I. Contenido
del auto de quiebra
El artículo 1.583 establece su contenido. La norma citada contiene previsiones
de diversa naturaleza y alcance que podemos clasificar de la forma siguiente.
A pesar de que la Ley no lo dispone expresamente, lo primero que debe contener
el auto de quiebra es la declaración de quiebra. En esa declaración se deberá
indicar el nombre y apellido del fallido o su denominación social, así como
los nombres de los socios ilimitadamente responsables.
A.
Disposiciones relativas a la persona del fallido
Los incisos 1 y 3 del
artículo 1.583, disponen el arresto preventivo y la detención de la correspondencia.
Con estas dos normas se limitan los dos derechos individuales más importantes
con un alcance que se analizará luego. Aplicando la Ley de Registros 16.871
el auto declarativo de quiebra se debe inscribir en el Registro Nacional de
Actos Personales, Sección Interdicciones. Esa ley dispone que se inscriban las interdicciones
decretadas judicialmente.
B.
Disposiciones relativas a la formación de la masa activa
Los incisos 2, 4 y
5, del artículo 1.583, contienen
disposiciones relacionadas con la formación de la masa activa:
"El auto en que se haga
la declaración de la quiebra deberá contener:
...
2º. La orden de ocupación
judicial de todos los bienes del fallido y de sus libros, documentos y
papeles;
...
4º. La prohibición de hacer
pagos o entregas de efectos al fallido, so pena de no quedar exonerados los
que los hicieren, de las obligaciones pendientes a favor de la masa;
5º. La intimación a todas las
personas que tengan bienes o documentos del fallido, para que los pongan a
disposición del Juzgado, so pena de ser tenidos por ocultadores de bienes y
cómplices en la quiebra."
No se ocupan los bienes no embargables.
C.
Disposición
relativa a la formación de la masa pasiva
El inciso 6 dispone se convoque a los acreedores
para que presenten los justificativos de sus créditos al síndico.
D. Nombramiento del
síndico.
II.
Caracteres del auto de quiebra
A. Ejecutoriedad inmediata
El auto de quiebra es
inmediatamente ejecutorio (art. 1.593). Esto significa que, de inmediato, se
da comienzo a la ejecución de las medidas adoptadas en el auto
declaratorio. No debe esperarse el cumplimiento de notificaciones ni
vencimiento de plazo alguno. Aun cuando el fallido, o cualquier acreedor u
otro interesado, introdujera recursos contra el auto, el proceso de quiebra
iniciado continúa, con todos sus efectos. Para el caso de que se revoque el
auto de quiebra sólo queda el recurso de las acciones de responsabilidad
contra quien pidió la quiebra indebidamente y la reposición de las cosas
al estado anterior, en lo posible.
El auto que declara
la quiebra, pasa en autoridad de cosa juzgada, pasados los plazos para
interponer recursos o cuando éstos son denegados.
B.
Publicidad
El auto de quiebra
afecta no sólo al fallido sino a sus acreedores, a quienes contrataron con
él y a todas las personas que, en general, se propongan contratar con aquél.
Por ello es necesario rodearlo de publicidad. Es necesario informar a los
terceros que el deudor ha sido desapoderado, que sus bienes van a ser
liquidados y que está afectado por prohibiciones para realizar determinados
actos.
La publicación no es
un requisito necesario para que el auto de quiebra produzca sus efectos.
Este auto produce efectos desde su propia fecha (art. 1.595). La publicidad
es sí indispensable para que corran los plazos para interponer recursos
contra el auto de quiebra.
El artículo 1.584
del Código de comercio reglamenta el régimen de publicidad pero, también,
existe un régimen general para la publicidad de edictos judiciales,
dispuesto por la Ley 5.418, de mayo de 1916.
Aplicando la Ley de
1916, si la quiebra se radicó en Montevideo deben hacerse dos publicaciones: una en el Diario Oficial y otra en otro diario de
Montevideo.
Aplicando el Código
de comercio, habría que hacer, además, publicaciones en cada lugar en que
haya un establecimiento del fallido y, si es en el interior, en el lugar y además en la
capital. La Ley no dice por cuanto tiempo debe hacerse la publicación.
Aplicando el artículo 89 del Código general del proceso se debe hacer por
diez días hábiles continuos y teniendo en cuenta que el auto contiene un
emplazamiento a acreedores, que puede ser de 30 a 90 días, la publicidad
debería hacerse por 1/3 del emplazamiento.
III.
Aspectos
procesales
A.
Notificaciones
La Ley dispone que el
auto de quiebra se notifique al fiscal en un plazo breve de 24 horas (art.
1.585). Nada dice la Ley sobre la notificación al deudor. Se sustentan
distintas posiciones, al respecto.
1.
Nuestra posición
Nosotros
entendemos que no se le debe notificar. La naturaleza cautelar de
casi todas las providencias contenidas en el auto de quiebra imponen la
reserva respecto al fallido.
El fallido se enterará
del dictado del auto de quiebra, cuando el Juzgado proceda a su ejecución.
El fallido será privado de su libertad, sus bienes será ocupados, etc. y
será entonces y, de esa forma, que tome conocimiento del auto de quiebra.
Los argumentos para
sustentar esta tesis son los siguientes:
a. El Código de Comercio crea un procedimiento especial y en él no se prevé
notificación personal; sólo se exige notificar al Fiscal.
b. La función de notificación se cumple con edictos. La publicación
constituye una notificación genérica.
c. El plazo para
interponer los recursos por el fallido contra el auto de quiebra corre a
partir de la primera publicación.
d. El fallido, por otra parte, debe conocer la posibilidad de que su quiebra
sea declarada. Pues si la pide el acreedor será con un documento cuyo pago
le había sido requerido en juicio ejecutivo, en que no dedujo excepciones.
De modo que no puede
considerarse sorprendido por el auto de quiebra.
En
otra tesitura, se ha sostenido que debe notificarse. Se argumenta que
deben seguirse en la quiebra los principios generales del Derecho procesal a
menos que haya derogación expresa y que el auto de quiebra es una sentencia
y como tal debe ser notificada al comerciante a quien perjudica. Sólo
cuando no se conoce el domicilio del interesado puede ser emplazado por
edictos. La no notificación en forma personal apareja nulidad de los
procedimientos.
B.
Recursos
1.
Recursos contra el auto de quiebra
Según hemos visto el
juez dicta la sentencia de quiebra, sin que haya mediado un proceso
contradictorio previo. Se presume que el juez debe haber considerado
debidamente los hechos denunciados ante su sede, pero dadas las graves
consecuencias que derivan de la quiebra, se ha admitido el derecho de
recurrir.
La Ley prevé dos
recursos: de reposición y de apelación (arts. 1.588 y 1.592). El
contradictorio se crea a partir de la interposición de los recursos. Ambos
recursos deben interponerse ante el propio juez de la quiebra.
En el régimen
anterior a la Ley 17.292, se debía interponer primero el recurso de
reposición, con lo cual se originaba un incidente que terminaba con una
sentencia que mantenía o no el auto recurrido. El recurso de apelación se
debía interponer una vez resuelto el de reposición. Esto implicaba una
primera diferencia con el régimen procesal común en que, cuando proceden
los dos recursos, ellos deben plantearse conjuntamente: el de reposición y
el de apelación, en subsidio.
Según el artículo
28 de la Ley 17.292, las resoluciones adoptadas por el Tribunal Concursal
serán impugnables en los plazos y por los medios previstos en el Capítulo
VII del Título VI del Libro I del Código General del Proceso.
El recurso de
reposición permite un nuevo examen de los presupuestos de la quiebra, en
base a la incidencia creada.
El mismo juez es llamado a rever su decisión “teniendo como guía
nuevos argumentos de hecho y de derecho que pueden aportarse en el juicio
contradictorio”.
La interposición de
recursos no tiene efectos suspensivos, porque así lo dispone el artículo
1.593. La interposición de recursos tiene sólo efectos devolutivos. Esto
resulta confirmado por la Ley 17.292:
"En todos los casos la apelación
de las resoluciones que se adopten en materia concursal no tendrán efectos
suspensivos salvo que el Tribunal superior así lo disponga (numeral 2) del
artículo 251 del Código General del Proceso)".
Ya señalamos que el
auto de quiebra es inmediatamente ejecutorio. No es necesario notificar
previamente a nadie. En cuanto se ha dictado comienzan a aplicarse sus
providencias. Ahora, agregamos, que aun cuando los interesados en ese
proceso promuevan su reposición o apelen, el auto de quiebra sigue
produciendo sus efectos.
2.
Causales en que pueden fundarse los recursos
Se pueden interponer
recursos contra el auto de quiebra fundados en que no se hubieren dado los
presupuestos requeridos por la Ley que, según hemos visto, son: la calidad
de comerciante del deudor y la cesación de pagos de obligaciones
comerciales. Daremos ejemplos.
El deudor que no es
comerciante, puede recurrir del auto que le declara en quiebra. Se puede
interponer el recurso si el acreedor pidió la quiebra sin un documento que
cumpla las condiciones exigidas por la Ley y el juez la decretó sin
controlarlas.
También, podría
pedirse la reposición, en los casos de quiebra del comerciante fugado o del
comerciante fallecido que dejó de serlo, si no se han configurado todos los
requisitos para que en tales casos la quiebra haya sido declarada. También,
podría solicitarse la reposición del auto de quiebra promovido ante un
juez incompetente.
Si un comerciante está
tramitando un concordato preventivo y un acreedor solicita la quiebra, no
obstante lo dispuesto por el Código de Comercio (art. 1.562), y ésta es
declarada, en este caso, puede pedirse la revocación del auto de quiebra.
Si un acreedor pide la quiebra del comerciante concordatario, que no ha
cumplido con el concordato, sin haber intimado al deudor el cumplimiento del
concordato y sin darle oportunidad para que éste oponga excepciones. En
este último caso también se podrá interponer recursos.
a.
¿Puede recurrirse alegando la solvencia del deudor?
Recordamos lo dicho
antes sobre la presunción de insolvencia contenida en nuestra ley. Se
plantea la interrogante de si puede el fallido pedir que se reponga el auto
de quiebra, justificando que si bien existió el presupuesto del
incumplimiento de pago, no estaba en estado de insolvencia.
Parecería que no
puede justificarse la continuación del proceso si no hay insolvencia. Puede
sostenerse que la insolvencia es un presupuesto para la continuación del
proceso de quiebra. Sin embargo, la dificultad de esta tesis radica en que
difícilmente podría acreditarse la solvencia en el incidente creado con el
mero recurso de reposición. La suficiencia de bienes para atender a los
acreedores sólo quedará acreditada eficazmente en el propio proceso de
quiebra: si no comparecen otros
acreedores por montos que superen el activo.
b.
Hipótesis en que el auto fue bien dictado pero luego varían
los
presupuestos
El recurso puede
fundarse en la inexistencia de los presupuestos de la quiebra en el momento
en que el auto se dictó. Si el juez decretó la quiebra sobre la base de la
existencia de esos presupuestos, habrá aplicado correctamente la Ley y su
sentencia sería en consecuencia irrecurrible.
Cabe preguntarse qué
sucede con el auto de quiebra que fue bien dictado - pues existían los
presupuestos de la quiebra - si, al tramitarse el recurso y en oportunidad
de dictarse la resolución, hubieran variado las circunstancias de hecho, de
tal modo que desaparecen aquellos presupuestos.
* Tesis que sustenta que debe revocarse la quiebra
Para algunos autores
no debe mantenerse el estado de quiebra, si se justifica que el deudor ha
pagado a sus acreedores, pues nada justifica continuar el proceso de
quiebra, aún cuando el auto de quiebra hubiera sido bien dictado. Se
sostiene de igual modo, que el fallido puede obtener la revocación del auto
de quiebra si demuestra que está en situación de pagar, por contar con
recursos inesperados.
El juez no puede prescindir de la existencia de un estado de hecho en
completo desacuerdo con el que existía en el momento de dictarse el auto de
quiebra.
Los argumentos de
esta primera tesis son los siguientes:
El recurso de reposición no es un recurso común. Obliga a una revisión de
todos los presupuestos e incluso a la consideración de los hechos
posteriores. Si no subsisten las causales hay que decidir en función de la
situación de hecho en el momento que se resuelve el incidente.
Existe interés en que no haya muchas quiebras. Sería injusto mantenerla si
las causales de la quiebra ya no existen.
Si se presenta un
concordato preventivo extrajudicial se suspende el proceso de quiebra (art.
1.552). Esto es así, porque el auto de quiebra no es un hecho inconmovible
ya que por un hecho subsiguiente a la declaración de quiebra como lo es la
presentación de un concordato, se suspende aquélla.
En Argentina se
admitió, en muchos fallos, que si el deudor deposita el importe debido al
acreedor que pidió su quiebra, corresponde que ésta se levante. Se
fundamenta diciendo que, con el pago, el deudor acredita que no es
insolvente y como el incumplimiento es un signo que sólo revela
presuntivamente el estado de cesación de pagos, el deudor puede destruirla,
pagando su deuda. Con el pago se acredita la inexistencia del estado de
cesación de pagos, en que se fundó la sentencia de la quiebra.
* Tesis que sustenta que debe mantenerse el auto de quiebra
Para otros autores,
si el auto de quiebra fue bien dictado no puede ser recurrido aún cuando
después dejen de existir los presupuestos de la quiebra.
Se argumenta con las
siguientes razones:
Los recursos tienen por objeto rever la legalidad de la declaración. La
resolución del recurso constituye un pronunciamiento sobre la procedencia
del auto de quiebra. Si los presupuestos existían, la quiebra fue bien
declarada y no puede ser revocada. En consecuencia, no podría revocarse el
auto de quiebra, acreditando que se ha pagado a los acreedores.
La quiebra es de orden público y su aplicación no sólo interesa a los
acreedores sino al comercio en general y a la sociedad. Aun cuando se
desinterese a un acreedor debe continuarse la quiebra por los demás
intereses involucrados.
Pueden existir
otros acreedores. Si el deudor pagó a algunos acreedores no puede afirmar
que no existen otros.
La revocación del
auto de quiebra, daría lugar a abusos y maniobras en el pago del pasivo,
que la Ley quiso precisamente evitar con la quiebra.
Por otra parte, declarada la quiebra, el deudor no puede hacer pagos ya que
ha sido desapoderado. Si los hiciera, serían anulables.
Además, con el auto de quiebra se ha iniciado un proceso para la ejecución
de los bienes para el pago de todos los acreedores, cuyos créditos han de
ser verificados, en un proceso que reviste especiales garantías. Cualquier
arreglo que haga el deudor con sus acreedores, fuera de ese proceso, sería
ilegítimo.
En consecuencia, no
sería lícito al juez revocar la quiebra ante tal situación ni porque se
le justificara la existencia de pagos posteriores al auto de quiebra, ni de
arreglos particulares con los acreedores. La admisibilidad de revocar la
quiebra en tales casos, sería admitir prácticas extrajudiciales para
sobrepasar las previsiones de la quiebra dictada en vista del interés
general.
Esta segunda tesis
nos parece justa. El auto sólo puede ser revocado, si fue dictado mal. Si
existían los presupuestos de la quiebra, debe mantenerse. Si el deudor
desinteresara a todos los acreedores, ello podrá saberse, fehacientemente
cuando se les cite por edictos y no comparezca ninguno, ni ante el síndico,
ni a la junta, en cuyo caso podrá clausurarse la quiebra por falta de
pasivo.
Sería peligroso, a
nuestro juicio, revocar el auto de quiebra sin esperar el resultado del
emplazamiento de los acreedores, estando a la sola manifestación del deudor
o del deudor y de algunos de sus acreedores, de que no existe pasivo.
Abierto el procedimiento de quiebra, habrá que comprobar, con las garantías
de ese proceso, si existen o no más acreedores.
Hay distintos plazos
para recurrir. El deudor tiene ocho días y los acreedores y terceros tienen
treinta días (art. 1.589 y 1.590).
Estos plazos son
distintos a los establecidos en el Derecho Procesal común para recurrir
sentencias interlocutorias (6 días) y definitivas (15 días) (art. 253 y
254 del C.G.P.). En el Derecho Procesal común quienes pueden recurrir gozan
de plazos comunes.
En cambio, en la
quiebra se establecen plazos distintos a las distintas personas que pueden
recurrir. ¿Por qué las diferencias? Se da plazo breve al fallido porque éste
conoce circunstancias y motivos de la quiebra, ya que le afecta
personalmente. Está en situación de impugnar la declaratoria con más
facilidad que los acreedores y terceros a quienes se da un plazo mayor.
Advertimos que el
fallido tiene conocimiento de la quiebra a través de la ejecución de sus
diversas medidas; pero el plazo para recurrir corre a partir de la 1ª
publicación.
Las partes en el
incidente son quien apela y quien pidió la quiebra (art. 1.591).
Interpuesto el recurso, el juez da traslado al síndico considerado no como
parte, sino como asesor y da traslado a quien pidió la quiebra (art.
1.591).
Quien pidió la
quiebra tendrá interés en que el auto se mantenga. Especial interés tendrá
el acreedor que la pidió, especialmente por la responsabilidad en que puede
incurrir si el auto se revocara.
Se discute si debe
darse traslado al Ministerio Público. Se dice que no porque el artículo
1.591 limita las personas que son parte en el incidente. Sólo correspondería
su intervención el caso de declaración de quiebra de oficio, por fuga y se
justificaría por la ausencia del fallido.
Se ha sostenido que
el Ministerio Público es parte, porque el artículo 1.591 no es limitativo
de las personas que puedan intervenir en la sustanciación del recurso y por
cuanto existe interés público en que se esclarezca la corrección de la
declaratoria de quiebra y la legitimidad de los recursos interpuestos. De
todos modos, aunque no se dé traslado, el juez podrá pedir su
asesoramiento antes de resolver la incidencia.
El incidente se abre
a prueba por 10 días improrrogables. Agregada la prueba, no se alega y el
juez dicta resolución.
El procedimiento es
breve porque la gravedad de la quiebra no admite dilaciones en sus
soluciones, pero es más complejo que el trámite del recurso de reposición
por el procedimiento común, en que sólo se sustancia con un traslado a la
parte contraria, sin apertura a prueba (art. 246 C.G.P).
La resolución que se
dicte es apelable. La apelación es en relación. El artículo 1.592 supone
que caben dos instancias más ante Tribunal y luego en la Suprema Corte de
Justicia.
Recordamos que por
leyes procesales comunes se ha derogado la tercera instancia y esto nos
lleva a considerar otro interrogante: las normas procesales analizadas han
quedado derogadas por normas procesales generales.
