Acciones pauliana y revocatorias
Por Nuri Rodríguez
Olivera
y
Carlos
López
Rodríguez
La quiebra afecta al
fallido en sus relaciones futuras pero, también, puede afectar relaciones jurídicas
constituidas con anterioridad. A este respecto podemos señalar tres categorías de
relaciones jurídicas.
La primera categoría la
integran los actos celebrados antes de la quiebra, que pueden ser susceptibles
de acciones paulianas.
Una segunda
categoría, estaría integrada por aquellos negocios jurídicos celebrados en el
llamado período de sospecha, que pueden ser objeto de acciones revocatorias.
I. Acción pauliana
Entendemos que
siempre que se intente una acción pauliana en el ámbito del Derecho comercial
debe aplicarse los artículos 228 y 229. Así
debe suceder, por ejemplo, respecto de la quiebra, por pertenecer dicho proceso
a la materia comercial. Además, el artículo 228
hace una remisión expresa a la quiebra.
A.
Diferencias entre la acción pauliana comercial y civil
La acción
pauliana está regulada tanto en el Código civil (artículo 1.296) como en el
Código de comercio (artículo 228 y 229).
El artículo 1.296
del Código civil establece:
"Podrán también los
acreedores pedir a a nombre propio que se rescindan o revoquen las
enajenaciones otorgadas por el deudor con fraude y en prejuicio de ellos.
(Artículo 537 número 5).
Consiste el fraude en el
conocimiento de la insolvencia del deudor.
Si la enajenación fuere
a título oneroso, deberán probar los acreedores que medió fraude por parte
de ambos contrayentes; si fuere a título gratuito bastará que se pruebe el
fraude respecto del deudor.
La acción de que habla
este artículo, expira en un año contado desde que el acreedor o acreedores
supieren la enajenación. Para las enajenaciones que se inscriban en el
Registro de Traslaciones de Dominio el plazo correrá a partir de la fecha de
su inscripción."
El
artículo 228
del Código de comercio dispone:
"Pueden también los acreedores
pedir a nombre propio rescisión de los actos ejecutados por el deudor en fraude
de sus derechos dentro de un año, contado desde el día en que llegaron a su
noticia, sin perjuicio de las resoluciones especiales en caso de quiebra.
Para que la acción sea admisible, se necesita
que haya de parte del deudor, intención de defraudar; y de parte de los acreedores,
pérdida efectiva (art. 229)."
El
artículo 229
agrega:
"Hay intención de defraudar,
cuando el deudor que conoce o debe conocer su insolvencia, disminuye o enajena
sus bienes, aunque al hacerlo no se proponga precisamente defraudar a sus
acreedores.
Sin embargo, las enajenaciones por título
oneroso, hechas a personas de buena fe, no pueden ser revocadas, aunque el
deudor haya tenido intención de defraudar.
Es necesario que se pruebe además, que el adquirente tenía noticia
del fraude.
Esa prueba no se requiere en el caso de
donatarios o cesionarios por título lucrativo, sea cual fuere su buena fe."
Como se
apreciará, existen algunas diferencias entre el régimen establecido por el
Código de comercio y el Código civil.
Por un lado, el
artículo 228 del Código de comercio prevé la
rescisión de cualquier acto. El artículo 1.296 del Código civil sólo
prevé la rescisión de un acto de enajenación.
Por otra parte,
el concepto de fraude en el artículo 229 del
Código de comercio es más amplio: hay intención de defraudar cuando el deudor
conoce o debe conocer su insolvencia. En el artículo 1.296 del Código
civil se exige el conocimiento de su insolvencia por el deudor.
En el régimen del
Código civil, si el acto fue oneroso, se debe comprobar el fraude en ambos
contrayentes. En el régimen del Código de comercio, alcanza con probar que el
adquirente tenía "noticia" del fraude.
Claro que el
Código civil, en el artículo 1.296, define al fraude como “el conocimiento de
la insolvencia del deudor”.
El artículo 1.296
del Código civil prevé la caducidad de la acción, una vez pasado un año desde
que el acreedor supiere de la enajenación o desde la inscripción registral,
cuando se trate de enajenaciones inscribibles. El
artículo 228 no prevé esta segunda hipótesis.
B.
Diferencias entre acción pauliana y revocatoria
La acción
revocatoria concursal se da para actos taxativamente enumerados por la
Ley.
Podría
entablarse una acción pauliana para la conformación de la masa pasiva de la
quiebra, en aquellos casos en que no pudiera promoverse una acción revocatoria.
De tenerse
acción revocatoria, no habría razón para promover una acción pauliana, puesto
que ésta tiene mayores dificultades probatorias.
La declaración de quiebra no sólo produce
efectos hacia el futuro sino, también, se retrotrae hacia el pasado. Ello es así
porque la actividad del comerciante fallido, anterior a la declaración de
quiebra, puede estar afectada por el proceso económico que condujo a la cesación
de pagos, presupuesto de la quiebra.
El desastre económico del comerciante no se
produce en un día; supone todo un proceso desarrollado a lo largo de un período
de tiempo más o menos prolongado. Puede suceder que el fallido, durante ese
proceso, haya realizado actos o contratos, en perjuicio de sus acreedores. De
ahí, el texto del artículo 1.595:
“La quiebra no produce los efectos que
esta Ley le atribuye sino en virtud del auto que la declara; pero se retrotrae
a la fecha en que, según el artículos 1.643,
tuvo lugar la efectiva cesación de pagos, en todos los casos
determinados en este Código.”
Los efectos de la quiebra se retrotraen a la
fecha en que tuvo lugar la efectiva cesación de pago. Como hemos de ver esa
fecha se fija por un procedimiento especial.
Entre esa fecha y la fecha del auto
declaratorio de la quiebra, existe un período de sospecha y la Ley presume que
ciertos actos realizados por el fallido, en ese período, están viciados pues se
habrían realizado con el fin de defraudar o perjudicar a los acreedores. Por
ello, esos actos podrán se revocados.
Advertimos que, establecida por la Ley la
forma en que se ha de fijar la fecha de efectiva cesación de pagos, en los
mismos textos legales, luego, se fijan términos relacionados con esa fecha y que
van más atrás aún en el tiempo, para determinar que ciertos actos
realizados en esos períodos de alargue son, también, revocables.
Al fallido le interesa que el plazo sea corto;
a los terceros, también, para que no puedan ser atacados negocios que hubieran
concertado con el fallido. A los acreedores les puede interesar la mayor
extensión posible de la retroacción.
1. Trámite
a.
Informe del síndico
El trámite se inicia con un informe del
síndico sobre la fecha de la efectiva cesación de pagos y sobre la
calificación de la quiebra. El informe debe ser elaborado en el plazo de 20
días a contar de la aceptación del cargo. Con ese informe, el Actuario del
Juzgado debe hacer dos testimonios que son la cabeza de dos piezas judiciales:
una se forma para la calificación y otra para la fijación de la fecha de
efectiva cesación de pagos (artículos 1.641 y
1.642).
b.
Primera resolución
En la pieza de cesación de pagos, el juez
dicta una sentencia fijando la fecha de la cesación de pagos, teniendo en cuenta
la opinión del síndico. La opinión del síndico no obliga al juez, quien podrá
apartarse de ella (artículo 1.643).
La resolución judicial se publica (artículo
1.643).
A partir de la publicación corre un término
para entablar recursos contra esa resolución.
Se puede interponer dos recursos, de
reposición y apelación. Se interponen ambos conjuntamente, según se estableció
en la Ley 17.292 de 2001, en
el plazo de seis días. Pueden recurrir el fallido, los acreedores o los terceros
interesados (artículo 1.644).
Del recurso de reposición hay traslado al
síndico.
Evacuado el traslado, se abre a prueba.
c.
Resolución definitiva
Los efectos de la
resolución que se dicte se desarrollan en los
artículos 1.650 y 1.651.
El artículo
1.650 dispone:
“La resolución definitiva y ejecutoriada
que se pronuncie en el expediente de fijación de la época de la efectiva
cesación de pagos del fallido, se tomará en consideración para juzgar de toda
cuestión promovida o que se promueva después, por el concurso o contra el
concurso, que tenga por base dicha época.”
El artículo
1.651 establece:
“Las demandas que se hubiesen deducido y
que requieran para su resolución la fijación de la época de la efectiva
cesación de pagos, quedarán paralizadas hasta que ésta haya sido fijada en el
juicio especial de que se trata en este Título.”
El auto en que se fija definitivamente la
época de la efectiva cesación de pagos, se hará público por los medios
establecidos en el artículo 1.584.
a.
Plazo
máximo al que se puede retrotraer la fecha de la efectiva cesación de pagos
El artículo
1.643 establece que la fecha de la cesación de pagos no se puede retrotraer
más allá de un año contado desde la fecha del auto declarativo.
Luego, para determinar los actos revocables,
se crea una diversidad de plazos en que se establecen diversos puntos de
partida, creando un régimen complejo.
b.
Plazos hasta los que alcanza la nulidad
Para algunos actos se establece su nulidad si
se han celebrado 10 días o 6 meses o 2 años antes de la fecha de la efectiva
cesación de pagos.
De esta manera el plazo máximo de retroacción
será de 3 años: el año, período máximo del
artículo 1.643 y los dos años en que se retrotrae para ciertos casos.
Se pregunta
Mezzera Álvarez, respecto a esos
últimos actos, qué sucede si ellos se realizan entre la fecha de efectiva
cesación de pagos y la declaratoria.
La interpretación lógica es entender que el
período de sospecha se fija desde la declaratoria de quiebra hacia la fecha
fijada como fecha de cesación de pagos. Luego, los términos de 10 días, 60 días,
seis meses o dos años, son períodos de alargue, aumentos adicionales del período
básico, establecidos para poder alcanzar, también, los actos especialmente
previstos por la Ley. Sostener otra cosa llevaría a la consecuencia absurda de
que serían nulos o anulables actos realizados en períodos alejados de la quiebra
y no lo serían los mismos actos celebrados en fechas más cercanas a la quiebra.
B.
Actos susceptibles de se afectados por la acción revocatoria
La acción revocatoria concursal es una acción
especial cuyo fin consiste en declarar la nulidad o ineficacia de ciertos actos
del fallido y su inoponibilidad frente a la masa de la quiebra.
Nuestra Ley no reglamenta esta acción. Sólo
enumera los actos susceptibles de revocación.
La Ley califica a los actos revocables como
nulos e ineficaces en relación a la masa o como anulables. La Ley califica a los actos revocables como
nulos e ineficaces en relación a la masa o como anulables. En todos los casos,
se caracterizan porque en ellos hay una
causa ilícita presumida - perjudicar a los acreedores - y ella se pone de
manifiesto con la quiebra.
Se prevén en los
artículos 1.602, 1.603 y 1.605.
a.
Actos nulos
De acuerdo con el
artículo 1.603 son “nulas e ineficaces”,
relativamente a la masa, cuando se han constituido en los 10 días
precedentes a la suspensión de pagos:
Según el
artículo 1.602, son “nulos e ineficaces”, relativamente a la masa,
los actos que se verificaron en los 60 días precedentes al día en que,
según la declaración del juez, tuvo lugar la efectiva suspensión de pagos, los
actos siguientes:
-
las donaciones entre vivos que no
sean remuneratorias;
-
las enajenaciones de bienes muebles e
inmuebles a título gratuito;
-
y las cesiones y traspasos de bienes
inmuebles hechos en pago de obligaciones no vencidas al tiempo de
declararse la quiebra.
En los casos de los artículo
artículos 1.602 y 1.603, la nulidad puede
decretarse de oficio.
*
Gratuidad
Son actos gratuitos o actos por los cuales el
deudor fallido, no ha recibido ninguna contraprestación o actos que no estaba
obligado a cumplir.
*
Irrelevancia de la acreditación del fraude
Respecto a los actos nulos, sólo debe probarse
que el fallido realizó el acto, en el período previsto por la Ley. No debe
probarse la existencia de fraude.
* Inoponibilidad frente a la
masa
Tanto el artículo 1.602 como el 1.603,
establecen que los actos que declara nulos son ineficaces "relativamente a la
masa".
Por lo tanto, la regulación de los actos nulos en la quiebra
no se puede asimilar al régimen general de nulidades
La nulidad afecta
al contrato y le quita eficacia respecto a todos.
En cambio, en la quiebra, los
actos nulos lo son sólo en relación a la masa y no en relación a las partes,
ni en relación a quienes no estén afectados por el concurso.
Por ejemplo, si se anula una donación, el bien
donado "vuelve a la masa". Esto quiere decir que el bien puede ser
llevado a remate sin que el donatario pueda impedirlo con base la donación "nula"
que la hiciera el ahora fallido.
Si, una vez liquidados los bienes, hubiere
sobrante, el remanente corresponderá al donatario.
Se trata de actos válidos intrínsecamente pero
son inoponibles a los acreedores concursales. Por lo tanto, su anulación sólo
puede promoverse en interés de estos acreedores y en cuanto sirva a sus
intereses.
Mezzera Álvarez sostiene que no se trata de una nulidad sino de una ineficacia
respecto a la masa de la quiebra.
b.
Actos anulables
El artículo
1.604 establece que pueden anularse o revocarse a instancia de los
acreedores, mediante la prueba de haberse obrado en fraude de sus
derechos:
-
todos los contratos, obligaciones y
operaciones mercantiles del quebrado que hayan sido celebrados dentro de
los 10 días precedentes a la declaración de la
quiebra;
-
las enajenaciones de bienes raíces hechas
a título oneroso en el mes precedente a la
declaración de quiebra;
-
los préstamos en dinero o en efectos,
hechos en los 6 meses precedentes a la fecha de efectiva cesación de pagos
y cuya entrega efectiva no se acredite plenamente por los documentos de
prueba admitidos en materia comercial y con independencia del documento en que
se reconoce el préstamo, a menos que ese documento hubiese sido hecho en
escritura pública y el escribano diese fe de la entrega;
-
todo contrato celebrado dentro de los
2 años anteriores a la cesación de pagos, en que se pruebe que hubo
suposición o simulación hecha en fraude de los acreedores.
*
Apariencia de contraprestación
En estos actos hay una apariencia de
contraprestación a favor del fallido. No se da la gratuidad manifiesta de
los actos anteriormente considerados. Por ello, con estos actos no se habría
alterado, en apariencia, la garantía común de los acreedores.
* Fraude
En cuanto a los actos anulables el interesado
debe probar la celebración del acto en el período de sospecha y debe probar,
además, que se obró en fraude de los acreedores. Se requiere siempre la
iniciativa de parte.
Estimamos que
cabe recurrir al concepto de fraude establecido en el
artículo 229
del Código de comercio:
"Hay intención de defraudar,
cuando el deudor que conoce o debe conocer su insolvencia, disminuye o enajena
sus bienes, aunque al hacerlo no se proponga precisamente defraudar a sus
acreedores."
El régimen de los actos anulables es más
asimilable al régimen general de las nulidades, pues el acto se anula para
todos, incluso para quienes lo celebraron. El acto no produce efectos ni
entre las partes. Tiene de todos modos una diferencia: sólo son atacables en
caso de quiebra.
* Carácter recuperatorio
Se entiende que el acto debe considerarse
ineficaz para la masa y debe reponerse las cosas, al estado que habrían tenido
de no haberse realizado el acto o contrato. La acción tiene carácter
recuperatorio.
La acción beneficia al total de la masa. Los
bienes que se recuperan, tienen que ir, necesariamente, a integrar la masa de
bienes que se ha de liquidar para distribuir entre los acreedores. Así, por
ejemplo, si se revoca una compraventa, se tiene por no hecha. El bien vuelve a
la masa y el tercero se ve despojado de lo que compró.
Al anularse, se hacen restituciones al
fallido. Por ejemplo: el bien donado vuelve a la masa. Si se pagó un crédito
anticipadamente, el acreedor debe restituir lo recibido y concurrirá con los
demás acreedores en la liquidación.
Si se revoca el pago anticipado al portador de
la letra de cambio, éste debe restituir el importe recibido y se le devuelve la
letra. En este caso, el testimonio de la sentencia que revocó el pago, suple al
protesto para que el portador pueda recurrir contra el fallido o contra los
demás obligados cambiarios. Esto es así, porque en el tiempo que transcurre
entre el pago y la revocación puede suceder que llegue la fecha de vencimiento
de la letra y que el portador no la haya, por lo tanto, podido protestar (artículo
1.606).
Si se anula una garantía el acreedor queda
como acreedor quirografario.
a. Acción pauliana aligerada
Para algunos autores la acción revocatoria es
una acción pauliana aligerada en exigencias. El
artículo 228
del Código de comercio se remite a normas sobre quiebra, confirmando la
similitud.
La acción pauliana se caracteriza por el rigor
probatorio.
Existiendo una quiebra, se aligeran las
exigencias probatorias:
-
Tratándose de actos nulos, no hay que probar
el fraude;
-
Tratándose de actos anulables, si bien se
debe probar la existencia de fraude, no hay que probar que el adquirente
ignoraba el fraude (mala fe);
-
En ninguno de los casos hay que probar el
perjuicio a los acreedores, puesto que éste queda de manifiesto por el solo
hecho de la quiebra (la insolvencia se presume).
b. Acción especialísima
Para otros autores, la acción revocatoria
concursal es una acción especialísima, nacida por imperio de la Ley. Esta tesis
se afirma en las diferencias con la acción pauliana.
La acción pauliana nace a raíz de una
actividad civilmente delictuosa del deudor. Las acciones revocatorias, en
cambio, se pueden promover sin que sea necesaria tal actividad delictuosa sino
por el sólo hecho de la quiebra y porque la Ley la organiza.
3. Aspectos
procesales
No hay previsiones especiales en cuanto al
trámite. En ausencia de normas, debe seguirse la vía del juicio ordinario. Así
se ha sostenido en nuestro medio por Rocca
y Mezzera Álvarez.
Pueden promoverse acciones revocatorias,
mientras estén abiertos los procedimientos de quiebra o mientras subsista el
estado de quiebra. No rige la caducidad de un año de la acción pauliana,
pues los términos de caducidad y los de prescripción no pueden aplicarse por
analogía.
a. Competencia
El juez competente para entender en las
acciones revocatorias es el juez de la quiebra, por lo dispuesto en el artículo
13 de la Ley 17.292, que
dispone el alcance del fuero de atracción.
b. ¿Quién promueve la acción
revocatoria?
La acción revocatoria puede ser ejercida por
el síndico, en defensa y conservación de los derechos de la masa (artículo 1.640
C.Com.) o por los acreedores individualmente (artículo
1.604).
* Tratándose de actos nulos
Tratándose de
actos nulos (artículos
1.602 y 1.603),
consideramos que el juez podría declarar la nulidad de oficio. Claro que aun
cuando el juez actúe de oficio, se deberá promover un incidente en la quiebra.
También, el
síndico podrá denunciar los actos nulos y promover su revocación.
Se plantea si los
acreedores podrían directamente, demandar la revocación o si deben instar al
síndico para que lo haga.
Entendemos que sí
puede. Siendo que el
artículo 1.604
lo habilita a pedir la anulación, no vemos por qué no podría demandar la
revocación en los casos de los
artículos 1.602 y 1.603,
bajo el principio de quien puede lo más puede lo menos.
Quien tiene
enervadas sus posibilidades de obrar es el fallido, no los acreedores (artículo
1.598).
* Tratándose de actos
anulables
El juez no puede
actuar de oficio. El
artículo 1.604
en su primer inciso comienza así: “Pueden
anularse o revocarse a instancia de los acreedores, mediante la prueba de
haberse obrado en fraude de sus derechos".
c.
¿Contra quiénes se promueve?
La acción se dirige contra quienes han sido
parte en el acto a revocar: el fallido y el tercero que celebró el contrato con
él o quien recibió el pago o la garantía. En el caso de que el tercero
contratante haya fallecido la acción se promoverá contra los herederos.
En el caso de que el tercero contratante
comprador hubiera trasmitido el bien, cuya venta es objeto de la revocación, a
otro tercero. ¿Puede irse contra ese segundo adquirente? La Ley no da una
solución.
Podría
entenderse que se estaría en condiciones de promover una acción contra el
tercero pero que, en ese caso, habría que probar su fraude. Podrían aplicarse,
también, las distinciones que se efectúan en materia de acción pauliana, según
que el adquirente sea a título oneroso o a título gratuito.
Bonelli sostiene que si la cosa se
perdió debe restituirse su valor y que si se vendió debe restituirse el justo
precio.
Pregunta:
¿Cuáles
son las diferencias entre el régimen de la revocación de actos nulos y la
revocación de actos anulables en la quiebra?
Esquema sobre acciones revocatorias
Ripert,
Tratado
de Derecho
Comercial,
t. IV,
p. 380.
