Rehabilitación del Fallido

Por Nuri Rodríguez Olivera

Culminadas las operaciones de la liquidación, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones exigidas por la Ley, se podrá solicitar la rehabilitación del fallido.

La rehabilitación tiene como finalidad eliminar los efectos de la quiebra que afectan al fallido en forma personal y reintegrarlo al pleno ejercicio de sus derechos y capacidad civil (artículo 1.781).

I. Legitimación activa

La rehabilitación puede ser solicitada por el fallido. Es a él a quien le interesa la aplicación de este instituto.

También, puede ser decretada de oficio en el caso del artículo 1.772, cuando los fondos de la masa han alcanzado para el pago íntegro del pasivo. Veremos más adelante el alcance de este artículo.

¿Puede pedirla el fallido, cuando es un comerciante no inscripto en matrícula? Podría sostenerse que no, por aplicación del artículo 32 del Código de Comercio y si ese entiende que la ficha registral sustituye  a la matrícula y cumple sus funciones.

Albanell[1] entiende que la sanción es desproporcionada y contradictoria con los límites que la Ley pone a situaciones más graves. Argumenta: 1) que el artículo 32 debe interpretarse en forma restrictiva no siendo extensivo al caso de quiebra; 2) que la rehabilitación no sólo se constituye en beneficio del fallido sino que responde a un interés general.

Agrega Sayagués que el camino más lógico sería ensayar la demostración de su inconstitucionalidad, considerando que se trata de un exceso restrictivo de la libertad de trabajo y que implica una pena perpetua, contradicción con los principios generales que limitan necesariamente su duración a un máximo.

Rocca se planteaba el problema de si es posible el pedido de rehabilitación por los herederos del fallido o sea la rehabilitación post-mortem. Opinaba que los herederos no tienen evidentemente sino un puro interés moral y desde que, conforme al artículo 1.573, es posible la quiebra después del fallecido el deudor parece lógico conceder este beneficio. Sin embargo, como la rehabilitación tiene por objeto restituir la capacidad del fallido parece no tener sentido en este caso.

II. Clases de rehabilitación

Hay dos clases de rehabilitación: imperativa y facultativa. La rehabilitación imperativa tiene lugar una vez producido el hecho previsto por la Ley el Juez debe declararla. La rehabilitación facultativa, queda sometida a la apreciación del Juez, quien según los casos y circunstancias que se presenten, puede resolver rehabilitar o no. Aclaramos que, en todos los casos, la rehabilitación la confiere el Juez como culminación de un trámite, que se inicia con una solicitud (artículo 1.771), en que hay vista al Ministerio Público, publicaciones, posibilidad de oposiciones, etc. (artículo 1.775-1.780).

La distinción resulta de los textos legales. Los arts. 1.772 y 1.774 utilizan el giro puede pronunciarse o puede concederse. En el artículo 1.773 el legislador dice la rehabilitación se opera.

Los casos de rehabilitación facultativa previstos por la Ley son los siguientes: aprobación del concordato (artículo 1.772); pago completo (artículo 1.774, inc. 1); extinción de la masa de la quiebra, carencia absoluta de bienes y pago de 50 % de acreedores que hubieren reclamado el pago y transcurso de 5 años (artículo 1.774, inc. 2); supuestos similares al caso anterior pero con pago del 25 % de créditos y transcurso de 10 años (artículo 1.774, inc. 3); y perdón de acreedores que reúnan primera mayoría del artículo 1.524 (artículo 1.774).

Los casos de rehabilitación imperativa son los siguientes: calificación de la quiebra como casual; cumplimiento de la pena y prescripción de la acción o de la pena (artículo 1.773).

III. Análisis de los casos de rehabilitación

La rehabilitación corresponde cuando se dan determinados presupuestos. Se enumeran en los artículos 1.772, 1.773 y 1.774. Se entiende que no hay más casos de rehabilitación que los enumerados por la Ley.

La taxatividad surgiría del artículo 1.774, que comienza así: 

Fuera de los casos mencionados en los artículos anteriores, la rehabilitación podrá concederse:...”.

En cuanto a la enumeración de los presupuestos, nuestro Derecho crea un sistema complejo. En efecto, hay diversas circunstancias que permiten la rehabilitación. Tales circunstancias son de diversa naturaleza: algunas dependen de la calificación, otras del cumplimiento de obligaciones patrimoniales, otras del cumplimiento de sanciones penales.

La rehabilitación necesariamente ha de tener lugar, en nuestro concepto, después producidos determinados supuestos: después de obtenido un concordato o después de clausurada la quiebra por liquidación de todos los bienes del activo. Los dos son hipótesis en que la quiebra ha terminado, como proceso. Queda subsistente el estado de incapacidad en que está el fallido y del cual sale precisamente mediante la rehabilitación.

No puede haber rehabilitación, si no se ha dado algunas de los supuestos señalados: el concordato o la clausura por liquidación. Esta afirmación nos ha de servir para la debida comprensión de los textos legales a estudiar. Así, por ejemplo, el cumplimiento de la pena a la cual fue condenado el fallido es un caso de rehabilitación, pero cumplida la pena, el fallido podrá ser rehabilitado, si la quiebra se había clausurado por liquidación de todos los bienes o por concordato. De otro modo, si aún estuviera pendiente la liquidación, por más que se hubiere cumplido la pena no puede ser rehabilitado.

A. Concordato

En el caso de concordato la rehabilitación debería ser imperativa y no facultativa, ya que sólo mediante ella, podrá darse cumplimiento a la solución concordataria. Sin embargo, el artículo 1.772, en su primera parte, establece:

La sentencia de rehabilitación puede pronunciarse al tiempo de aprobarse el concordato”.

De acuerdo a ese texto, en la misma sentencia que homologa el concordato, se puede conceder la rehabilitación.

En esta hipótesis de rehabilitación, el fallido debe plantear su propuesta de concordato, solicitando, además, que se le rehabilite. No habría o no funcionaría el incidente previsto en los artículos 1.775 y siguientes para resolver sobre la rehabilitación; incidente en que se prevé oposición de acreedores, publicidad, etc. porque el voto de los acreedores al concordato supone su acuerdo para la rehabilitación.

La segunda parte del artículo 1.772 dispone: 

“Alcanzando los fondos de la masa para el pago íntegro del pasivo, la rehabilitación podrá decretarse de oficio”.

Como la norma está ubicada en el mismo inciso que contiene la previsión sobre rehabilitación en caso de concordato, se entiende que sólo se aplica al concordato que permite pagar el total de los créditos.

De manera que se tratan, en este artículo, dos hipótesis de rehabilitación[2].

La norma prevé la rehabilitación en caso de concordatos con prescindencia total de la calificación de la quiebra, a diferencia del Código primitivo que, en su artículo 1.738, exigía además que no hubiese sido el fallido calificado de culpable o fraudulento. Esto permite que un fallido pueda obtener concordato y con ello continuar su actividad comercial y que luego calificado de culpable o fraudulento puede  llegar a la situación de inhabilitación prevista por la Ley penal lo cual encierra una contradicción manifiesta.

B. Pago íntegro

Se admite la rehabilitación en el caso del pago íntegro del pasivo.

Cabe señalar que en las Ordenanzas de Bilbao y en el Código de Comercio francés como en el Código de Comercio italiano y el nuestro original sólo cabía rehabilitación en el caso de pago íntegro. Con esto queremos señalar cómo, en un principio, las legislaciones fueron severas y luego se fueron suavizando y atenuando los sistemas. Hoy también  se admite la rehabilitación en otros casos, aún cuando el pago no sea íntegro sino parcial.

Efectuaremos algunas precisiones sobre estos textos, por cuanto se plantean algunas interrogantes. ¿El pago exigido es del total de capital o se exige además el pago de intereses? Puede sostenerse que la rehabilitación procede cuando se ha pagado el capital e intereses generados antes de la quiebra, puesto que durante la quiebra cesa el curso de intereses.

C. Pago parcial

Se admite la rehabilitación con pagos de porcentajes, establecidos por el texto legal, y después del transcurso de cierto tiempo. Cabe preguntarse, desde cuándo se computa el tiempo o plazo de cinco y diez años: ¿desde el auto de quiebra o desde el auto de clausura?

La Ley no establece punto de partida. En nuestro concepto, siendo el instituto de la rehabilitación una mecánica que debe comenzar a funcionar después de terminado el proceso de quiebra, los plazos establecidos en el artículo 1.774 se deben computar desde la fecha del auto de clausura de procedimientos por haber terminado la liquidación.

En consecuencia, si al clausurarse esos procedimientos, se pagó todo el capital, procede la rehabilitación. Si se clausuran los procedimientos y no quedan bienes en la masa y sólo se ha pagado el 50 % de los créditos, el fallido no será rehabilitado sino después del transcurso de 5 años. Si se clausuró el procedimiento, no quedaron bienes en la masa y se pagó sólo el 25% de los capitales adeudados, el fallido no podrá ser rehabilitado sino después de haber transcurrido 10 años desde la fecha de la clausura.

Como hemos de ver, luego de dictado el auto de clausura, podría ser rehabilitado, sea cual fuere el monto de créditos pagados, si hubiera habido una calificación de la quiebra como casual o se hubiera cumplido la pena o hubiere prescripto acción o pena. De modo que, dictado el auto de clausura de procedimientos, se puede lograr la rehabilitación por dos vías: o de acuerdo a las resultancias finales de la calificación o de acuerdo al resultado económico de la quiebra.

En el artículo 1.774 se usa el giro “extinción de la masa”; ello no quiere significar que proceda la rehabilitación, cuando se ha clausurado el proceso de la quiebra por falta de activo. En tal caso se clausura el proceso de quiebra y esa clausura es provisional. El procedimiento se suspende y se mantiene el estado de quiebra, según ya vimos. En esa hipótesis nunca será admisible la rehabilitación.

Lo que la norma exige es que realizadas las operaciones de la etapa de liquidación, etapa final de la quiebra, se hayan vendido todos los bienes y aún quede pasivo impago.

IV. Perdón con eficacia exclusiva para la rehabilitación

Para la concesión de ese perdón se deben reunir los acreedores y obtenerse la mayoría especial del artículo 1.524, inciso A, (mayoría de personas que representen los ¾ de los créditos totales, civiles y comerciales).

Señalamos la diferencia con el concordato. Se trata de un perdón con eficacia exclusiva para la rehabilitación. El perdón no obliga a los acreedores no firmantes o disidentes.

V. Calificación como casual

La rehabilitación se concede en función del aspecto calificativo de la quiebra.

Si el Juez de lo civil califica la quiebra como casual, no  pasan los antecedentes al Juez de lo penal y procederá la rehabilitación.

Si el Juez de la quiebra la califica como culpable o fraudulenta, se deben pasar los autos al Juzgado de lo Penal. En ese caso pueden presentarse diferencias en la calificación. Por ejemplo, el Juez de la quiebra la calificó como culpable y el Juez penal absuelve al fallido o se dicta un sobreseimiento. Con un criterio estricto, siendo taxativa la enunciación de las causales de rehabilitación, en caso de sobreseimiento o absolución no corresponde rehabilitación. El fallido, en tales casos, sólo podría pedir la rehabilitación cuando se den las circunstancias del artículo 1.774.

Tal situación no parece justa. Se coloca en mejor condición al penado que al absuelto, por reputarse que no se ha cometido delito. Lo más razonable sería permitir la rehabilitación en los casos analizados.

VI. Cumplimiento de la pena

Los artículos 253 y 254 del Código Penal establecen penas de penitenciaría o prisión  y además de inhabilitación comercial o industrial. El artículo 253 para la quiebra fraudulenta fija pena de  2 a 8 años de penitenciaría y de 2 a 10 años  de inhabilitación. El artículo 254 para la quiebra culpable establece 3 a 24 meses de prisión y 2 a 5 años de inhabilitación.

De manera que se puede haber cumplido pena de penitenciaría o prisión pero estar pendiente la inhabilitación que impide la rehabilitación.

VII. Prescripción de acción y pena

La prescripción se prevé en el artículo 129 del Código Penal: 

“La pena se extingue por un transcurso de tiempo superior a un tercio del que se requiere para extinción del delito, debiendo empezar a contarse dicho término desde el día en que recayó sentencia ejecutoriada o se quebrantó la condena.

Es aplicable a la prescripción de las penas el artículo 123 relativo a la prescripción de los delitos”.

Resumen sobre lo expuesto:

A. Terminada la quiebra por concordato, la rehabilitación debe dictarse necesariamente, con la sentencia homologatoria, a los efectos de habilitar al deudor para que siga comerciando y cumplir de ese modo con la solución ofrecida. En este caso, se prescinde de la calificación de la quiebra.

Aclaramos, que el procedimiento de calificación y el juicio penal siguen a pesar del concordato. Si en sede penal se condena al fallido como quebrado fraudulento y si la sentencia agrega a la pena de penitenciaría la inhabilitación para ejercer el comercio, el fallido rehabilitado en sede civil, no podrá ejercer el comercio por la sanción penal.

B. Terminada la quiebra por liquidación de bienes con pago total o terminada con pago de ciertos porcentajes y transcurrido un cierto tiempo, será procedente la rehabilitación, con prescindencia de los resultados de la calificación. Claro está, que si de resultas de la calificación, el fallido es condenado con pena de penitenciaría y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio del comercio, por la aplicación de tales penas, el fallido rehabilitado no podrá ejercer el comercio.

C. Terminada la quiebra por liquidación de bienes, sea cual fuere su resultado económico, si se calificó como casual o si se cumplió la pena o se extinguió por prescripción la acción o la pena, será procedente la rehabilitación.


 

[1] Albanell, Apuntes de Mezzera Álvarez, p. 346.

[2] En la opinión de Segovia y de Rocca, Apuntes, p. 352.