Trámite
del concordato
preventivo
extrajudicial
Por Nuri
Rodríguez
Olivera
Promovido el concordato
preventivo extrajudicial en la forma antes analizada, el juez dicta el auto
inicial cuyo contenido ya hemos analizado en parte. Puede admitir al concordato
o puede no hacer lugar al trámite.
El contenido del auto de
admisión es complejo, según dispone el artículo 1.526: hace lugar a una
demanda, abriendo el proceso concursal; contiene medidas de naturaleza cautelar:
la moratoria provisional y el libramiento del oficio al Registro de Actos
Personales; ordena la publicación del
concordato.
El auto se debe notificar
al deudor que promovió el trámite en el término de 24 horas (art. 1.549).
Debe, además, publicarse un extracto del contenido del concordato, previo
control de la Oficina Actuaria (art. 18 Ley 17.292).
El objeto de la publicación
es hacer saber a todos los acreedores la iniciación del trámite. Algunos
acreedores pueden desconocer el concordato porque el deudor no lo puso en su
conocimiento o porque no tuvo interés de intervenir en los trámites previos y
firmarlo. La disposición se
ajusta a los principios que dominan la legislación sobre el concordato; los
acreedores son los principales interesados en el concordato.
La publicación debe
efectuarse en el Diario Oficial y en otro medio de prensa escrita de Montevideo,
durante tres días. Así lo dispone el artículo 18 de la
Ley 17.292,
modificando el régimen del artículo 1.550
del Código de comercio.
Las publicaciones deben
efectuarse de inmediato. Así lo dispone el artículo 1.550, complementado por
el artículo 18 de la Ley 17.292. El propósito del legislador fue la rapidez en
la tramitación.
El artículo 18 de la Ley
17.292, en su inciso 3, dispone:
“Tratándose de procesos concursales
preventivos el deudor deberá acreditar ante el Tribunal las publicaciones
realizadas acompañando un ejemplar que será entregado al actuario dentro del término
de quince días hábiles a contar de la notificación del auto que las ordenó.
Si así no lo hiciere el Tribunal revocará el auto de admisión o la moratoria
concedida y decretará el concurso necesario, la quiebra o liquidación
judicial.”[2]
La sanción frente al incumplimiento de la obligación impuesta al deudor
concordatario es grave: el juez revocará el auto de admisión y decretará la
quiebra.
El artículo 28 de la Ley
17.292 dispuso para todos los procesos concursales, inclusive los concordatos
preventivos:
“Las
resoluciones adoptadas por el Tribunal Concursal serán impugnables en los
plazos y por los medios previstos en el Capítulo VII del Título VI del Libro I
del Código General del Proceso. En todos los casos la apelación de las
resoluciones que se adopten en materia concursal no tendrá efecto suspensivo
salvo que el Tribunal superior así lo disponga (numeral 2º) del artículo 251
del Código General del Proceso).”
Antes de la vigencia de esta ley
se discutía sobre la apelabilidad del auto de admisión. Scarano
sostenía que era apelable y Sayagués
que no lo era. Nuestra opinión era intermedia, pues sosteníamos que en
algunas hipótesis era apelable.
Entendemos que el artículo
28 contiene una solución genérica; pero que debe analizarse cada tipo de
resolución que se ha de dictar en el proceso concursal, para determinar sobre
su apelabilidad y
sobre quienes tienen la posibilidad de recurrir. Analizaremos a continuación
distintas posibilidades con respecto al auto de admisión.
1. Si el juez no admitió
el concordato, el auto dictado en el proceso, en ese momento de naturaleza
voluntaria, no causa estado. En consecuencia, el comerciante solicitante, único
que puede sentirse agraviado, puede recurrir o volver a plantear su solicitud.
2.
Si el juez admitió la solicitud y dictó un auto de admisión, los
acreedores no pueden apelar. En primer lugar, porque el auto de admisión es una
providencia dictada en un procedimiento que, en esa instancia, no reviste aún
carácter contencioso. En segundo lugar, porque los acreedores sólo son
considerados partes en el proceso de concordato en los casos previstos por el
artículo 1.563, que dice así:
“Serán
considerados parte en el juicio de concordato todos los acreedores y deudores en
lo relativo a la comprobación de su crédito o su deuda, y en las cuestiones
sobre ocultación del activo las personas a quienes los acreedores disidentes señalaran
en el concepto de haber recibido cualesquiera bienes del deudor.”
De manera que, en este
momento inicial, el acreedor aún no reviste calidad de parte y, por lo tanto, no
puede apelar.
Por otra parte, la Ley
confiere como defensas a los acreedores, la
posibilidad de oponerse o de
promover incidentes para verificar monto, cantidad y calidad de los créditos
denunciados o de comprobación respecto a los acreedores que figuran como
integrantes del segundo escrutinio del artículo 1.524.
3. El auto de admisión,
en cuanto contiene providencias de carácter cautelar tendría el régimen legal
que el Derecho procesal estatuye para tales providencias.
En consecuencia, los
afectados por las medidas - en el caso la moratoria provisional afecta a los
acreedores- podrán interponer recursos de reposición y de apelación en
subsidio, con efecto devolutivo y no suspensivo (art. 315.3 Código
general del proceso).
Los recursos se podrían
fundar en la improcedencia del auto de admisión, en razón del incumplimiento
de los requisitos legales requeridos para la validez del concordato. Supongamos
que el juez admitió el trámite respecto de un acuerdo en que se ofrece pagar
el treinta por ciento de los créditos o en que quien lo solicita no es
comerciante inscripto en la matrícula o no ha justificado llevar libros. Es
decir, que los recursos siempre tendrán que
ver con el incumplimiento de requisitos legales, pero no podrían
admitirse recursos fundados en la inconveniencia del concordato.
Por otra parte, entre los
instrumentos procesales conferidos por la Ley a los acreedores, no se ha
previsto expresamente la posibilidad de oponerse o de denunciar el
incumplimiento de requisitos legales, intrínsecos o extrínsecos. En
consecuencia, debe entenderse que corresponde aplicar el Derecho común y para
el caso de que se admita erróneamente
y contrariando derecho una demanda que no cumpla con tales requisitos, debe ser
posible interponer los recursos pertinentes para hacer caer la providencia
judicial mal dictada.
Así corresponde, por
otra parte, por razones de economía procesal. Sería lamentable que sustanciado
todo el proceso, el juez advirtiera recién al dictar sentencia que la solución
concordataria no cumple con requisitos legales y rechazara el concordato. Es más
lógico admitir que cualquier acreedor pueda recurrir, denunciando el defecto
legal, de tal modo que no se continúe con todo un proceso concursal inútil y
con el fin de que cesen las medidas cautelares y los efectos de la iniciación
del trámite concordatario, en cuanto se resuelva el recurso, sin esperar a la
sentencia final.
4. Podría incluso darse
un caso en que el propio deudor podrá recurrir. Hemos pensado en la hipótesis
en que el concordato hubiera sido suscrito y solicitado por un apoderado sin
facultades para ello. El deudor podrá recurrir en cuanto se entera de la
iniciación del procedimiento, por cuanto puede no convenirle la solución
concordataria, ya que está en condiciones de pagar sus créditos en su
totalidad y con puntualidad.
A. Oposición prevista en el artículo
1.527
La oposición al
concordato está prevista en el artículo 1.527. Define Sayagués
la oposición en los siguientes términos:
“acto por
el cual uno o varios acreedores gestionan el rechazo del concordato homologable
en sí, en virtud de actos dolosos realizados por el deudor.”
La definición
no es del todo exacta pues es, también, causal de oposición que no se hayan
configurado las mayorías del artículo 1.524.
Hay oposición entonces,
cuando el concordato reúne todos los requisitos intrínsecos o extrínsecos;
pero han habido actos dolosos que el acreedor ha llegado a conocer y denuncia
o si faltan las mayorías del artículo 1.524.
1.
Causales de oposición al concordato
a.
Enunciación
La Ley enumera las
causales en el artículo 1.527:
* Alteración del pasivo
La
alteración puede hacerse de dos maneras: aumentando o disimulando el
pasivo.
La finalidad del aumento
del pasivo es asegurar mayorías legales. Con esta posible maniobra se crean créditos
ficticios y los acreedores simulados votarán en el concordato. También, puede
perseguir el propósito de influir en el ánimo de los acreedores quienes, ante
un pasivo abultado, apoyarán el concordato como único medio de evitar la
quiebra. La prueba de esta maniobra es muy difícil.
La finalidad de
disimular el pasivo sería excluir a los acreedores que se entiende votarán en
contra. En este caso, la prueba es más fácil, ya que el acreedor excluido se
presentará a justificar su calidad de tal, con los documentos que posee.
La Ley agrega elementos
subjetivos al enunciar esta causal. Dice: “Aumenta
o disimula – falsamente – el pasivo”. De manera que debe probarse el
dolo; si un crédito no fuera denunciado o apareciere por un monto superior, por
error en la confección del estado del pasivo, ello no será causa de oposición.
* Alteración del activo
Pueden presentarse
diversas situaciones que impliquen o bien una ocultación de bienes o bien una
exageración del activo.
La ocultación de bienes es
el fraude más generalizado. La finalidad puede ser la de excluir un bien para
que no caiga bajo la acción de los
acreedores o simplemente ocultarlo
porque si los acreedores supieran que existe pueden no dar la quita propuesta o
exigir una quita menor.
La exageración
del activo se produce
cuando el deudor incluye bienes imaginarios o cuando les atribuye un valor
excesivo o manifiestamente superior al valor real. El fin es engañar a los
acreedores, haciéndoles creer en una solvencia que no se tiene, a los efectos
de conseguir quitas y esperas.
*
Maniobras dolosas tendientes a obtener la adhesión de los acreedores
Basta que las maniobras
se realicen para obtener la adhesión de un acreedor, aunque la disposición esté
en plural. Las formas que pueden asumir las maniobras pueden ser: conceder a un
acreedor un tratamiento privilegiado a cambio de su adhesión u obtener su
adhesión con engaños de cualquier tipo.
La falta de
mayoría legal, para Sayagués no es una causal de oposición, porque la falta de mayorías impide la
homologación, un concordato que no las reúna no es un concordato; por lo que
el juez, de oficio, debe rechazarlo y debió ya rechazarlo en el auto de admisión.
* Causas de oposición especiales para las sociedades
Es
causal de oposición la ocultación de un socio, que equivale a ocultar activo de ese socio para evitar que sus bienes
particulares tengan que responder de los créditos sociales. El inciso segundo
del artículo 1.527 agrega, como causales de oposición, ocultar los bienes del
socio o exagerar sus deudas o afirmar falsamente la existencia de algún socio
solidario o exagerar su solvencia.
No se previó en este
inciso la ocultación del pasivo de un socio. Sayagués
dice que es una inconsecuencia del legislador. En ese caso el acreedor se
puede oponer a través de otra causal: la exageración de la solvencia, ya que
exagera solvencia quien oculta pasivos.
b.
Carácter taxativo del artículo 1.527
* Posición de
Sayagués
Entiende Sayagués
que el artículo 1.527 es taxativo.
Sin embargo, sostiene que el
acreedor, también, puede oponerse al concordato por falta de estos requisitos,
en cualquier tiempo y no sólo en el plazo del artículo 1.527. Se trata de un
caso distinto al previsto por éste, porque si faltan esos requisitos se
configura un concordato no homologable. Por ejemplo, si en
un concordato que se ofrece
el pago de un cuarenta por ciento.
El juez, en este caso, no debe admitir el concordato, pero si lo hubiera
admitido, cualquier interesado podrá denunciar la irregularidad para que se
tenga en cuenta al pronunciarse la homologación.
Sayagués
dice que si esta oposición se promueve en el plazo del artículo 1.527,
se puede seguir el trámite previsto, para este tipo de oposición, en el artículo
1.530. Si se promueve fuera de plazo, bastaría dar traslado al deudor y no se
abrirá a prueba si las cuestiones a discutir, de puro derecho, no lo hicieren
necesario.
* Posición de
Mezzera Álvarez y Scarano
Mezzera
Álvarez y Scarano sostienen
lo contrario. Argumentan que antes el artículo 1.527
decía “sólo podrán fundarse ...”. La reforma de la Ley de 1916
suprimió la palabra "sólo" que le deba
ese carácter taxativo.
La modificación del texto,
para estos autores, lleva implícita la
desaparición del carácter taxativo de la norma. En consecuencia, cualquier
acreedor podría oponerse por el incumplimiento de cualesquiera de los
requisitos legales. El acreedor que se opone debe expresar la causa y sólo
puede fundar su oposición en esta causa.
* Nuestra posición
Nosotros nos inclinamos
por el carácter taxativo de las oposiciones. El incidente de posición se podrá
promover por alguna de las causas enumeradas y no por cualquier otra que
estimaren del caso los acreedores.
Los acreedores tienen
posibilidad de recurrir el auto de admisión, si la demanda y la solución
concordataria acompañada no se ajustan a la Ley. Luego podrán oponerse si han
ocurrido las maniobras dolosas mencionadas en el artículo 1.527, pero
no podría
admitirse que, por la vía de la oposición, se plantearan reclamaciones contra el
auto de admisión, que debieron interponerse bajo la forma de recursos en su
debido tiempo y forma.
2.
Proceso de oposición
a.
Legitimados para deducir oposición
El artículo 1.527
dispone que pueden oponerse los acreedores disidentes, aun en el caso de que
hayan firmado el concordato:
"Los acreedores disidentes,
aun en el caso de que hayan firmado el
concordato, podrán deducir sus reclamaciones dentro del término de treinta días,
contados desde el primero de la publicación ordenada por el artículo 1.526, y
podrán fundarse en que el concordato no cuenta realmente con las mayorías
exigidas por el artículo 1.524 o en que el deudor oculta sus bienes o exagera su
activo o aumenta o disimula falsamente su pasivo, o en que se ha valido de
medios fraudulentos para obtener la adhesión de sus acreedores."
Sayagués
critica el texto legal, diciendo que los acreedores disidentes no firman el
concordato y que el acreedor adherente no puede oponerse al concordato. Sería
ilógico que el adherente lo hiciera, pues iría contra un acto en cuya formación
colaboró.
* Posición de
Sayagués
Sayagués
admite la oposición del adherente si su consentimiento estuvo viciado
por error, dolo o violencia, porque su adhesión sería nula. La incongruencia
tiene su explicación, según Sayagués,
en el proyecto Marques, que sólo se refería a acreedores disidentes. El
agregado se hizo a propuesta del Dr. Brito
del Pino. De los actos de la comisión no surge la razón del agregado.
* Posición de
Scarano y Mezzera Álvarez
Scarano
y Mezzera Álvarez explican que un
acreedor puede haber firmado un concordato y, luego, convertirse en disidente por
conocer, posteriormente, circunstancias que antes ignoraba. El acreedor que firmó
puede oponerse al concordato por las causales de oposición previstas por
la Ley.
* Precisiones
No pueden oponerse los
acreedores con privilegio o con derecho a preferencia, porque son extraños a
los procedimientos de concordato. Los efectos del concordato no los alcanzan (Sayagués
y Scarano). Sólo tendrán
derecho a oposición si adquieren derecho al voto por renuncia a su preferencia
o privilegio.
Los acreedores
desconocidos no incluidos en la documentación presentada por el deudor, podrán
oponerse si justifican debidamente su calidad. El sólo hecho de presentarse ya
prueba una de las causales de oposición: la ocultación del pasivo.
b.
Plazo para deducir oposición
El plazo para deducir
oposición es de treinta días desde la publicación. El término es perentorio;
vencido el mismo no cabe ninguna oposición y se deduce que debe rechazarse aun
de oficio.
c.
Trámite de la oposición
El artículo 1.530 indica
el trámite:
“Deducida
alguna reclamación, el juez dará traslado al deudor por el término de tres días
y señalará oportunamente un término, en ningún caso mayor de veinte días,
para la prueba de los hechos alegados, designando a la vez un contador titulado
para que dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término de
prueba informe sobre los hechos discutidos y, en general, sobre el estado de los
negocios, sobre las causas invocadas en la memoria y sobre la conducta comercial
del deudor en cuanto pueda apreciarse por el examen de la contabilidad y de la
prueba producida.
Durante
el mismo plazo común y perentorio de diez días después de vencido el término
de prueba, las partes alegarán respecto de la prueba producida. Vencido ese
plazo y agregado el informe del contador, el juez fallará dentro de los cinco días.”
Se da traslado al deudor
por tres días. El plazo para que el deudor evacue la vista
no es perentorio. Habría que dar traslado también a otras personas que
también son parte según el artículo 1.563. El artículo 1.563 indica quiénes
son partes:
“Serán considerados partes
en el juicio de concordato todos los acreedores y deudores en lo relativo a la
comprobación de su crédito o su deuda, y en las cuestiones sobre ocultación
del activo las personas a quienes los acreedores disidentes señalaran en el
concepto de haber recibido cualesquiera bienes del deudor.”
Se abre un término de
prueba. La Ley dice "oportunamente".
Ello es así, porque se espera que venza el término de treinta días para el
caso de que algún otro acreedor formule oposición.
d.
Dificultades probatorias
Es necesario que haya
ocultación de bienes, exageración del pasivo, etc., y que haya dolo, intención
de defraudar. Todo esto se requiere para que la oposición prospere. Es
necesario probar todos estos extremos. Es difícil probar maniobras dolosas, ya
que generalmente el fraude es preparado con mucha anticipación por el deudor.
Como es imposible obtener
semiplena prueba, los jueces se conforman con presunciones de fraude. En
sentencia de la Suprema Corte de Justicia se admitieron, como indicios del
fraude: una contabilidad irregular, la contabilidad preparada recientemente, la
disconformidad entre libros del deudor y los libros de los acreedores cuyo crédito
se impugna, la disminución exagerada del activo en meses anteriores a la
solicitud sin que el deudor justifique el destino. No hay, por lo tanto, reglas
absolutas, pues se trata de cuestiones de hecho que el juez deberá examinar en
cada caso.
El término de prueba será
común y será utilizado por todos al mismo tiempo. No se abre un término para
cada incidente de oposición.
e.
Alegatos
Vencido el término de
prueba corre un plazo común para alegar y para el contador presente los
informes (art. 1.530, inc. 2). El plazo para alegar es perentorio.
La resolución judicial
se dicta una vez vencido el plazo para alegar y agregado el informe del
contador.
3.
Designación de contador
Cuando
se deduce alguna reclamación por los acreedores dentro del trámite del
concordato, debe distinguirse:
a. Que no exista interventor designado anteriormente. En este caso el contador
designado tendrá, también, las funciones del interventor de fiscalizar los
negocios (art. 1.525).
b.
Que exista interventor designado y la reclamación deducida tenga que ver con la
mayoría y la haga dudosa. Entonces, cesa el interventor y el contador, también,
tendrá funciones de fiscalizar. Se ha querido evitar que el deudor, procediendo
con acreedores supuestos o falsos, imponga un interventor complaciente o
deshonesto.
c.
Que exista interventor designado y la reclamación nada tenga que ver con la
mayoría. En este caso el contador tendrá las funciones específicas del artículo
1.530 y se mantiene, paralelamente, el interventor con funciones de fiscalizar
los negocios.
En este incidente el juez
designa un contador con diversas funciones: debe informar sobre hechos
discutidos y, en general, sobre el estado de los negocios, sobre las causas
invocadas en la memoria, sobre la conducta comercial del deudor en cuanto puede
apreciarse del examen de la contabilidad y de la prueba producida. En cuanto a
la información sobre los documentos presentados por el deudor en la solicitud,
es muy valiosa. Se examina el balance y los libros, se hace el cotejo de los
asientos de los libros con la memoria. A través de ese informe el juez apreciará
si efectivamente se cumplieron con todos los requisitos y formalidades legales
requeridas para dar trámite al concordato.
Le servirá al juez para
homologar o rechazar el concordato con verdadero conocimiento de causa y
rectificar eventualmente el criterio adoptado al admitir la solicitud de
concordato.
La base de la información
del contador será, según vimos, la contabilidad del comerciante concordatario
y la prueba producida.
El informe debe ser
presentado con un duplicado (art. 1.548). El duplicado queda en la oficina para
conocimiento de los interesados. El contador informa
como un perito, en razón de su carácter técnico que le permite
informar al juez.
El artículo 6 de la Ley
de 1926 prevé que las oposiciones hayan sido formuladas por acreedores que
representen menos del diez por ciento del pasivo total. En ese caso, si un
interesado consigna la cantidad suficiente para responder a esos créditos, el
juez deberá homologar el concordato, no obstante la oposición.
El objeto de esta norma
es impedir que acreedores, pequeños en relación al monto total del pasivo,
puedan obstaculizar la aprobación del concordato.
Es criticable la expresión
utilizada por la Ley: “el juez deberá
homologar”. No hay obligación de homologar; el juez nunca pierde su
facultad de controlar la legalidad, esto es, el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos por la Ley para la validez y eficacia del concordato. Debió
decirse que en el caso previsto, continuarán los procedimientos como si la
oposición no se hubiese deducido.
El artículo 6º se tomó
de la Ley del 12 de abril de 1923 para sociedades anónimas. En este
concordato, el juez tiene obligación de homologar, pues no hay requisitos de
porcentaje ni plazos especiales sujetos a su contralor. Si la mayoría de
acreedores accede a conceder el concordato, el juez debe homologar, pues no
puede entrar a analizar la conveniencia o el mérito de la solución acordada.
Al adoptarse la norma para los concordatos preventivos de los comerciantes en
general, debió ajustarse su redacción.
El artículo 1.528
dispone:
“Aun sin deducir oposición, cualquier acreedor podrá dentro del
mismo plazo señalado en el artículo anterior, pedir que, respecto de uno o más
acreedores que figuren en el pasivo como pertenecientes a la segunda categoría
del inciso 1º del artículo 1524, se compruebe si concurren realmente las
circunstancias que determinan la inclusión en dicha categoría. En tal caso, el
juez ordenará, a costa del concordatario, la compulsa o exhibición parcial de
los libros del acreedor o acreedores indicados de acuerdo con los artículos 72
y 73, tomándose copia de los asientos compulsados y haciéndose constar, en
cuanto a éstos, cualquier particularidad que presenten contra lo dispuesto en
el artículo 66, y en cuanto a los libros en general, si se hallan o no en las
condiciones del artículo 65. El juez, al dictar sentencia, rectificará, con
arreglo al resultado de esas compulsas, los cómputos de votos a que se refiere
el artículo 1524.”
La solicitud de
comprobación puede hacerla cualquier acreedor. El plazo es de treinta días a
contar de la primera publicación. Se trata de un plazo perentorio. El objeto
del examen son los créditos de algunos de los acreedores que votan en el
segundo escrutinio.
Sayagués
se plantea que puede suceder que el deudor ubicara a un acreedor que reúna
las condiciones para estar en el segundo escrutinio entre quienes no las reúnen.
El fraude puede cometerse no sólo incluyendo indebidamente a ciertos acreedores
en el grupo del segundo escrutinio, sino también excluyéndolos. Interpretando
estrictamente la disposición, no podría efectuarse una compulsa en el caso de
que un acreedor no fuera incluido en este segundo grupo. Sayagués
entiende que debe efectuarse una interpretación amplia de la norma, admitiendo
igualmente una acción del tipo que estamos estudiando para la hipótesis
planteada.
El artículo 1.528
contiene una remisión a los artículos 72 y 73 del Código de comercio, que se
refieren a la exhibición parcial de libros. En consecuencia, el juez ordenará
la compulsa o exhibición parcial de los libros del acreedor comerciante. Por
aplicación de la Ley del 17 de abril de 1.917 el juez deberá nombrar contador
para efectuar la referida compulsa.
La exhibición se limitará
al punto o cuestión de que se trata, esto es, el crédito objeto de observación.
Se efectuará en presencia del dueño de los libros o de sus representantes y en
el lugar donde están los libros, no pudiendo exigirse su traslación al lugar
del juicio, por aplicación de los artículos 72 y 73 citados. El contador debe
tomar copia del asiento compulsado y debe hacer constar las particularidades que
puedan tener los libros en relación al cumplimiento del artículo 66 del Código
de comercio que prohíbe: alteraciones en el orden, blancos, interlineaciones,
raspaduras, enmiendas, tachaduras, etcétera. También, debe dejar constancia si
los libros del acreedor, cuyo crédito es compulsado, se llevan con las
formalidades impuestas por el Código en el artículo 65 (encuadernados,
forrados y foliados y certificados por el Registro Nacional de
Comercio).
La Ley establece que
el deudor concordatario debe
pagar los gastos y honorarios del contador designado para efectuar la compulsa.
Se justifica la norma porque si el
acreedor que la pide tuviera que pagar los gastos, ninguno plantearía dudas y
la Ley tiene interés en que se aclaren todos los posibles fraudes. Claro, que
esta norma se puede prestar a abusos por parte de acreedores, que incluso pueden
extorsionar al deudor concordatario con la amenaza de promover acciones de
comprobación que encarecen el proceso.
El juez resuelve al
dictar sentencia y, si corresponde, rectificará los resultados de la votación.
El tramite del concordato
preventivo extrajudicial tiene las siguientes etapas:
1.
solicitud:
2.
dictado de
auto de admisión;
3.
publicación del concordato;
4.
plazo de 30 días para deducir
oposición (art. 1.527 ) y observaciones (art. 1.528):
a.
si no se formulan
oposiciones ni se promueve incidente de comprobación, el juez dicta sentencia
homologando o rechazando el concordato.
b.
si se formulan
oposiciones se corren sus respectivos trámites y, terminados, se dicta
sentencia de homologación o de rechazo.
c.
si se interpuso acción de comprobación, el juez, al dictar sentencia,
rectifica la votación.