa el monto de los aportes de los socios. Es considerado
como la garantía mínima de los acreedores. Es relativamente fijo. Puede ser
aumentado por nuevos aportes o por incorporación de reservas; puede ser
reducido; pero siempre mediante acuerdos sociales.
El
patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de la sociedad, en un
momento determinado de la vida de la sociedad. Es esencialmente variable”[6].
En nuestro Derecho, para las
sociedades comerciales, se mantiene el concepto de capital tradicional. La Ley
nacional, sigue distinguiendo entre capital y patrimonio.
En la Ley de Sociedades Comerciales de
1.989 se establece el contenido del contrato social y entre sus estipulaciones
se establece el capital. En las sociedades colectivas y sociedades de
responsabilidad limitada, el capital equivale a la suma de los aportes
efectuados o prometidos.
En la sociedad anónima el capital
social es el importe hasta el cual la sociedad anónima puede recibir aportes
por los cuales se emitirán acciones. El capital integrado es el efectivamente
aportado. El capital suscrito es el prometido aportar. Cada socio ha de tener
una parte o cuotas o acciones que son representativas de su aporte y el importe
de las partes, cuotas o acciones relacionadas con el capital social o con el integrado, determina su proporción en los
distintos derechos atribuidos al socio.
En las sociedades colectivas en que el
aporte no debe ser simultáneo con la constitución de la sociedad puede suceder
que el capital social no se relacione en absoluto con el ingreso de bienes al
patrimonio social. El patrimonio de la sociedad estará formado, entonces, por
el crédito de la sociedad contra los socios por los aportes debidos.
El capital integrado representa el
valor de lo aportado. El valor debe establecerse de acuerdo a reglas de la Ley,
que también prevé la eventualidad de que el bien aportado valga realmente más
o menos de lo convenido con las obligaciones y responsabilidades consiguientes.
El valor del aporte determina la proporcionalidad de la parte de cada socio en
el capital total.
Desde luego que los aportes - que
sumados forman el capital inicial - se destinan a formar el patrimonio del sujeto jurídico nacido con el contrato
social. Luego, es el patrimonio y no el capital - cifra ideal que figura en el
contrato y en los estados contables -
el que cumple la función instrumental para llevar a cabo la actividad social y
es el patrimonio el que ha de ser tenido en cuenta por los acreedores, cuando
conceden el crédito.
El capital, para la doctrina, es una
cifra ideal que se mantiene en el contrato y en la contabilidad para poder
apreciar en cada ejercicio los resultados económicos de la actividad social. Si
el patrimonio neto supera el capital, ello significa que la sociedad ha
percibido ganancias y que ellas pueden ser distribuidas. Si el patrimonio neto
está por debajo de la cifra capital ello significa que hay pérdidas y que no
es posible distribuir ganancias. Fundamentalmente, el capital sirve como cifra
contención al momento de distribuir ganancias pues no se pueden distribuir
aunque exista un patrimonio neto positivo, si la cifra no supera el capital.
Si el capital con sus valores históricos
resulta minimizado frente a los procesos inflacionarios que atravesó
la economía del país, todos esos efectos inflacionarios se reflejan en
rubros patrimoniales que se suman a la cifra capital para cumplir el mismo
objeto de ser cifras ideales de contención.
El capital integrado figura en la
contabilidad como un pasivo de la sociedad. Es lo que la sociedad debe a los
socios que aportaron. También en el pasivo se incluyen las revaluaciones de los
activos así como las reservas. Son rubros que deben ser conceptuados como
deudas de la sociedad con los socios y sólo lo que exceda de esos rubros puede
ser distribuido como ganancia.
Toda esa disciplina tiende a la tutela
del patrimonio y, por ende, de los acreedores. La función de contención la
cumple el capital y los demás rubros denominados patrimoniales por las normas
contables.
La cifra capital y los demás rubros
patrimoniales sirven de vara para medir la situación de la sociedad. La Ley
16.060 impone que se mantenga una relación próxima entre capital ideal y
patrimonio, imponiendo la capitalización de ciertos rubros patrimoniales en
circunstancias especiales que la Ley indica. De la misma manera si el patrimonio
queda por debajo del capital se impone su reducción.
Capital y patrimonio son conceptos que
se mantienen en la Ley uruguaya y en las normas de contabilidad, cumpliendo
fines distintos. El capital no es
un concepto obsoleto.
Hay quienes propician que la acción
no tenga un valor nominal y que cada acción en una sociedad anónima atribuya
una participación porcentual en el patrimonio de la sociedad anónima. La
adopción de esa fórmula dependerá de una decisión de política legislativa.
Al sancionar la Ley 16.060, se prefirió mantener la solución tradicional. La
acción tiene un valor nominal que equivale al valor de lo efectivamente
aportado y, a la vez, significa un porcentaje del capital efectivamente
integrado por todos los socios.
Quien adquiere una acción pagará el
precio de mercado. Si se trata de la adquisición de un paquete de acciones, hará
las estimaciones del caso, teniendo en cuenta estados contables y expectativas
de desarrollo en las actividades sociales. Ello no cambia, si la acción tuviere
un valor meramente porcentual: la investigación por el interesado siempre tendría
que hacerse.
