Régimen de Actuación de las
Cooperativas
Por Carlos López Rodríguez
Las cooperativas
adquieren su personalidad jurídica con la inscripción, ante el Registro
Nacional de Comercio, del testimonio notarial del acta de constitución de la
cooperativa y de los estatutos sociales. Este atributo ha sido objeto de una
larga evolución legislativa hasta llegar al régimen actual en donde se unifica
para todas las cooperativas.
En efecto, antes de la sanción de la
Ley 16.156 la normativa era diversa. Respecto a los primeros subtipos creados,
se le atribuía personería jurídica, no por disposición de las leyes de
cooperativas, sino por aplicación de la Ley general para todas las sociedades
comerciales, que establecía que éstas, una vez constituidas con cumplimiento
de requisitos legales, eran personas jurídicas (Ley 10.793 del 25 de setiembre
de 1.946).
Luego, las leyes
comenzaron a atribuirles personería jurídica. Las cooperativas de vivienda tenían
personería jurídica por disposición de su propia ley de creación (art. 132
de la Ley 13.728). La Ley 14.827, también, atribuyó expresamente personería a
las cooperativas agroindustriales (art. 1). La Ley 15.645, para las cooperativas
agrarias, establecía que la personería jurídica les es acordada por el Poder
Ejecutivo (arts. 1 y 6). Ahora está vigente, para todos los subtipos, la Ley
16.156 antes referida, que confiere personería jurídica a todos los subtipos a
partir de la inscripción en el Registro de Comercio.
El artículo 1 de la Ley 16.156 dispone
que los fundadores de las
sociedades cooperativas, a los efectos de obtener su personalidad jurídica,
deberán inscribir ante el Registro Público y General de Comercio un testimonio
notarial del acta de constitución y de los estatutos sociales. El régimen para
obtener personería es más exigente que el establecido en la Ley 16.060. Para
los tipos de sociedades comerciales reguladas por la Ley 16.060, la personería
jurídica se adquiere con la sola celebración del contrato.
El artículo 2 de la Ley 16.156 dispone
que el Registro efectuará el control de legalidad. El artículo 4 deroga las
disposiciones que establezcan otra clase de requisitos para el trámite de
otorgamiento de personalidad jurídica a cualquier variedad de cooperativa.
Luego de la inscripción en el registro de comercio, deberán inscribirse donde
corresponda según sea su actividad.
La Ley 16.156 crea
además la figura de los institutos de asistencia técnica.
La personalidad jurídica, permite a la
cooperativa contratar con otras personas físicas o jurídicas. De la misma
forma, gracias a su personalidad jurídica puede participar del fenómeno
denominado "concentración
societaria" a través de distintas figuras como la fusión, participación
de cooperativas en otras sociedades.
1. Contratación
con socios
En principio, las sociedades
cooperativas se constituyen para realizar actividades empresariales con sus
propios asociados. Si son cooperativas de consumo o de crédito se forman para
realizar ventas o conceder préstamos a sus socios. Si son cooperativas de
producción, se conciertan para dar trabajo a sus asociados.
En general, las leyes de cooperativas no
regulan especialmente la contratación con los socios, salvo normas aisladas.
Así como toda sociedad comercial después
de constituida, puede o no funcionar y desarrollar su objeto, puede suceder que
la cooperativa no llegue a funcionar. Esto es, la sociedad nacida puede quedar
en el papel. En el caso que funcione, puede suceder que algunos de los socios no
contraten con ella; es decir, el socio cooperativista aporta su capital pero
luego no acude a celebrar operaciones de consumo o a trabajar o solicitar crédito,
etc., según el tipo de que se trate. El principio general enunciado, tiene
excepciones. Ya mencionamos que las leyes sobre cooperativas agroindustriales y
agrarias admiten que se imponga a los miembros la contratación con la sociedad,
como una obligación que integra su situación societaria y cuya omisión puede
ser sancionada.
2. Contratación
con terceros
Hay distintas normas que prevén
contratación con terceros, generalmente para autorizarla en casos de excepción.
El decreto del 5 de marzo de 1.948
admite que las cooperativas comerciales o industriales contraten con terceros,
pero la condiciona:
“A) Las operaciones con
terceros no podrán en ningún caso exceder de la tercera parte de las
operaciones que anualmente realice la cooperativa.
B) Los beneficios que se
obtengan por las operaciones con terceros ingresarán necesariamente al fondo de
reservas y el remanente destinado a obras de progreso social”.
“No
se considerarán operaciones realizadas con terceros, las que se efectúen para:
a.
Servir a socios de otra cooperativa.
b.
Liquidar artículos sobre los que se deje de operar o que podrían desmerecerse
con una conservación prolongada.
c.
Servir al público, por motivo de generar utilidad, a requerimiento de
organismos del Estado”.
La Ley 13.481 sobre
cooperativas de producción, tácitamente admite que no socios pueden trabajar
en una cooperativa de este tipo; pero los beneficios que se le acuerdan están
condicionados con una determinada proporción de trabajadores socios. Ya se
mencionó en párrafo anterior.
La Ley de cooperativas agroindustriales
no autoriza a contratar con terceros (art. 6, ap. 6). Prohíbe “permitir a quienes no sean socios utilizar o beneficiarse de los
servicios o bienes de la sociedad, salvo en casos de justificada necesidad y de
interés zonal o nacional, dando cuenta de inmediato el Poder Ejecutivo”.
El inciso trascripto, en que se
establece que algunas operaciones no se consideran operaciones con terceros, se
incorpora para admitir que se exceda el porcentaje del apartado A).
Las circulares sobre cooperativas de crédito
no autorizan la concesión de créditos a terceros (art. 2).
La Ley 15.645 de cooperativas agrarias
prohíbe que se permita a los no socios utilizar servicios o bienes de la
sociedad (art. 54, ap. E). Sin embargo, autoriza que opere con no miembros en
casos excepcionales debidamente fundados. Las normas que autorizan la contratación
con no socios, se considera que desvirtúan los principios del cooperativismo,
aunque la doctrina tiende a justificarlos diversamente.
La Ley 10.761 prevé la posibilidad de
constituir asociaciones de cooperativas, esto es, la asociación entre
cooperativas. La Ley 14.827 también admite la asociación con otras
cooperativas o la constitución de federación de cooperativas. La Ley 15.645
sobre cooperativas agrarias, en el primer inciso del artículo 41 dice así: “Las
cooperativas podrán realizar toda clase de operaciones en común, realizar
acuerdos y establecer vinculaciones para el cumplimiento de su objeto, asociarse
o fusionarse entre sí o con las sociedades a que hace referencia la Ley 14.330
de 19 de diciembre de 1974.” La Ley 14.330 se refiere a sociedades de
fomento rural.
La Ley 14.827 de cooperativas
agroindustriales admite la fusión con otras cooperativas, pero no con otras
entidades. La Ley 15.645 autoriza la fusión de cooperativas agrarias entre sí
o de una cooperativa agraria con una sociedad de fomento rural (ley 14.330);
pero no con sociedades de otro tipo. Esta última ley prevé fusión en dos
modalidades: por absorción o por creación, adoptando soluciones manejadas, en
la práctica de entonces, en materia de sociedades comerciales. Se prevé
expresamente que la fusión tiene como efecto la trasmisión de patrimonios de
las absorbidas hacia la cooperativa absorbente.
Para adoptar resolución de fusión, se requiere una mayoría especial y se
confiere derecho de receso al socio disidente.
Están previstas sólo en las leyes
14.827 y 15.645. Esta última prevé cooperativas de segundo y tercer
grado (art. 41).
Nada dicen estas leyes sobre la
posibilidad de que una cooperativa adquiera aportes, cuotas o acciones de
sociedades de otro tipo. No lo regula ni lo prohíbe. Las normas referidas en
los párrafos precedentes, se refieren a asociaciones o federaciones o
cooperativas de cooperativas, pero no a la integración de sociedades. Si
entendemos que la cooperativa es persona jurídica y que, como tal, puede
realizar cualquier negocio comprendido en su objeto, entonces, podría
participar en otras sociedades como socio o celebrar cualquier otro negocio jurídico
relacionado con la integración o concentración de empresas, siempre que ello
tienda a la consecución de su objeto.
La Ley 14.827 establece: “...las
cooperativas agroindustriales podrán asociarse con personas de otro carácter
jurídico a condición de que ello sea conveniente para cumplir con su objeto
social y con autorización previa del Poder Ejecutivo”. Esta disposición
tiene por fin permitir a las cooperativas el acceso a los siguientes elementos:
capital, equipo, know-how, mercado, financiamiento, técnicas de gestión, etc.,
que pueden serles proporcionados por otras entidades.
La Ley 15.645 autoriza a las
cooperativas agrarias, a asociarse con sociedades de fomento rural.
Las cooperativas agrarias son
controladas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Este podrá
pedir, incluso, su cancelación ante el Poder Ejecutivo (art. 52 de la Ley
15.645).
Las cooperativas de vivienda son
controladas por la Dirección Nacional de Vivienda. Las demás sociedades
cooperativas están sometidas al control permanente de la Inspección General de
Hacienda. La Inspección General de Hacienda debe visar los balances de las
cooperativas antes de su presentación a la asamblea (art. 14 del Decreto de
1.948, artículo 3 del Decreto 434/78 y artículo 22 de la Ley 14.827 de 1.978,
arts. 190 a 192 de la Ley 16.736). Para las agroindustriales, la Ley 14.827
establece como causal de disolución, la propuesta de ese poder (art. 24, inc.
4).
En cuanto a las cooperativas de ahorro y
crédito, están sometidas al régimen estricto de las entidades financieras que
imponen un severo control por el Banco Central del Uruguay: se les impone una
responsabilidad patrimonial mínima; se les impone un régimen de encaje en el
Banco Central del Uruguay; no se las autoriza a efectuar inversiones que le
quiten liquidez; se les prohíbe realizar operaciones ajenas a su objeto.
Las cooperativas tienen
un régimen de administración básicamente compuesto por tres órganos: el
consejo directivo, la asamblea general de socios y la comisión fiscal.
La Ley 10.761 de 1.946 para las
cooperativas comerciales e industriales prevé como órganos sociales: el
consejo directivo y la asamblea de socios. Las demás leyes agregan una comisión
fiscal para los tipos de cooperativa que respectivamente regulan. La Ley 15.645
para las cooperativas agrarias prevé cuatro órganos: asamblea general, consejo
de administración, autoridad fiscal y autoridad electoral (art. 22).
La
Ley 10.761 de 1.946 no contiene una regulación detallada sobre este órgano de
administración. La Ley 14.827 para cooperativas agroindustriales y la Ley
15.645 para cooperativas agrarias organizan con cierto detalle la integración y
funcionamiento del consejo directivo, incorporando la posibilidad de crear
juntas ejecutivas honorarias designadas y dependientes del consejo directivo.
1.
Integración del órgano de administración
La
Ley de cooperativas agroindustriales autoriza que se integre con una minoría de
no socios. La Ley de cooperativas agrarias autoriza un no socio, con especial
competencia en el objeto de la cooperativa.
2.
Número de integrantes del órgano
La
Ley de cooperativas agroindustriales impone un número impar con mínimo de tres
y máximo de nueve. La Ley de cooperativas agrarias sólo impone mínimo de
tres.
3.
Duración
La Ley de cooperativas agroindustriales
impone un plazo de duración de dos años, con renovación parcial cada año. La
Ley de cooperativas agrarias establece un plazo máximo de cuatro años y la
posibilidad de reelección por dos períodos consecutivos.
4.
Facultades
Sólo la Ley 15.645 limita sus
facultades: el órgano de administración no puede enajenar o gravar inmuebles
sin autorización de la asamblea.
5.
Remuneración
Los
integrantes del órgano de administración pueden ser remunerados según
disponen las leyes de cooperativas agroindustriales y agrarias (art. 15 de la
Ley 14.827 y artículo 23 de la Ley 15.645).
Existe una disciplina detallada sólo en las leyes 14.827 de
1.978 (art. 14) y 15.645 de 1.984 (art. 24 a 29). La Ley 15.645 califica a la
asamblea como órgano supremo de las cooperativas. La asamblea se integra por:
a) los socios, que pueden hacerse representar por poder; pero cada socio no
puede representar a más de dos socios; b) los no socios que integran el órgano
de administración o el órgano fiscal.
Las decisiones se toman por mayoría de
votos de socios presentes. En el caso de las cooperativas agrarias, para
designar autoridades, el voto es secreto (art. 26 inciso final). En este caso no
se puede votar por poder.
Las leyes mencionadas regulan quién
convoca, publicidad de la convocatoria y forma en que se sesiona. Ambas leyes
distinguen entre asambleas ordinarias y extraordinarias en función de sus
cometidos. La asamblea ordinaria se reúne para considerar balances, memoria,
estado de resultados, etc. y para elegir a integrantes de los órganos de
administración y fiscalización y el electoral, en su caso. La extraordinaria
funciona para asuntos especiales. En la asamblea ordinaria pueden tratarse otros
asuntos a propuesta de órganos de administración o fiscalización o de diez
por ciento de socios y aun de autoridad oficial (caso de cooperativas agrarias).
No
se ha previsto su existencia para las cooperativas comerciales e industriales;
pero nada impide su creación estatutariamente. En las leyes 14.827 y 15.645 se
prevé su existencia y se regula su integración y duración de sus miembros. El
artículo 17 de la Ley 14.827 y el artículo 32 de la Ley 15.645 contienen una
norma novedosa al autorizar a la Comisión fiscal a contratar los servicios de
una auditoría externa.
La
Ley de Cooperativas de Vivienda 13.728 prevé otro órgano: la comisión de
fomento cooperativo, con la función de educación y fomento de la institución
(art. 137, inc. 3). La Ley de Cooperativas Agrarias 15.645 regula la autoridad
electoral, artículos 34 y 35, para el control de actos eleccionarios. Resuelven
reclamaciones que se deduzcan, con apelación ante la Corte Electoral.