Constitución de sociedades anónimas[1]

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

La Ley estructura dos procesos para la constitución regular de las sociedades anónimas, de uso opcional: por acto único o por suscripción pública. 

En el proceso de constitución por acto único, el contrato es otorgado por los fundadores, quienes suscriben e integran los mínimos de capital exigidos por la Ley de Sociedades Comerciales n° 16.060 de 1989 (LSC). En el proceso de constitución por suscripción pública, se convoca públicamente a la suscripción e integración de acciones de una sociedad que se proyecta constituir. Efectuadas las suscripciones e integraciones mínimas, se celebra una asamblea de suscriptores que aprueba el contrato o estatuto social.

El art. 6, inc. 1, de la LSC dispone: 

“El contrato de sociedad comercial se otorgará en escritura pública o privada.” 

Aplicando esta norma, si la sociedad anónima se constituye por acto único, los fundadores podrán extender una escritura pública o privada. Si se constituye en forma sucesiva, el acta de la asamblea se ha de recoger, normalmente, en un documento privado.

En ambos procesos, se somete el contrato al contralor de un órgano estatal de control, la Auditoría Interna de la Nación. Luego, el contrato se inscribe en el Registro Nacional de Comercio y se publica un extracto del Estatuto.

Una vez cumplidas las publicaciones, la sociedad anónima adquiere regularidad. Hasta ese instante era una sociedad anónima en formación.

Después de obtenida la regularidad, le quedan algunos pasos a cumplir en el legajo que lleva la Auditoría Interna de la Nación, si fuere una sociedad anónima abierta (art. 418 modif. por Ley Orgánica Registral n° 16.871 de 1997).

Advertimos que, si durante el complejo proceso de constitución, marcado por etapas a cumplir en plazos determinados, no se cumpliera en tiempo con alguna de ellas, la sociedad deviene irregular.

I. Constitución por acto único

En rigor, no se trata de una constitución por un único acto, puesto que la constitución regular de la sociedad anónima implica el cumplimiento de una serie de trámites y etapas, caracterizados por la fijación de plazos perentorios para su cumplimiento. Las grandes etapas para la constitución por acto único son las siguientes.

A. Etapa de celebración del contrato social

Las estipulaciones mínimas del estatuto resultan de los art. 6 y ss.; del art. 251 y de otras disposiciones de la LSC. En este punto nos remitimos al numeral destinado a considerar a la sociedad anónima como contrato.

Sin embargo, y atendiendo a las dificultades que plantea el estudio del elemento capital, se destinarán los párrafos siguientes a desarrollar esquemáticamente este tema.

1. Modalidades de capital en las sociedades anónimas

La LSC distingue entre capital social, capital suscrito y capital integrado.

a. Capital social

El capital social es el que figura en el estatuto (art. 6), como límite máximo hasta el cual la sociedad podrá recibir aportes y emitir acciones. El capital social fija la capacidad emisora de acciones de cada sociedad anónima. El capital social es invariable y sólo puede modificarse mediante los procesos y mecánicas previstos en la LSC[2].

 La LSC, en su art. 279, establecía que toda sociedad anónima debía tener un capital estatutario mínimo de N$ 18.000.000, cifra reajustable todos los años por resolución el Poder Ejecutivo (arts. 279 y 521)[3]. Esta disposición fue sustituida por el artículo 100 de la Ley 18.083 del 2007. En la redacción actual ya no se exige un monto mínimo de capital social.

El capital social es una cifra abstracta que no tiene en cuenta las necesidades de financiación de la actividad social, en atención a la clase de actividad y al volumen de operaciones. En principio la composición de los recursos financieros, propios o ajenos, queda dentro del contenido de la libertad de empresa, es de libre elección de los socios[5].

En consecuencia, quienes han de constituir una sociedad necesariamente han de estipular ese mínimo; pero pueden establecer una cifra mayor si entienden que han de necesitar más recursos para la actividad que se proponen realizar. Las normas sobre capital mínimo y suscripciones e integraciones mínimas del capital social, no se aplican a las sociedades constituidas con anterioridad. Así lo dispone el art. 511, inc. 3.

El art. 14 incorpora más exigencias: Dispone: 

El capital social deberá expresarse en moneda nacional.”

Las únicas sociedades exceptuadas de aplicar este artículo son las sociedades financieras de inversión, que mantienen su régimen vigente que le permite expresar su capital en moneda extranjera (art. 518).

El capital se mantiene invariable aun cuando los bienes aportados aumenten o disminuyan su valor o se pierdan y aun cuando el patrimonio social aumente por las utilidades no distribuidas  llevadas a una cuenta de reservas o cuando el patrimonio haya disminuido por pérdidas producidas en la gestión social. Dice Rubio:  

“el capital constituye una cifra matemática. No representa bienes o cosas, sino un dato de valor, inmutable, y por ello sólo puede modificarse formalmente, jurídicamente. Su volumen no tiene nada que ver con las oscilaciones prósperas o adversas del negocio. El patrimonio crece o disminuye y el capital permanece invariable.”

Si en un estatuto se establece “Se constituye una sociedad anónima denominada San Sebastián sociedad anónima, con un capital social de $ 500.000”, esa cifra - que se encuentra dentro del mínimo exigido por la LSC - será su capital social o estatutario. Ese capital no es representativo de aportes realizados ni prometidos sino que marca la capacidad emisora de acciones que tiene esa sociedad. Esa sociedad podrá emitir acciones recibiendo los aportes correspondientes, sólo hasta esa cifra de $ 500.000.

b. Capital suscrito

Capital suscrito es aquél que los fundadores o interesados en adquirir acciones, prometen aportar. Genera un derecho de crédito de la sociedad contra el suscriptor.

En el momento de celebrar el contrato social, la LSC impone que los fundadores integren, por lo menos, el 25 % del capital social y que se suscriba, por lo menos, el capital necesario para completar un 50 % de ese capital (art. 280)[6].

La suscripción se instrumenta en un documento en que una persona declara obligarse aportar una determinada suma de dinero o determinados bienes por cierto valor para integrar determinado capital y número de acciones de la sociedad.

La LSC no impone un plazo preciso dentro del cual los suscriptores deban cumplir con la integración prometida; ello puede ser dispuesto en el contrato o en el programa o en una asamblea de accionistas o por el directorio. Cuando el plazo se fija por asamblea o por directorio, se debe hacer una publicación indicando las condiciones de la integración por tres días en el Diario Oficial y en otro diario (art. 317).

c. Capital integrado

Capital integrado es aquél efectivamente aportado. Corresponde al dinero o bienes incorporados al patrimonio social.

La finalidad de la integración y la suscripción mínimas es asegurar la realidad de la existencia de dinero, bienes y créditos en el patrimonio de la sociedad anónima pues en este tipo sólo el patrimonio social es garantía de las obligaciones contraídas frente a terceros. Por otra parte, en la relación interna entre los accionistas y la sociedad importa el capital integrado y la medida del aporte de cada accionista, por cuanto cada accionista con su aporte adquiere derechos patrimoniales y políticos que se miden por la proporción de su aporte con el total integrado.

La LSC impone la efectiva integración de un mínimo y la asunción de obligación de aportes futuros por los suscriptores. Explico un poco más. Se debe integrar por lo menos un 25 %, pero puede integrarse más. Se debe suscribir la diferencia entre el 25 % o más integrado y el 50 % del capital social. Si en una sociedad, en el proceso fundacional, los fundadores integran el 25 % del capital social deben, además, suscribir un 25 % de ese capital. Si los fundadores integran el 40 % de capital social, deben suscribir el 10 % del capital social[7]; si los fundadores integraran el 50 % del capital social, no habría necesidad de suscribir capital alguno.

Los importes de capital integrado y de capital suscrito no han de figurar en el contrato o estatuto social. La integración y suscripción de mínimos han de resultar de documentos separados que se firman simultáneamente con el contrato social. Las integraciones y suscripciones que se realicen durante la vida societaria resultará también de documentos separados y de registraciones contables.

2. Suscripción e integración de capital

Si la integración es en efectivo, los importes se deben depositar en una institución bancaria en una cuenta a nombre de la sociedad en formación, bajo el rubro “Cuenta de integración de capital” (art. 219)[8]

Si la integración es en especie, debe hacerse la trasmisión del bien del aportante a la sociedad, representada por los fundadores. En este caso, deberá extenderse un documento para poder probar que se efectuó esa trasmisión, en que, por ejemplo, el aportante declare que transfiere la propiedad de un determinado bien, a título de aporte y que en ese acto lo entrega a los fundadores que declaran recibirlo.

En el proceso de constitución regular, los fundadores deberán acreditar los valores ante la Auditoría Interna de la Nación. Dentro de esta mecánica, la avaluación deberá obtenerse con carácter previo o simultáneo a la firma del contrato de constitución. Necesariamente, los fundadores, al firmar el contrato ya han de tener la avaluación en las formas dispuestas por el art. 282 o el avalúo de peritos

El art. 256 establece: 

“Los fundadores, a efectos de la constitución de la sociedad o cumpliendo con precisas estipulaciones del contrato, podrán emplear total o parcialmente el monto depositado o los bienes aportados en especie por integración del capital, bajo las responsabilidades del caso.”

Los fundadores pueden hacer uso del dinero y de los bienes en especie aportados, puesto que también pueden anticipar la ejecución del objeto social según el régimen previsto por el art. 20. El art. 256 hace salvedad de las responsabilidades del caso.

B. Etapa regularizatoria

1. Presentación del contrato a la Auditoría Interna de la Nación

Tanto en la constitución por acto único como en la constitución por suscripción pública, se somete el contrato al contralor de la Auditoría Interna de la Nación. La Auditoría Interna de la Nación ejerce un control de legalidad y controla, además, las suscripciones e integraciones mínimas (arts. 252 y 253). Debe entenderse que controla la efectividad del aporte y las avaluaciones. En el sistema de la LSC, la sociedad anónima estará sujeta a un doble control de legalidad, el efectuado por el Órgano de Control Estatal y el que debe efectuar el Registro Nacional de Comercio[9].

a. Trámite ante la Auditoría

La Ley fija distintos plazos perentorios para el trámite, así, por ejemplo, dentro de los treinta días de celebrado el contrato éste debe ser presentado ante el órgano de control (art. 252 inc. 2). El órgano de control tiene treinta días, contado a partir de la presentación de la solicitud, para aprobar u observar. Si no adopta resolución, la Ley dispone que el contrato se considerará aprobado fictamente.

Si se formularan observaciones se crea una incidencia en la cual se da vista a los fundadores. Estos gozan de un plazo perentorio de diez días para allanarse a discutir las observaciones. Los fundadores pueden adoptar tres actitudes distintas.

* Aceptar las observaciones formuladas y modificar los estatutos para adecuarlos a los requerimientos del órgano de control

En tal caso, el órgano estatal dispondrá, luego, de un nuevo término de quince días para dictar resolución. Si omitiere hacerlo, se entenderá que el estatuto queda aprobado fictamente con las modificaciones introducidas.

* No decir nada sobre las observaciones

Vencido el término de diez días de la vista que se confirió a los fundadores, corre un nuevo plazo de quince días para que el órgano estatal de control se pronuncie y si no lo hace, se entenderá por denegada la aprobación.

* No aceptar las observaciones, planteando su discrepancia con ellas

En este caso, el órgano estatal de control, tiene quince días para resolver si mantiene las observaciones o si las levanta, teniendo en cuenta las argumentaciones que los fundadores hayan formulado. Si, pasados quince días, no se resuelve, se entenderá denegada fictamente la aprobación.

b. Instancias posteriores a la dilucidación de las observaciones

El órgano de control debe dar testimonio de la resolución administrativa aprobatoria o constancia de la denegatoria ficta, fijando la Ley un plazo de cinco días contados desde la fecha de producida la resolución (art. 253). El cómputo de los plazos se hace de la forma dispuesta en el artículo 514.

La Ley prevé, además, que contra la resolución que deniegue la aprobación del Estatuto, pueden interponerse recursos administrativos (art. 252) y, eventualmente, una acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

De aprobarse el estatuto, el órgano de control debe dar testimonio de la resolución administrativa aprobatoria dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de producida la resolución (art. 253). El cómputo de los plazos se hace de la forma dispuesta en el artículo 514.

2. Inscripción en el Registro Nacional de Comercio

Obtenida la aprobación expresa o ficta del órgano de control, los fundadores tienen treinta días parta inscribir el contrato y el testimonio de la resolución administrativa aprobatoria o la aprobación ficta, en el Registro Nacional de Comercio. El plazo se computa desde el día siguiente a la fecha de expedición del testimonio de aprobación o de la constancia de la aprobación ficta (art. 253).

3. Publicación

El régimen de publicidad al cual se somete a las sociedades anónimas es mayor que el impuesto a otros tipos y, aun, reviste mayor grado de intensidad cuando se trata de sociedades anónimas abiertas. Nos referimos a la publicidad mediante avisos en diarios que se suma a la publicidad registral, impuesta a todos los tipos sociales.

El contrato social se inscribe en el Registro de Comercio y se publica un extracto del estatuto. En ese momento, la sociedad anónima adquiere regularidad. Hasta ese instante era una sociedad anónima en formación.

La Ley 16.296 sustituyó algunas normas de la LSC, referentes a ciertas publicaciones que deban efectuarse en el Diario Oficial. Así es que se modificaron el art. 17 y el inciso final del artículo 227. El artículo 17 con su nueva redacción dice así:  

"(Publicación). Cualquier publicación exigida legalmente sin determinación del órgano de publicidad o del número de días por el que deba cumplirse, se efectuará por una vez en el Diario Oficial y en otro diario o periódico. Este último deberá ser del lugar de la sede de la sociedad y si allí no existieran publicaciones, se efectuará en uno del departamento o, en su defecto, en uno de Montevideo”.

C. Trámites ulteriores a la constitución regular

Como etapa ulterior, se preveía la incorporación  del estatuto en un legajo que llevaría el Registro Nacional de Comercio (art. 11) y de la Auditoría Interna de la Nación (art. 418). La existencia de un legajo en el Registro Nacional de Comercio se derogó por Ley 16.871.

La necesidad de formar legajo en la Auditoría Interna de la Nación, permanece todavía si se tratase de una sociedad anónima abierta  (art. 418, modif. por Ley 16.170). El artículo 418 se aplica sólo a las sociedades anónimas abiertas, por lo dispuesto en el artículo 704 de la Ley 16.170. En consecuencia, en el caso de constitución por acto único, no debe cumplirse con lo dispuesto por el artículo 418; deberá cumplirse con la norma si la sociedad,luego, se transforma en abierta.

En el legajo que lleva la Auditoría Interna de la Nación, se incorporan copias del contrato social con su aprobación, su inscripción en el Registro y la publicación. También, se incorporan las modificaciones que se efectúen en el futuro, así como los demás documentos que la Ley disponga.

II. Constitución  por Suscripción Pública

Con este procedimiento aparecen las figuras de los promotores y de los fiduciarios, con distintas  funciones. Adquiere, además, un especial papel el control de la Auditoría Interna de la Nación, que se ha de ejercer desde el comienzo del proceso[10].

A. Etapa preliminar

Como se dijo, en la primera etapa aparece la figura de los promotores. Los promotores son quienes proyectan la creación de la sociedad anónima.

Los promotores pueden ser dos o más. La Ley los menciona siempre en plural.

El artículo 263 establece la posibilidad de que sean suscriptores de capital. En la primera etapa del proceso, no asumen especiales responsabilidades, ya que no reciben los aportes.

1. Contrato con el fiduciario

A los efectos de su inclusión en el programa fundacional, los promotores deben firmar un contrato con el fiduciario. Sólo puede ser fiduciario una entidad de intermediación financiera o la Bolsa de Valores.

2. Programa fundacional

a. Contenido del programa fundacional

Los promotores deben formular un programa cuyo contenido se establece por el artículo 260 de la Ley:

“El programa de fundación debe contener:

1) Individualización y domicilio de las personas.

2) Bases del estatuto.

3) Naturaleza de las acciones, monto de las emisiones programadas, condiciones del contrato de suscripción y anticipo de pago a que se obligan.

4) Determinación del fiduciario.

5) Ventajas o beneficios eventuales que los promotores proyecten reservarse.”

El programa se firma por los promotores y sus firmas deben ser certificadas por Escribano Público.

b. Aprobación e inscripción del programa fundacional

El programa debe ser sometido a la aprobación de la Auditoría Interna de la Nación. Esta puede formular observaciones, a las cuales los promotores se pueden allanar o no. La Ley establece el procedimiento administrativo, fijando plazos para todas las etapas.

Aprobado el programa, se inscribe en el Registro de Comercio, a los efectos de la publicidad. La Ley fija un plazo de treinta días para la inscripción. Si no se presenta en ese plazo, caduca la aprobación administrativa (art. 258).

3. Suscripción e integración de mínimos de capital

Después de inscripto el programa en el Registro Nacional de Comercio, se hace el llamado a la suscripción de capital y a la integración del mínimo. La suscripción no excederá el término máximo de tres meses, computados desde la inscripción del programa. En ese plazo debe haberse integrado el 25 % del capital social y suscrito importes hasta completar el 50 % (art. 261).

El fiduciario será el encargado de recabar las suscripciones y quien reciba las integraciones en efectivo. Su nombre ya debe figurar en el programa.

a. Contrato de suscripción

Cada suscriptor debe firmar con el fiduciario un contrato de suscripción, por duplicado. La Ley establece el contenido del contrato en el artículo 262. Entre otras cosas, debe contener el programa.

Las enunciaciones del contrato son las siguientes (art. 262):

* Individualización del suscriptor y su domicilio;

* Número de acciones suscriptas

* Anticipo de integración en efectivo cumplido en este acto y las promesas de aportes en especie

Al firmar el contrato de suscripción, cada firmante debe efectuar un anticipo de la integración en efectivo, la promesa de aportes en especie – en su caso - y comprometer su suscripción, en los porcentajes que establece el artículo 280. En el caso de los aportes en especie, la entrega efectiva del bien se hará en un momento ulterior, después de celebrada la asamblea de suscriptores que apruebe el contrato social y antes de comenzar el procedimiento administrativo para obtener la aprobación del órgano estatal de control (arts. 262.3 y 272). El total de los anticipos en dinero más las promesas de aportes en especie, deben equivaler, como mínimo al 25 % del valor del capital social y el compromiso de suscripción se realiza por lo que reste hasta alcanzar el 50 % del capital social.

* Constancia de la inscripción del programa

* Fecha y lugar de celebración de el asamblea constitutiva y su orden del día

La asamblea constitutiva se convoca cuando se ha logrado la integración del 25 % del capital social proyectado y se haya completado la suscripción del 50 % de ese capital (arts. 261, 264 y 266).

b. Fracaso o exceso en la suscripción

El artículo 264 prevé la posibilidad de que, transcurridos los tres meses, haya fracasado la suscripción, por no llegar a los mínimos establecidos. En tal caso, se produce la resolución de los contratos de suscripción de pleno derecho. El fiduciario debe restituir los aportes, sin descuento alguno.

El artículo 265 prevé una suscripción en exceso. Para tal caso, se deja librado a la decisión de la asamblea de suscriptores si se aumenta el capital social proyectado o si se reducen a prorrata las suscripciones efectuadas.

B. Etapa de aprobación del contrato social

1. Celebración de la asamblea constitutiva

La asamblea constitutiva debe celebrarse en el término de dos meses a contar del vencimiento del plazo de suscripción (art. 266). Su fecha está predeterminada pues debe figurar en cada contrato de suscripción, junto con la indicación de lugar en que ha de realizarse.

En la asamblea se requiere la presencia de suscriptores que representen la mitad más una de las acciones suscritas (art. 266). Debe estar presente el fiduciario y es presidida por un funcionario de la Auditoría Interna de la Nación. Si no se logra esa asistencia, se da por terminado el proceso de constitución y los fiduciarios deben restituir los aportes. 

2. Funciones y cometidos de la asamblea 

a. Perfeccionamiento del acuerdo de voluntades respecto de la constitución de la sociedad

Se trata de la asamblea constitutiva. En consecuencia, adopta en primer término la resolución de constituir la sociedad y, luego, aprueba el contrato social o estatuto.

Los suscriptores, a partir de este momento, se convierten en socios fundadores.

b. Consideración sobre la actuación de los promotores

Tiene entre sus cometidos, juzgar la actuación de los promotores que deben rendir cuentas de lo actuado. En este punto, si los promotores fueren suscriptores, se abstendrán de votar.

c. Avaluación de los aportes en especie

Se resuelve sobre la avaluación de los bienes en especie prometidos aportar. Sobre la avaluación se aplica el artículo 282 y deberá expedirse, además, la Auditoría Interna de la Nación. En esta votación no participan los aportantes (art. 270).

3. Adopción de las resoluciones (art. 267)

Cada suscriptor tiene tantos votos como acciones haya suscrito. Las decisiones se adoptan por mayoría de los presentes, pero esa mayoría debe representar un tercio del capital suscrito. 

Por ejemplo, están presentes suscriptores que representan al 50 % del capital suscrito. Si votan por aprobar el Estatuto proyectado, la mitad de ese 50 %, se obtendría votos de un cuarto del capital suscrito y ello no sería suficiente par adoptar la resolución aprobatoria.

Para modificar el contenido del programa, se requiere la unanimidad de los presentes, esto es, como mínimo el 50 % del capital suscrito (art. 268).

De lo resuelto en la asamblea, se labra el acta que se firma por dos suscriptores y por el presidente (art. 270).

C. Etapa regularizatoria

1. Trámite administrativo

Los promotores deben cumplir, luego, con todos los trámites para lograr la aprobación del órgano estatal de control, inscribir el contrato en el Registro de Comercio y publicar el estatuto, para lo cual se aplican las normas de la constitución por acto único (art. 237).

2. Retiro de fondos y beneficios de los promotores

Realizada la asamblea, el fiduciario hace entrega, a los promotores, de los contratos de suscripción y de la documentación relativa a las integraciones en dinero. Los suscriptores que prometieron aportes en bienes le han de entregar los bienes prometidos (art. 272). A partir de entonces, los promotores deben custodiar y administrar los bienes aportados en especie; pero no han de tener la disposición del dinero.

Recién después de inscripta la sociedad en el Registro Nacional de Comercio, quien la represente podrá retener los fondos por integración de acciones. Tienen derecho a que se les reembolse los gastos que hubieren realizado para la constitución (art. 277).

En el programa debe establecerse qué ventajas o beneficios especiales los promotores pretenden reservarse (art. 260). El artículo 277 establece que no pueden percibir ningún beneficio que menoscabe el capital integrado[11]; se sanciona con nulidad cualquier pacto contrario. Debe entenderse, entonces, que no podrían cobrar una suma de dinero como honorario o comisión por su actuación, a deducir de los aportes. Podrían cobrarse con utilidades futuras; así es que se admite que sean retribuidos con bonos o pares beneficiarias.



[1] Rodríguez Olivera, Sociedades anónimas, pp. 32-49.

[2] La LSC no utiliza la expresión capital autorizado, puesto que las sociedad anónima no están sujetas a autorización, sino a control de legalidad.

[3] El reajuste no significa que cada sociedad deba variar su capital estatutario ajustándolo a los mínimos fijados todos los años. El reajuste se establece para fijar el mínimo que debe figurar en el contrato de aquellas sociedades que se constituyeron a partir de la respectiva resolución.

[5] Vicent Chulia, op. cit., p. 431

[6] El sistema es diferente en otros tipos sociales. En la sociedades colectivas, los socios al firmar el contrato, se obligan a aportar todo el capital social. En las sociedades de responsabilidad limitada, los socios se obligan  a aportar todo el capital social al firmar el contrato, pero la LSC les obliga a integrar en el acto de creación el 50 % si su aporte es en dinero; el socio que se obligó a aportar bienes, debe cumplir con su aporte íntegramente en el mismo acto de firmar el contrato.

[7] La diferencia fundamental con el sistema anterior es que se ha eliminado la exigencia de autorización judicial para funcionar.

[8] En el régimen antes vigente el depósito debía hacerse necesariamente en el Banco de la República Oriental de Uruguay. Los porcentajes de suscripción e integración eran similares.

[9] Se eliminó la autorización para funcionar, requerida en el régimen anterior. Esa autorización tenía su razón de ser en el origen histórico de las sociedad anónima. En sus orígenes, requería una autorización real. El Rey del Estado otorgaba una carta con condiciones y privilegios (octroi). El octroi fue sustituido por una autorización gubernamental, exigida en el CCom francés de 1807. De allí paso a nuestra legislación, en que la autorización era concedida por e Poder Ejecutivo, primero y, luego, por el Poder Judicial.

La autorización fue suprimida en Francia, en 1867, que adoptó el sistema denominado normativo. En el sistema francés actual, basta con que la sociedad cumpla con los requisitos de fondo, forma y publicidad impuestos por la Ley. Es el sistema adoptado por la mayoría de las demás legislaciones. Es el sistema que se adopta en nuestra ley para sociedad anónima que se constituyan para operar en zonas francas.

[10] Las normas que establecen el régimen de constitución de sociedad anónima por suscripción pública tienen su fuente en la Ley de Sociedades Comerciales argentina, aunque fueron introducidas algunas modificaciones de importancia.

[11] El art. 8 del Decreto 338/90 hace una declaración sobre el alcance con que la Ley utiliza los vocablos “capital social”. Dispone que en los arts. 93, 277, 287, 288 (inc. 1), 320 (inc. 3) y 456, se debe considerar que las referencias al capital se refieren a capital integrado.

En el art. 277, efectivamente, se empleó mal el término capital social porque la intención del legislador fue que no se menoscabara el patrimonio social en sentido jurídico.

 

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