Elementos
personales y obligación de aportar
Por Nuri Rodríguez
Olivera
y Carlos
López
Rodríguez
El
artículo 1 dispone:
“(Concepto). Habrá
sociedad comercial cuando dos o más personas, físicas o jurídicas, se
obliguen a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio de una actividad
comercial organizada, con el fin de participar en las ganancias y soportar las pérdidas
que ella produzca.”
En
la definición transcripta se emplean palabras que, a su vez, necesitan ser
definidas para conocer el sentido preciso de sociedad. En la definición se
incluyen los elementos y caracteres que siempre han tipificado al contrato
societario. Se establece la posibilidad de que el acuerdo se celebre entre dos o
más personas (contrato plurilateral). Se incluyen los elementos específicos
del contrato: la obligación de aportar; la obligación de aplicar los aportes
al ejercicio de una actividad comercial organizada y el derecho de participación
en las ganancias o la obligación de soportar pérdidas que la actividad
produzca. La actividad a que se aplican los aportes será el objeto de la
sociedad. Estos elementos son los que permiten distinguir a la sociedad de otros
negocios y contratos.
Todos
los elementos de la definición deben darse conjuntamente. La existencia de
cualquiera de ellos en forma aislada, no da lugar al contrato de sociedad
comercial. Sólo de la combinación de los elementos personales y obligaciones
incorporadas a la definición, surge el contrato de sociedad. Es así que la
mera reunión de personas no basta para caracterizar a la sociedad: es necesario
que se den los demás elementos ya enunciados y a considerar.
El contrato de sociedad
supone un acuerdo en que dos o más personas resuelven unir bienes para realizar
una explotación comercial asumiendo riesgos. Esas personas se llaman socios o
accionistas si se trata de una sociedad anónima.
Por tratarse de un
contrato tiene que haber un mínimo de dos personas participantes. No puede
haber contrato con un solo partícipe; no puede haber sociedad de un solo socio.
El contrato de sociedad
puede celebrarse por lo mínimo por dos socios pero pueden intervenir más; por
ello la doctrina lo categoriza como contrato plurilateral.
En otros contratos, como por ejemplo la compraventa, el préstamo, el
arrendamiento, el depósito, existen sólo dos partes que se contraponen en su
celebración; aún cuando cada parte pueda estar integrada por más de una
persona (parte pluripersonal).
El número mínimo de
socios debe existir no sólo en el acto de la constitución sino, también, a lo
largo de la vida social.
En nuestro Derecho, si se
crea una sociedad por un solo socio, la sociedad será inexistente. Ello es
coherente con la definición de la sociedad y su naturaleza contractual. No se
trata de un acto viciado, anulable, sino un negocio inexistente.
Se ha planteado
doctrinariamente qué sucede si tal sociedad se inscribiera y se sostiene que la
inscripción de una sociedad inexistente no la hace existente. El acto de
inscripción será nulo como consecuencia de la inexistencia del acto
registrado.
Si se crea una sociedad
por un socio real y socios aparentes, ya no se tratará de inexistencia del
contrato social. Podrá alegarse, en esa hipótesis,
la falta de consentimiento de alguno de los contratantes para anular el
contrato, pero no una hipótesis de inexistencia del contrato. Podrá alegarse
la simulación. Podrá un interesado pretender la prescindencia de la personería
jurídica de la sociedad para imputar bienes, derechos y obligaciones a quien
realmente corresponda (art. 190 Ley
16.060).
Si por cualquier
circunstancia la sociedad queda reducida a un solo socio, ello es causal de
disolución, pero la Ley admite que la disolución no se produzca de pleno
Derecho (arts. 159, n. 8, y 156). Puede existir, entonces, pero sólo
transitoriamente, una sociedad unipersonal o una sociedad a mano única. Como
ello es contrario a la concepción de la sociedad y a la teoría clásica de
nuestro Derecho civil de la unidad de patrimonio - que no admite que una misma
persona puede tener dos patrimonios - se impone que esa situación temporaria
sea regularizada. En tanto no se regularice, el socio único es responsable
ilimitadamente por las deudas sociales que se contraigan a nombre de la
sociedad.
La Ley no fija límites máximos
al número de socios salvo para las sociedades de responsabilidad limitada en
que se dispone que no excederá de 50 socios (art. 223).
Para este tipo social también hay normas que crean regulaciones distintas según
el número de socios (art. 238, 239 y 240).
Queremos señalar que al
celebrar contrato de sociedad los contratantes adquieren la calidad de socios en
forma originaria. Puede suceder que en el transcurso de la vida social, se
incorporen al negocio contractual otras personas que también adquirirán la
calidad de socio, ya en forma derivada, por cesión de partes o cuotas sociales
o por adquisición de acciones; ya sea por incorporación de nuevos socios
cuando se amplía el capital social o se fusionan sociedades.
Las personas que celebran
el contrato de sociedad pueden ser personas físicas o jurídicas. El texto
legal lo aclara expresamente, aun cuando ello no era estrictamente necesario
pues la personas jurídicas como sujetos de derecho pueden celebrar actos y
contratos de todo tipo, dentro de su objeto. Puede, entonces, una persona jurídica
celebrar contratos de sociedad si ello sirve para el desarrollo de su objeto.
Una sociedad no puede
adquirir participaciones en otra, si con ello transgrede el objeto social en razón
del principio de la especialidad del objeto de las personas jurídicas o del el
interés de los socios que desean realizar una actividad económica determinada
y no otra, o del el interés de los socios, en que los recursos sociales no se
inviertan en operaciones de riesgo, como lo es una participación societaria.
El objeto social
(actividad prevista por el contrato) es tan relevante en el régimen societario
que, para cambiarlo, se requiere reformar el contrato o el estatuto y, en el
caso de las sociedades anónimas, si
tal cambio se resuelve por mayoría, los disidentes y ausentes tienen derecho a
receso. Si se admitiera que una sociedad con un determinado objeto, invierta
capital en otra sociedad con objeto distinto, se estaría habilitando la
trasgresión de la normativa sobre objeto social.
Existe la posibilidad de
que una sociedad tenga un doble objeto: un determinado giro comercial y, a la
vez, realizar inversiones. En ese caso, el socio que contrató sociedad o el
accionista que adhiere al contrato, sabe el riesgo a que expone su aporte y lo
consiente.
Para
las sociedades que invierten en otras sociedades, hay normas especiales, en artículos
47 a 52 de la Ley 16.060 y ellas serán analizadas en otro capítulo.
Pueden
celebrar contrato de sociedad, también, las personas jurídicas de Derecho Público
estatales o no estatales.
El contrato de sociedad,
como todos los contratos, es fuente de obligaciones. La primera obligación es
la de aportar a cargo de todos y cada uno de los socios. Celebrado el contrato,
el socio queda obligado no sólo en relación a sus consocios sino, también,
frente a la sociedad persona jurídica
y la sociedad es acreedora de cada socio.
A.
Caracterización de la obligación de aportar
En el contrato social las
prestaciones no se intercambian. La prestaciones de cada uno y todos los socios
convergen hacia la sociedad, persona jurídica.
Con los aportes
prometidos se forma el patrimonio de la sociedad, sujeto de Derecho. Ese
patrimonio cumple dos funciones.
En primer lugar, el
patrimonio cumple una función instrumental, pues los bienes aportados son
necesarios para desarrollar la actividad económica propuesta. El aporte es un
elemento que desde el punto de vista económico se vincula con la actividad a la
cual se aplicará. El aporte es un elemento productivo. Todos los socios han de
hacer algún aporte, el que se estime como suficiente para la consecución del
objetivo propuesto.
En segundo lugar, el
patrimonio cumple una función de responsabilidad, pues los bienes aportados han
de constituir el respaldo de las obligaciones que contraiga el sujeto
societario.
La aportación o puesta
en común de alguna cosa es un requisito esencial. No hay sociedad sin
aportaciones de cosas, de derechos o de trabajo. Todo socio debe obligarse a
realizar una aportación y para la existencia de la sociedad basta con que la
obligación haya nacido sin que sea necesario que la aportación se haya
realizado ya. La Ley concibe a la sociedad como un contrato consensual y no como
un contrato real.
1.
Precisiones
Desde el punto de vista
jurídico, la obligación de aportar asumida por cada socio, es un elemento del
contrato. En el momento de contratar, el socio sólo se obliga a aportar, salvo
en los tipos en que se exige una integración mínima al contratar (sociedad de
responsabilidad limitada, art. 228, y sociedad anónima, arts. 252, 261, 272 y
280). La obligación de aportar o
de completar los aportes, cuando se exige un mínimo en el acto de contratar, se
cumple, luego, como acto de ejecución del contrato y la Ley prevé sanciones
para el socio que no efectivice el aporte.
No puede existir contrato
de sociedad - de ningún tipo - si en él no se estipula la obligación de
aportar de todos los que firman. Si faltara este elemento el contrato podrá ser
otro negocio pero no contrato de sociedad. Será inexistente como contrato de
sociedad. Para alguna doctrina la ausencia del aporte o un aporte ficticio puede
aparejar la nulidad de la sociedad pero nosotros entendemos que la ausencia de
aporte afecta la existencia del contrato.
El aporte distingue a la
sociedad de otras figuras contractuales. Por ejemplo, la diferencia del préstamo.
Con un préstamo se puede contribuir económicamente al desarrollo de la
actividad social, pero el préstamo no es un aporte. Lo prestado se debe
restituir en el plazo pactado y el prestamista no corre el riesgo de la
explotación societaria. El prestamista no es socio.
Todos los socios han de
hacer alguna aportación: la que se estime suficiente en el momento fundacional
para la consecución del objetivo final.
Los aportes pueden ser de naturaleza diferente. Puede aportarse bienes o dinero
o créditos. El aporte de un bien puede ser en propiedad o en usufructo o en
uso. Puede haber aporte en trabajo, en que el socio se obliga a poner a
disposición de la sociedad sus conocimientos técnicos o sus servicios o su
trabajo. Este aporte es necesariamente sucesivo.
Los
aportes pueden ser de importancia desigual. Cada socio puede aportar sumas
distintas o bienes de valor distinto.
2.
Contrapartida del aporte
El aporte es la obligación
de entregar un bien a la sociedad creada o la obligación asumida de realizar el
aporte de industria. A cambio de esa obligación contraída por el contrato, el
socio adquiere una participación en la sociedad. Esa participación recibe
distintos nombres según el tipo social: parte, cuota o acción.
3.
El capital formado por aportes
El capital es la cifra
que se debe indicar en el contrato social y que representa la suma de los
aportes prometidos. En la sociedad anónima el capital figura en el contrato,
pero tiene otro significado: es el límite hasta el cual se puede recibir
aportes.
Los socios pueden pactar
libremente el monto del capital social, salvo cuando se trate de sociedades anónimas
o de sociedades de responsabilidad limitada. Para estas sociedades, la Ley
impone mínimos de capital. La exigencia de mínimos se impone en sociedades en
que los socios no responden subsidiariamente de las deudas sociales. Se requiere
para asegurar un respaldo patrimonial de las obligaciones que se contraigan en
la actividad social.
No hay máximos, salvo
para las sociedades de responsabilidad limitada. El máximo en las sociedades de
responsabilidad limitada se explica porque estas sociedades se constituyen sin
estar sometidas a un control estatal, como sí lo están las sociedades anónimas.
Como contrapartida de la limitación de responsabilidad de los socios y de la
falta de control estatal, se limita el capital, de modo que no puedan abordar
actividades o empresas que requieran un gran volumen de recursos.
Los mínimos y los máximos
se deben actualizar, anualmente, por el Poder Ejecutivo, para las sociedades que
luego se constituyan (arts. 224, 279 y 521 Ley 16.060). Los importes fijados
anualmente no se imponen a sociedades ya constituidas; éstas no deben adecuar
anualmente sus capitales según las actualizaciones que se efectuarán.
