Impugnación
de resoluciones de asambleas
Por Nuri Rodríguez
Olivera
y Carlos
López
Rodríguez
Los
accionistas tienen acciones para su defensa, respecto a resoluciones adoptadas
en las asambleas de accionistas.
I.
Impugnación de resoluciones de asambleas
La Ley organiza un procedimiento
extraordinaria
para
la
impugnación
de las resoluciones de
las asambleas contrarias a la Ley, a los estatutos, a los reglamentos y las
lesivas del interés social o de los derechos de los accionistas (Subsección IX
de la Sección V). El artículo 365 de la Ley 16.060 dispone:
“Impugnación. Cualquier
resolución de la asamblea que se adopte contra la Ley, el contrato
social o los reglamentos, o que fuera lesiva del
interés social o de los derechos de los accionistas como tales,
podrá ser impugnada según las normas de esta Sub-Sección, sin perjuicio de la
acción ordinaria de nulidad que corresponda por violaciones a la Ley.”
(énfasis nuestro).
Esta acción se ejercita por un procedimiento extraordinario, para el cual se
crean algunas fórmulas procedimentales especiales sobre acumulación de
pretensiones con el mismo contenido y para instrumentar la posibilidad de
coadyuvar con los impugnantes o con la sociedad demandada.
Fuere cual fuere el contenido de la sentencia, en el proceso extraordinario, las
partes pueden rever lo allí resuelto en un juicio ordinario posterior si lo que
estuviere en discusión fuera la violación de una ley (art. 370, inc. 3). Con
otras palabras, la sentencia que se dicte no produce efecto de cosa juzgada
material cuando la causal invocada es la violación de la Ley, pues siempre queda
la posibilidad de rever lo resuelto en
un
juicio ordinario.
A. Fundamento de la acción
de impugnación
Ya hemos
dicho que la mayoría es un recurso técnico-práctico, para organizar el
funcionamiento de las sociedades. El principio mayoritario no se incorpora para
el beneficio de un grupo que reúna una mayoría de capital en confrontación
con otro que sólo tiene
una
minoría. El legislador no ha querido implantar una
tutela para
las
mayorías o para los grupos de control de la sociedad sino,
simplemente, un mecanismo para formar una voluntad que pueda ser imputada, luego,
al ente societario.
Siendo así
las cosas, la Ley crea un sistema que atribuye eficacia vinculante a las mayorías
en las asambleas, siempre que las resoluciones respeten la Ley
y los estatutos, y
satisfagan los intereses comunes a todos los accionistas. Si la mayoría se
comporta de manera contraria, esto es, violando la Ley, transgrediendo estatutos
o lesionando intereses de los accionistas, su voluntad no podrá interpretarse
como voluntad social y cualquier accionista podrá impugnar judicialmente su
validez.
B. Causales de impugnación
El artículo
365 establece distintas causales de impugnación: que la resolución sea
contraria a la Ley, al contrato social o a los reglamentos; que la
resolución fuere lesiva del
interés social;
y
que la resolución fuere lesiva de
los derechos de los accionistas.
1.
Violación de la Ley, el contrato social o los
reglamentos
En cuanto
a la primera causal, deseamos aclarar que la Ley dispone que la resolución será
impugnable sea cual fuere la Ley que se contraríe. Por lo tanto, son
impugnables las resoluciones no sólo por su contenido ilícito o contrario a
los estatutos sino, también, cuando en su formación se han violado normas
legales o estatutarias.
La
resolución de la asamblea es la etapa final de un proceso formativo de la
voluntad social. La resolución no es separable de las etapas que la preceden,
que son formativas y conducentes a la resolución final. De manera que el acto
asambleario se integra con distintas etapas dispuestas por la Ley y que forman
una unidad funcional, sin relevancia jurídica alguna si se las considera por
separado. De modo que, cuando la Ley se refiere a decisiones o acuerdos
violatorios de las leyes debe entenderse que la violación pudo producirse en
cualquiera de las etapas de la formación de tal decisión o acuerdo.
Al
proyectarse la Ley uruguaya se entendió que no existía justificación para
crear acciones distintas según se trate de violación de normas que regulan el
funcionamiento de una asamblea o se trate de violación de normas sustanciales
de la Ley de sociedades o de leyes que regulan otras materias.
Se pensó que existiendo la violación de una ley siempre debe quedar abierta la
acción de nulidad con todas las garantías de juicio ordinario; sin perjuicio
de la impugnación, por un procedimiento más ágil, establecido al efecto.
2. Lesión del
interés social
Además
del incumplimiento de las formalidades impuestas por la Ley y el contrato
social, respecto de la celebración de asambleas y la toma de resoluciones, las
resoluciones pueden ser impugnadas por ser lesivas del interés social o de
derechos de los accionistas. Esta distinción merece un comentario.
El
interés social es aquél de los accionistas, compartido por todos ellos: interés de
realizar una actividad en común y de obtener beneficios. Al lado de ese interés
social, existen derechos de los accionistas que podrían ser lesionados. Se
trata de cualesquiera derechos que emanan de la posición de socio: derecho de
voto, derecho de utilidades o derecho de preferencia en la suscripción de
aumentos de capital.
Debe
tenerse en cuenta que, según afirman Uría,
Menéndez y García de Enterría, a
través de las acciones de impugnación “se
garantiza tanto el sometimiento de los acuerdos sociales al marco legal y
estatutario por que ha de regirse la sociedad como la defensa del interés
social, que podría resentirse con posibles acuerdos adoptados por los socios
mayoritarios en beneficio propio o de otra persona”. Surgiría,
entonces, una causa de anulabilidad “cuando el acuerdo lesiona los
intereses sociales, para beneficiar así los intereses de cualquier accionista o
de terceros... cuando la mayoría, que debe ejercitar sus prerrogativas
atendiendo en todo momento al interés social como interés superior común a
todos los accionistas, tome un acuerdo que, sin violar propiamente la Ley o los
estatutos, posponga los intereses sociales para beneficiar a cualquier socio o a
un tercero...”.
Resulta
que, tanto en el Derecho español como en el uruguayo, la impugnación de
resoluciones de asamblea por violación del interés social, se encuentra
prevista a texto expreso (art. 365 Ley 16.060), como una forma de tutela del
referido interés, en lo que respecta a la formación de la decisión colegial.
Según expresa Richard:
“debe excluirse el voto dirigido contra la
sociedad, pues el derecho de voto no puede ejercerse contra la convención
original o el desenvolvimiento colegial”.
Se
considera interés contrario, todo aquel interés particular que contraríe la
consecución del objeto o de la actividad social. Así, también, ha sido
definido como cualquier modalidad operativa de un accionista o de un grupo de
ellos tendiente a beneficiarse con la generación de decisiones sociales que no
sean congruentes con el estricto cumplimiento del objeto social.
Dice Richard:
”En opinión de la doctrina, los derechos subjetivos no son
conferidos a los individuos para su utilización egoísta, sino que deben ser
ejercidos en el interés general. En materia de sociedades los derechos
reconocidos por la Ley o por los estatutos a los órganos de gestión, de
control o de tutela, están destinados, en primer lugar o prioritariamente a
permitir a dichos órganos ejercer una actividad beneficiosa para la sociedad,
pudiendo ser sometidos a examen o censura si su titular ha utilizado sus
derechos o poderes en disconformidad con su destino”.
En la
doctrina francesa, Houpin & Bosvieux
afirman que hay abuso de derecho y desviación de poder, cada vez que el
accionista actúe para satisfacer intereses particulares, aun en los casos en
que no exista necesariamente la intención de perjudicar.
3. Lesión
de los derechos de los accionistas como tales
Hecha esta
precisión diremos que son, también, impugnables aquellas resoluciones
adoptadas que, aunque no sean extrañas a la esfera de los intereses sociales,
signifiquen un excesivo o injustificado sacrifico de los derechos de los
accionistas, extraños del grupo dominante. Por ejemplo, si la mayoría
calificada resuelve, en sucesivos ejercicios, no distribuir utilidades, destinándolas
a reservas y postergando indefinidamente las expectativas de los accionistas a
una participación en las utilidades. En casos como éste o en similares en que
la minoría aparezca sufriendo sacrificios excesivos e injustificables
corresponderá una acción de impugnación.
II.
Sobre el proceso de impugnación
Respecto
de los aspectos procedimentales de la impugnación de las asambleas nos
referiremos a tres temas: legitimación, condiciones para el ejercicio de la
acción y trámite.
A.
Legitimación
Tiene
legitimación para impugnar las resoluciones asamblearias, cualquier accionista
que no haya votado, que haya votado en blanco o se haya abstenido y aun, quien
votó afirmativamente, si su voluntad estuvo viciada o si la norma legal violada
fuere de orden público (art. 367). También, la tienen los tenedores de bonos o
partes beneficiarias, cuando las resoluciones sean violatorias de sus derechos
(art. 422, inc. 2). Asimismo, están legitimados cualquiera de los directores,
el administrador, el síndico o cualquiera de los integrantes de la comisión
fiscal y aun
la Auditoría Interna de la Nación .
La acción
se promueve contra la sociedad.
El artículo 369, inciso 3, resuelve quien representa a la sociedad, cuando ella
es promovida por las mayoría o todos los directores. Se dispone que el Juez
designe al representante dentro de los accionistas mayores que votaron la
resolución impugnada.
Si quien
promueve la acción es el director que ejerce la representación de la sociedad,
los restantes directores designará a otro representante, a los efectos del
juicio.
B.
Condiciones para el ejercicio de la acción
Se
fija un plazo breve para plantearla: noventa días a contar de la fecha de la
clausura de la asamblea o de su última publicación, si la Ley ha impuesto
publicidad de la resolución asamblearia de que se trata (art. 366). Este
plazo es un plazo de caducidad. Así lo entiende toda nuestra doctrina. Siendo
un plazo de caducidad, no se aplica el artículo 514, que dispone la interrupción
de los plazos previstos en esta ley.
Se
trata de una caducidad que se establece en tutela de intereses generales de la seguridad y de la certeza en el ámbito de la actuación
de los órganos sociales. Tal como hemos visto,
los autores citados fundan el régimen de la caducidad en la defensa de
tales intereses.
La
interpretación de que es un plazo de caducidad la sostienen Pérez
Fontana,
Rippe Káiser
y Pérez Idiartegaray.
Este último, comentando el artículo 366, dice textualmente: “Esta
determinación de un plazo breve de caducidad para deducir la acción, es la
solución adoptada por casi todas las legislaciones”.
También,
la sustenta Jiménez de Aréchaga: “El
primer problema práctico que se nos plantea es el de la naturaleza del plazo de
promoción de la acción de impugnación”.
Dice luego que se debate la
naturaleza de este plazo, si es un plazo de prescripción o de caducidad y
sostiene que es plazo de caducidad. Se apoya la autora en la opinión de Fargosi.
Fargosi sostiene que en este caso existe el supuesto necesario para
tipificar un caso de caducidad: una exigencia de certidumbre categórica en
función de los intereses y derechos tutelados y en pos de la estabilidad jurídica.
Sostiene el autor citado que la caducidad tiene como fundamento el de limitar en
el tiempo el ejercicio de un derecho cuando el diligente ejercicio del mismo se
estima conveniente para un interés individual o superior.
El artículo
374 de la Ley establece que es facultativo del Juez imponer al accionista que
promueve la acción, la prestación de una garantía. Con ello se cubre la
posibilidad de que se ejerciten acciones infundadas.
Vemos entonces como, a la vez que se confiere una defensa, se establecen
condiciones para su ejercicio.
C. Trámite
El
procedimiento judicial para la impugnación será el de los procesos
extraordinarios (art. 18). La Ley, sólo agrega reglas especiales para la
acumulación de pluralidad de acciones que se pudieran entablar y reglas para
permitir que cualquier interesado coadyuve con la sociedad demandada con los
impugnantes (art. 369).
Por
razones de economía procesal, se impone la acumulación de todos los procesos
que se promuevan con la misma finalidad de impugnar una resolución. A los
efectos de posibilitar la acumulación, se espera el transcurso de los noventa días
de plazo y, finalizado ese término, el Actuario del Juzgado dará cuenta de
todas las demandas presentadas.
El Juez
dispondrá la designación de un procurador común y, si éste no es nombrado,
lo designará de oficio. El procurador, designado de oficio, puede ser
sustituido por el que nombren los actores, en cualquier momento ulterior (art.
369).
El Juez da
traslado de la demanda a la sociedad y, además, dispone la publicación de
edictos por tres días en el Diario Oficial y en otro Diario y con
emplazamiento, por quince días a contar de la última publicación, a quienes
tengan interés en coadyuvar con el o los impugnantes o con la sociedad. Tomadas
todas estas garantías, resulta, como natural consecuencia, que la sentencia que
se dicte obliga a todos los accionistas, aún cuando no hayan comparecido en el
juicio (art. 370, inciso 1).
La
sentencia que acoja la demanda de impugnación, dejará sin efecto la resolución
impugnada. Es la misma consecuencia que una acción de nulidad. Se hace la
salvedad de que la sentencia no afectará derechos adquiridos por terceros,
salvo que se pruebe su mala fe (art. 370, inc. 2).
¿En qué se diferencian
la acción de nulidad de la acción de impugnación de resoluciones de asambleas?
Pérez
Idiartegaray comparte esta opinión:
“En
primer lugar, hemos visto que la denominada voluntad de la asamblea se forma a
través de un proceso complejo estrictamente reglamentado por la Ley, que
comprende una serie de actos que deben cumplirse necesariamente para culminar en
la resolución. El incumplimiento de las normas que rigen ese proceso puede
incidir en la regularidad de la resolución...
...
Esto tiene particular relevancia en el caso de lo que podríamos denominar
irregularidades formales, esto es, las que se refieren al procedimiento a través
del cual se ha formado la voluntad de la asamblea. Desde este punto de vista
podríamos agrupar las irregularidades refiriéndolas a ciertos módulos
esenciales, esto es: la convocatoria a la asamblea, la constitución de la
asamblea, la deliberación que ésta realiza y la proclamación de la resolución
y redacción del acta...
Sin
ánimo de agotar el elenco de posibles irregularidades, podemos señalar las
siguientes:... d) si la asamblea no se hubiese constituido con el quórum
requerido para ese caso...”
(Pérez Idiartegaray, De las
asambleas de accionistas, in: Gaggero,
Pérez Idiartegaray & Rippe Siegbert, Análisis Exegético de
la Ley 16.060, Sociedades Comerciales, t. II, p. 129/130).
La
doctrina argentina, en sus comentarios a la norma que sirvió de fuente a la
disposición uruguaya, es de la misma opinión. Véase, por ejemplo, los autores
siguientes: Nissen, Ley de
Sociedades Comerciales, t. II, p. 251 siguientes; Bendersky, "Impugnación judicial de asambleas de
sociedades anónimas", Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones,
nº 55, p. 15 y siguientes; Farina,
Sociedades
Comerciales, p. 315; Halperin,
Sociedades
Anónimas, p. 645 y siguientes.
