Intervención judicial

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

La intervención judicial de una sociedad consiste en la designación de una persona para participar en la administración, desplazando a los administradores convencionales, coadministrando, controlando la administración o para ejecutar una medida concreta propia de un órgano de administración. 

La designación se hace con carácter transitorio y en circunstancias excepcionales.

Su fundamento es la tutela de los intereses de los socios, que pueden verse afectados por una actuación indebida de los administradores o por la inactividad de los órganos de administración, ocasionada por una vacancia o por cualquier otro hecho que impida la adopción de resoluciones válidas y, por ende, trabe la marcha normal de la sociedad. Cuando la sociedad se ve afectada por una mala gestión o por la inactividad de los órganos sociales, se perjudica el patrimonio social y, con ellos, los intereses comunes de los socios.

La LSC incorpora cinco artículos, en la sec. XIV (arts. 184 a 188), para regular la intervención judicial de las sociedades. El esquema seguido por la LSC, en su regulación, es el siguiente: se dispone los casos en que procede, las condiciones que la hacen admisible, las clases de intervención y se incluyen dos normas con remisiones.

I. Hipótesis de intervención

En el ámbito de la LSC, la intervención puede promoverse como medida cautelar o como medida autosatisfactiva (art. 184, inc. 2)[7]

A. La intervención judicial cautelar

El art. 188 de la LSC dispone, para lo no previsto especialmente en la sec. XIV, la aplicación del libro II, título II del Código General del Proceso (CGP) en que se regulan las medidas cautelares. De acuerdo al CGP, se puede adoptar en cualquier estado de una causa o como diligencia preliminar. Si se solicita como diligencia preliminar la demanda debe entablarse dentro de los treinta días de adoptada la medida, bajo sanción de caducidad y de condena al peticionante a los gastos del proceso y a los daños y perjuicios causados (art. 311.2).

Por ejemplo, se podrá promover como medida cautelar de una acción de responsabilidad contra los administradores o directores de una sociedad o de una acción de remoción. También, se podría solicitar como medida cautelar de un juicio de inoponibilidad de la personería jurídica.

1. Casos de intervención judicial cautelar

La intervención cautelar sólo puede solicitarse en dos situaciones previstas por la LSC: que exista una actuación u omisiones de los administradores que pongan en peligro grave a la sociedad; que los administradores nieguen a los socios el ejercicio de derechos esenciales.

a. Actuación u omisión de los administradores que pongan en peligro grave a la sociedad

Sólo la existencia de un peligro grave para las sociedades, para su estructura, para la integridad de su patrimonio o para su existencia, justifica la medida excepcional de una intervención. Se excluye la posibilidad de pedir una intervención invocando razones de conveniencia o utilidad.

La procedencia de la intervención es independiente de la existencia de perjuicios. Basta la prueba del peligro para la sociedad o de la negativa en sí misma respecto del ejercicio de derechos esenciales. Si se requiriera la constatación de un daño, no estaríamos en el terreno de las medidas cautelares sino de las reparatorias.

En todo caso, si la sociedad ya ha sufrido daños se impone la intervención toda vez que tales daños se puedan acrecentar. 

Es indiferente para la configuración de la causal en análisis, la existencia de violación de la ley o el estatuto. El administrador puede realizar actos o incurrir en omisiones que pongan a la sociedad en peligro grave, sin haber violado ley o disposición contractual alguna.

Asimismo, es indiferente la existencia o no de intencionalidad por parte de los administradores, o su buena o mala fe.

b. Negativa a los socios del ejercicio de derechos esenciales

La LSC admite la intervención cuando los actos de los administradores afecten derechos esenciales de los socios[2]. No se podrá decretar una intervención frente a cualquier acto u omisión que vulnere derechos de menor importancia o trascendencia.

La LSC en el art. 319 establece cuáles son los derechos fundamentales del accionista de una sociedad anónima. Tratándose de socios de otros tipos sociales, se aplicará el art. 319 por analogía, para determinar cuándo se trata de un derecho esencial.

En general, para cada derecho atribuido existe una correspondiente defensa legal; pero cuando ni aun utilizando los recursos acordados por la Ley se obtiene una tutela efectiva, queda al socio o accionista la posibilidad de acudir a este instrumento. Como, según hemos de ver, el juez debe resolver la adopción de una medida de intervención con carácter restrictivo, cada caso será objeto de un especial análisis y determinará distinta intensidad en la medida, de acuerdo a la naturaleza del derecho desconocido[3].

2. Aspectos procesales

El procedimiento a seguir para obtener la intervención judicial de una sociedad, consta de una serie de etapas, según surge del análisis combinado de las normas de la LSC y del CGP. Las etapas serían las siguientes.

a. Etapas

Se plantea la demanda, acompañando los justificativos de que se es socio o accionista y probando los hechos en que se funda el pedido de intervención. El CGP exige que se justifique sumariamente la existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración.

Cuando se demanda una medida cautelar, el promotor debe indicar qué tipo de acciones se propone promover contra quién o quiénes y solicitar una medida que sirva para asegurar el resultado del accionamiento proyectado. En la demanda se precisará la medida que se solicita y su alcance (art. 314.2). Se ofrecerá además, contracautela (art. 314.2). El juez debe conocer, desde el inicio del procedimiento, cuál es el objeto de la acción – cuyo resultado se quiere asegurar - por cuanto en función de ello se ha de determinar el tipo de medida a adoptar, su extensión, así como las contracautelas a exigir.

La LSC impone al juez que aprecie la procedencia de la intervención con criterio restrictivo, lo cual nos parece acertado, dada la naturaleza excepcional del instrumento (art. 185). El juez resuelve la medida sin oír a los administradores. Si decreta la intervención determinará su alcance y duración. La intervención podrá ser prorrogada mediante la justificación sumaria de su necesidad (art. 316.2 CGP y art. 186, inc. 3, LSC).

También, puede de oficio o a petición de parte, modificar la medida, sustituirla, disponer su cese (art. 313 CGP). El art. 186, inc. 3, de la LSC agrega: 

“El Juez fijará el plazo de duración de la intervención que podrá ser prorrogado mediante información sumaria de su necesidad.”

En el caso de que la intervención se adopte como diligencia preliminar, caducará de pleno Derecho si no se presenta la demanda dentro de los treinta días de cumplida la medida, condenándose al peticionario al pago de todos los gastos del proceso y de los daños y perjuicios causados (art. 311.2 CGP).

b. Contracautela

El peticionante debe ofrecer contracautela. El juez puede dispensar de la obligación de prestarla, excepcionalmente, por motivos fundados (art. 313, n° 5, CGP).

El magistrado goza de amplia discrecionalidad para exigir o no garantía y para fijar su quantum, pero existe un marco de condiciones para el ejercicio de esa facultad discrecional. El juez debe tener en cuenta la amplitud de la medida decretada, la solvencia del peticionante y la gravedad de los hechos alegados, tal como lo expresa Gaggero[5].

Entendemos que la intervención de una sociedad con desplazamiento de los administradores o directores naturales, en la generalidad de los casos, puede perjudicar a la sociedad intervenida:  porque priva del manejo de sus bienes y negocios a sus socios, porque altera los mecanismos y estructuras societarias y porque la intervención siempre tiene un alto costo y porque afecta el crédito de la sociedad.

La intervención supone por otra parte un operativo de alto riesgo, pues los interventores que se designan pueden no conocer las especialidades y particularidades del giro empresarial de la sociedad intervenida. Deben por comenzar por ubicarse dentro de ella, conocer al personal, sus mecanismos, su funcionamiento interno, el sistema de producción y el sistema de colocación de sus productos en el mercado, conocer costos, conocer la competencia, etcétera. Al riesgo normal de toda actividad comercial se suma el que ella sea abordada por personas que no están al tanto de su manejo. Por más competente que sea la persona designada, se debe acomodar al manejo de una empresa que no conoce.

c. Recursos

El art. 315.3 del CGP dispone que la providencia que admite una medida cautelar será recurrible mediante reposición y apelación subsidiaria pero con solo efecto devolutivo. Iguales recursos se disponen para la providencia que modifique, sustituya o disponga el cese de la medida.

De modo que si se decreta la intervención, ésta no queda sin efecto por la interposición de recursos. Se mantiene hasta que se resuelvan los recursos.

B. La intervención judicial autosatisfactiva

La intervención recibe el nombre de "autosatisfactiva" cuando, intervenida la sociedad para solucionar el defecto de su funcionamiento, no se necesita iniciar ningún juicio posterior.

El fundamento de la intervención autosatisfactiva, tal como sostiene la doctrina, es la tutela del interés social, que puede verse afectados por la inactividad de los órganos de administración y por cualquier otro hecho que impida la adopción de resoluciones válidas y, por ende, trabe la marcha normal de la sociedad. Cuando la sociedad se ve afectada por la inactividad de los órganos sociales, se perjudica el patrimonio social y con ello los intereses comunes de los socios.

Entendemos que, si bien la LSC dispone la aplicación de la medida cautelar de intervención con carácter restrictivo, no se puede aplicar ese criterio restrictivo, cuando los órganos sociales no funcionen. Frente a la imposibilidad de actuar de los órganos sociales, no existe más que la alternativa de una intervención judicial.

1. Casos de intervención judicial autosatisfactiva

La LSC prevé dos casos de intervención judicial como medida autosatisfactiva: 

a. cuando los órganos sociales no funcionen o no puedan adoptar resoluciones válidas; 

b. y en caso de vacancia del administrador o directores en sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada.

a. Inactividad de los órganos sociales o imposibilidad de adoptar resoluciones válidas

No actúan los órganos sociales, cuando, por ejemplo, han quedado desintegrados o cuando estando integrados no se pueda adoptar resoluciones porque hay empate y no se ha previsto contractualmente la forma de salir de él o cuando, por cualquier circunstancia, se obstaculiza la actuación de quienes los integran.

b. Vacancia del administrador en las sociedades personales

En materia de sociedades anónimas, el art. 379 prevé la forma de integrar los órganos de administración en caso de vacancia. En algunas hipótesis, será la Auditoría Interna de la Nación la que designe un administrador provisorio. El art. 379 dispone:

“El contrato social podrá establecer el régimen de suplencias del administrador o de los directores para el caso de vacancia temporal o definitiva. Si no hubiera previsiones estatutarias, se aplicarán las disposiciones siguientes.

Si se produjera la vacante del cargo de administrador el órgano de control interno nombrará un sustituto provisorio. Si no existiera órgano de control, cualquier accionista podrá pedir al órgano estatal de control que designe un administrador provisorio entre los accionistas mayoritarios. El administrador provisorio deberá convocar, dentro del plazo de sesenta días, la asamblea extraordinaria que nombrará el definitivo.

Los administradores provisorios sólo podrán realizar actos de gestión urgentes.

En el caso de vacancia en el cargo de director, el sustituto será nombrado por los directores restantes y actuará hasta la próxima asamblea. Si no se lograra acuerdo entre éstos o se hubiera producido la vacancia de todos o de la mayoría de los cargos, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.”  

Por lo tanto, en el ámbito de las sociedades anónimas, no corresponde una intervención judicial, en tanto la LSC prevé un procedimiento para solucionar el problema suscitado por la vacancia. La norma transcripta se aplica, también, a las sociedades de responsabilidad limitada en que actúa un directorio por lo dispuesto en el art. 237.

En cambio, en el ámbito de las sociedades personales, no está prevista una solución especial para el caso de vacancia. Entonces, la situación creada por una vacancia, se podrá remediar por medio de una intervención judicial. 

Esta solución es, también, aplicable cuando el órgano de administración de una sociedad de responsabilidad limitada es un administrador, puesto que se le aplican las normas de las sociedades colectivas. 

2. Naturaleza de intervención autosatisfactiva

Según se ha venido analizando, la LSC, al consagrar en su art. 184 la figura de la intervención judicial establece dos hipótesis. En la hipótesis de su inc. 1 - esto es, “cuando el o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones en que la pongan en peligro grave o nieguen a los socios o accionistas el ejercicio de derechos esenciales” – la LSC establece que la intervención procederá como medida cautelar. En la hipótesis de su inc. 2 - esto es, “cuando por cualquier causa no actúen los órganos sociales o cuando actuando, no sea posible adoptar resoluciones válidas, afectándose el desarrollo de la actividad social” – la LSC establece que no será necesario entablar un juicio posterior.

Obsérvese que la LSC, a diferencia de lo que realiza respecto de la primera hipótesis, no se pronuncia respecto de la naturaleza jurídica de la segunda hipótesis. Vale decir, respecto de la primer hipótesis, la LSC dispone que la intervención procede “como medida cautelar”. Respecto de la segunda hipótesis, diferentemente, la LSC establece que “no será necesario entablar un juicio posterior”.

Alguna doctrina ha visto en esto una indefinición de la LSC y considerado que la segunda hipótesis sería consagratoria, también, de una medida cautelar, aunque de carácter sui generis, a la que denominan como “medida cautelar autosatisfactiva”. Esta “medida cautelar autosatisfactiva” tendría como particularidad – a diferencia de las medidas cautelares propiamente dichas – de eximir a quien la promueve de entablar un juicio posterior.

Esto sostiene Gaggero, quien califica a la intervención prevista en el inc. 2 del art. 184, como atípica o  autónoma, puesto que aunque no accede a un juicio ordinario, no pierde por ello su finalidad cautelar en sentido amplio[8].

En el mismo sentido, Rippe Kaiser afirma: 

“En el segundo caso la intervención opera como medida cautelar autosatisfactiva, tiene el único propósito de desbloquear la inactividad o traba de funcionamiento de los órganos sociales para permitir el desarrollo normal de la actividad social, se agota en sí misma con el solo logro de ese propósito y no requiere el juicio ulterior, ley de sociedades comerciales, art. 184.”[9]

Contrariamente a la opinión de estos autores, se ha entendido (Valdés Herrera, Abal Oliú) que la intervención a que nos referimos no tiene naturaleza cautelar[10].

En primer lugar, cabe consignar que las medidas cautelares, en la disciplina provista por el CGP, siempre presuponen la existencia de un juicio o su adopción como diligencia preliminar, en cuyo caso debe entablarse la demanda dentro de los 30 días de “cumplidas” (art. 311 CGP).

En segundo lugar, la LSC, en el art. 184, expresamente distingue esta intervención de las medidas cautelares, de tres maneras: omite designarla como medida cautelar; le da un tratamiento separado en un inciso específico; advierte expresamente que se trata de otra hipótesis y que en ella no será necesario entablar un juicio posterior.

En tercer lugar, esta intervención difiere en forma esencial de las medidas cautelares, por cuanto no asegura la eficacia de ninguna cuestión principal sino que se agota en sí misma. Lo autosatisfactivo es intrínsecamente diverso a lo cautelar. Ambas – autosatisfactivo y cautelar – son categorías que se oponen por su esencia, de modo que una medida no puede revestir las dos características a la vez, por ser éstas contradictorias.

La intervención autosatisfactiva es una medida que se agota en sí misma, resolviendo el fondo del asunto con la normalización de la actividad social. No garantiza la ejecución de ninguna sentencia ni tampoco es una medida provisional, atento a que está destinada a ser confirmada o revocada por otra resolución[11].

En este sentido se pronunció el XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal Argentino, según el cual, las medidas autosatisfactivas proveen soluciones urgentes, que procuran aportar una respuesa jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita actuación del órgano judicial, pero esto no las provee de carácter cautelar[12].

Advertimos que esta posición no es, en realidad, novedosa sino que repite lo que ha sido la doctrina procesalista tradicional. Carnelutti negaba la existencia del proceso cautelar autónomo. Este autor definía el proceso cautelar como aquel que, en vez de ser independiente, sirve para garantizar (establecer una cautela para) el buen fin de otro proceso. La función mediata del proceso cautelar implica, por lo tanto, la existencia de dos procesos con respecto a la misma litis o el mismo negocio: el proceso cautelar supone el proceso definitivo.

Clamandrei se pronunciaba en el mismo sentido. La providencia cautelar se caracteriza por su instrumentalidad. Nace en la espera de otra providencia y muere en la emanación de esta providencia.

3. Sobre la contracautela

Por tratarse de una medida autosatisfactiva, no cautelar, no corresponde el ofrecimiento de contracautela. Obsérvese que la remisión que el art. 188 de la LSC realiza al libro II, título II (Proceso cautelar), del CGP, es “en lo pertinente”. Justamente, en la hipótesis de la medida autosatisfactiva, por no tratarse de una medida cautelar, no es pertinente el ofrecimiento de contracautela.

Sin perjuicio de lo expuesto, por aplicación del art. 313 del CGP, el juez puede dispensar de la obligación de prestar contracautela. Tal como expresa Gaggero, para que se exija contracautela se requiere que la medida cautelar perjudique a un futuro demandado, respecto del cual la medida adelanta la ejecución. Agrega que el interventor, en la medida autosatisfactiva, realiza los actos que no realiza la sociedad y desaparece, consecuentemente, el riesgo de un  posible daño a la sociedad[13].

II. Condiciones para la admisibilidad de la intervención judicial

La sección XIV de la LSC se aplica a todos los tipos sociales. Asimismo, podrá decretarse la intervención de una sociedad nula o irregular o en liquidación, puesto que la LSC no distingue. En cualquiera de esas hipótesis podría resultar útil este instrumento. Por ejemplo, en materia de sociedades irregulares, podría solicitarse como medida cautelar del juicio de disolución de la sociedad; tratándose de una sociedad nula, podría pedirla el socio que quiere promover el juicio de anulación. En caso de liquidación podría utilizarse como medida cautelar del juicio de remoción de los liquidadores.

A. Legitimación activa

Sólo pueden solicitar la intervención los socios (art. 185 LSC) y la Auditoría Interna de la Nación (AIN) respecto a sociedades anónimas (art. 411 LSC) o cooperativas (art. 212 Ley 18.407). 

La LSC no autoriza a los acreedores a pedir la intervención de una sociedad que sea su deudora. 

1. Socios

El art. 185 de la LSC establece que el peticionante acreditar su condición de socio o accionista[14].

En el caso de las sociedades anónimas con acciones al portador, la calidad de accionista se acredita mediante la exhibición de las acciones. Si la sociedad anónima tiene acciones nominativas esta legitimado para peticionar la intervención, aquél que luzca como accionista en el libro registo de acciones nominativas. 

2. Auditoría Interna de la Nación

En materia de sociedades anónimas, el art. 411 de la LSC autoriza a la AIN a solicitar al juez competente, la intervención de la administración, en los casos de grave violación de la Ley o del contrato social.

Los accionistas de una sociedad anónima pueden, entonces, pedir una intervención directamente o denunciar hechos que motiven la actuación del órgano estatal de control (art. 410). Luego, este órgano podrá solicitar la intervención judicial, si le parece que existe mérito para ello.

El art. 212 de la Ley 18.407 de 2008 faculta a la AIN a solicitar la intervención judicial de cooperativas en los casos de violación de la normativa vigente o del estatuto social según determine la reglamentación. La Ley 18.407 fue reglamentada por el Decreto 198 de 18 de junio de 2012.

B. Condiciones objetivas

1. Acreditación de los hechos justificativos de la intervención

El solicitante de una intervención debe invocar hechos que justifiquen la intervención y que ya analizamos. El socio debe, además, probar los hechos invocados

El actor debe probar el peligro de la demora y no solo una preocupación. Decía Gaggero Errecart:

«Acerca de la existencia del peligro, entonces, no debe bastar la simple preocupación subjetiva del actor, ni el riesgo de la insolvencia del demandado (siempre posible). Es preciso que se acredite la existencia de ciertos hechos, ciertos, concretos, objetivados y materialmente susceptibles de probarse, de los cuales deriva el riesgo que se teme

2. Agotamiento de los recursos previstos en el estatuto

La LSC se refiere a la utilización de los mecanismos internos que se pudieron haber convenido para solucionar conflictos de esta especie. 

Entendemos que el peticionante debe haber planteado previamente el asunto a sus consocios o pedido la convocatoria de una asamblea de accionistas, según el tipo social, para tratar el asunto que amerita la intervención y para intentar una solución por la vía del funcionamiento normal de los órganos sociales.

Si el peticionante ha intentado las vías convencionales, sin resultado, se podrá considerar agotada la vía interna. Si en las circunstancias que ameritan una intervención, la mayoría no atiende los reclamos del socio o accionista, éste podrá reclamar la intervención judicial. Si reunidos los socios, por mayoría, se resolviera no atender las denuncias del socio, se considerará, también, que se agotaron recursos.

Puede entenderse que si se admitiera, en la hipótesis planteada precedentemente, la posibilidad de un socio o accionista de pedir intervención, ello colidiría con los principios generales recogidos en la LSC, que ponen la decisión de los negocios sociales en manos de la mayoría. Consideramos que, en tal caso, el juez resolverá según las circunstancias del caso y la naturaleza y gravedad de los hechos denunciados.

El agotamiento de los recursos previstos en el estatuto, no comprende la acción judicial para impugnar la resolución de una asamblea, para el caso de que ésta hubiera aprobado la gestión denunciada. La LSC sólo se refiere a la necesidad de agotar recursos previstos en el contrato.

La LSC argentina establece, como condición, que se haya iniciado un juicio de remoción de los administradores responsables. Tal exigencia no está en nuestra LSC; pero muchas veces esta medida cautelar se ha de dar para asegurar los resultados de un juicio de responsabilidad y remoción de administradores.

C. Criterio restrictivo

Cuando se trata de desplazar a los administradores designados en el contrato o por acto posterior o de designar un coadministrador o un veedor, la intervención judicial cautelar se debe aplicar con criterio restrictivo, por las razones siguientes:

1. La intervención judicial constituye una limitación al derecho de propiedad, puesto que suprime los atributos del dominio, esto es, la facultad de usar, gozar y disponer de bienes que integran el patrimonio social.

2. La intervención supone la alteración de la estructura societaria, pues interfiere en el régimen de administración organizado por los socios cuando celebraron el contrato de sociedad. Tratándose de la intervención de una sociedad anónima, presupone desconocer el normal funcionamiento de las asambleas de accionistas, órgano natural para la designación y revocación de los administradores.

3. La intervención, eventualmente, interfiere con el principio de prevalencia de las decisiones mayoritarias. Si bien es un valioso instrumento para las defensas de la minoría, no debe desconocerse el importante papel que juega el principio de las mayorías como único resorte posible para el funcionamiento de las sociedades mercantiles, resorte expresamente previsto en los textos legales. Las minorías tienen como recursos normales para su defensa, entre otros, la impugnación de las asambleas y las acciones de responsabilidad contra los directores. La intervención judicial es un recurso excepcional.

Cuando la designación de un interventor se hace necesaria, para solucionar una situación en que los órganos sociales no funcionan, no corresponde aplicar el mismo criterio restrictivo, ya que no se dan las razones antes apuntadas. Frente a la acefalía de la administración, frente a una imposibilidad de actuar de los órganos sociales, no existe más que la alternativa de una intervención judicial, mediante la cual se instrumente la inmediata normalización en el funcionamiento de los órganos sociales y, en tanto se logra, se tomen las providencias de administración necesarias.

III. El interventor

A. Modalidades de intervención

La LSC prevé distintas modalidades de intervención.

1. Mero veedor

Este es el grado más leve de intervención, ya que el veedor inspecciona, vigila y controla para informar al juez sobre toda irregularidad que constate. En rigor el veedor no es un interventor, puesto que no participa en la administración de la sociedad.

2. Ejecutor de medidas concretas

Sería por ejemplo, el que se designara para convocar a una asamblea o para actualizar la contabilidad o levantar un inventario de los bienes sociales o confeccionar un balance o realizar una auditoría.

3. Administrador

a. Coadministrador

En este caso, quedan en sus cargos los administradores de la sociedad, pero no podrán tomar decisiones sin la conformidad del interventor. El juez dispondrá cómo y con qué facultades actuará. Es una buena solución, pues se mantiene en sus cargos a los administradores naturales, que conocen el negocio, objeto de la actividad social, que están interiorizados de su marcha y de la situación de la empresa.

b. Interventor sustituto de los integrantes originales del órgano de administración

La designación de uno o más interventores, con desplazamiento provisorio de los administradores. Es la medida más severa.

El juez debe fijar – para cualquiera de las modalidades - los cometidos y atribuciones del interventor, para lo cual atenderá a las circunstancias del caso. El CGP dispone que las atribuciones que se le confieren serán las estrictamente indispensables para asegurar el derecho que se invoque, debiéndose, en lo posible, procurar la continuación de la explotación intervenida (art. 316.2 CGP).

La LSC limita al juez, estableciendo que no puede otorgar más atribuciones que las que tienen los administradores de la sociedad por la LSC o por el acto constitutivo. Se agrega que los interventores requieren para enajenar los bienes que componen el activo fijo o para gravarlo autorización judicial fundada. También, se exige autorización judicial para transar, conciliar y suscribir compromisos arbitrales.

B. Estatuto del interventor

Hemos analizado las distintas modalidades de intervención y cómo el interventor puede tener distintos cometidos según la modalidad de intervención. La LSC dispone que se le apliquen todas las normas establecidas para los administradores de sociedades en lo compatible (art. 187). De modo que, se le aplicará la disciplina general de la LSC o la disciplina contenida en cada tipo, en cuanto a condiciones personales que debe tener una persona para ser administrador, obligaciones y responsabilidades.

Encontramos normas sobre remuneración en el CGP, art. 316.2. La remuneración la fija el tribunal. 

Si se fija una retribución mensual no podrá exceder de la que percibiere un gerente con funciones de administrador en la sociedad intervenida. Esto ha de ser así cuando se trata de interventor coadministrador o interventor que desplace a directores. Esa retribución mensual se imputará a la que se fije como honorario final.

Según las circunstancias se abona por el peticionante o por la sociedad intervenida. En definitiva, el juez resolverá quien debe soportar el pago.



[2] Fuente:  Proyecto Pérez Fontana, artículo 139.

[3] La Ley se aparta de la Ley argentina que no admite la intervención para el caso de que se niegue a los socios el ejercicio de sus derechos; pero la doctrina de ese país, interpreta que es posible pedir la intervención toda vez que esa negativa afecte la estructura de la sociedad.

[4] Gaggero, De la intervención judicial, in: Gaggero, Rippe Kaiser & Pérez idiartegaray, Análisis Exegético de la Ley de Sociedades Comerciales, t. 1, p. 220.

[5] Gaggero, íd. ibíd.

[7] Antes de la sanción de esta ley y del Código General del Proceso se sostuvieron dos posiciones sobre el instrumento procesal para lograr una medida cautelar: una sustentada por Gelsi Bidart y otra por Barrios de Angelis. Ambas fueron publicadas en la Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, t. 66, p. 74 y ss.

Para Gelsi Bidart, una misma medida puede, según los casos, revestir carácter de medida cautelar o ser autosatisfactiva.

a) La medida cautelar sirve para la satisfacción de un proceso principal. Se aplica la disciplina del artículo 62 de la Ley  13.355 complementario del régimen establecido en el Título VIII, Parte Segunda del Código de Procedimiento Civil.

La medida cautelar debe promoverse existiendo un juicio en trámite o al mismo tiempo en que se inicia un juicio. Si la medida se pide antes de la iniciación del juicio principal, éste debe ser planteado en el término de 20 días (art. 841 C.P.C.), bajo pena de nulidad (caducidad) de la medida adoptada.

Por su función instrumental se debe adoptar cuando se configura una situación de peligro que puede hacer frustrar  el resultado del juicio. La medida adelanta provisionalmente lo que se pretende o pretenderá en el juicio principal.

b) Una medida será autosatisfactiva cuando no tiende a asegurar el resultado de un juicio principal. La medida tiende, por sí misma, a solucionar un conflicto. La doctrina llama a esta modalidad “medida cautelar lato senso” o “media cautelar en sentido genérico” o “medida cautelar autosatisfactiva”. Tales denominaciones son impropias, pues tales medidas no tienen el rasgo de accesoriedad de las medidas cautelares.

En la construcción elaborada por Gelsi Bidart, la medida autosatisfactiva debe ser el contenido de una acción, que debe sustanciarse en un juicio ordinario. Quien pretende la adopción de tal medida, debe promover un juicio ordinario con el objeto de determinar – con todas las garantías procesales - en una sentencia, si se dan las circunstancias y condiciones que justifiquen su adopción. Culminado el juicio ordinario que dispone la adopción de la medida, ya no será necesario proseguir otro juicio, pues la medida satisface la pretensión ejercida, para solucionar una determinada situación.

Decía Gelsi Bidart textualmente:  

“... una misma medida puede ser cautelar o no, según concurra o no la referida instrumentalidad para evitar el riesgo relativo a una ulterior media procesal. En otros términos, será criterio decisivo para juzgar de su naturaleza, su finalidad principal. Es cautelar si se hace en vistas de una futura medida procesal, para asegurar que ésta no se frustre”. 

La medida autosatisfactiva no es entonces una medida cautelar sino una medida principal – así la califica el autor - que no necesita de un juicio ulterior porque esa medida se adoptó en la sentencia dictada en un juicio ordinario promovido a ese efecto.

Agrega Gelsi Bidart que quien inicia un juicio ordinario para obtener la concreción de una determinada medida puede pedir como medida cautelar, una medida de contenido similar para asegurar el resultado de su juicio ante el peligro de frustración. Sería el pedido de una medida cautelar típica para asegurar la medida cautelar “lato senso”.

Barrios de Ángelis sostiene que, en el artículo 62 de la Ley 13.355 hay unos incisos (los primeros) aplicables a todo tipo de media cautelar – en sentido genérico - y los restantes estarían referidos exclusivamente a la medida cautelar típica adoptada para asegurar el resultado de un proceso. Sostiene que las medidas cautelares lato sensu, no requieren un juicio futuro y hacen innecesaria una demanda posterior.

La existencia de la discusión doctrinaria analizada influyó en el tenor de los textos adoptadas por la LSC. La LSC regula a la intervención como un instrumento de corte excepcional y si bien admite la intervención como medida autosatisfactiva lo hace en forma limitada y para los casos taxativamente enumerados. Se admite la intervención como autosatisfactiva sólo en los casos en que no actúan los órganos sociales.

[8] Gaggero Errecart, op. cit., p. 161.

[9] Rippe Káiser Sociedades comerciales, Ley n° 16.060, p. 81.

[10] Abal Oliú, «Medidas cautelares en procesos vinculados al Derecho Comercial», in: AA.VV., Curso sobre medidas cautelares del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal (Montevideo: FCU, 1999), pp. 142 y 143; Barrios De Angelis, El proceso civil, v. 2 (Montevideo: Idea, 1990), p. 68; Stipanicic, «La intervención judicial del art. 184 inc. 2 de la ley 16.060 y el recurso de casación», Revista Uruguaya de Derecho Procesal, n° 3 (Montevideos: FCU, 2002), p. 392; Valdés Herrera, "La intervención judicial de las sociedades comerciales", ADCom, t. 9, pp. 216 y 217.

[11] Valdés Herrera, op. cit., p. 216.

[12] Congreso Nacional de Derecho Procesal Argentino apud Valdés Herrera, íd ibíd., p. 216.

[14] Fuente: Ley argentina, artículo 114.

[15] El art. 462 de la LSC fue derogado por la Ley 16.749. En ese artículo se establecía que el fiduciario, designado cuando se han emitido obligaciones, puede pedir la intervención de la sociedad anónima emisora, en los casos expresamente previstos en este texto.

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