Por
Nuri
Rodríguez
Olivera
El
concordato judicial se utiliza generalmente, no con el fin mismo de obtener la
homologación de la solución concordataria ofrecida, sino con el fin de obtener
la moratoria provisional concedida con la sola admisión de la solicitud.
Obtenida la moratoria, el deudor comienza las tratativas con sus acreedores para
lograr su adhesión a un concordato privado o a un concordato extrajudicial.
Obtenida esa adhesión, desiste del concordato judicial antes iniciado. El
deudor, acosado por sus acreedores mediante la moratoria provisional que se le
acuerda, gana tranquilidad para poder reunir las firmas necesarias para la
homologación de un concordato de otro tipo.
Mientras
que en el concordato preventivo extrajudicial el juez sólo interviene para la
homologación, en el concordato judicial, no sólo homologa sino que también
recibe los votos.
A.
La solicitud
Comienza
el trámite con la solicitud del deudor pidiendo que se convoque a los
acreedores a junta para considerar su propuesta de concordato. La solicitud se
acompañará de los documentos indicados en el artículo 1.531, que ya hemos
estudiado.
La
solicitud constituye una demanda de convocatoria de acreedores con el objeto de
someterles una propuesta. Es lógico que contenga los elementos que la integran
.
En nuestro concepto, resulta inadmisible que presente una propuesta sin que
exprese ni proponga nada concreto. Mediante la solicitud se debe someter a los
acreedores un pago de los créditos
en un determinado plazo. Los acreedores citados a una junta, a fin de votar el
concordato deben conocer con suficiente tiempo las bases del acuerdo proyectado.
Debe
presentarse toda la documentación con copias, norma común al concordato
preventivo judicial (art. 1.548).
La
doctrina se ha planteado si el deudor puede cambiar su propuesta.
Sayagués,
que entiende que el concordato es un contrato, expresa que el ofrecimiento hecho
por el deudor, en la solicitud de concordato, es una propuesta que recién se
convierte en contrato cuando es aceptada en la junta de acreedores. En
consecuencia, hasta ese momento puede modificar su propuesta en cualquier
sentido. Si, contrariamente a lo que entiende Sayagués,
no hay contrato sino que hay proceso, no llegaríamos a la misma conclusión. La
propuesta es el acto inicial del proceso de concordato y no puede ser objeto de
variaciones, así como entablada una demanda no puede luego variarse su
contenido. La propuesta queda firme e invariable. Supone un acto procesal ya
cumplido, al cual deben seguir indefectiblemente otros.
B.
Auto de admisión
El artículo
1.532 establece:
“Presentada
en esa forma la solicitud de concordato judicial el juez, en un mismo auto,
proveerá:
1º
Lo dispuesto en los números 2º y 3º del artículo 1.526.
2º
La designación de un contador titulado que intervenga en el giro de los
negocios del deudor e informe, dentro de los quince días, respecto de las
causas invocadas en la memoria, del estado de los negocios y de los hechos
resultantes de la contabilidad que puedan tener importancia para juzgar la
conducta comercial del deudor.
3º
La convocatoria de los acreedores por medio de edictos, para una reunión que
tendrá lugar treinta días después. Se prevendrá en los avisos que el balance
y demás documentos presentados por el deudor, así como el informe del
contador, una vez producido, pueden en todo tiempo ser examinados en la oficina.
Se hará saber igualmente el día preciso hasta el cual pueden ser presentadas
la observaciones sobre la verdad, cantidad y calidad de los créditos, de
acuerdo con el artículo siguiente.”
El auto se
notifica al deudor dentro de veinticuatro horas (art. 1.549). La convocatoria a
los acreedores se hace por edictos. Se aplica en cuanto a la publicidad el régimen
analizado en la Sección anterior, incorporado por el artículo 18 de la Ley
17.292.
El auto de
admisión o el que lo deroga es apelable por lo dispuesto en el artículo 28 de
la Ley 17.292. Nos remitimos a lo ya expuesto cuando hablamos de la apelabilidad
del auto de admisión en el concordato preventivo extrajudicial, por cuanto es
enteramente aplicable al concordato en estudio.
C.
Verificación de créditos
El artículo
1.533 dispone:
“Dentro
del plazo de veinte días, contados desde la fecha de convocatoria, podrán los
acreedores hacer verbalmente y ante el actuario las observaciones que tuviesen
por conveniente, respecto de la verdad, cantidad y calidad de los créditos
pasivos declarados por el deudor.
El
actuario labrará en cada caso un acta que firmará con el acreedor disidente y
entregará inmediatamente copia de ella al deudor, quien, a su vez, podrá
exponer en la misma forma lo que considere favorable”.
El plazo
conferido por esta norma corre a partir del auto de convocatoria. Es criticable
ese punto de partida. Como los acreedores se enteran por edictos, puede suceder
que el término está vencido cuando sale la primera publicación, si ésta se
demora.
Lo que se
regula en el artículo 1.533 no es una oposición. Es la promoción de un
incidente de verificación de créditos. Estos pueden ser observados en cuanto a
su verdad, cantidad y calidad. La verdad
se refiere a la existencia o simulación de un crédito; la cantidad,
a su real importe; la calidad tiene
relación con el derecho de preferencia o privilegio que se le atribuye o se
desconoce.
Se puede
observar la verdad, calidad o cantidad de los créditos declarados por el
deudor. Nos preguntamos, ¿y si el deudor omite créditos? El texto,
interpretado estrictamente, llevaría a una solución negativa pero absurda.
Por otra parte, el artículo 1.539 reconoce a los acreedores omitidos el
derecho de reclamar en el plazo del artículo 1.533 y aun después. El artículo
1.539 dice así:
“Los acreedores cuyos créditos no resulten de la relación
presentada por el deudor y que no hayan reclamado dentro del plazo del artículo
1533, serán, sin embargo, admitidos a la reunión (art. 1540), si exhibieran
documentos de la fecha comprobada anteriores a la solicitud del concordato y que
no sean observados. Si fueran observados, y siempre que esos votos pudieran
decidir de la aceptación del concordato, resolverá el juez las observaciones
al pronunciarse sobre la homologación y con carácter de inapelable”.
2.
Comprobación de créditos
El
artículo 1.535 establece otra posibilidad:
“Dentro del mismo plazo de
veinte días los acreedores podrán pedir, y el juez podrá ordenar de
inmediato, la justificación de que trata el artículo 1.528.” De manera que
cualquier acreedor podrá pedir que se verifique si algún acreedor que aparece
en la segunda categoría de acreedores, del artículo 1.524, efectivamente reúne
las condiciones ara ello”.
3.
Procedimiento de la verificación
El artículo
1.533 crea un mecanismo procesal especial, disponiendo que las observaciones se
pueden formular verbalmente ante el Actuario y que el deudor puede
exponer en la misma forma lo que considere favorable. La Ley no fija plazos para
que el deudor evacue el traslado. Por analogía, se puede aplicar el artículo
1.530, que establece un plazo de tres
días.
El artículo
1.534 establece:
“Vencidos los veinte días el actuario pondrá constancia de
las reclamaciones deducidas o certificará que no se ha presentado ninguna,
pasando el expediente al despacho del juez.”
Se refiere al plazo de veinte
días que el artículo 1.553 confiere para que se promueva la verificación. El
artículo 1.534 se refiere a reclamaciones cuando en rigor no las hay. La
verificación no supone reclamación ni oposición, simplemente es incidente
para que se verifique un crédito.
El artículo
1.537 establece:
“Si producida alguna oposición el juez considera
necesaria la prueba, ordenará que éste se presente en la audiencia de que
trata el artículo 1540, sin perjuicio de que las partes puedan entre tanto
pedir el diligenciamiento anticipado de cualquier probanza a excepción del
examen de los testigos residentes en el departamento de la capital, que se hará
precisamente en la audiencia. No será admisible en esa audiencia la declaración
de testigos cuyo nombre y domicilio no haya sido expresado con cinco días por
lo menos, de anticipación, en un acta que el actuario autorizará, dando copia
a la contraparte dentro de las veinticuatro horas.”
De acuerdo a estas
normas, el juez dispone, si es necesario, la presentación de la prueba en la
junta. Las partes pueden pedir diligenciamiento de la prueba antes de la junta,
excepto la declaración de testigos radicados en Montevideo, los cuales deben
declarar indefectiblemente en la citada audiencia (art. 1.537). También, se
exige que se indique el nombre de testigos que declararán en la junta, cinco días
antes de ésta. Esto es así a los efectos de su posible tacha.
II.
La junta de acreedores
A. Convocatoria y reunión
La
convocatoria de la junta se hace por disposición del auto de admisión (art.
1.532). El llamado de los acreedores se hace por edictos que se publicarán en
la forma establecida por la Ley 17.292.
1. ¿Quiénes
asisten?
A la
junta, asisten el juez, el contador y los acreedores (art. 1.540). Pueden
concurrir los acreedores denunciados por el deudor y también los omitidos, en
las condiciones que hemos de ver.
Las normas
aplicables a los acreedores omitidos por el deudor son los artículos 1.533 y
1.539. El acreedor omitido puede hacer observaciones fundándose en el artículo
1.533.
También,
puede presentarse para ser admitido a la reunión de acreedores, aunque no hayan
hecho uso de la facultad del artículo 1.533. En efecto, el artículo 1.539
dispone:
“Los acreedores cuyos
créditos no resulten de la relación presentada por el deudor y que no hayan
reclamado dentro del plazo del artículo 1.533, serán, sin embargo, admitidos a
la reunión (1.540), si exhibieran documentos de fecha comprobada anteriores a
la solicitud del concordato y que no sean observados. Si fueran observados, y
siempre que esos votos pudieran decidir de la aceptación del concordato,
resolverá el juez las observaciones al pronunciarse sobre la homologación y
con carácter de inapelable.”
De acuerdo
al artículo 1.539 el acreedor debe presentar documentos con fecha comprobada.
El Código civil define la fecha cierta. No hay concepto especial de fecha
comprobada, expresión que suele usarse en el Código de comercio. La fecha
comprobada, en nuestro concepto, es aquella que se puede probar con cualquier
medio de prueba admitido por el Derecho comercial o el Derecho civil, según la
naturaleza del crédito.
Los créditos
podrán ser observados en la misma junta. Si son observados, las observaciones
se resuelven en la sentencia homologatoria y no en la misma junta.
Los
acreedores privilegiados y preferentes pueden asistir si no votan o perdiendo su
privilegio o preferencia.
Aunque la
Ley no lo dice expresamente, también asistirá el deudor. La Ley no impone su
presencia; pero surge del artículo
1.540, en que se establece que en la junta, después de los testigos, se oye a
las partes y es parte el deudor, por lo que se entiende que debe asistir.
2. Sobre
prórrogas de juntas
El artículo
22 de la Ley 17.292 dispone que las juntas de acreedores sólo podrán
prorrogarse con carácter excepcional. La solicitud de prórroga debe ser
planteada por el deudor y el Tribunal debe recabar el consentimiento de los
acreedores. Si se logra el voto mayoritario de los acreedores concursales
presentes, el juez la suspende.
En el artículo
22 contiene una norma para
concordatos preventivos judiciales y para concursos civiles. Se dispone que las
juntas de acreedores sólo podrán prorrogarse con carácter excepcional. La
solicitud la plantea por el deudor y la resuelve el Tribunal, si se tiene el
voto mayoritario de acreedores concursales presentes.
En
el régimen legal anterior se planteaba si el deudor podría solicitar la
suspensión de la reunión porque estaba gestionando un concordato privado o
extrajudicial. La Ley no daba solución a esta interrogante como tampoco la da
hoy. Scarano sostiene que el deudor
debe presentarse con su petitorio firmado por algunos acreedores y que el
juez, atento a la seriedad de las nuevas tramitaciones, puede mandar reservar
los autos por un tiempo prudencial.
Luego, si el deudor no acredita la culminación de las negociaciones, el juez
mandará continuar los procedimientos.
B.
Función del juez en la junta
El
juez preside la junta. Es el órgano de contralor:
hace observar y cumplir las formalidades de la Ley.
En
la junta el juez recibe las pruebas ofrecidas en las oposiciones y en las
comprobaciones planteadas. La prueba admisible en la audiencia es la establecida
en el artículo 1.537. Los nombres de los testigos ofrecidos deben ser
anticipados, según dispone el artículo 1.537, para posibilitar que se pueda
producir prueba de tachas de testigos. Advertimos que
la ley impone el preaviso
referido sólo para testigos sobre oposiciones.
Luego, el
juez oye los alegatos de las partes y dicta resolución sobre las oposiciones y verificaciones planteadas. También, recibe los documentos
presentados por los acreedores omitidos (art. 1.539).
C.
Resolución del juez sobre reclamaciones y comprobación
En la
junta, el juez debe adoptar resolución sobre las oposiciones y sobre los
requerimientos de comprobación, que se hubieren formulado. Ello es criticable,
en primer lugar, porque el juez, al tener que resolver en la misma junta, no
tiene tiempo para estudiar su resolución. Se señala, además, los
inconvenientes de la pérdida de tiempo: los
acreedores tienen que estar esperando se diligencie la prueba y que el juez se
pronuncie.
Luego, el
juez recoge la votación de los acreedores sobre el concordato.
Si el juez
admite el crédito, su admisión es provisional, pues el deudor y los acreedores
pueden renovar la discusión. El fallo que recaiga en el nuevo juicio no
modificará lo dispuesto en el primero ni alterará lo resuelto en la junta.
En otras
palabras: En primer lugar, la
resolución dictada en la junta interesa a los efectos de la votación del
concordato. El crédito se computa o no o se computa por determinado importe o
calidad a los efectos de determinar las mayorías para la aprobación del
concordato. En segundo lugar, si, luego, se promueve un juicio por el acreedor
con crédito observado y si resulta algo distinto, ello no variará los
resultados de la votación. El resultado del juicio se tendrá en cuenta a los
efectos del pago de ese crédito; pero no incide en la validez del concordato
que hubiera sido homologado. Lo mismo sucede
si es el deudor que pretende que el crédito admitido provisionalmente
es, por ejemplo, inferior.
El juez no
homologa en la misma junta. Homologa cinco días después y al homologar,
resuelve sobre los acreedores omitidos que se presentaron en la junta, si en ésta
fueron observados.
La
resolución del juez sobre créditos observados o cuya justificación fue
exigida, es a los efectos de admitir o rechazar el voto del acreedor para
resolver sobre el concordato (art. 1.538).
El
artículo 22 contiene una norma para los concordatos preventivos judiciales y
para los concursos civiles. Se dispone que las juntas de acreedores sólo podrán
prorrogarse con carácter excepcional. La solicitud la plantea el deudor y la
resuelve el Tribunal, si se tiene el voto mayoritario de acreedores concursales
presentes.
La
norma presupone una junta convocada, a la cual asisten acreedores. La iniciativa
la tiene el deudor. El Tribunal adopta una resolución, si ella es planteada en
la propia junta y votada por la mayoría de acreedores presentes. El Tribunal no
está obligado a acceder a la solicitud, sino que hará lugar a ella, si se
acredita la necesidad o la justificación de la prórroga. Así debe ser, dado
el carácter excepcional que se atribuye a la posibilidad de una prórroga. La
Ley, con esta norma, ha querido dar otra solución para evitar dilaciones en los
procesos.
Queremos
precisar que el artículo 1.542 del Código de comercio establece la posibilidad
de que el deudor pida la convocatoria de una nueva junta; la norma mantiene su
vigencia, puesto que no se trata de la prórroga de una junta sino de celebración
de una nueva.
III.
Otras actuaciones
A.
Actuaciones
que eventualmente pueden realizar los acreedores
Después
de celebrada la junta, el juez tiene cinco días para resolver (art. 1.541). En
ese mismo plazo los acreedores pueden formular oposiciones. Lo admite el artículo
1.541 con remisión al artículo 1.544, que prevé la posibilidad de oposición
de cualquier acreedor si el deudor ha alterado concientemente el estado de su
activo o valídose de medios fraudulentos para obtener la adhesión de los
acreedores.
La Ley
incluye dos causas de oposición: la alteración del activo y el empleo de
maniobras fraudulentas (art. 1.544). Destacamos una diferencia con las
oposiciones en el concordato preventivo extrajudicial:
no se mantiene como causal de oposición la alteración del pasivo y esto
es así, porque ya hubo oportunidad para verificar los créditos.
a. ¿Quién
puede oponerse?
Cualquier
acreedor puede formular oposición. Sayagués
entiende que debe ser un acreedor admitido en la verificación del crédito. No
podrá oponerse aquel acreedor con crédito observado. Tampoco podría oponerse
aquel acreedor cuyo crédito fue omitido por el deudor y que no se presentó en
tiempo a la junta con crédito con fecha comprobada.
¿Podrá
oponerse el acreedor que votó a favor de la propuesta? La Ley no distingue.
Debe admitirse, pues el hecho que justifica su oposición puede haber llegado a
su conocimiento después de la junta.
Los
acreedores hipotecarios, prendarios o privilegiados que votaron en la junta,
pueden oponerse. Al votar, es claro que ya perdieron su preferencia o
privilegio. Si no votaron no pueden oponerse, porque el concordato no los
perjudica.
b.
Trámite
Si hay
oposición se crea un incidente, cuyas etapas se establecen en el segundo inciso
del artículo 1.544. El artículo
1.544 establece:
“Hasta que se
dicte sentencia homologatoria del concordato, cualquier acreedor podrá oponerse
a éste si el deudor ha alterado conscientemente el estado de su activo o valiéndose
de medios fraudulentos para obtener la adhesión de los acreedores. En tal caso,
y si el concordato reuniera los votos exigidos para su aprobación, el juez,
previa audiencia del deudor, abrirá un término de prueba no mayor de veinte días.
Las partes alegarán de bien probado dentro del término común y perentorio de
cinco días, vencido el cual el actuario pondrá los autos al despacho.”
El juez
resolverá dentro de los cinco días.
2.
Suspensión del procedimiento y liquidación
El
artículo 16 de la Ley de 1926 establece lo siguiente:
“En
cualquier estado del procedimiento en el concordato preventivo judicial, la
doble mayoría legal establecida en el inciso 1º del artículo 1.524 del Código
de Comercio, podrá pedir al juzgado que suspenda el procedimiento,
manifestando que opta por la liquidación e indicando la persona o personas
que se encargarán de la liquidación. Comprobado que la liquidación está
suscripta por las mayorías aludidas, el juzgado, sin más trámite, pondrá
al liquidador designado en posesión del comercio y demás bienes del deudor,
para continuar provisoriamente el giro de los negocios. El liquidador procederá
en tal caso, como lo disponen los artículos precedentes. Todo sin perjuicio
de la aceptación u homologación definitiva del concordato.”
En
virtud de la norma transcripta, los acreedores tienen la opción de solicitar la
suspensión del procedimiento concordatario, a los efectos de proceder a la
liquidación. Para el ejercicio de esta facultad, los acreedores deben alcanzar
la doble mayoría establecida en el inciso 1 del artículo 1.524. Deben, además,
indicar la persona o personas que se encargarán de la liquidación.
El
legislador permite esta solución pues puede convenir a los acreedores la
liquidación de los bienes. En efecto, examinada la situación del deudor,
teniendo en cuenta la lentitud de los trámites y las condiciones precarias de
su patrimonio, los acreedores pueden entender que será difícil lograr la
solución concordataria o que el deudor la cumpla. Por otra parte, se trata de
una medida contra aquel deudor de mala fe, que sólo se quiere escudar en la
moratoria provisional y, luego, dilata con incidentes la homologación.
La
Ley dice que en cualquier momento los acreedores pueden optar por esta solución.
No podrían presentarse si se homologó o rechazó el concordato y la sentencia
está ejecutoriada. Sólo se tiene esa facultad durante el procedimiento.
Pueden
promover esta modalidad del concordato la doble mayoría del artículo 1.524. La
iniciativa pertenece a los acreedores, a diferencia de las demás soluciones
concordatarias en que ella incumbe al deudor.
Si
se promueve al comienzo del trámite, se comprueba la existencia de la doble
mayoría según los estados presentados por el deudor. Verificados los créditos,
se harán los ajustes correspondientes.
El
escrito en que los acreedores formulan la opción debe mencionar: la voluntad de
suspender el procedimiento, la manifestación de optar por la liquidación y la
indicación de las personas que se encargarán de realizarla.
El
juez comprueba las mayorías requeridas; si se dan,
debe admitir la opción, poniendo al liquidador en posesión de los
bienes del deudor. No es el comerciante sino el juez quien entrega los bienes.
El juez viene a decretar una especie de desapoderamiento.
El
juez, además, ordena la suspensión del procedimiento. Ya no será necesario
convocar a la junta, si es que ésta aun no se había reunido, porque se ha
logrado la mayoría para la fórmula de liquidación.
Existe
la posibilidad de interponer, en el proceso, todos los incidentes que tiene
derecho de promover el acreedor, esto es, los de verificación (art. 1.533) y de
comprobación (art. 1.535).
No
resulta clara la oportunidad para formular oposiciones. En el trámite normal
del concordato preventivo judicial, las oposiciones recién se pueden plantear
después de la junta y antes de la homologación. Si en este caso se suspende la
junta, no correría el
término para la oposición.
Nos
preguntamos si deberá darse publicidad
a la nueva fórmula. Podría pensarse que
correspondería realizar publicaciones
para aplicar, por analogía, el
artículo 1.527 y permitir las oposiciones.
El
juez, frente a la propuesta de la mayoría de acreedores, no tiene por qué
convocar a la junta, porque ya hubo expresión de voluntad de esos acreedores.
Si los acreedores optan por la liquidación, debe recabarse el consentimiento
del deudor. Si éste no
acepta, el juez rechaza el concordato.
Si
ya hubo junta y los acreedores habían votado la propuesta originaria del
deudor, igual puede admitirse la fórmula de liquidación antes de la sentencia.
En ese caso, se debe entender que la nueva decisión de la mayoría del artículo
1.524 deja sin efecto lo resuelto por la junta. Deberá recabarse luego la
aceptación del deudor para, en definitiva, homologar o no.
No
se requiere que el deudor entregue los bienes y tampoco se requiere que otorgue
poder al liquidador para que éste continúe provisoriamente con el giro de los
negocios. En efecto, es el juez el que pone al liquidador en posesión de su
comercio. El liquidador recibe los bienes por mandato judicial y sigue con los
negocios también por mandato judicial. El liquidador es un representante legal
y forzado del deudor[7].
El deudor es desposeído forzadamente de todos sus bienes, sin ser oído. Tal
surge del texto legal.
Nada
establece el artículo 16 de la Ley sobre las facultades del interventor para
vender los bienes pero como hay remisión a los artículos precedentes, será
necesario el otorgamiento de un poder por el deudor para que el liquidador pueda
proceder a liquidar.
Dijimos
que no se necesita el consentimiento del deudor en el momento inicial de
designación del liquidador interventor ni para darle posesión de los bienes.
¿Pero no se requerirá su consentimiento para que el concordato se homologue?
Según
Scarano, no se debe oír al deudor.
Los acreedores optan unilateralmente por la liquidación. Sayagués
opina igual y concluye que esta solución no es un concordato, porque éste sí
requiere el consentimiento del deudor y sus acreedores. Sostiene que es una
facultad excepcional otorgada a los acreedores, derogatoria de todos los
principios jurídicos en la materia. Admite que puede haber oposición del
deudor, que debe tramitarse como un incidente.
Nosotros
entendemos que estamos ante una nueva modalidad concordataria y que como todas
requerirá el acuerdo deudor-acreedores; por otra parte, el acuerdo del deudor
se requiere, pues debe dar poder para que el liquidador pueda vender, según
hemos de analizar a continuación.
De
manera que, después de poner al liquidador interventor en posesión de los
bienes del deudor, el juez deberá dar traslado al deudor para que éste tenga
oportunidad de manifestar su consentimiento. Si éste no lo presta, el
concordato no será homologado.
Nuestro
argumento para fundar nuestra posición es la frase final del artículo 16:
“Todo,
sin perjuicio de la aceptación y homologación definitiva del concordato”.
Desde
el punto de vista práctico, el deudor siempre prestará su consentimiento
porque, de lo contrario, sabe que va indefectiblemente a la quiebra. El deudor
deberá aceptar la fórmula propuesta por los acreedores.
B.
Actuaciónes que eventualmente puede realizar el deudor
Se plantea
por la doctrina si el deudor puede desistir de su demanda de aprobación de un
concordato preventivo judicial. La respuesta depende de la naturaleza jurídica
que se le atribuya al concordato.
Sayagués
entiende que la solicitud es una propuesta de contrato y el proponente puede desistir en cualquier momento antes de la aceptación por los acreedores.
Mientras los acreedores no acepten no se ha perfeccionado el contrato. Aceptada
la propuesta queda perfeccionado el contrato y ya no se puede desistir. Agrega Sayagués
que, si la propuesta fue rechazada, no puede el deudor por su sola voluntad,
mediante un desistimiento, anular los efectos de esa declaración adversa de los
acreedores cuya consecuencia ineludible es la declaración de quiebra.
Para
quienes entienden que el concordato es un proceso, cuando el deudor ha
presentado la solicitud promueve un proceso concursal, del cual no puede
desistir sino en las formas prevista por el derecho procesal
(arts. 226 y ss. C.G.P.). En consecuencia, su desistimiento deberá ser
aprobado por los acreedores.
La
doctrina y la jurisprudencia admiten el desistimiento cuando el deudor ha
obtenido adhesión de las mayorías fuera del juzgado y luego solicita la
homologación de un concordato preventivo extrajudicial. También, se admite el
desistimiento cuando el deudor obtiene las mayorías privadamente y, luego, de
cumplir con los trámites del concordato privado lo protocoliza. Si en el
concordato privado hay oposición, el deudor debe presentarse con los
antecedentes ante el juzgado, para lo cual también deberá antes desistir del
concordato preventivo judicial.
Otra
interrogante que se ha planteado es si puede
desistirse de un concordato preventivo judicial en un juzgado, para plantearlo
en otro. Sayagués dice que no se
puede hacer (párrafo 1.97); pero como él admite la posibilidad de desistir realiza una serie de razonamientos para justificar su tesis. 1) El
desistimiento de un concordato contiene implícita la renuncia a la celebración
del concordato. Si desiste es porque ya no tiene interés en llegar a un arreglo
con sus acreedores. Si la finalidad es distinta no cabe el desistimiento. 2)
También, razona con argumentos expuesto por Díaz:
“La única maniobra que no ha querido impedir el proyecto es la presentación
del concordato preventivo extrajudicial convenido durante la tramitación de aquélla”.
A contrario sensu, no se quiso esta
maniobra que planteamos. En efecto,
el deudor de mala fe podría recurrir a este procedimiento para gozar de una
moratoria continuada.
La
Ley establece que, rechazado el concordato preventivo judicial, el deudor tiene
la posibilidad de solicitar una segunda convocatoria de acreedores. Se trata de
una facultad del deudor y sólo del deudor (art. 1.542).
Para ello
tiene un plazo
de tres días, improrrogable. El contenido de la propuesta se establece
en el artículo 1.542:
“Rechazado el concordato, el deudor podría pedir,
dentro del tercer día de ser notificado, nueva convocatoria por edictos, para
una nueva reunión que tendrá lugar dentro de los diez días siguientes, para
resolver sobre la propuesta que el deudor debe formular al pedir la
convocatoria; y el juez la decretará, siempre que la propuesta no sea igual no
notoriamente más gravosa para los acreedores que las rechazadas por éstos”.
El artículo
1.543 prevé la posibilidad de que quede sin efecto la segunda convocatoria:
“La nueva convocatoria quedará sin efecto en cualquier momento que
acreedores capaces por su número o por el monto de sus créditos de impedir la
aprobación del concordato, rechacen expresamente la nueva propuesta. Este
rechazo dejará igualmente sin efecto los recursos que el deudor hubiera
interpuesto contra la resolución denegatoria de la segunda convocatoria”.
El
artículo 1.553 establece:
“Ejecutoriada
la sentencia que rechaza el concordato, procede la declaración de quiebra.
Si
aquella sentencia fuera consentida, el actuario pondrá inmediatamente los autos
al despacho. En tal caso, o al poner el cúmplase en caso de que la sentencia
hubiese sido apelada y confirmada, el juez decretará la quiebra si el deudor
tuviera su domicilio en Montevideo, o, en caso contrario, remitirá el
expediente a los mismos efectos, al juez letrado departamental correspondiente.
Si en los procedimientos sobre concordato judicial el deudor hiciera uso del
recurso que le acuerda el artículo 1.542, la declaración de quiebra no
procederá hasta que el concordato sea rechazado en la segunda reunión, o se
produzca la manifestación prevista en el artículo 1.543, o quede ejecutoriada
la resolución del juez denegando la segunda convocatoria.”
Resumiendo,
en el trámite del concordato preventivo judicial, procede la declaratoria de
quiebra: cuando queda ejecutoriada la sentencia que rechaza el concordato,
cuando el juez deniega la segunda convocatoria, cuando los acreedores se oponen
a la segunda convocatoria y cuando se rechaza el concordato en la segunda junta
de acreedores.
