El establecimiento comercial como universalidad

Por Carlos E. López Rodríguez

Esta posición doctrinaria tiene sustento hoy en diversas normas legales. La principal de ellas estaría constituida por el art. 380.2 del Código General del Proceso (CGP)[1]. En éste, al regular el embargo genérico, se establece que comprende la “universalidad” conocida como establecimiento comercial, agregando que no comprende los bienes concretos que integran esta universalidad, que deberán ser objeto de embargos específicos.  

I. El establecimiento comercial como universalidad de Derecho

En el Derecho romano se entendió que existía una universalidad de Derecho cuando había un patrimonio o una parte del patrimonio con contenido jurídico independiente y autónomo. Algunos autores han definido a la universalidad como el conjunto de bienes y deudas, o solamente de bienes, que forman un todo indivisible, sometido a normas especiales de Derecho[2].   

Se trataría de una unidad ideal y abstracta de relaciones patrimoniales, como es, por ejemplo, la herencia.

A. Doctrina

El autor alemán que defendió esta tesis con mayor prestigio fue Endemann. En Italia la tesis fue defendida por Calamandrei y Messineo[3].

Según Calamandrei, tres factores concurren a constituir el establecimiento: un sujeto, un medio y una acción.  Del concurso de esos tres factores surgiría la unidad jurídica que tiene los caracteres de una “universitas”. Puesto que, en su opinión, constituye un complejo de carácter intelectual, el establecimiento sería una “universitas juris”, sin perjuicio de reconocer la existencia, en su seno, de una o varias universalidades de hecho[4]. Según Calamandrei, el establecimiento constituye un verdadero patrimonio cerrado, con afectación del activo a las deudas contraídas en su actividad comercial[5].

En nuestra doctrina, Schwartz y Firpo Marty, consideran que el establecimiento comercial no es una cosa simple ni compuesta sino una unidad integrada por un conjunto de cosas, a las que el Derecho reconoce unitariamente. Según Schwartz, el establecimiento comercial sería una universalidad de Derecho por ser una realidad reconocida, declarada por el Derecho, que la convierte en una categoría jurídica[6]. Para Schwartz, las universalidades de Derecho se configurarían siempre que, por disposiciones legales, resultase la existencia de un conjunto de bienes afectados a un mismo destino[7].

La definición de Schwartz y Firpo Marty no se aviene con las definiciones tradicionales de universalidad de Derecho. En realidad, definene a la universalidad de Derecho en términos que la generalidad de los autores define a la universalidad de hecho.

B. Crítica

Decía Vivante:

Si la hacienda formase una universalidad de derecho, es decir, un todo jurídico reconocido por la ley, por respeto a su función económica habría que deducir que los acreedores comerciales tienen sobre sus bienes un derecho de preferencia frente a los acreedores civiles... y otras consecuencias más inadmisibles... Concluyendo, la hacienda no tiene en nuestra ley, una autonomía jurídica, ni como sujeto ni como objeto de derecho. Su existencia y su contenido dependen de la voluntad para determinar cuáles son los elementos que la componen cuando ella es objeto de negocios jurídicos.[8]

Según Mezzera Álvarez, no existirían normas expresas que permitieran sustentar en nuestro Derecho que el establecimiento es una universalidad de Derecho[9]. Pérez Fontana descarta, también, la consideración del establecimiento como una universalidad de Derecho, puesto que en dicha hipótesis no sería posible enajenar separadamente los bienes que integran el establecimiento, cosa que no sucede[10].

El art. 380.2 del CGP y el art. 61 de la Ley 16.871, se refieren a "la universalidad conocida como establecimiento comercial".

Por nuestra parte, entendemos que estas calificaciones legales son inconvenientes, porque no está definido, en nuestro Derecho, el término universalidad. En puridad, al tratarse de un pronunciamiento legal respecto de la naturaleza de un fenómeno jurídico, no obliga al intérprete.  

Entendemos, entonces, que conviene descartar estas calificaciones legales. El establecimiento no es un patrimonio autónomo. No es un patrimonio de afectación. Es un bien que compone e integra el patrimonio de su dueño[11]. Tampoco es un todo indivisible.

II. El establecimiento comercial como universalidad de hecho

El concepto de universalidad se opone al de cosa compuesta, en el sentido de que en este último se pretende expresar la idea de una conjunción material de elementos que no pierden su individualidad. En el Derecho romano se consideraba que la universalidad de hecho era un mero agregado de bienes cuya unidad era reconocida por el Derecho, como expresión de la voluntad humana, en la medida que ello no contrariase la Ley[11].

La doctrina que recurre a la idea de “universalidad de hecho” la ha definido como una totalidad de bienes de la misma o de diversa clase y valor, que a pesar de tener por sí una existencia separada, constituyen una unidad patrimonial[12], por estar ligadas entre sí por un destino común y especial. Así sucede, por ejemplo, con los rebaños y bibliotecas[13].

El concepto de universalidad de hecho encuentra su fundamento jurídico en la libertad que permite a todo titular de bienes ensamblar un conjunto de objetos, creando una unidad, y realizar actos y negocios con ese todo, dentro del margen consentido por la Ley[14].

Vivante sostenía:

Si la ley hace referencia a la universalidad de cosa (art. 424 del Código de Comercio), entre la cual puede estar la hacienda, es solamente para reconocer a los contrayentes la facultad de fijar su contenido. Aquélla es una mera universalidad de hecho constituida por la voluntad del comerciante, que es el solo patrón de su suerte y puede enajenarla o donarla en su totalidad, o bien dividirla en cuantas partes prefiera.[15]

El establecimiento, dice Vivante, no es reconocido por la Ley como un organismo autónomo. Si la Ley hace referencia a la universalidad, es solamente para reconocer a los contrayentes la facultad de fijar su contenido. El establecimiento, entonces, sería una mera universalidad de hecho, constituida por la voluntad del comerciante, que es el solo patrón de su suerte y puede enajenarla en su totalidad o dividirla en cuantas partes prefiera.

Carnelutti, dentro de la concepción del establecimiento como universalidad de hecho, afirma que el establecimiento no se limita a ser un agregado de cosas. Debe considerarse incluido en el establecimiento, además, el complejo de los colaboradores que forman el personal. Esto sería posible al considerar que los diversos elementos del establecimiento integran el mismo a través del derecho que sobre los mismos le corresponde al comerciante. Ese derecho será, eventualmente, de real o, también, de personal, como sucede en cuanto a los bienes que el comerciante arrienda o, incluso, respecto a los contratos de trabajo[17].

Escarra se pronuncia, también, a favor de la tesis de la universalidad de hecho. Según esta autor, existiría en el fondo de comercio un conjunto de elementos que, en el pensamiento del titular y en el de los terceros, estarían unidos por un vínculo inmaterial, representado por una comunidad de afectación y una organización racional que tiene a una finalidad. El establecimiento es objeto de negocios jurídicos pero la afectación común no impide la independencia de cada uno de sus elementos[18].

En cuanto al Derecho brasileño, Requião considera que es compulsoria la calificación del establecimiento como universalidad de hecho. Particularmente, lo considera como un bien incorporal constituido por un complejo de bienes que mantienen unitariamente su individualidad[19].

En nuestra doctrina existe un enjundioso estudio sobre el tema de Supervielle, quien prefiere considerar al establecimiento como una universalidad de hecho[20]. Así se han manifestado, también, Pérez Fontana[21], Germán[22], Rippe Káiser[23] y Olivera García[24].

Los dos últimos autores referidos, en una reseña del Derecho Comercial uruguayo realizada en forma conjunta, han fundamentado su posición en los términos siguientes:

La legislación sobre establecimientos comerciales no constituye un estatuto jurídico orgánico, global e integral de esos establecimientos, ni articula apropiadamente las diversas, asistemáticas y parciales disposiciones referidas a ese instituto mercantil. No obstante, no deja lugar a dudas, particularmente en las normas más recientes, la adhesión a la doctrina que entiende que el establecimiento comercial es una universalidad de hecho, concebible y transmisible como tal, sin perjuicio del cumplimiento de requisitos específicos para algunos de los diversos elementos que lo componen.[25]



[1] Bugallo Montaño, Manual Básico de Derecho de la Empresa, p. 82.  

[2] Ramírez Gronda, Diccionario.

[3] Requião, Curso de Direito Comercial, p. 208.

[4] Supervielle, El establecimiento comercial, pp. 444 y 445.

[5] Supervielle, op. cit., p. 459.

[6] Schwartz, El establecimiento comercial, pp. 7-14.

[7] Schwartz, op. cit., pp. 8 y 9.

[8] Vivante apud Supervielle, íd., p. 436.

[9] Mezzera Álvarez, Curso de Derecho Mercantil, t. 4, La casa de comercio, los títulos de crédito en general y la letra de cambio, p. 15.

[10] Pérez Fontana, Manual de Derecho Comercial, t. 1, p. 199.

[11] En sentencia de casación del 8 de marzo del 2001 se consideró lo siguiente: 

“Resulta indiscutible que las instalaciones de la estación de servicio son también propiedad de los accionantes por accesión, pero no el establecimiento comercial en tanto universalidad jurídica. El establecimiento comercial no fue reivindicado ni tampoco podía serlo ya que ‘no pueden reivindicarse las universitas juris, porque falta el objeto de la reivindicación, que tiene que ser necesariamente una cosa o un derecho real sobre determinada cosa’, según expresara Lagarmilla, citado por Del Campo en su obra (Derecho Civil, Bienes, v.II, p. 108, 82).

[11] Supervielle, op. cit., pp. 456 y 457.

[12] Moreno Rodríguez, Diccionario.

[13] Schwartz, op. cit., p. 8.

[14] Supervielle, op. cit., p. 473.

[15] Vivante apud Supervielle, íd., p. 435.

[16] Vivante apud Supervielle, íd. ibid.

[17] Supervielle, íd., pp. 466 y 467.

[18] Supervielle, íd., p. 463.

[19] Requião, op. cit., pp. 209 y 210.

[20] Supervielle, íd., p. 521.

[21] Pérez Fontana, op. cit., p. 199.

[22] Germán, "Responsabilidad solidaria y subsidiaria del adquirente en enajenación de elementos materiales de un establecimiento comercial (créditos laborales)", Lex Revista de Jurisprudencia y Legislación, año 1, n° 3, pp. 438 y 451.

[23] Mezzera Álvarez, íd., p. 16.

[24] Olivera García, Promesa de enajenación de establecimiento comercial, in: Abal Oliú, Carnelli, Bidart et al., Promesa de enajenación de inmuebles a plazo, p. 70. Este autor afirma que la posición sustentada por Supervielle ha sido seguida en forma pacífica por toda la doctrina nacional, cosa que es un error, según surge de estas páginas.

[25] Rippe Kaiser y Olivera García, Panorama del Derecho Comercial Uruguayo, p. 80.

 

 

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