Instrumentos
para la tutela del deudor financiero
Por Carlos
López Rodríguez
El
sistema jurídico uruguayo para el combate a la usura está compuesto por una
norma constitucional que la prohíbe – artículo
52 – y dos
conjuntos de normas de rango legal, que establecen sanciones penales y civiles
contra la usura.
A.
Prohibición constitucional de la usura
El
artículo
52 de la Constitución dispone:
“Prohíbese
la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de
los préstamos. Ésta determinará la pena a aplicarse a los contraventores.”
A nuestro
entender, ésta no es una norma programática. La usura se encuentra prohibida a
nivel constitucional y esta prohibición no puede dejar de hacerse efectiva so
pretexto de la insuficiencia de los textos legales.
No obstante,
está previsto en esta norma, que la determinación del límite máximo del
interés de los préstamos y la determinación de la pena es de resorte legal.
La primera
Ley que establece una sanción para la usura es el Código civil. Siendo el artículo
52 de la Constitución
una norma prohibitiva, lo hecho contra ésta es nulo, tal
como dispone el artículo 8 del Código civil.
En cuanto a
otras sanciones, civiles y penales, así como a la determinación legal de la
usura, analizaremos, a continuación, los dos regímenes legales referidos más
arriba.
B.
Decretos Leyes 14.095
y 14.887
Cinco
años después de que se aprobara la Constitución, se dicta el Decreto Ley 14.095 de 1972,
sobre ilícitos económicos. Entre los delitos que este decreto ley prevé,
aparece tipificado el de usura.
Cuatro
años más tarde, el Decreto Ley 14.887 de 1979
establece
modificaciones y agregados, al Decreto Ley 14.095.
En especial, el Decreto Ley 14.887, en su artículo 2, establece una sanción
civil para el caso de usura.
1.
Sanción penal de la usura
El
Decreto Ley 14.095
tipificó a la usura como delito. La redacción actualmente vigente le fue dada
por el Decreto Ley 14.887.
El artículo 7 del Decreto Ley 14.095
establece lo siguiente:
“(Usura). El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de
una persona, le hiciere dar o prometer para sí o para otros, intereses,
compensaciones, comisiones u otros cargos usurarios por un préstamo de dinero,
será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.
La
misma pena se aplicará:
1.
Al que procurare, adquiriere, transfiriere o consiguiere para otro un préstamo
de dinero, cobrando o haciéndose prometer para sí o para otro, una comisión
usuraria por su mediación.
2.
Al que adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.
Los
intereses, compensaciones, comisiones u otros cargos se considerarán usurarios
cuando, singular o conjuntamente, superaren en más de un 75% (setenta y cinco
por ciento) las tasas medias del mercado de operaciones corrientes de crédito
bancario del trimestre anterior, realizadas en similares condiciones y riesgos
del préstamo que se tratare." (énfasis
nuestro).
Destacamos
del texto transcripto que, para configurar el delito de usura, por el
inciso final del artículo 7 del
Decreto Ley 14.095, el interés más comisiones,
compensaciones u otros cargos, debe superar en más del 75 % la tasa media del
mercado bancario en el trimestre anterior. Sobre ello, debe informar el
Banco Central del Uruguayo con publicaciones trimestrales,
según se dispone en el artículo 15 del
Decreto Ley 14.095.
El Decreto Ley 14.095
hace referencia a compensaciones, comisiones u otros cargos, para evitar que
se disimulen bajo esas denominaciones lo que realmente es un interés para
transgredir de ese modo, las disposiciones sobre usura.
2.
Sanción civil de la usura
El
Decreto Ley 14.887,
en su artículo 2, establece una sanción civil para el caso de usura. Dispone
que los jueces no deben dar trámite a ejecuciones en que se
persiga el cobro de obligaciones con intereses u otros cargos superiores a los máximos
que haya fijado el Banco Central del Uruguay. Según
el artículo 1 del mismo Decreto Ley 14.887, el Banco Central esta
"facultado"
para fijar las tasas máximas de intereses, compensaciones, gastos de
administración, comisiones y otros cargos, en las prestaciones de dinero o en
otras operaciones financieras, sean realizadas por instituciones o empresas
financieras o por particulares.
La
sanción prevista en el artículo 2 se encuentra vigente pero es inaplicable,
puesto que, el Banco Central no fija intereses máximos, desde que el artículo
161 de la Recopilación de Normas de Regulación y Contralor del Sistema
Financiero deja librada la tasa de interés al libre juego de la oferta y la
demanda (circulares 990/979 y 1.246/985). En lugar de ello, según se refiere en
el artículo 162 de la Recopilación, el Banco Central publica mensualmente las
tasas medias del mercado de operaciones corrientes de préstamos bancario, del
trimestre móvil anterior (Circular 1.588/998).
Desde
que el Banco Central dejó de fijar tasas máximas, se desarrolló un debate
acerca de la subsistencia o no de la usura civil en nuestro
ordenamiento positivo, en el cual se destacan tres posiciones:
a.
Posición de Berdaguer y Molla
Berdaguer
y Molla entienden que
no hay limitación para la tasa convencional de interés.
b.
Posición de Ramade
Ramade
entendió que, aun sin tasas máximas fijadas por el Banco Central, la usura
civil subsistía y en ella se incurría cuando en los préstamos de dinero se
pactaran intereses que superaran el límite establecido al tipificarse la usura penal (Ramade, A.D.C.U. 14, p. 196).
c.
Posición de Larrañaga
Para LARRAÑAGA, la usura
civil debía calcarse de la penal, por lo que no sólo requería el referente
objetivo (intereses que superen en más del 75 % las tasas medias del mercado)
sino también el subjetivo (aprovechamiento de la necesidad, etc.). Sólo si se
dan ambos elementos se configura la usura civil (A.D.C.U. 23, p. 586)
[7].
3.
Contralor del Banco Central sobre la usura
El
marco legal que acabamos de referir se completa con las normas bancocentralistas.
En
el artículo 162 de la Recopilación de Normas de Regulación y Contralor del
Sistema Financiero, se prohibía el pacto de intereses que superasen en más de
un 75 % las tasas medias referidas.
Esta norma sólo era aplicable a las
entidades de intermediación financiera. Cabe advertir que el Banco Central
considera que las empresas administradoras de crédito (emisoras de tarjetas de
crédito) no son entidades de intermediación financiera (artículo 477 Recopilación).
Además, el artículo 162 de la Recopilación sólo se refería a los préstamos
de dinero. Quedaba fuera del control bancocentralista las operaciones
de financiamiento de venta de bienes y servicios, aunque éstas fueran
realizadas por entidades de intermediación financiera.
C.
Ley 17.569
La
Ley
17.569 del 2002
contiene otro conjunto de normas, que no derogan expresamente el régimen
anterior ni tampoco se oponen completamente a él, a pesar de referirse, nuevamente,
a lo que se ha dado en llamar “usura
civil” y “usura penal”. Sucede que esta ley limita su ámbito
de aplicación a las relaciones de consumo, según se verá.
1.
Configuración de la usura
La Ley
17.569, en el artículo 1,
establece
los parámetros que han de tenerse en consideración para determinar si en un
caso concreto existe usura:
"Los
intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos, en las relaciones
de consumo se considerarán usurarios cuando, singular o conjuntamente,
superaren en un porcentaje mayor al 75 % (setenta y cinco por ciento), las tasas
medias del trimestre anterior a la fecha de constituir la obligación, del
mercado de operaciones corrientes de préstamos bancarios otorgados a las
familias; y en caso de haber intereses moratorios, superaren en un porcentaje
mayor al 100 % (cien por ciento) las referidas tasas medias."
a.
Elementos que componen la suma a considerar
A los efectos de
determinar la suma que se ha de considerar para verificar si se exceden las
tasas admisibles, se deben adicionar a los
intereses, las compensaciones, comisiones, gastos u
otros cargos. Esto es, aunque singularmente la tasa de interés pactada no sea
usuraria, puede ser considerada como tal si, una vez que le sean sumados otros
cargos que se suelen pretender cobrar conjuntamente, como compensaciones,
comisiones o gastos, surge que se encuentra implícita una tasa superior a la
admisible.
Una
previsión casi idéntica se encuentra en el artículo 7 del Decreto Ley 14.095, en la redacción dada
por el Decreto Ley 14.887.
b.
Determinación de los topes a las tasas de interés
Se
consideran usurarios cuando singular o conjuntamente superen en un porcentaje
mayor al 75 % las tasas
medias del trimestre anterior a la fecha de constituir la obligación, en el
mercado de operaciones corrientes de préstamos bancarios otorgado a la
familias. Hay una previsión especial para los intereses moratorios y éstos se
considerarán usurarios, si superan en un porcentaje mayor al 100 % a las
referidas tasas medias.
De
esta manera, la Ley 17.569 adapta nuestro régimen legal a la operativa
bancocentralista. En lugar de tomar como referente tasas máximas que el Banco
Central ya hace años que no fija, toma en consideración las tasas medias del
trimestre anterior al momento de constituirse la obligación (artículo 1, inc. 1).
2.
Ámbito de aplicación de la norma
El
ámbito de aplicación de la Ley
17.569 no es todo lo amplio que pudiera ser.
En primer lugar,
no es
aplicable a todos aquellos
prestamistas que no sean entidades de intermediación financiera ni
administradores de crédito. En el segundo inciso del artículo 1 se establece que la norma se aplica a los
préstamos en efectivo y a las operaciones de financiamiento de ventas de bienes
y servicios, otorgados por empresas de intermediación financiera comprendidas en
el Decreto Ley 15.322. También, se aplica a administradoras de créditos, no comprendidas en el Decreto Ley referido.
En
segundo lugar, sólo es aplicable a préstamos que constituyan relaciones de
consumo.
En el segundo inciso del
artículo 1 se establece que la norma se aplica a los préstamos en efectivo y a
las operaciones de financiamiento de ventas de bienes y servicios, generados en relaciones de
consumo.
Se
discute si el préstamo a un empresario es una relación de consumo. Gorfinkiel
sostiene:
“Pero,
la gran empresa, que tiene una organización que le permite informase y
asesorarse en todos los aspectos, que económicamente será muchas veces más
poderosa que el propio proveedor, que tiene la posibilidad de cubrir sus riesgos
con seguros variados, no debe ser considerada ‘consumidor’ aun cuando
no incorpore efectivamente el bien o servicio al proceso de producción.”
En
ese sentido, se ha entendido que la norma no se aplica a “empresarios”.
El ámbito de aplicación de la Ley surgiría de su contexto y, en especial, del
artículo 1 en que el interés usurario se fija con relación a las tasas de los
préstamos otorgados a familias.
En
otra postura, el concepto de relaciones de consumo debe ser extraído de la Ley
17.250. El artículo 4 de dicha Ley establece:
"Relación
de consumo es el vínculo
que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o
presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final.”
A
su vez, consumidor es "toda persona física o jurídica que adquiere o
utiliza productos o servicios como destinatario
final en una relación de consumo o en función de ella”.
No
existiendo distinción en la Ley, cualquier persona jurídica puede ser
considerada como consumidor. En la Ley no existe ninguna norma que excluya a la
empresa o a los empresarios, sean estos personas físicas o jurídicas.
Debe
admitirse, entonces, que quedan incluidos en la definición de consumidor las
sociedades comerciales, con la única excepción de las sociedades accidentales
(porque no tienen personería jurídica). La Ley no limita la calidad de
consumidor a las personas jurídicas sin finalidad de lucro o no empresariales,
por lo cual el intérprete carece de fundamento para excluir a las sociedades
comerciales del ámbito de la definición
legal.
Según
se analizó al estudiar el concepto de consumidor[2],
las dudas al respecto de esta cuestión surgen de las diversas interpretaciones
sobre el segundo inciso del artículo 4 de la Ley 17.250, que establece:
“La
provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título
gratuito, cuando ellas
se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las
relaciones de consumo."
Según
Ordoqui Castilla,
sería consumidor final aquel que utiliza el producto o servicio en su propio
beneficio, sacando al producto del ámbito del comercio, de forma que no integre
el proceso de producción de nuevos productos. Para este autor, todo depende del
destino que le da la persona al bien. Si satisface necesidades propias,
familiares, sociales o domésticas, se trata entonces de un consumidor final. No
sería consumidor, aquella persona que adquiere el producto o servicio con el ánimo
de integrarlo a un proceso de producción, transformación o de comercialización[3].
En ese sentido, el empresario no podría ser considerado consumidor, pues
no sería destinatario final de lo que adquiere, sino que lo integra a un
proceso que forma parte o posibilita la comercialización. Todo lo que se
adquiere para ser utilizado en su proceso de producción (materia prima, vehículos,
instrumentos de comunicación, de promoción, y, en el caso del préstamo, el
dinero) no supone una relación de consumo. En esta tesis, si un fabricante
tomase un préstamo, para aplicar a su industria, no sería destinatario final
y, por lo tanto, no sería consumidor.
Según
Szafir, para nuestra Ley, será
consumidor el profesional que adquiere un equipo de aire acondicionado para su
oficina, un teléfono celular para atender llamadas internacionales o
personales, pero no será consumidora, la empresa que adquiere líneas telefónicas
de Antel para dar un servicio 0900. Si esta última sufre perjuicios por la pérdida
de clientela a raíz del fallo del servicio, su reclamación no será en calidad
de consumidor sino por el régimen del Derecho común[4].
Siguiendo
esta línea de razonamiento, advertimos que,
en el medio de la oración, se establece
una salvedad - “sin constituirse en destinatario final” - que no puede ser pasada por alto al
interpretar la norma.
Por
lo tanto, si el adquirente se constituye en destinatario final del producto o
servicio adquirido, aunque integre estos productos o servicios en procesos de
producción, transformación o comercialización, igualmente debe ser
considerado como consumidor. De esta forma, la norma confirma que lo esencial de
la determinación de quién es consumidor no está en su inserción en un
proceso de comercialización o producción sino en su calidad de destinatario
final.
Entendemos
que la naturaleza del bien sobre el que recaen las operaciones de crédito –
el dinero – no habilita una solución diferente a la expresada por Szafir
respecto de otros bienes. El “destino final” del dinero se produce al
utilizarlo de acuerdo a su función, esto es: para cancelar obligaciones
pecuniarias. De modo que si un comerciante toma un préstamo para utilizarlo
pagando materias primas, mercaderías o salarios, estará utilizando el dinero
como destinatario final del mismo.
Una
situación diferente se daría en el caso de que un sujeto tomase un préstamo
para, a su vez, dar en préstamo el dinero recibido. En ese caso, el dinero –
como mercadería – continúa en el ciclo económico y, por lo tanto, el primer
tomador del préstamo no sería su destinatario final, ni consumidor.
En
nuestra opinión, el segundo inciso del artículo 2 implica que, aunque el bien
– cualquiera sea éste, incluso el dinero - sea adquirido o utilizado con el
fin de integrarlo en un proceso de producción o comercialización, el sujeto
que lo recibe continúa siendo consumidor, en tanto se constituya en “destinatario
final” del bien. De modo que el énfasis está puesto por la Ley en la
calidad de “destinatario final” y es tal quien se ubica al final del
ciclo económico y utiliza el bien de acuerdo al destino propio del mismo.
3.
Aspectos vinculados a la documentación del crédito
El artículo
2, en su inciso 1, dispone:
“En todo documento de adeudo deberá
distinguirse con precisión la suma que corresponde a capital prestado o financiado, de la que corresponde a
intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos pactados por
cualquier concepto.”
En
el inciso 2 se agrega:
“El
deudor podrá exigir un documento complementario cuando estime que las
constancias previstas en el inciso anterior no están suficientemente
precisadas. Este documento complementario, que no podrá ser endosado será
suscrito por ambas partes en dos ejemplares, uno de los cuales quedará en poder
del deudor.”
Según se advertirá, se impone
que en el documento de adeudo se distinga
con precisión lo que
corresponda a capital prestado o financiado y lo que corresponde a intereses, y
demás rubros.
4.
Sanciones previstas para el caso de usura
a.
Sanción civil
La
Ley 17.569 incluye en la prohibición expresamente a las empresas
administradoras de crédito aunque no integren el sistema financiero (art. 1,
inc. 2). Incluye, asimismo, a las operaciones de financiamiento de venta de
bienes y servicios, siempre y cuando sean realizadas por entidades de
intermediación financiera.
Infelizmente,
el ámbito de aplicación de la Ley 17.569 no es todo lo
amplio que pudiera ser. En primer lugar, sólo se aplica a los intereses
generados en relaciones de consumo. En segundo lugar, tampoco es aplicable -
aunque se trate de relaciones de consumo - a todos aquellos prestamistas que no
sean entidades de intermediación financiera ni a las operaciones de
financiamiento en que no participen las entidades que acabamos de referir.
Para terminar, la sanción a la usura civil es bastante más leve que la
establecida en el Decreto Ley 14.887. Según se dijo más arriba, en éste se
dispone que los jueces no deben dar trámite a ejecuciones usurarias. En el
régimen de la Ley 17.569 el trámite continúa, sólo que caducará el derecho a
exigir el cobro de intereses u otros cargos usurarios; de modo que el usurero
podrá recuperar el capital.
El artículo 3 dispone:
“Configurada
la usura conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la presente ley,
caducará el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones,
gastos u otros cargos de cualquier naturaleza.”
b.
Sanción penal
En el artículo
4 se prevé una figura delictiva. Se sanciona con penas de prisión y
penitenciaría a quien disimula los excesos, incluyendo como capital lo que
corresponda a intereses o compensaciones u otros gastos o utilizando otras
estratagemas.
Por
Ley 17.471, publicada el 6 de mayo del 2002, se estableció una hipótesis de
caducidad del derecho del acreedor a reclamar los intereses pactados.
El
objetivo de esta ley fue tutelar a
las personas físicas deudoras de sumas inferiores a US$ 1.000 o su equivalente
en moneda nacional. En una práctica existente, el acreedor no reclamaba
judicialmente el importe de la suma
debida, por no incurrir en gastos, debido a su poco monto; pero dejaba pasar el
tiempo, para luego reclamar no sólo la suma la adeudada sino, también,
intereses que acumulados resultaban excesivamente gravosos.
Para tales
situaciones se establece, indirectamente, la obligación a cargo del acreedor de
reclamar la suma debida y sus intereses en un plazo de dos años. Se dispone que
si no lo hace, en el plazo fijado, incurre en mora
de pleno derecho. Luego se atribuye al deudor el derecho a pagar la suma debida; pero con los ajustes e intereses
previstos en el Decreto Ley 14.500. De manera que el acreedor ya no podrá
exigir los intereses que se hubieren pactado sino que deberá conformarse con
los ajustes e intereses convenidos en el Decreto Ley referido.
La Ley,
también, dispone que los honorarios del abogado del ejecutante, se liquidarán
sobre los montos establecidos por esta ley.
La
Ley 17.471 establece:
“Artículo
Único. Los acreedores de deudas
originadas en las operaciones de préstamos en efectivo y de financiamiento de
bienes y servicios, otorgados a personas físicas, cuyo capital inicial sea
inferior a US$ 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos de América) o su
equivalente en moneda nacional, incurrirán en mora de pleno derecho en caso de
no reclamar judicialmente el pago de la deuda y sus intereses moratorios y
compensatorios, legales y convencionales, en el plazo de dos años, contados a
partir de la fecha en que la obligación deviene exigible.
En
tal caso el deudor podrá exigir, en cualquier momento, que a partir de la caída
en mora del acreedor, se sustituyan los intereses, multas y recargos de
cualquier naturaleza, por los ajustes e intereses a que refiere el Decreto-Ley n°
14.500 de 8 de marzo de 1976. La liquidación de honorarios, cuando se realice
por vía judicial, se ajustará a los montos que la presente ley establece.
Esta
disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de
vigencia de la presente ley.”
Para que
esta hipótesis de caducidad sea aplicable, el crédito debe reunir ciertas
condiciones:
1.
el crédito debe haberse originado en un préstamo en efectivo o en virtud del
financiamiento del saldo de precio por la compraventa de bienes o el
arrendamiento de servicios;
2.
el deudor debe ser una persona física;
3.
el monto del capital inicial debe ser inferior a US$ 1.000 o su equivalente en
moneda nacional.
4.
El crédito no debe estar extinguido a la fecha de vigencia la Ley, con lo cual
se le da vigencia retroactiva.
La Ley
dispone:
"el acreedor incurrirá en mora de pleno derecho, en caso de
no reclamar judicialmente el pago de la deuda y sus intereses moratorios y
compensatorios, legales y convencionales, en el plazo de dos años, contados a
partir de la fecha en que la obligación deviene exigible".
La hipótesis
legal de caducidad contiene tres elementos:
1.
Inacción del acreedor
Esta ley le
impone al acreedor la obligación de reclamar judicialmente el pago de la
totalidad del crédito, en plazo. La mora es la dilación o tardanza en cumplir
con esta obligación.
No basta un
requerimiento extrajudicial, como suele hacerse por telegrama. Tampoco supone
reclamo judicial de pago, la diligencia previa de reconocimiento de firma o de
intimación de pago.
Un reclamo
parcial no impide que la caducidad opere respecto de la parte no exigida. Por
ejemplo, si se reclama judicialmente el pago del capital pero no de los
intereses, la caducidad operaría sobre estos últimos.
2.
Elemento temporal
En la hipótesis
legal, para que la caducidad opere, la inacción del acreedor debe haber
excedido los dos años, contados desde la fecha en que la obligación se hizo
exigible.
3.
Caducidad de pleno Derecho
La caducidad
opera de pleno Derecho. Esto significa que el deudor no tiene por qué haber
intimado al acreedor la iniciación de acciones. Cumplidos los dos años, automáticamente,
se opera la caducidad.
La Ley
establece dos consecuencias de la caducidad.
1.
Caducidad del derecho a cobrar los intereses, multas y recargos pactados
En
primer lugar, se establece que, a partir de la "caída en mora", se
deben sustituir los intereses,
multas y recargos de cualquier naturaleza, por los ajustes e intereses a que
refiere el Decreto Ley
14.500.
a.
Oportunidad en que opera la caducidad
Esto
significa que, por los dos primeros años (esto es, hasta que operó la mora de
pleno derecho), el acreedor mantiene su derecho al cobro de los intereses
pactados. A partir del primer día del tercer año, los intereses que fueron
pactados (sea en el préstamo, en el vale o en cualquier otro documento) ya no
pueden reclamarse. En su lugar, el legislador ordena la aplicación del Decreto Ley
14.500.
b.
Sustitución por el
régimen del Decreto Ley 14.500
Los créditos otorgados en moneda nacional, vencido el segundo año,
se reajustarán según el índice de precios al consumo (I.P.C.) y les será
aplicable una tasa del 6 % anual.
En cuanto a los créditos otorgados en moneda
extranjera, de acuerdo con el régimen del Decreto Ley
14.500, no pueden ser
reajustados ; sólo se podrán cobrar los intereses legales del 6 % anual y no
los pactados.
En el Decreto Ley 14.500, el artículo 3 establece que no se aplica su régimen general, cuando
exista convención entre las partes estableciendo un índice o procedimiento de
liquidación del valor de las obligaciones, distinto al previsto en el artículo
2 de la Ley.
Entendemos
que ello se complementa en el artículo 9 que establece:
“Las partes
podrán establecer cualquier clase de estipulación que tenga por finalidad
mantener el valor de las obligaciones contraídas.”
Luego, el artículo 10
establece que quedan comprendidas en el artículo anterior, las cláusulas en
moneda extranjera.
El artículo
4, para los casos previstos en el artículo 3, establece que la tasa de interés
será del 6 % anual.
En
consecuencia, si se produce una mora del acreedor de un crédito en moneda
extranjera, no se aplicará el sistema de reajuste del Decreto Ley
14.500, por cuanto
las partes, al pactar el pago en otra moneda, previeron un régimen de reajuste
especial (art. 3) y el interés legal será el del 6 %. El acreedor no
podrá cobrar el interés estipulado si fuere mayor, ni las comisiones u otros
cargos pactados.
c.
Oportunidad y vías para el planteo de la caducidad
La sustitución
puede ser exigida por el deudor en cualquier momento. Esto implica que puede ser
invocada la excepción de caducidad, dentro de los plazos procesales
correspondientes para el planteo de excepciones y en cualquier otra instancia
del juicio que se le haya iniciado antes de que se realice el remate. Incluso
después de realizado el remate, el deudor podrá plantear la sustitución, en
la etapa de liquidación de su crédito.
Si el
acreedor no hubiere iniciado juicio para el cobro, el deudor podrá tomar la
iniciativa y solicitar una declaración judicial u oblar y consignar la suma
liquidada en la forma dispuesta por la Ley 17.471.
2.
Reducción de honorarios
La liquidación
de honorarios generados en la ejecución del crédito se ajustará a los montos
que la presente ley establece.
