Elementos
que No Integran el Establecimiento
Por Nuri Rodríguez Olivera
A. Concepto
De las distintas construcciones
elaboradas en torno al concepto de llave, nos inclinamos por la de ASCARELLI
para quien la llave es la plusvalía que obtienen los bienes gracias a la
vinculación que los une e integra en el establecimiento comercial. Cada bien
que integra la hacienda tiene un valor, que se forma por su costo y por su función
y conserva ese valor aún cuando se incorpore y se ensamble en una casa de
comercio; pero todos los bienes, al ser organizados, constituyen un bien nuevo
que cumple una función distinta y que por la utilidad que presta tiene un valor
económico superior a la suma de valores de las unidades que lo componen. La
llave es ese valor superior. Por lo tanto, nos afiliamos a la tesis que
considera a la llave como una cualidad y no como un bien jurídico, elemento de
la hacienda.
Otros autores sostienen que la llave
es la aptitud para producir (Rocco)
o la riqueza en potencia que existe en la hacienda (Escarra). Quizás sea más exacta la tesis de La
Lumia, quien sostiene que el aviamento es la aptitud para producir
beneficios y que la valorización es un efecto de esa aptitud.
Naturalmente que, cuando se enajena la
casa de comercio, se produce la trasmisión de ese bien con su cualidad de
organización y de llave. Todo ello, por su importancia, debe ser tenido en
cuenta y generalmente lo es, en la fijación del precio de la casa de comercio
para el caso de venta.
B. La
llave en normas tributarias uruguayas
En algunas leyes fiscales uruguayas se
estableció que la llave era un bien incorporal. La Ley 12.804 de 1.960, al
organizar el Impuesto a la Renta permitía deducir el valor llave para hallar la renta
neta: “Las amortizaciones de bienes incorporales tales como llaves, marcas,
patentes y privilegios siempre que importen una inversión real y se identifique
al enajenante” (art. 19). En otra disposición no se autorizaba deducir “las amortizaciones de llaves, marcas y activos similares,
establecidos por simple valuación” (art. 20). Estas normas fueron
posteriormente sustituidas. La Ley vigente sobre este impuesto, 14.252 (1.974) establece, en el artículo 341, inc. j, como
deducción posible: “Las amortizaciones
de bienes incorporales tales como marcas, patentes y privilegios, siempre que
importen una inversión real y se identifique al enajenante.” En el artículo
342 se agrega que no podrán deducirse las:
“C) Amortizaciones de llaves”.
En el artículo 33 del decreto 996/75,
reglamentario del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio se establece:
“La diferencia entre el precio de venta y el valor fiscal de los
bienes transferidos, si aquel hubiera sido abonado por la empresa sucesora,
constituirá el valor llave”.
De
este conjunto de normas resulta que el legislador nacional calificó a la llave
como un bien, en normas que no son de fondo, sino tributarias y en forma
meramente incidental.
Las relaciones jurídicas contraídas
por el dueño del establecimiento comercial, en su explotación, no son
elementos que lo integren, porque el principio de la unidad del patrimonio,
vigente en nuestro derecho positivo, se opone a la formación de centros de
relaciones jurídicas autónomas.
A.
Créditos y deudas
Como consecuencia de la explotación
de una casa de comercio, nacen créditos y deudas a favor y a cargo de su dueño.
Ni unos ni otras forman parte del establecimiento comercial y por lo tanto no se consideran comprendidas en su enajenación.
1. Créditos
Si el enajenante desea
trasmitir al adquirente de la casa de comercio la cartera de créditos nacidos
en su explotación deberá formalizar los actos jurídicos necesarios para la
cesión de cada uno de ellos: cesión
de créditos si son documentos nominativos no endosables, endoso, si son títulos
a la orden o la simple entrega en caso de papeles al portador. Tales actos,
endoso, cesión o entrega, son negocios jurídicos totalmente independientes de
la enajenación del establecimiento, que no se consideran implícitamente
comprendidos en ella.
La trasmisión por simple
tradición de los documentos al portador, sólo requiere un acto material de
entrega del enajenante, simultáneo con el acto de recepción por el adquirente.
En el caso de documentos a la orden, el endoso es un acto unilateral del titular
del crédito que debe acompañarse con la subsiguiente tradición del título.
Para la cesión de los créditos no endosables se requiere el acuerdo de
voluntades del enajenante y adquirente y además la correspondiente notificación
al deudor, quien tendrá oportunidad para formular su oposición, con los
efectos que la Ley le atribuye.
2. Deudas
Si el adquirente ha convenido que se
hace cargo del pasivo vinculado a la explotación comercial, será menester
efectuar respecto a cada deuda, la correspondiente novación con el
consentimiento del acreedor (arts. 1.256, inc. 3, y 1.531 C.C.). Esos negocios de
asunción de deudas serán independientes de la enajenación del
establecimiento.
En el Derecho uruguayo, la Ley 2.904
ha establecido que el adquirente es responsable de ciertas deudas del enajenante, pero sin liberar a éste. En consecuencia, no se trata de imponer la
trasmisión del pasivo sino de una medida de tutela a favor de ciertos
acreedores que pudieran verse perjudicados por la disminución de la solvencia
patrimonial del enajenante.
B.
Contratos
El dueño de un establecimiento
comercial es normalmente parte en distintos contratos nacidos en y para su
explotación. Por señalar los más corrientes, baste recordar los contratos de
suministros con proveedores de materias primas, combustibles y mercaderías y
los contratos celebrados con los clientes para la colocación de los productos
elaborados por el establecimiento o de las mercaderías con las cuales éste
realiza su función de intermediación.
Estos contratos no integran la casa de
comercio sino que son una consecuencia de la actividad desplegada por su dueño.
En consecuencia, no se trasmiten con la enajenación del establecimiento. Si el
adquirente desea colocarse en las posiciones contractuales del enajenante, será
necesario que éste, expresamente, le ceda los contratos celebrados y que - de
acuerdo a los principios generales en materia de cesión de contratos - se
recabe el consentimiento del cedido.
Otra posibilidad que tiene el adquirente es la celebración de nuevos contratos
con los terceros que estaban vinculados anteriormente con el enajenante.
1. Contratos de seguros
Debemos señalar una excepción en
esta materia, en materia de seguros en que, según dispone el artículo 648 del
Código de Comercio, con la enajenación de la cosa asegurada se produce la
trasmisión de derechos y obligaciones del contrato al nuevo dueño, aun sin
mediar cesión o entrega de la póliza. De manera que si el dueño de la casa de
comercio ha asegurado la casa de comercio o los elementos que la integran, al
enajenarla, se transfieren automáticamente los derechos y obligaciones del
contrato al adquirente, sin que sea necesario ninguna nueva expresión de
voluntades y sin que sea necesario recabar el consentimiento del asegurador.
Esta norma no se aplica al seguro de incendios (art. 683 C.Com.).
Fuera de la hipótesis del seguro, no
existe en nuestro Derecho ningún otro contrato cuyas obligaciones y derechos tácitamente
se trasmitan al adquirente de la casa de comercio.
2. Contrato de arrendamiento sobre el
local
Hay normas especiales sobre cesión en
materia de contratos de arrendamiento de locales, según se analiza en otra
sección de esta página web.
3. Contratos laborales
También, se han previsto normas
especiales para el caso de que se produzca la continuidad de las relaciones
laborales, aunque sin consagrar esa continuidad como una consecuencia necesaria
de la enajenación de la casa de comercio, según se verá a continuación. Los
contratos de trabajo celebrados con los empleados y obreros no integran la
hacienda. Son una consecuencia de su funcionamiento. Por lo tanto, no pueden
considerarse comprendidos en su enajenación. El adquirente no tiene derecho de
exigir a los trabajadores contratados por el enajenante las prestaciones de los
servicios convenidos; ni los trabajadores tienen derecho de exigir al adquirente
que respete los términos de los contratos de trabajo que los ligan al
enajenante.
Con respecto a los trabajadores,
pueden suceder dos cosas. Primero, que
al enajenar el establecimiento comercial, los trabajadores queden cesantes. En
este caso, se genera a su favor el derecho a reclamar una indemnización por
despido del enajenante.
Segundo,
que al enajenar el establecimiento los trabajadores sean mantenidos en sus
posiciones laborales. Esta segunda situación se puede lograr mediante dos
mecanismos distintos.
a) El enajenante de la casa de
comercio, arrendador de los servicios, cede los contratos laborales respectivos
al adquirente, recabando el consentimiento expreso de los trabajadores
involucrados. Con este primer mecanismo, los trabajadores se verán beneficiados
pues conservan todos los derechos adquiridos por su antigüedad en la relación
laboral cedida.
b) Se celebran nuevos contratos
laborales entre al adquirente de la casa de comercio y los trabajadores. Los
contratos preexistentes se rescinden. Se produce el cese de las relaciones
laborales anteriores y se generan los correspondientes derechos a
indemnizaciones por despido, pago de licencias, aguinaldos, etcétera, a favor
de los trabajadores y a cargo del enajenante.
Los contratos con el nuevo dueño de
la casa de comercio, se autonomizan de las relaciones preexistentes. Los
trabajadores con este segundo mecanismo, perderían los derechos que la antigüedad
con el anterior patrón le conferían. El legislador ha acudido a la tutela de
los trabajadores estableciendo ciertos derechos a favor de los trabajadores, que
continúan en la misma empresa, no obstante el cambio en su titularidad, como el
de que se tenga en cuenta su antigüedad, para la determinación de los días de
licencia que les corresponden y para el cálculo de la indemnización
por despido, cuando éste se produzca. También, por distintas leyes
laborales, se ha establecido la responsabilidad del adquirente por las deudas
laborales del enajenante, dando un estatuto jurídico especial a esos créditos.
Precisión
Los contratos o cesiones de contratos
que se celebran para asegurar la continuidad de los trabajadores podrán
conectarse con la enajenación, pero constituirán negocios independientes. Las
leyes laborales en nuestro país han previsto la continuidad de la relación
laboral, aunque no para imponerla como una consecuencia necesaria de la trasmisión
del establecimiento.
4. Relación jurídica con los factores
y dependientes
La Ley ha previsto con una norma
especial la relación contractual que vincula al comerciante con su factor y
dependiente. El artículo 145 del Código de Comercio dispone: “La personería de un factor no se interrumpe por la
muerte del propietario, mientras no se le revoquen los poderes: pero sí por la enajenación que aquél haga de su
establecimiento”. El artículo 151 del Código de Comercio establece que
la norma transcripta se aplica igualmente a los dependientes.
Tanto los factores como los
dependientes están vinculados con el dueño del establecimiento comercial con
relaciones de naturaleza compleja. Son sus empleados y le prestan sus servicios
y como tales, tienen nexos de índole laboral, pero a la vez tienen facultades
de representación conferidas por los contratos de mandato que se hayan
celebrado o por disposición de la Ley, aún en el silencio de las partes.
El artículo 145 del Código de
Comercio, incide en las facultades de representación conferidas por mandato o
por la Ley. Tales facultades cesan por la enajenación del establecimiento, pero
las relaciones de índole laboral, están sujetas al régimen considerado en el
apartado anterior.
III.
Otros elementos que consideramos no integrantes del establecimiento
En nuestro
Derecho los libros de
comercio deben ser conservados por el comerciante, que los ha certificado y
llevado, por espacio de veinte años contados desde el cese de su giro o
comercio (art. 80 C.Com.). Esta obligación es legal y personal del
comerciante en caso de enajenación del establecimiento comercial. Los libros y
documentación de respaldo no se trasmiten.
Por aplicación de las normas dictadas
para la tutela de los acreedores, el enajenante tiene obligación de exhibir los
libros al adquirente, a los efectos de que éste conozca las deudas que lo
gravan. Igual obligación se tendrá frente a cualquier acreedor que quiera
probar que su crédito está asentado en ellos.
Para la instalación y funcionamiento
de algunos establecimientos se requiere autorización administrativa:
pero ésta no es un elemento de la hacienda. Cuando la casa de comercio
se enajena, el adquirente debe recabar una nueva autorización del Poder Público,
que podrá concedérsela o no, según las circunstancias y condiciones que las
leyes y reglamentaciones establezcan.
Se plantea en doctrina el problema de si
puede considerarse como una condición implícita de la enajenación, la obtención
de la autorización y para el caso de que no se obtenga, si el adquirente podrá
pretender la resolución de la promesa o de la enajenación celebrada.
Entendemos que, si bien la autorización
está subordinada a la voluntad de la autoridad pública, que es un tercero
respecto al enajenante y adquirente, la trasmisión de la casa de comercio no
puede producir sus efectos sin que concurra la voluntad de ese tercero. De este
modo, la autorización administrativa es una condición que debe entenderse
admitida, aun en el silencio de las partes, en todo negocio de transferencia de
casa de comercio. Si no se obtiene la autorización, el negocio debe resolverse,
sin responsabilidad para ninguna de las partes. La opinión formulada, desde
luego, es controvertible. Por otra parte, será prudente que las partes hagan
previsiones al respecto.
La importancia del problema planteado
merece una solución legal. No debe ser librado a las previsiones de los
particulares ni a las disquisiciones doctrinarias. Entendemos que sería
conveniente que, por disposiciones legales, se establecieran los efectos que
produce la no obtención de la autorización administrativa por el adquirente,
cuando se le ha enajenado un establecimiento comercial, cuya explotación la
requiere.
La organización es el vínculo que
liga y coordina entre sí a los elementos dispares y de distinta naturaleza que
integran el establecimiento comercial para que éste cumpla su función dentro
de la economía.
Si bien reconocemos que la casa de
comercio no es un mero conglomerado de elementos y admitimos la existencia de
una actividad humana que los combina y coordina, siendo, precisamente, por su
organización que los elementos aunados pueden cumplir su función instrumental
al servicio del comerciante; no participamos de las corrientes doctrinarias que
sustentan que la organización es un bien incorporal que se suma a los restantes
para conformar el establecimiento. No lo es, pues no tiene autonomía ni tutela
jurídica propia, ni se concibe sin los elementos materiales e materiales de la
casa. En realidad la organización es una cualidad del establecimiento.
D.
La clientela
El llamado derecho a la clientela no
es más que una expectativa del propietario de la casa de comercio de que seguirá
concurriendo a la hacienda un grupo de personas para continuar sus adquisiciones
de bienes o servicios. En nuestro concepto, la clientela no
es un bien - elemento integrante de la hacienda - sino una resultante de la
actividad mercantil. Surge de la interacción de la hacienda sobre el medio.
Por ello, entendemos que no está comprendida en la enajenación de la casa de
comercio.
El propietario de la casa de comercio no tiene un derecho sobre la clientela
susceptible de ser trasmitido.
