Introducción a la contratación mercantil
Por
Nuri
Rodríguez
Olivera
y Carlos
López
Rodríguez
La
regulación general de los contratos tiene su regulación tanto en el Código
Civil como en el Código de Comercio[1].
El
Código de Comercio fue aprobado por Decreto del 26 de mayo 1865. Por
Decreto del 24 de enero de 1866 se aprobaron los trabajos de la Comisión
Revisora que modificó más de 250 artículos y se dispuso que el Código de
Comercio entrara en vigencia el 1 de julio de 1866.
El
Código Civil fue promulgado el 23 de enero de 1868 y su vigencia
fue fijada para el 1 de enero de 1869
por Ley del 4 de agosto de 1868.
Por
lo tanto, desde el 1 de enero de 1869, el país tiene dos códigos con
disposiciones paralelas y semejantes, pero no iguales, en materia de
obligaciones y contratos. Se ha planteado, entonces, la interrogante de si
existe dualidad en estas materias o si
el Código Civil derogó las disposiciones del Código de Comercio.
I. Sobre la vigencia del Código de
Comercio
A. Posición de
Pérez Fontana
Pérez Fontana,
sostenía que el Código Civil habría derogado las disposiciones sobre
obligaciones y contratos del Código de Comercio[1].
1. En favor de su posición argumentaba, en primer lugar, que
la disciplina de las
obligaciones y contratos siempre constituyó materia propia de la
legislación civil. Las ordenanzas y códigos dictados para regir la materia
comercial, tradicionalmente, no se han ocupado de ella.
2. En
segundo lugar, Pérez Fontana
argumentaba que la razón de ser de la inclusión de las disposiciones sobre
obligaciones y contratos, resultaría de la insuficiencia de las normas sobre
Derecho civil existentes a la fecha de entrada en vigor del Código de Comercio.
Consecuentemente, con la entrada en vigencia del Código Civil, habrían quedado
derogadas las disposiciones del Código de Comercio porque, desaparecida la causa
que motivó la inclusión de aquellas normas en el Código de Comercio, no se
justificaría la dualidad de legislación sobre las mismas materias.
3. Finalmente, Pérez
Fontana fundaba su opinión en el artículo
2.390 del Código Civil que establece: “Quedan
absolutamente derogadas todas las leyes y costumbres que han regido hasta aquí
sobre las materias que forman el objeto del presente código”.
B.
Nuestra posición
Contrariamente a la opinión sustentada por
Pérez Fontana, entendemos que el Código Civil no deroga al Código de Comercio en lo relacionado con obligaciones y contratos comerciales.
1. En primer
lugar, nosotros proponemos una interpretación diversa del artículo 2.390.
Lo que establece esta norma es que, por la sanción del Código
Civil,
quedaron derogadas las leyes que tratan “sobre las materias que forman el
objeto” del Código Civil, esto es las materias civiles (obligaciones y
contratos civiles, familia, sucesiones, entre otras). No pueden considerarse
derogadas las normas sobre materias ajenas al Código Civil, como lo son las
obligaciones comerciales y los contratos comerciales.
2. Debe tenerse en cuenta, además, lo dispuesto por el
artículo 1.260 del
Código Civil.
El artículo 1.260 del Código
Civil establece:
“Los contratos, ya tengan o no, denominación particular
están sujetos a unos mismos principios generales. Las reglas particulares a los
contratos nominados se establecen en los títulos respectivos, y las peculiares a
las transacciones mercantiles en el Código de
Comercio.”
Por lo tanto de acuerdo con este
texto, el Código Civil reconoce la preexistencia y, desde luego, la vigencia de normas sobre
transacciones mercantiles en el Código de Comercio.
3. También, nos apoyamos en los
artículos 191 y 935 del Código de Comercio, que
contienen remisión a las normas del Derecho civil. Al respecto formularemos
algunas precisiones.
Ambos artículos contienen una remisión expresa al Derecho civil pero no se
trata de una remisión general para todas las materias concernientes a las
obligaciones sino una remisión respecto a ciertos temas puntuales.
En el
artículo 191 hay una remisión a las normas del Código civil sobre capacidad,
requisitos de los contratos, excepciones que impiden su ejecución, causas que
los anulan o rescinden.
En el artículo 935 hay una remisión a las normas del
Código civil sobre extinción de obligaciones.
La
remisión que hace el Código de Comercio, en los artículos 191 y
935, importa
conferir al Derecho civil la jerarquía de fuente del Derecho comercial pero sólo
para determinadas materias respecto de las cuales el Código de Comercio no tiene
una regulación integral. En los temas remitidos, hay que aplicar el Código Civil, teniendo en cuenta las modificaciones o restricciones contenidas en el
Código de Comercio, porque así lo disponen esos artículos 191 y 935. Las
modificaciones o restricciones del Código de Comercio han de interpretarse en
sentido estricto, como corresponde a lo que configura una excepción.
¿Qué
sucede con los demás aspectos, a los cuales no se remiten los artículos 191 y
935? Por ejemplo ¿qué sucede en materia de prueba o en cuanto a los efectos de
las obligaciones, en que no hay remisión?
Debe entenderse que, a contrario
sensu de lo que disponen los artículos 191 y 935, al no existir remisión al
Código Civil, esas materias deben regirse por el Derecho comercial con
exclusividad y, precisamente, es en materia de prueba donde el Código de
comercio ha dictado normas de gran especialidad.
4. Si
se considerara derogado el Código de Comercio, nos encontraríamos con grandes
vacíos en la legislación.
Los medios especiales de prueba del Derecho comercial
no han sido regulados por el Código Civil. En las normas sobre obligaciones y
contratos contenidas en el Código de Comercio, encontramos muchas que tienen en
cuenta situaciones particulares de la actividad comercial, merecedoras de
previsiones especiales. El Código Civil no contiene previsiones al
respecto.
Si consideráramos, lisa y llanamente, que todas las disposiciones
sobre obligaciones y contratos del Código de Comercio, están derogadas por la
vigencia del Código Civil, se debería, también, concluir que aquellas
situaciones particulares quedarían sin el amparo de las soluciones especiales.
II. Fuentes de las
obligaciones
mercantiles
No haremos,
a continuación, referencia a todas las fuentes de las obligaciones. Nos
limitaremos a analizar sólo dos de ellas, por tener una importancia peculiar en
el ámbito del Derecho comercial: el contrato y la voluntad unilateral.
A.
El contrato mercantil
Lo
que las partes acuerden en el contrato es Ley para ellas, según dispone el
Código de Comercio con lo cual se consagra su fuerza. En efecto, el artículo
209, en su inciso 1, establece: "Las convenciones legalmente
celebradas, son ley para los contrayentes y para sus herederos".
1.
La voluntad como fuente autónoma de obligaciones
Según
su etimología la autonomía de la voluntad es el poder que tiene la voluntad de
una persona de darse su propia Ley. “Auto” significa por sí mismo y
“nomos” significa Ley.
Lo
que las partes acuerden en el contrato es la Ley para ellas, según dispone el Código
de Comercio, con lo cual se consagra su fuerza. Las regulaciones de la Ley
sirven, generalmente, para suplir las imprevisiones de las partes.
El
principio de la autonomía de la voluntad tiene
múltiples manifestaciones, que tienen que ver con los principios de libertad y
de igualdad:
las partes tienen libertad para celebrar acuerdos o
no celebrarlos; las partes pueden elegir el co-contratante; las partes
tienen libertad de elegir las formas – para declarar la voluntad – que
consideren más conveniente a sus intereses, salvo aquellos contratos o negocios
en que se imponga una forma como solemnidad; las partes tienen la libertad de
atribuir a los contratos los efectos que deseen;
las partes pueden
discutir en pie de igualdad el contenido y las cláusulas del contrato, sin más
límites que la moral, las buenas costumbres y el orden público.
2. Contratos
nominados e innominados
Es posible clasificar a los contratos según su fuente
normativa en dos categorías: contratos nominados y contratos innominados.
a. Contratos nominados
Contratos
nominados son los
contratos que se encuentran
comprendidos en los diversos títulos del Código de comercio y en leyes
especiales.
Existen contratos que están
regulados
sólo en el Código de
comercio: corretaje, comisión, cartas de crédito,
seguro, transporte terrestre, fletamento marítimo, pasaje o transporte de
pasajeros, préstamo a la gruesa. La cuenta corriente mercantil no tiene
una
regulación completa en el Código de
comercio pero existen
en él disposiciones aisladas a su respecto.
Existen contratos que están
regulados
sólo en el Código
civil: donación, anticresis,
constitución de renta vitalicia, transacción,
cesión de derechos hereditarios, censo,
juego, apuesta y suerte.
En
cuanto a los contratos que se
encuentran regulados por ambos códigos, la lista es extensa: la compraventa, la cesión de créditos no endosables, la permuta, el mandato,
el depósito, el préstamo, el arrendamiento, la fianza, la prenda y la hipoteca.
En las respectivas regulaciones de estos contratos, hay normas
diferentes. Ello determina la necesidad de distinguir
cuando un contrato de los
mencionados es comercial y cuando
civil. Para ello el legislador usó criterios diversos.
En general, la
comercialidad de un contrato deriva de una conexión objetiva con una actividad
mercantil.
Así es que el mandato y la comisión y las fianzas y demás
contratos de garantía, son comerciales cuando acceden a un negocio mercantil.
En
algunos contratos se impone una conexión objetiva y a la vez subjetiva. En el
contrato de depósito, la comercialidad deriva de la calidad de comerciante de
ambos contratantes, que el bien
depositado sea objeto del comercio y que se realice como consecuencia
de un negocio mercantil. En el préstamo, el prestatario debe ser
comerciante y el bien o dinero prestado debe destinarse a operaciones de su tráfico.
En
otros, como en la compraventa comercial,
se toma en consideración un elemento intencional. En términos generales, se caracteriza por recaer en
un objeto mueble y por la intención del comprador de revender o alquilar su
uso.
También, son considerados mercantiles
contratos regulados por otros códigos y en leyes especiales.
En el Código
aeronáutico se regula
el arrendamiento,
el fletamento y
el transporte.
Fuera de códigos,
se ha regulado otros contratos comerciales: la cuenta corriente bancaria, el crédito
de uso (leasing), el factoraje, los contratos de prenda sin desplazamiento y el contrato de sociedad
comercial, grupos de interés económico y consorcios.
b. Contratos innominados
Contratos innominados son
aquellos no incluidos
en la nómina del Código.
Las exigencias del tráfico comercial han llevado a
la creación de nuevas figuras contractuales, no reguladas por el Derecho. Se
crean en la práctica como fruto de la autonomía de la
voluntad. Ésta forma su estatuto.
Desde luego que el Derecho puede, luego, regularlos y se
dictan leyes para los negocios nuevos que, entonces, entran en la categoría de
los nominados. Así, el leasing fue por
un tiempo innominado y hoy es contrato nominado, llamándose crédito de uso. De
manera que los contratos innominados de hoy pueden llegar a ser nominados.
*
Son innominados la mayoría de los
contratos bancarios: apertura de crédito, depósito bancario, descuento, cofrefort.
*
Son contratos innominados, usuales en el comercio, los vinculados a la
distribución de bienes o servicios, contratos de distribución, contratos de
agencia, concesión, suministro, estimatorio.
*
Otros contratos vinculados a la
actividad comercial innominados son la franquicia y las llamadas operaciones
bursátiles.
* Interpretación e integración de los contratos innominados
El problema de los contratos innominados radica en su
integración e interpretación.
En otras palabras, el contrato puede ser
previsor de todas las situaciones que se pueden crear en su cumplimiento o
ejecución. Si alguna cláusula es oscura o equívoca o si hay imprevisiones, se
plantean los interrogantes siguientes: ¿cómo se analiza y se interpreta e
integra ese contrato? ¿qué normas se aplican para salvar las omisiones de los
contratantes?.
Para
algunos autores se aplican las normas de los contratos típicos a los cuales
pueden ser asimilados;
para otros, siendo un nuevo negocio, debe atenderse a su especial naturaleza,
prescindiendo de su similitud con otros negocios.
En
segundo lugar, se aplican a
estos contratos las normas generales sobre obligaciones y contratos.
Para interpretarlos hay que aplicar el artículo
209 del Código de comercio, acudiendo a la buena fe, equidad y uso.
En el inciso e del artículo 209 del Código de comercio
se dispone:
“Todas deben ejecutarse siempre de buena fe, sea cual
fuese su denominación; es decir, obligan no sólo a lo que se expresa en ellas,
sino a todas las consecuencias que la equidad, el uso o la Ley atribuyen a la
obligación, según su naturaleza.”
Debe acudirse, además, al artículo
296 que contiene normas de interpretación que permitan acudir al uso y prácticas
y al artículo 297 que contiene normas sobre integración.
Los contratos son innominados cuando
la relación jurídica respecto de la cual se acuerdan ciertas reglas, no ha
sido prevista por la Ley[6].
Por lo tanto, para poder calificar a un contrato como innominado, se debe
fundamentar la inexistencia de normas que le sean aplicables.
La calificación de las relaciones jurídicas
es una tarea delicada, puesto que de ésta depende el Derecho aplicable[7].
El problema de la calificación se exacerba, especialmente, cuando se pretende
categorizar a un contrato como innominado, puesto que puede ser que se esté
pretendiendo disimular la naturaleza del contrato, a los efectos de eludir el régimen
jurídico que el Derecho les impone[8].
La calificación de un contrato como innominado, por lo tanto, debe ser
precedida de un riguroso análisis del caso, excepcionalmente y como último
recurso, cuando no es posible categorizar a la relación jurídica dentro de
algunas de las figuras previstas en la Ley.
Se
consideran contratos típicos aquellos cuyo contenido obligacional
corresponde a una estructura conocida y habitual en el mundo de los negocios. En
general, los contratos nominados son típicos, puesto que su estructura
obligacional se encuentra descripta legalmente pero, también, pueden ser
considerados típicos, algunos contratos innominados. Así, son típicos
los contratos de agencia, de concesión y el contrato de franquicia. Su
estructura obligacional no consta en Ley alguna pero en el mundo de los
negocios se reconoce que existe un tipo contractual al que se le denomina
agencia, por ejemplo, cuyo contenido obligacional permite distinguirlo de otro
tipo contractual al que se denomina contrato de concesión.
Por el
contrario, se considera contrato atípico, aquél contrato cuya estructura
obligacional no es conocida ni habitual en el mundo de los negocios. Ejemplo de
un contrato atípico es el contrato de sociedad comercial atípico.
La atipicidad puede resultar de lo que
se establezca por las partes. Así las partes pueden crear una disciplina nueva
para un negocio enteramente nuevo. Puede resultar un contrato atípico de la
combinación de la estructura y la disciplina de dos o más contratos, para dar
una particular regulación al negocio que celebran, apareciendo entonces el
contrato mixto de dos o más contratos.
No existen, en general, contratos atípicos
puros, por cuanto, cuando las partes necesitan nuevas formulaciones,
generalmente acuden a esquemas legislativos conocidos, modificando detalles o
combinándolos. Así es que, en todos los contratos atípicos, se encuentran
elementos afines con contratos típicos.
B. La
voluntad
unilateral como fuente de obligaciones mercantiles
En el Derecho comercial se incorpora
la regulación de los títulos valores. En los títulos valores, la fuente de la
obligación es la voluntad unilateral de la o de las personas que lo firman.
La
voluntad se califica como unilateral porque el título se
crea y produce sus efectos, con la sola expresión de voluntad del firmante, sin
necesidad de que su voluntad se combine con otra, que haya de añadirse a ella
para integrar un solo negocio. El artículo 7 del Decreto
Ley 14.701
establece: “Toda obligación incorporada a un título valor deriva de la
firma puesta en el mismo”.
1.
La voluntad unilateral como emanación de un único centro de intereses
No debe entenderse que este negocio
necesariamente sea el resultado de una sola voluntad, puesto que pueden aparecer,
en su creación, la voluntad de varias personas. Lo que se quiere significar es
que existe una voluntad única o unitaria, derivada de una sola parte o de un
solo centro de intereses.
Ponemos un ejemplo: dos personas A y B firman un vale,
creándolo. El vale contendrá dos expresiones de voluntad, pero ellas forman
una sola parte. Cuando A y B firman el documento no son partes opuestas o
complementarias en la relación. Es decir, se trata de un negocio unilateral,
aunque existe pluralidad de sujetos, porque se perfecciona y produce sus efectos
sin necesidad de que la voluntad manifestada se combine con otra, que haya de añadirse
a ella para integrar el negocio. Quien suscribe el título valor se obliga a una
prestación frente al poseedor del título y no la subordina a ninguna aceptación
ni contraprestación.
2.
Inexistencia de voluntades complementarias para generar la obligación
Agregamos que la voluntad es la fuente
de cada una de las obligaciones que constan en el título. El artículo 7 del Decreto
Ley 14.701
establece que toda obligación incorporada a un título valor, deriva
de la firma puesta en el mismo.
En el título pueden figurar distintas firmas:
la firma del librador y las firmas de los endosantes. La obligación del
endosante – como la del librador – va a surgir de su sola voluntad
unilateral y sin necesidad de una
voluntad complementaria.
Si se trata de una letra de cambio y el girado acepta,
su obligación va a emanar de su sola firma agregada al documento, obligación
unilateral asumida por el girado al aceptarla. Si una persona avala el título y
lo firma, su obligación, también, ha de derivar de su sola firma.
Existirá,
entonces, la obligación contraída por la sola firma del creador, la obligación del
girado que acepta, la obligación nacida de la sola voluntad del endosante y la obligación derivada de la sola firma del avalista. En todos los casos, la
obligación deriva de la sola firma del obligado.
