Efectos sobre la persona del fallido
Por
Nuri
Rodríguez
Olivera
La quiebra afecta al
fallido en múltiples aspectos: en su capacidad, en el ejercicio de ciertos
derechos, en su libertad personal, en sus derechos individuales, etcétera. Los
efectos de la quiebra sobre la capacidad del fallido cesan con su rehabilitación.
Analizaremos en este capítulo la incidencia de la quiebra en estos aspectos
personales; esa incidencia, en casi todos los casos, es un reflejo de los
efectos patrimoniales ya estudiados.
I. Incapacidades
y prohibiciones
A. Reseña
de las normas legales aplicables
Haremos una reseña de
las normas que se relacionan o afectan la capacidad del fallido.
1.
Incapacidad civil
Las
normas principales, de carácter general, que se relacionan con la capacidad del
fallido, las encontramos en los artículos 1.280 y 2.374 del Código
Civil
y en el
artículo 1.597 del Código de Comercio.
a. Artículo
1.280 Código Civil
El artículo 1.280 del Código Civil establece:
“Son
también incapaces los menores adultos que se hallen bajo la patria potestad o
que no han obtenido habilitación de edad... las mujeres casadas y los
comerciantes fallidos.
Pero
la incapacidad de estas personas no es absoluta, y sus actos pueden tener valor
en ciertas circunstancias y bajo ciertas aspectos determinados por las leyes.”
b.
Artículo 1.597 del Código de
Comercio
El
artículo 1.597 del Código de comercio establece:
“El fallido queda de derecho separado y excluido
desde el día de la declaración de la quiebra de la administración de todos
sus bienes.”
c. Artículo
2.374 Código Civil
El artículo 2.374 del Código
civil establece:
“Son nulos todos los actos ejecutados con el deudor
relativamente a los bienes de que ha hecho cesión o de que se ha abierto
concurso a los acreedores.”
Nos permitimos recordar
el fundamento de este conjunto de normas: impedir que el fallido disponga de sus
bienes en perjuicio de los acreedores y asegurar el valor de los bienes
concursados sustrayéndolos de su administración. En el Código de Comercio no hay
ninguna norma que prohíba al fallido disponer de sus bienes, pero se entiende
aplicable el artículo 2.374 del Código Civil
Aunque no existiera la
norma general del Código Civil igualmente le estaría prohibido disponer de los
bienes. Si se le separa de su administración con mayor razón le ha de estar
prohibido enajenarlo.
Es menester precisar que
el artículo 1.597 del Código de comercio y el 2.374 del Código civil tienen
aplicación en lo relativo a los bienes afectados por el concurso. Señalamos
anteriormente la existencia de bienes que no son objeto de desapoderamiento,
respecto de los cuales el fallido podrá hacer actos de administración y de
disposición.
Lo que decimos es
coherente con lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 1.280, que admite
la validez de los actos de incapaz relativo, en ciertas circunstancias.
2.
Incapacidad procesal
La capacidad procesal del
fallido está limitada. El
artículo 1.598 del Código de comercio dispone:
“No
pueden intentarse acción alguna contra el fallido ni continuarse con él los
existentes.
Unas
y otras se dirigirán contra el síndico.
Sin
embargo, el fallido podrá ejercitar aquellas acciones que tengan por objeto
derechos inherentes a su persona o que sean meramente conservatorios de sus
bienes y derechos.”
El fallido tiene
capacidad plena para la tutela de derechos personales. Podrá por lo tanto
actuar en su juicio de divorcio.
Tiene capacidad para
ejercer acciones conservatorias de sus bienes y derechos. Por ejemplo, podrá
promover una diligencia judicial a los efectos de interrumpir una
prescripción.
Es importante señalar
que, en determinadas etapas o incidentes del proceso de quiebra, se autoriza su
actuación personal. Por ejemplo, puede recurrir del auto de quiebra y del auto
que fija la fecha de efectiva cesación de pagos (art. 1.644); es parte en el
incidente de calificación de la quiebra (1.653); asiste a la junta de
verificación (art. 1.676). Puede interponer recursos contra las decisiones de
la junta relacionadas con la verificación del crédito (art. 1.682). Puede
proponer un concordato para finalizar el proceso de quiebra (art. 1.694).
3.
Prohibiciones
a. Prohibición de
ejercer el comercio
El artículo 29 del Código
de comercio, establece prohibiciones para comerciar. Dispone:
“Están prohibidos por incapacidad legal:...
los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación”.
Es oportuno destacar que
al fallido se le prohíbe el ejercicio de la profesión comercial, pero podría
ejercer otros actos de diversa naturaleza. Podrá ejercer una profesión
liberal, si tiene el título habilitante; podrá dedicarse a la agricultura o
ganadería; podrá desempañarse como empleado o dependiente o aún como factor
de otro comerciante en tanto no exista disposición que lo prohíba.
b. Prohibición de ser socio
El fallido no podrá
celebrar contrato de sociedad (art. 44 Ley 16.060).
c.
Otras prohibiciones
* Prohibición de ser
corredores
El artículo 89 del Código
de Comercio establece que los fallidos no pueden ser corredores.
*
Prohibición de ser despachante de aduanas
La Ley 13.925
establece que quien quiera inscribirse como Despachante de Aduana, en el
registro de que lleva la Dirección de Aduanas, no debe haber sido declarado
fallido ni concursado, salvo caso de rehabilitación y obtención de carta de
pago (art. 3).
B. Naturaleza de la
situación personal del fallido
Hemos señalado las principales disposiciones
que se refieren a la capacidad del fallido. La contenida en el artículo 1.280
del Código civil lo califica como incapaz. La norma establece que esa
incapacidad no es absoluta y que los actos de esas personas pueden tener valor
en ciertas circunstancias.
El
artículo 1.597 del Código de comercio
dispone que, a raíz de la quiebra, el fallido queda separado de la
administración de todos sus bienes y el artículo 2.374 del Código
civil establece la nulidad de los actos relacionados con los bienes concursales.
Estas normas tienen carácter general.
Luego, mencionamos diversas normas que
establecen prohibiciones para el ejercicio de ciertos actos y ciertas
incapacidades procesales.
¿Qué conclusiones pueden extraerse del
conjunto de esas normas? Se puede sostener distintas posiciones sobre la
situación del fallido.
1. Primera tesis: el fallido es un incapaz
a. La tesis de que el fallido es un incapaz se
ciñe estrictamente a la terminología de los textos legales. Tal es la
calificación legal. Así lo llama el Código civil en el artículo 1.280 y el
artículo 29 del Código de comercio.
Es un relativamente incapaz, que está dotado
de capacidad para ciertos actos (artículo 1.280, inciso 2).
La incapacidad relativa tiene por objeto la
tutela de los derechos de los acreedores, impidiendo al fallido disponer del
activo que debe servir para pagar el pasivo existente el día en que la quiebra
se declaró.
La incapacidad está restringida, por lo
expresado, al campo patrimonial afectado por la quiebra. En los demás tiene
plena capacidad. Efectivamente, tal como hemos visto, tiene capacidad para
ejercer profesiones, salvo la comercial; tiene capacidad para administrar y
disponer de los bienes que no entran en el desapoderamiento y tiene ciertas
facultades procesales. Tiene capacidad para celebrar un concordato con sus
acreedores, comprometiendo los bienes desapoderados.
Broseta
Pont dice que su situación se asemeja a una cuasi-incapacitación que le
produce una profunda modificación de su capacidad de obrar.
b. Siendo su incapacidad relativa, los actos
que realice en los campos que le están vedados adolecen de una nulidad relativa,
por aplicación del artículo 1.560 del Código civil.
El artículo 1.560 del Código civil establece:
“La nulidad producida por un objeto a causa
ilícita, y la producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las
leyes prescriben para el valor de ciertos actos, o contratos, en consideración a
su naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que en ellos
intervienen, son nulidades absolutas.
Hay así mismo nulidad absoluta en los actos
y contratos de personas absolutamente incapaces.
Cualquier otra especie de vicio produce
nulidad relativa y da derecho a la nulidad del acto o contrato.”
El artículo 1.562 del Código civil dispone:
“La nulidad relativa no puede ser declarada
por el juez sino a instancia de parte, ni puede ser alegada por el Ministerio
Público ni por otros individuos que aquellos en cuyo beneficio la han
establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios; y puede subsanarse por
el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes.”
Aplicando estos preceptos, los actos del
fallido relacionados con los bienes de que ha sido desapoderado, adolecen de
nulidad relativa. No puede ser declarada la nulidad sino a instancia de parte,
esto es, de aquellos en cuyo beneficio se ha establecido la nulidad. Quienes
pueden invocar la nulidad, son los acreedores concursales en cuyo beneficio se
estableció la prohibición del fallido de administrar y disponer de sus bienes.
La anulación podrá ser pedida por los síndicos actuando por los acreedores. Si
ninguno de ellos formula un reclamo, la nulidad se subsana.
La nulidad no podría ser invocada por el
propio fallido pues no ha sido establecida en su beneficio. Tampoco puede serlo
por su co-contratante por el mismo motivo.
El juez no puede decretar la nulidad de
oficio. Si los acreedores no la piden, debe entenderse que el acto nulo no los
perjudica y no les interesa su nulidad.
Como consecuencia de la anulación, el acto
queda sin efecto y las cosas se deben reponer al estado anterior.
Si la quiebra se termina por concordato o por
revocación del auto de quiebra, desaparece la categoría de personas en cuyo
interés se estableció la incapacidad relativa del fallido. En consecuencia, los
actos relativamente nulos quedan subsanados.
c. Ejemplos sobre la
aplicación de la tesis de la incapacidad.
En un primer ejemplo, el fallido efectúa un
pago, después de la declaratoria de quiebra. Ese pago puede ser anulado si los
acreedores o el síndico promueven su anulación. El acreedor que recibió el pago
deberá, en consecuencia, devolver el dinero recibido en pago. El dinero pasa a
integrar la masa. Al acreedor se le devuelve su documento de crédito. El fallido
no puede pedir la anulación del pago porque la nulidad no se estableció en su
beneficio. Si el pago realizado por el fallido desinteresó a un acreedor
preferente o privilegiado puede suceder que a los acreedores no les interese
pedir la nulidad y el acto quedará, en consecuencia, firme.
En un segundo ejemplo, el fallido vende un
bien. La venta será un acto relativamente nulo. El síndico, en defensa de los
intereses de los acreedores, puede pedir la nulidad de la venta, con lo cual el
bien volverá a la masa.
Cabe preguntarse: ¿qué sucede con el precio
recibido por el fallido? ¿La masa debe devolver el precio?
Mezzera
Álvarez dice que no, con los siguientes argumentos: porque el precio fue
percibido por el fallido y no por la masa; el tercero no puede reclamar nada a
la masa por un acto que fue ineficaz a su respecto; el tercero sólo tendrá
derecho y acción para reclamar daños y perjuicios contra el fallido; pero su
crédito será posterior a la declaración de quiebra y no podrá hacerlo valer
dentro de los procedimientos de quiebra. Podrá reclamar al fallido y resarcirse
pero sólo en los bienes de aquél no afectados por el concurso o reclamar al
fallido después de la rehabilitación contra bienes sobrantes. El fallido, por su
parte, no puede prevalerse de la nulidad para negar los daños y perjuicios.
Supongamos otra hipótesis: el fallido vendió
un bien, a un buen precio y el comprador entrega el precio al síndico. En este
caso, los acreedores no tendrán interés en provocar la nulidad de la venta y el
acto, por ser sólo relativamente nulo, quedará subsanado.
d. Precisión:
La tesis expuesta analiza la situación del
fallido ajustándose estrictamente a las definiciones y terminología de los
Códigos civiles y comerciales. A continuación consultaremos las críticas que se
formulan a la calificación y otras tesituras adoptadas al respecto.
Quizás lleguemos a la conclusión de que todas
las discusiones en torno a este problema no sean más que el fruto del uso de una
terminología distinta. Veremos que, aún cuando se considere impropia la
calificación de “incapaz” y se le califique diversamente, se llega a
conclusiones similares a las cuales hemos analizado ajustándonos a los textos
legales.
2. Segunda tesis: ineficacia de los actos del fallido
Nuestro legislador, en el Código civil, ha
calificado como incapaces relativos a dos categorías de personas: los menores
púberes y al comerciante fallido.
Puede tacharse de artificial el agrupamiento
de esas dos categorías en un rubro único de incapacidades relativas. Tanto las
incapacidades absolutas como la relativa de los menores púberes, tienen como
presupuesto la existencia de una incapacidad física real. La Ley organiza al
instituto de la incapacidad para la tutela del incapaz. En cambio, tratándose
del fallido, no hay una incapacidad física y el instituto no tiene por objeto la
tutela del fallido sino de los acreedores y terceros en general. De manera que
son distintos los objetivos que persigue la Ley al declarar incapaz al menor y
al fallido.
Señaladas esas diferencias, se concluye que,
no obstante la calificación legal, el fallido no es un incapaz. Como
consecuencia de ello, se sustenta que sus actos no son nulos.
Los actos celebrados por el fallido con
terceros son válidos. No pueden ser atacados ni por el fallido ni por la persona
que contrató con él, pero son inoponibles a los acreedores, quienes sí pueden
hacerlos caer.
Entre quienes sostienen esta tesis, entre
otros, encontramos a Thaller, a
Ripert y a
Mezzera Álvarez, entre nosotros.
Mezzera Álvarez sostiene que los actos del fallido son
ineficaces respecto a los acreedores o ineficaces frente a la masa.
El acto puede ser válido si no afecta los
intereses de la masa. La ineficacia o inoponibilidad dura en tanto la quiebra
exista. Si la quiebra terminara por cualquier motivo, el acto celebrado sería
válido y no podría nadie oponerse a él.
Con esta tesis se llega a conclusiones
similares a las que se arriba aplicando a los actos del fallido las normas de
incapacidad y de las nulidades relativas. También, sosteniendo que se trata de
una nulidad relativa sólo puede ser atacado por los acreedores. Por ello nos
parece una cuestión de palabras. Lo que nuestra ley denomina incapacidad y
sanciona con nulidad relativa, cierta doctrina lo llama ineficacia.
3. Tercera tesis: el fallido carece de legitimación
La doctrina distingue entre capacidad y
legitimación. Capacidad es una cualidad de la persona. Se funda en una aptitud
intrínseca del sujeto. La legitimación es una posición del sujeto respecto de un
objeto o de otros sujetos.
La capacidad es requisito de validez del
contrato. La legitimación es requisito de oponibilidad.
Aplicando estos conceptos, podría decirse que
el conjunto de prohibiciones que recaen sobre el fallido constituyen la creación
de situaciones en que el fallido carece de legitimación para actuar. En
consecuencia, si el fallido realiza actos para los cuales no tiene legitimación,
éstos no serán nulos sino inoponibles.
La inoponibilidad supone que el acto no
produce efectos frente a terceros, pero produce efectos entre los contratantes.
En cambio, la incapacidad produciría la nulidad de todos los efectos, frente a
terceros y entre los contratantes.
Ejemplo:
El fallido vende un bien.
Un acreedor pide la nulidad. Se revoca la venta. El bien ingresa a la masa. La
venta sigue produciendo efecto entre fallido y comprador. Nos preguntamos: ¿qué
efectos sigue produciendo entre las partes? El comprador podrá exigir al fallido
la restitución del precio y daños y perjuicios. Podrá el comprador hacer
reclamos al fallido que vendió pero no puede concurrir con acreedores anteriores
a la quiebra.
Llegamos, como se puede apreciar, a
conclusiones iguales a las antes establecidas, considerando la tesis de la
nulidad o de la ineficacia o de la inoponibilidad.
Por el artículo 19 de la
Ley 17.292 se ha
establecido expresamente que se ordenará la inscripción de la quiebra en el
Registro Nacional de Actos Personales. Se agrega que si no
existen recursos suficientes disponibles para cubrir las tasas registrales, el
Juzgado las dispondrá de oficio sin cargo.
De acuerdo con el artículo 48 de
la Ley 16.871, el Registro Nacional de Comercio se organiza en base a fichas
personales de los comerciantes y sociedades comerciales y por el artículo 42 del
Decreto 99/98 se dispone que en las fichas se concentre “todo el movimiento
jurídico de los mismos”. Con una interpretación amplia, deberá registrarse
en este Registro la quiebra por cuanto ella afecta la capacidad o legitimación
del fallido.
II.
Afectaciones de derechos del fallido
A.
Privación del secreto epistolar
Se establece en el auto
de quiebra la detención de la correspondencia (artículo 1.583,
inciso 3, Código de comercio). Se trata de
una limitación a un derecho individual consagrado en la Constitución (art.
28).
La limitación se
justifica por el interés general implícito en la quiebra. El fallido podría
celebrar negocios que le están prohibidos, por correspondencia. La
correspondencia puede servir para conocer negocios pendientes de ejecución y
para calificar la conducta del fallido.
Se detiene la
correspondencia dirigida al fallido y no la remitida por éste. Sólo se afecta
la que se relaciona con los negocios del fallido. La que no tenga que ver con
ellos se entrega al fallido.
En cumplimiento del auto
de quiebra se debe librar oficio a la Dirección General de Correos y también a
A.N.T.E.L.. El artículo 1.587 establece la mecánica para cumplir esta
providencia.
B.
Privación de
libertad
El juez, en el
primer auto, ordena el arresto del fallido (artículo 1.583, numeral 3). Las
normas aplicables son los artículos 1.586 numeral 3, 1.654 y 1.668.
El juez
competente para decretar el arresto es el mismo juez de la quiebra. Siendo un
juez concursal, tiene facultades propias de un juez penal.
El juez decreta
el arresto en el auto inicial. Luego, se libra oficio a la Jefatura de Policía
para que aprehenda al fallido.
1.
Controversia doctrinaria respecto del arresto
En los estatutos
medievales ya existía el arresto. En sus comienzos, el derecho de la quiebra era
un derecho represivo. Entonces, la prisión era coherente con la prisión por
deudas, admitida en la época. Ese régimen fue adoptado por los Códigos de
comercio, en que se inspiró el nuestro.
Suprimida en
nuestro país la prisión por deudas, ya en 1829, no obstante, se mantiene
la norma tradicional del arresto al fallido.
El artículo 52 de
la Constitución establece que nadie puede ser privado de su libertad por deudas.
Aplicando este precepto podría sostenerse la inconstitucionalidad de la norma
del Código de comercio que dispone el arresto del fallido.
a. Un sector de
la doctrina trata de justificar el arresto, diciendo que no corresponde a la
antigua prisión por deudas sino que obedece a otros fundamentos.
En primer lugar,
se sostiene que se trata de una medida excepcional, de seguridad, para el caso
de que el fallido fuera culpable de delito. Toda declaración de quiebra produce
la iniciación de oficio de un procedimiento penal. Se inician actos de
instrucción para determinar la existencia de una eventual responsabilidad penal.
La investigación
se realiza por el síndico, quien debe informar al respecto y bajo el contralor
del juez concursal. Si se configuran los elementos de los tipos penales
previstos, procede la apertura del juicio penal. Así se explica el artículo
1.654 que dispone que se ponga en libertad provisional al deudor cuando el
síndico califique como casual a la quiebra.
Nuestro régimen
partiría de una presunción contraria al comerciante. Se sospecha sobre la
ilicitud de su conducta y, en razón de tal sospecha, se le detiene. Descartada
la sospecha, por el informe del síndico, se decreta su libertad.
También, se
sostiene que la prisión cumple una función preventiva, destinada a evitar la
fuga del comerciante. Se quiere que permanezca en el país, para colaborar con el
procedimiento de la quiebra. Se sostiene que la presencia del fallido es
necesaria para las informaciones que debe proporcionar para la liquidación de
los bienes.
Asimismo, se
argumenta que cumple una función ejemplarizante. Sirve para advertir a los
comerciantes sobre las consecuencias de sus incumplimientos.
b. Otros autores
formulan varias críticas al arresto.
En primer lugar,
se señala que es un resabio de viejas prácticas y legislaciones tradicionales
que no se justifica mantener. Las legislaciones más modernas han suprimido el
arresto del fallido.
En segundo lugar,
puede no haber habido delito. No hay in fraganti delito ni semiplena
prueba de él, en el momento que se dicta el auto de quiebra.
En la mayoría de
los casos de quiebra a pedido del acreedor, la semiplena prueba, recién podrá
surgir de las investigaciones e informes que realice el síndico. El sólo hecho
de no cumplir con una obligación mercantil, no puede constituir una semiplena
prueba. Se entiende que sería más adecuado que el arresto sólo se decretara
cuando hubiera indicios de responsabilidad penal o, utilizando los términos del
artículo 15 de la Constitución, cuando exista semiplena prueba de la comisión de
un delito.
En fin, se señala
que para asegurar la presencia del fallido se le puede obligar a permanecer en
el domicilio y a no alejarse de él sin autorización del juez. Bastaría con una
disposición similar al artículo 1.559 que rige para el concordato preventivo y
que impide al deudor salir del país sin autorización del juez.
Por último, se
dice que es una humillación más para el deudor, que no apareja ventajas para
nadie: ni para acreedores, ni para los intereses generales tutelados por el
Estado.
2.
Libertad provisional
El fallido puede
eximirse del arresto preventivo, ofreciendo fianza. Con la fianza se garante la
presencia física del quebrado a la orden de la justicia, cuando ésta lo
requiera.
La Ley dice
fianza segura (artículo 1.586 Código de comercio).
Solicitada la
libertad provisional, se oye al Fiscal de lo civil, quien analiza el monto de la
fianza, si es o no suficiente, con relación a la importancia económica de la
quiebra. Es decir que no se entra a apreciar la posibilidad de que exista un
delito y la pena a recaer, sino factores meramente económicos.
Se obtiene,
también, la libertad provisional: cuando el síndico, en su informe sobre la
calificación, concluye que es casual (artículo 1.654). El juez ordenará la
libertad definitiva cuando, culminando el incidente de calificación, se concluye
que es casual (artículo 1.668).
El artículo
1.668, en los incisos 2 y 3 agrega:
“Si juzgara
que la quiebra es culpable o fraudulenta, mandará pasar los autos originales
al Juzgado del Crimen, poniendo a su disposición al fallido, si estuviese
arrestado.
Estando en
libertad lo hará saber a dicho juez, remitiéndole copia de la escritura de
fianza, si se hubiere otorgado.”
C. Derechos políticos
Dentro de nuestro
Derecho positivo el fallido no pierde la ciudadanía ni derechos políticos por su
condición de tal. Sólo los pierde si es procesado o condenado por delitos
conexos a la quiebra, de acuerdo a normas que son comunes a todos los delitos y
no específicas para el quebrado.
En los artículos
81 y 82 del Código penal se establece como penas accesorias, la suspensión de
derechos políticos. Se entiende por tales, la capacidad para ser ciudadano
elector y para obtener cargos de elección popular (artículo 79).
El artículo 80
de la Constitución establece que la ciudadanía se suspende, por la condición de
legalmente procesado en causa criminal de la cual pueda resultar pena de
penitenciaría. También, se suspende por sentencia que imponga pena de prisión o
penitenciaría o de inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos,
durante el tiempo de la condena.
III.
Pensión alimenticia
La pensión favorece a
quien pidió su propia quiebra. El fallido debe solicitarla. El juez la fija,
oyendo previamente al síndico. Como contrapartida, el fallido debe emplearse en
la administración de la quiebra, a las órdenes del síndico.
Al haber sido
desapoderado, el fallido no tiene recursos para su sustento y el de su familia;
por ello es necesario acordarle una pensión alimenticia. Tal como expresa la
norma, esta prestación tiene carácter alimentario; no obstante, se le impone
al fallido que trabaje a las órdenes del síndico.
El juez fija la pensión.
Luego, la junta de verificación determina si sigue o no pasándose (art. 1.638,
último inciso).
La pensión termina con
la clausura de los procedimientos de quiebra.
_________________________
Mezzera Álvarez,
Curso
de Derecho Comercial,
t. V: Quiebras, p. 262.
