Formación
de las masas activa y pasiva
Por
Nuri
Rodríguez
Olivera
y
Carlos
López
Rodríguez
En la quiebra se
contraponen dos masas: la masa patrimonial, activa u objetiva, está formada por
el conjunto de bienes de que el fallido es desapoderado; la masa del pasivo es
el conjunto de créditos que gravan el patrimonio del fallido. La doctrina se
refiere a la masa pasiva o masa de acreedores o masa subjetiva.
Para determinar esas dos
masas es necesario efectuar diversas operaciones. Ya estudiamos diversas medidas
que tienden a formar la masa objetiva: desapoderamiento, inventario, intimación
a terceros que tengan bienes del fallido, acciones revocatorias, etcétera. Esa masa
de bienes será objeto luego de una liquidación, con lo cual se obtendrá un
producido para pagar a los acreedores. Para la determinación de la masa pasiva,
se realizan las operaciones que se llaman de verificación de créditos. A los
efectos de la distribución del producido de la liquidación entre los
acreedores, sus créditos son objeto de graduación.
I. Formación de
la masa activa
La formación de la masa activa supone la
reunión de todos los bienes que van a ser objeto de la ejecución.
A partir del auto de liquidación se produce el
desapoderamiento de todos los bienes del deudor.
Para llevarlo a la práctica, el juez
dispone la ocupación por el síndico de bienes, libros y documentos del fallido,
e intima a quienes tienen bienes del
fallido para que los entreguen al síndico.
En el proceso de quiebra se realizan
diligencias para recuperar bienes que, a la fecha del dictado del auto de
quiebra, no estuvieran en poder del fallido, sea por la reivindican de bienes
del fallido en manos de terceros o a través de la promoción de acciones
revocatorias.
Las acciones revocatorias tienen por objeto
hacer volver al patrimonio del comerciante bienes que salieron en el período de
sospecha. Para ello, se regula el incidente de fijación de la fecha de efectiva
cesación de pagos, que sirve para determinar temporalmente, los actos
revocables.
Hay más: puede suceder que el síndico ocupe
bienes que no pertenezcan al fallido. Debe procederse entonces a un proceso de
depuración de la masa activa, restituyendo a sus dueños los bienes que les
pertenezcan. Si el síndico no los restituye, los propietarios podrán promover
acciones reivindicatorias contra la quiebra.
En resumen, en esta etapa se logra pasar de
una masa activa de hecho a una masa activa de derecho, compuesta por todos los
bienes que efectivamente pertenecen al deudor fallido y que serán ejecutados.
II. Formación de
la masa pasiva
A los efectos de la formación de la masa
pasiva de la quiebra, se convoca a los acreedores a comparecer con los
justificativos de su crédito ante el síndico provisorio designado. El síndico
efectúa verificaciones de créditos y, luego, esa verificación es suministrada a la
consideración de una junta de acreedores. Resueltas las eventuales incidencias
sobre la verificación, el síndico definitivo debe formular el estado de
graduación de créditos, que será aprobado por el juez.
A.
Etapas dentro del proceso de verificación
Podemos señalar tres
etapas sucesivas. 1. Etapa administrativa: consiste en la presentación del crédito
por el acreedor al síndico para que sea verificado; se integra, además, por la
verificación preliminar a cargo del síndico. 2. Etapa ante la junta de acreedores: se integra por una
verificación en la junta de acreedores, llamada junta de verificación; en ella
puede haber una eventual oposición, a la verificación efectuada por el síndico,
que se resuelve en la votación de los acreedores.
3.
Etapa de verificación judicial. Es una etapa eventual para acreedores
morosos y para aquellos créditos que fueron admitidos por mayoría en la junta
pero después de una discusión o que fueron rechazados.
El procedimiento de
verificación se inicia con el auto de quiebra. Allí ya se abre el proceso de
verificación, pues el auto judicial contiene una convocatoria a los acreedores
para que se presenten con los justificativos de sus créditos (art. 1.583, inc.
6).
Los acreedores pueden
libremente resolver si concurrirán o no a presentar sus créditos. Si resuelven
presentarse lo deben hacer en el plazo fijado por el juez en el auto inicial.
*
Plazo
El plazo es variable. La
Ley fija un mínimo y un máximo de 30 a 90 días. El término se hace saber por
edictos (art. 1.584).
El juez no puede fijar
plazo inferior de 30 días ni rebasar el término 90. La determinación del
plazo la hace el juez atendiendo diversos factores. Fundamentalmente, el juez
atenderá la importancia y extensión de la quiebra.
Es un término único
para todos los acreedores: conocidos o desconocidos, civiles o comerciales,
domiciliados en el país o en el extranjero. No es un término fatal, pues
existe posibilidad de que se presenten acreedores fuera del término fijado en
el auto inicial; no obstante lo cual pueden obtener verificación de sus créditos
(acreedores morosos).
El acreedor moroso sufrirá
ciertas sanciones pero, de todas maneras, la
presentación del crédito debe hacerse en tiempo hábil. Si el fin de la
verificación es que el acreedor pueda participar en los repartos de la quiebra,
debe presentarse el crédito antes de que la liquidación esté ultimada. De
otro modo, la presentación no tendría interés económico y ninguna
justificación jurídica.
* Forma de la presentación
La presentación se hace al síndico. No se impone la forma de una demanda
judicial. No tiene por qué presentarse con un escrito.
El acreedor debe
presentar al síndico el justificativo de su crédito acompañando copia literal
del mismo. El síndico devuelve la copia con una nota (art. 1.670).
La exigencia de que se
presente documentos es razonable, pues se trata de verificar la existencia del
crédito. El acreedor debe presentarse con los documentos que prueben su crédito.
Por otra parte, la presentación viene a equivaler, de hecho, al ejercicio de
una acción de cobro y, toda vez que se formula una pretensión judicial, es
menester presentar la documentación en que se basa. En conclusión: la
presentación del acreedor es voluntaria, pero, si se presenta la justificación
del crédito es necesaria.
Los artículos 1.583 y 1.670 presuponen acreedores con créditos documentados;
pero hay otras situaciones, en que el crédito no se ha documentado. ¿Pueden o
deben esos acreedores comparecer ante el síndico? Por ejemplo, el acreedor de un
crédito por daños y perjuicios que se discute en un juzgado ¿debe denunciar ese
crédito? La interrogante tiene distintas respuestas.
Mezzera
Álvarez entiende que esos créditos se verifican, que son los que más
necesitan su verificación, pero agrega que si el acreedor no tiene documento,
no puede presentarse ante el síndico y no se podrá discutir su crédito en la
junta de verificación. Opina que habrá que proceder a efectuar una
verificación,
pero por proceso separado, en un proceso contradictorio con todas las garantías
de un juicio ordinario. A estos se aplicaría el artículo 1.766, inciso 2. De
acuerdo a esta tesis, el procedimiento de verificación previsto por la Ley, lo
sería para los créditos que puedan probarse fácilmente, como el incorporado a
una letra o a un vale.
En otra postura, se ha
sostenido que los acreedores que no tienen documento escrito, porque nunca se
documentó su crédito o por haberlo extraviado tienen obligación de cumplir
con el llamamiento y presentarse; pero del modo que pueden, esto es,
manifestando sus créditos, las causas de que proceden y el modo de
justificarlos, como ser por ejemplo, los propios libros y papeles del quebrado.
Si se trata de un crédito
que se discute en juicio, la presentación al síndico se debe hacer sin
perjuicio de la continuación del proceso iniciado y que fue objeto del fuero de
atracción. Nos inclinamos por esta segunda postura.
La presentación de un acreedor aprovecha a otras personas. Aprovecha al
coacreedor solidario. Si cualquier acreedor puede cobrar el crédito total, es lógico
que cualquiera de ellos pueda presentarse, declarando su crédito en la quiebra
y esa declaración aprovecha a los restantes coacreedores. También, aprovecha a
los sucesores del acreedor.
En
la junta se verifican los créditos siguientes: los créditos de los
acreedores que se presentaron en el plazo fijado por el auto de declaratoria de
quiebra; los créditos morosos que se presenten fuera de plazo, pero con
tiempo para que el síndico examine sus créditos antes de la junta (art.
1.677).
Los que no están dentro de estos dos grupos podrán verificar su crédito
en forma diferente. El artículo 1.685 dispone que la verificación de tales créditos
se hará judicialmente, a costa del acreedor. De manera que esos acreedores van
a tener que iniciar un juicio o un incidente en el juicio de quiebra.
*
Retractación del acreedor
El acreedor que presentó
su crédito puede retractarse. El acreedor puede solicitar al síndico la
devolución de los documentos presentados y apartarse de la quiebra. Se trata de
un acreedor que no quiere concurrir a la quiebra y a su reparto eventual.
Por el artículo 1.583,
inciso 6, se dispone la fijación de un término de treinta a noventa días, dentro
del cual deberán presentarse todos los
acreedores, con excepción de los hipotecarios y prendarios.
Que no se obligue
a los
acreedores hipotecarios y prendarios a presentar los justificativos
de sus créditos al síndico, tiene una clara explicación en el
artículo 1.737. Allí se dispone que los
acreedores hipotecarios y prendarios, pueden ejercer sus derechos
fuera del concurso. Si cobran fuera del concurso, no tienen por qué verificar
sus créditos. La exclusión se estableció por la Ley de 1900 (reforma
Márquez).
Entonces, queda
claro que los
acreedores hipotecarios y prendarios no tienen obligación de
presentarse (artículo 1.583, inc. 6). Sin
embargo, no existe ninguna disposición legal que le impida presentarse.
Tampoco existe ninguna disposición que establezca que, si se presentan pierden,
por ello, su preferencia.
Como
contrapartida, la presentación de los
acreedores hipotecarios y prendarios a verificar preliminarmente sus
créditos, puede aportar ventajas tanto para el propio acreedor preferente como
para el proceso de quiebra:
Al acreedor
preferente le pudiera convenir presentarse porque, eventualmente, podría
pretender participar de la quiebra como
acreedores concursales por el saldo que no hubiera podido cobrar con
el producido del remate del bien hipotecado o prendado. Como es sabido, en el
caso de que el bien gravado no alcance para cubrir el crédito, el acreedor se
convierte en quirografario por el saldo. Si no hubiere presentado su crédito
para su verificación preliminar, está claro que lo podrá presentar tardíamente.
Sin embargo, en ese caso, la verificación será a su costo.
Por otra parte,
el hecho de que tenga garantía hipotecaria o prendaria no quiere decir que se
trate de un crédito indiscutible. Puede tratarse de una hipoteca o prenda nula o
anulable, esto es, concertada en período de sospecha sujeta a las acciones
revocatorias.
Es conveniente, entonces, que ese crédito sea controlado por el resto de los
acreedores.
Con la
presentación ante el síndico, se haría posible que éste ejerciera la facultad
prevista por el
artículo 1.742. Este artículo establece:
“Los síndicos,
con autorización del juez, pueden levantar la hipoteca o retirar la prenda,
pagando el importe de la deuda.
En tal caso,
la cosa hipotecada o dada en prenda, vuelve a la masa concursada.”
Si bien el
síndico podría enterarse de la existencia de hipotecas y prenda sin
desplazamiento, mediante la obtención de certificados registrales, no tendría
cómo enterarse de la existencia de bienes prendados, a no ser que se presentase
el acreedor prendario a verificar su crédito. El conocimiento de la existencia
de hipotecas y prendas tiene importancia para el síndico por dos razones:
En primer lugar,
el artículo
1.742 faculta al síndico a levantar la hipoteca o retirar la prenda si
estima que puede obtenerse mejor precio en una venta dentro del proceso de la
quiebra, que en la ejecución que está en trámite:
“Los síndicos,
con autorización del juez, pueden levantar la hipoteca o retirar la prenda,
pagando el importe de la deuda. En tal caso, la cosa hipotecada o dada en
prenda, vuelve a la masa concursada.”
En segundo lugar,
el conocimiento de la existencia de hipotecas o prendas, le permite al síndico
avaluar de forma más adecuada los bienes que integran la masa activa de la
quiebra. En la hipótesis inversa a la prevista párrafos más arriba, puede
suceder que, una vez ejecutada la hipoteca o la prenda, quedase un remanente,
ese saldo integrará la masa activa de la quiebra. Por lo tanto, el conocimiento
temprano de la existencia de una hipoteca o de una prenda, no es indiferente
para el síndico.
En conclusión,
consideramos que el
acreedor
provisto de garantía real puede no presentarse, ya que puede actuar con
independencia del concurso, pero puede hacerlo si estima insuficiente la
garantía real que posee o si teme que su derecho de preferencia pueda ser
impugnado.
Una vez que cada acreedor
ha presentado sus documentos al síndico, comienza la actividad del síndico. En
primer término, debe hacer cotejo de los créditos presentados con los libros y
papeles del fallido (art. 1.671). Podría, también, pedir informes y citar a
personas que le proporcionen datos sobre la existencia y monto del crédito
presentado (art. 1.637). Luego, debe extender un informe individual para cada
uno de los créditos, esto es, debe hacer una verificación preliminar (art.
1.674, inc. 2). Después de efectuada la verificación individual de créditos,
el síndico debe realizar una tarea de resumen, que comprende distintos
informes:
*
formación de la masa del activo;
*
formación de la masa del pasivo con relación de los créditos a
cargo de la quiebra que se hayan presentado con referencia individual y numérica
a cada crédito;
*
una rendición de cuenta, con un informe general explicativo
y circunstanciado, sobre su gestión.
Estos informes debe presentarlos dentro de
los 10 días siguientes al vencimiento del plazo acordado a los acreedores por
el auto inicial.
Una vez que el síndico
presenta todos los informes antes referidos, el juez convoca por edictos a la
junta de acreedores, que procederá a verificar los créditos. De modo que la
Ley prevé una doble verificación: la verificación administrativa por el síndico
y, luego, la verificación por los acreedores reunidos en junta. Si los
acreedores en la junta no objetan la verificación hecha por los síndicos, ésta
queda firme con la votación individual sobre cada crédito y se convierte en
definitiva, pero, según hemos de ver, cada crédito puede ser objeto de una
discusión dentro de la junta.
La junta es convocada por
el juez quien fija día y hora con plazo suficiente (art. 1.673). La
convocatoria se hace por edictos. La Ley no dice por cuánto tiempo se deben
hacer las publicaciones.
Los acreedores se reunirán el día y hora señalado, cualquiera sea el número de
acreedores que concurran. El artículo 1.674,
inciso 1, establece:
"La Junta de acreedores
será presidida por el Juez y tendrá lugar el día y hora señalados, cualquiera
sea el número de acreedores que concurra."
Pueden concurrir
los acreedores que han
presentado previamente sus documentos al síndico.
Pueden hacerlo personalmente o por apoderado (artículo
1.678 y artículo 1.680, inc. 3).
También, pueden
concurrir los acreedores que no participaron de la verificación preliminar pero
se presentan antes de la junta, con los justificativos de sus créditos ante el
síndico con suficiente anticipación como para que éste pueda examinarlos. El
artículo 1.677
establece:
“Los
acreedores cuyos créditos no resulten del balance presentado por el fallido, o
por el síndico en su caso, serán admitidos a la junta, siempre que antes de la
celebración de ésta, presenten al síndico los documentos justificativos de sus
créditos, con suficiente anticipación para que aquél tenga el tiempo necesario
para el examen de ellos.”
De una
interpretación a contrario sensu del
artículo 1.677,
puede interpretarse que el acreedor que figura en el balance presentado por el
fallido – en la quiebra decretada a su pedido – ha de poder concurrir aun cuando
no se hubiere presentado ante el síndico. Se sobreentiende que su crédito debió
ser analizado por el síndico.
Puede asistir el fallido personalmente o por medio de apoderado con poder
bastante (artículo 1.676).
La junta es presidida por el juez.
ómez De La Serna
y Reys apud Ramírez,
Derecho concursal español, la
quiebra, p. 791.
