Seguro
de Vida
Por Nuri Rodríguez
Olivera
y Carlos
López
Rodríguez
El seguro de vida está regulado por los artículos 693 y
siguientes del Código de Comercio.
Tiene gran importancia porque constituye un instrumento de previsión social.
Es explotado por empresas poderosas que operan con gran número
de personas. Por ello, los Estados controlan severamente su funcionamiento.
El contrato de seguro de vida tiene por objeto asumir el
riesgo de la variabilidad de la duración de la vida humana. El riesgo se vincula a la duración de la vida. El riesgo es la
variabilidad de la duración de la vida humana. El riesgo no es la muerte, pues
la muerte es cierta.
El artículo 696 establece: “La avaluación de la cantidad, y la determinación de las condiciones
del seguro, quedan al arbitrio de las partes”.
Una persona se asegura para
que, a su muerte, se pague una cierta cantidad a un tercero. Se tiene en cuenta
fecha de probable muerte, se calcula la prima de acuerdo a ello.
En la base técnica se prevé edad de muerte mediante
tablas de mortalidad. El riesgo es que la muerte puede anticiparse o retardarse
con relación a la fecha previsible.
El riesgo aumenta con los
años, pero la prima es fija,
uniforme. En rigor correspondería ir aumentando la prima, pero lo que se hace
es cobrar una prima uniforme. Con las primeras primas se está pagando más de
lo que matemáticamente correspondería; pero con esa prima mayor se forma una
reserva con la cual se compensa acrecimiento futuro de riesgos. Esta reserva se
llama reserva matemática, con esa reserva se compensa desequilibrios de primas.
El contrato de seguro de vida asume dos modalidades
principales, atendiendo el riesgo asegurado.
1. Seguro de vida para el caso de sobrevida
En esta variedad, el acontecimiento incierto que impone al
asegurador el cumplimiento de la prestación pactada consiste en la longevidad
del asegurado. El asegurador se obliga a pagar un capital o a suministrar una
renta periódica, si el asegurado alcanza una determinada edad o vive durante
una determinada cantidad de años a partir de la contratación del seguro.
2. Seguro de vida para el caso de muerte
En esta clase, la incertidumbre está dada, no por la
producción en sí del hecho previsto como generador de la obligación del
asegurador – la muerte – sino por el momento en que habrá de producirse.
La muerte hace exigible, a la compañía aseguradora, la
cantidad estipulada a favor de un heredero o de un tercero.
Obviamente en esta modalidad, el riesgo es progresivo. La
posibilidad de que se produzca algún suceso que provoque la muerte del
asegurado, aumenta a medida que pasan los años. Esta circunstancia es tenida en
cuenta por el asegurador al contratar.
Meilij entiende que si por un acto voluntario
del asegurado – como ser un cambio de profesión, por ejemplo -, se
agrava el riesgo de tal forma que hubiere impedido el contrato o modificado sus
condiciones, el asegurador puede rescindir el contrato.
3. Modalidades mixtas y otras variantes
En el seguro se puede estipular que, si a cierta fecha
fallece el asegurado, se le pagará una suma al heredero o beneficiario y, además,
que si a esa misma fecha sigue viviendo, se le ha de pagar una suma al propio
suscriptor. Hay otras variantes. Así, por ejemplo, se puede asegurar la vida
del suscriptor y la vida de otro o se puede asegurar dos o más vidas. El artículo
693 sólo prevé una forma de seguros, para el caso de muerte, con tiempo
determinado y en beneficio de un tercero.
No hay límites para la cantidad que deba pagarse. No se
aplica el artículo 642. No hay restricción sobre doble seguro.
La Ley no establece posibilidad, para el asegurador, de
subrogarse en acciones contra el tercero que causó muerte de la persona del
asegurado. No se aplica acá el artículo 669. Si la muerte del asegurado se
debe a la acción culpable de un tercero, el asegurador no se subroga en los
derechos que puedan corresponderle a los herederos de la víctima, para reclamar
una indemnización del victimario.
De acuerdo a la clasificación general de los seguros, el
seguro de vida es un seguro de suma y un seguro de personas. Las modalidades del
seguro de vida, se caracterizan en primer lugar, por el riesgo asegurado. En
segundo lugar, se caracterizan porque es un seguro de suma y no de indemnización.
Por esta razón, una persona puede contratar tantos seguros de vida como desee,
sin que esto sea causa de nulidad de alguno de ellos. La causal de nulidad
dispuesta por el artículo 641 inc. 1º sólo rige para los seguros de daño.
Teniendo en cuenta la prestación a que se compromete el
asegurador, se clasifican en seguro de capital y seguro de renta. En los seguros
de capital, de realizarse el riesgo previsto, el asegurado deberá pagar una
cantidad única. En los seguros de renta, a partir de la producción del
acontecimiento incierto que el seguro cubre, el asegurador debe pagar una renta
periódica.
1. Partes
Las partes del contrato de seguro de vida son el asegurador
y el suscriptor o estipulante (también llamado tomador), éste es quien
contrata el seguro con el asegurador.
2. Otros sujetos
El contrato puede involucrar otras personas que no son
partes en el contrato. Estas personas son la vida asegurada (también llamado
asegurado) y el beneficiario (art. 693).
a. Situación de la vida asegurada
Puede tratarse de que el asegurador se obligue a pagar una
cierta suma si el suscriptor llega a determinada edad. En este caso en el
suscriptor se reúne, además, la calidad de beneficiario y vida asegurada. El
riesgo depende de la propia vida del estipulante.
Puede darse el caso de que el seguro se pacte sobre la vida
de una persona diferente de quien contrata.
Esta hipótesis es la que prevé el artículo 694. Tendremos en este
caso, tres figuras en juego: el asegurador, la vida asegurada y el estipulante
del seguro. Encierra un peligro: fines ilícitos o criminales en su contratación,
en que el estipulante pueda tener interés en que el siniestro se produzca. Ese
peligro se atempera, subordinando la validez del contrato a ciertas condiciones.
Por ejemplo, se debe probar que se tiene interés en la vida del tercero o se
limita a ciertos familiares o se exige el consentimiento expreso de la persona
cuya vida es asegurada.
b. Situación del beneficiario
El seguro de vida para el caso de muerte es esencialmente
un contrato en beneficio de un tercero (beneficiario), que no es parte en el
contrato. Esta posibilidad está expresamente prevista en el artículo 693:
“La
vida de una persona podrá ser asegurada a favor de algún interesado por un
tiempo que se determinará en el contrato”.
Se trata, según la mayoría de la doctrina, de una
estipulación en beneficio de otro. Se aplica, por tanto, el artículo 1.256 del
Código Civil:
“Si contratando alguno a
nombre propio, hubiese estipulado cualquier ventaja a favor de tercera persona,
aunque no tenga derecho de representarla, podrá esta tercera persona exigir el
cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al
obligado, antes de ser revocada”.
El beneficiario puede ser designado a título gratuito (en
virtud de un vínculo afectivo o filial) o a título oneroso (en virtud de un vínculo
obligacional, por ejemplo, acreedor en seguridad de su crédito).
El beneficiario adquiere un derecho propio y directo sobre
el producto del seguro a partir del momento en que se produce la muerte del
asegurado o su sobrevida (en el caso de seguro para el caso de vida). Mientras
tanto, la designación del beneficiario es un acto revocable en todo momento por
parte del estipulante del seguro.
Mientras no ocurra el siniestro, el beneficiario no tiene
derecho alguno; sólo tiene una mera expectativa si sigue siendo beneficiario,
cuando se produzca el siniestro.
El suscriptor del seguro es dueño absoluto de la relación
jurídica creada. Puede revocar la designación y designar otro beneficiario;
pero sólo él puede hacer la revocación. El único matiz posible es que el
suscriptor renuncie a su derecho de pedir la revocación de la designación.
Esto no es usual.
c. Situación del capital asegurado
Se entiende que el capital nunca estuvo en el patrimonio
del suscriptor y en consecuencia no está sujeto a modo sucesorio ni afectado
por sus deudas.
* Se admite que cabe la acción pauliana por primas
pagadas. Los acreedores no pueden cobrar al beneficiario que percibe seguro por
derecho propio, pero pueden entender y probar que el pago de primas se hizo con
intención de defraudar a los acreedores y reclamar la nulidad del seguro.
En caso de quiebra del estipulante, se pueden ejercer
acciones revocatorias concursales para obtener reintegro de primas a la masa.
* Algunos autores señalan que debe colacionarse el capital
que el asegurador paga. Entendemos que ello no corresponde porque ese capital no
estaba en el patrimonio del causante a la fecha de su muerte. Se entiende por
otros autores, que los herederos podrían pedir colación de las primas pagadas.
d. Hipótesis en que no se designó beneficiario
Si no se hizo designación alguna de beneficiario, se
entiende que el suscriptor estipuló para sí mismo el capital. Como éste es
exigible sólo después de su propia muerte, debe entregarse a quienes sean sus
herederos. Estos recibirán el capital, empero, por el modo sucesión y no por
derecho propio. En consecuencia estará sujeto a acciones de los acreedores del
causante (Thaller, Vivante).
Algunos entienden que debe tratarse a los herederos como
implícitamente designados. Recibirán, entonces, el capital por derecho propio.
El artículo 1180 del Código Civil dispone:
“El seguro de vida, constituido en favor de los herederos del que lo
contrae, cuyo monto no exceda de 10.000 Unidades Reajustables, es un bien de
exclusiva propiedad de los mismos herederos y no responde, en ningún caso, a
los créditos que el constituyente quedare debiendo a su fallecimiento.”
El artículo 695 dispone que las enunciaciones de la póliza
contiene menos exigencias que el artículo 645. La Ley ha dejado librada a la
voluntad de las partes, la determinación de las condiciones del seguro. De
acuerdo a ese artículo, la póliza de seguro de vida debe contener:
“1º
El día del contrato.
2º
El nombre del asegurado.
3º
El nombre de la persona cuya vida se asegura.
4º
La época en que los riesgos empezarán y acabarán para el asegurador.
5º
La cantidad por la cual se ha asegurado.
6º
La prima o premio del seguro”.
1.
Reticencia
del asegurado
Para
la determinación de la prima, es fundamental que la compañía aseguradora
tenga conocimiento, al momento de contratar, respecto de cualquier circunstancia
que implique que el asegurado pueda morir antes que otras de su misma edad. Por
ello, al celebrar el contrato, el asegurado debe informar acerca de todos los
elementos que sean considerados relevantes por la aseguradora, a los efectos de
estimar las probabilidades de muerte del asegurado. Se aplica al seguro de vida
el artículo 640:
“Toda
declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas del
asegurado, aun hecha de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el
contrato, o modificado sus condiciones si el asegurador hubiese sido
cerciorado del verdadero estado de las cosas, hace nulo el contrato.”
En
la práctica, se somete al asegurado a un cuestionario y a un examen médico. El
cuestionario versa sobre datos que influyen en el riesgo: edad, profesión y
antecedentes personales y familiares y de salud. El cuestionario se considera
que forma parte del contrato. Se aplican las reglas generales sobre reticencia y
falsa declaración. El asegurado, como en otros seguros, debe proporcionar
cierta información que, en este seguro, reviste importancia particular.
El
cuestionario impreso que, en general, las aseguradoras presentan a quien
pretende contratar un seguro de vida, tiende a evitar la producción de
reticencias. Se plantea entonces un problema: el hecho de que el asegurado no
informe al asegurador una circunstancia que conoce pero sobre la cual no se hace
ninguna pregunta en el cuestionario, ¿implica una reticencia?. Se entiende que
no. Con el cuestionario, el asegurador ha renunciado implícitamente a invocar
otras causales de reticencia que las que pueden derivar del mismo.
El
examen médico es efectuado por un médico de la confianza de la empresa
aseguradora. Se estila completar la información con una indagación ante el médico
particular. El examen médico no dispensa de las consecuencias de las
reticencias, porque puede tratarse de un estado patológico no apreciable fácilmente.
La intervención del médico no exime de responsabilidades al asegurado que
conoce un hecho decisivo sobre el cual debe informar al asegurador.
Otro
problema se suscita si existió reticencia respecto de algún aspecto relevante
respecto de la salud del asegurado, pero que no influyó sobre el fallecimiento.
En esta hipótesis, dada la inexistencia de nexo causal entre la reticencia y la
causa de la muerte, consideramos que no queda configurada la causal de nulidad.
2.
Hipótesis de agravamiento del riesgo
En
el caso del seguro de vida, el riesgo se puede agravar por distintas
circunstancias. Por ejemplo, el asegurado acrecienta riesgos por actos de
variada índole, cambiando a una profesión más peligrosa, realizando viajes
arriesgados o mudándose a climas dañosos para la salud. Los contratos suelen
hacer previsiones al respecto. Por ejemplo, se excluye o limita la indemnización,
en caso de viajes o de mudanza. También, se puede pactar que el asegurado debe
dar noticia de determinadas circunstancias al asegurador, quien podrá
replantear los términos del contrato. Si la vida asegurada es la de un tercero,
quien no está obligado a nada por el seguro, se trataría de fuerza mayor a
cargo de la compañía.
¿Qué
sucede si en un contrato se previeron con soluciones especiales, ciertos
agravamientos de riesgos, y no otros, y ocurren los otros? Vivante
sostiene que la empresa ha formulado sus cálculos en base a esos riesgos y no
puede liberarse del pago del capital asegurado. Habría excepciones, por
ejemplo, el caso en que el asegurado se expone a un peligro excepcional, enrolándose
como voluntario de guerra.
Ahora
bien, fuera de los casos en los que la voluntad de la vida asegurada interviene
en el agravamiento del riesgo, debe admitirse que éste es inherente a la
naturaleza humana. El riesgo de muerte se acreciente a medida que pasan los años.
Siendo inevitable el agravamiento natural del riesgo, no es necesaria su
información al asegurador. El riesgo se establece al contratar el seguro. Éste
sólo puede ser anulado si existió reticencia como vicio inicial del contrato,
que afecta el consentimiento del asegurador (art. 640)[1].
Por
ejemplo, una persona puede haber contratado un seguro de vida cuando tenía
veinte años. A los cincuenta años, infelizmente, comienza a padecer una
deficiencia cardiaca. Diez años más tarde se produce su fallecimiento por un
ataque cardíaco. El asegurador debe pagar la indemnización, puesto que no
existió reticencia al momento de contratar el seguro. No puede excusarse con el
argumento de que el asegurado no informó respecto del agravamiento del riesgo.
3. Muerte por el beneficiario
La hipótesis de que el beneficiario dé muerte a la
persona cuya vida se aseguró se prevé por el Código de Comercio en su artículo
699:
“Es asimismo nulo el seguro, en el caso de que la persona que reclame el importe
del seguro, sea quien haya muerto a la persona asegurada”.
Sería contrario a la moral que el beneficiario
aprovechara el fruto de su delito.
La Ley no distingue el caso en que la muerte no sea
intencional sino culpable o casual. Tampoco prevé la posibilidad de anular el
seguro por complicidad en la muerte.
4. Hechos del asegurado
El asegurador, como principio general, no está obligado a
pagar, si el siniestro se produce a consecuencia de un hecho del propio
asegurado. El artículo 698 dispone:
“Es
también nulo el seguro, si el que ha hecho asegurar su vida, se suicida, es
castigado con la pena de muerte o pierde la vida en desafío u otra empresa
criminal”.
La norma prevé distintos casos.
a. Suicidio
El asegurador, como principio general,
no está obligado a pagar, si el siniestro se produce a consecuencia de un hecho
del propio asegurado. El artículo 698 del Código de Comercio dispone que el
seguro de vida es nulo si la persona que ha hecho asegurar su vida se suicida.
El legislador quiso que ésta fuera una
causal de nulidad porque entendió que el suicidio era una conducta moralmente
reprobable y socialmente nociva. Sin duda, éste fue un criterio dominante en
1.866, fecha en la que se sancionó el Código de Comercio. Desde ese entonces
hasta hoy, la legislación no ha cambiado; en este sentido el suicidio sigue
siendo una causal de nulidad del contrato de seguro. Antes de analizar este
tema, debemos analizar si se trata de una nulidad del contrato.
Es conveniente revisar el término “nulidad”
que utilizó el legislador en el artículo 698. La nulidad es la consecuencia
inmediata del acaecimiento de un hecho determinado y que se manifiesta en el
momento de la formación del contrato. Si el contrato es anulado, éste
desaparece en todos sus efectos tanto hacia el futuro como hacia el pasado. De
acuerdo a los principios generales, y dentro de lo posible, las cosas deben
reponerse al mismo estado que tenían antes de la celebración del contrato
nulo.
Mezzera
Álvarez advierte que, en materia de seguros, el término
nulidad, en algunos casos, no fue aplicado correctamente por el legislador. El
autor señala que muchos de los casos de nulidad previstos son, en realidad,
casos de caducidad, rescisión o suspensión de las obligaciones a cargo del
asegurador. Particularmente, el caso de suicidio no sería, según el autor, un
caso de nulidad pues el contrato de seguro resultaría válido. El suicidio
determina el cese de la obligación del
asegurador por la ocurrencia de un hecho superviniente.
El suicidio, por tanto, no es una causal de nulidad del contrato de seguro sino
una hipótesis en que el contrato se vuelve ineficaz: el contrato es válido
pero no obliga al asegurador.
El legislador, ante los casos de nulidad
del contrato de seguro, distingue entre la buena o mala fe del asegurado. Si el
asegurado obró de buena fe, el asegurador debe devolver el premio pagado por el
asegurado. Se aplica el inciso primero del artículo 666 del Código de Comercio
que dispone:
“Cuando
hay nulidad del seguro en todo o en parte, y el asegurado ha obrado de buena fe,
el asegurador debe restituir el premio, o la parte del premio que haya recibido
hasta la suma concurrente de los riesgos que no haya corrido”.
Si, por el contrario, el asegurado obró
de mala fe, el asegurador conserva el premio íntegramente. Así lo dispone el
artículo 667:
“Si el
contrato se anula por dolo, fraude o mala fe del asegurado, gana el asegurador
el premio íntegro, sin perjuicio de la acción criminal a que pueda haber lugar”.
De la letra del Código se desprende que
estos artículos se aplican en los casos de nulidad del contrato de seguro y,
según se vio, el suicidio no anula el contrato. No obstante, parece razonable
pensar que el Legislador no hizo esta distinción y consideró al suicidio como
una nulidad. En consecuencia y, siguiendo su razonamiento, debe aplicarse en el
caso del suicidio las normas contenidas en los artículos 666 y 667
transcriptos. Mezzera Álvarez señala
que ésta ha sido la conducta del Banco de Seguros del Estado cuando ha tenido
casos de suicidio.
*
¿Quién debe ser el suicida?
De acuerdo al texto del artículo 698,
la norma se aplica al tomador del seguro en los casos en que contrata el seguro
sobre su propia vida. Vale decir que el suicidio es una causal de caducidad
siempre y cuando se contrate sobre la vida del tomador; no es aplicable cuando
se contrata sobre la vida de un tercero.
Fernández,
comentando la misma norma del Código de Comercio argentino, afirma que en el
caso del seguro de vida contratado sobre la vida de un tercero, la caducidad
provocada por el suicidio de éste no es aplicable y el asegurador debe la
indemnización pues es una hipótesis de caso fortuito.
Malagarriga
está de acuerdo y sostiene que el suicidio de la vida asegurada es un caso de
fuerza mayor, no previsto por el tomador del seguro, que de ninguna manera puede
enervar los efectos de éste.
Coincidimos con esta posición por dos razones. En primer lugar, porque el artículo
en estudio dice, expresamente, que la causal se aplica
sólo para el caso del suicidio del que ha hecho asegurar su vida; esto
es contempla sólo el suicidio del tomador. En segundo lugar, porque el suicidio
de la vida asegurada es un riesgo más de los que asume el asegurador en cuya
participación nada tiene que ver el tomador del seguro. Si el tomador no ha
tenido participación en el suicidio de la vida asegurada, entonces no es justo
que se lo sancione cuando no ha tenido ninguna intención de defraudar la buena
fe del asegurador.
Mezzera no
plantea el tema pero, en todo el desarrollo de su exposición, considera el
suicidio del tomador del seguro.
Halperin
no está de acuerdo. El autor sostiene que la
caducidad se aplica tanto al suicidio del tomador del seguro como al suicidio de
la vida asegurada. En este sentido afirma:
“La
caducidad se extiende al supuesto que el suicidio sea de un tercero cuya vida se
aseguró. En otra oportunidad opiné contra esta solución, que ahora acepto por
una razón práctica: el peligro de asegurar la vida de quien ha resuelto
suicidarse”.
Los autores que sostienen esta tesis
consideran que el asegurado debe imputarse, a sí mismo, el haber elegido una
persona con propósitos suicidas porque, en definitiva, las consecuencias de
ambos suicidios (tanto el de tomador como el de la vida asegurada) son idénticas:
alteran las bases económicas del seguro.
*
Circunstancias a tener en cuenta en caso de suicidio del tomador
El suicidio del tomador del seguro hace
necesario analizar dos temas: la naturaleza de la disposición contenida en el
artículo 698 del Código de Comercio y la valoración de las circunstancias que
llevaron al suicidio.
La doctrina está dividida respecto a si
este artículo es de orden público o no lo es. Nuestro régimen legal está
basado en un principio fundamental que es el de la autonomía de la voluntad. En
este sentido, los particulares tienen la libertad de manifestar su voluntad de
la forma que deseen, salvo que el Estado limite o prohiba este derecho
atendiendo a razones de interés general. El principio es la libertad y el
respeto por los que se llaman los derechos “disponibles”; la excepción
es la limitación o prohibición de esos derechos mediante normas imperativas o
de orden público.
Una norma es de orden público cuando
los particulares no tienen la libertad de desconocer el mandato legal mediante
cláusulas contractuales. Ante una norma prohibitiva o imperativa de esta
naturaleza, los particulares pierden el derecho a la autonomía de la voluntad
pues el incumplimiento de la norma escapa a la esfera de los derechos
dispositivos para entrar en el mundo de los intereses generales y, por tanto,
supraindividuales.
Sobre el artículo en examen se han
esgrimido las dos posiciones: hay quienes afirman que se trata de una norma de
orden público y hay quienes afirman que no lo es. A continuación reseñaremos
las dos posiciones.
* Autores
que consideran que la norma no es de orden público
Empezaremos con Vivante. Este autor sostiene que “Esta decadencia no es
de orden público”. Según él, la regla que rescinde el contrato en caso
de suicidio, y que está prevista en la mayoría de los Códigos, es una regla
interpretativa deducida de la naturaleza del contrato, que se puede derogar.
Advertimos que el autor no fundamente su posición en razones jurídicas sino en
razones morales. Vivante contempla
la situación de los beneficiarios del suicida y considera que es injusto
privarles del derecho. Así entiende:
“Si
el suicida pudiera disfrutar de su acto violento, esa sanción sería justa y
prudente. Pero los que reclaman el capital asegurado son, de ordinario, los huérfanos
del suicida. Ahora bien, ¿es más útil la seguridad social que hereden éstos
del padres, juntamente con la tendencia al suicidio, la miseria que los arrastre
al mismo trance, o es más útil que lleguen a bendecir a su padre por el
sacrificio que hizo asegurándolos, con la sagrada previsión de su porvenir?...
Las opiniones que combatimos son opiniones de escuela, que se desvanecen ante
las tragedias de la vida; ningún juez querría dejar morir de desesperación a
la viuda y a los huérfanos en nombre de un pretendido orden público”.
Halperin
considera que, en la Ley argentina, la exclusión del
suicidio se funda en razones técnicas y no en razones morales o de orden público.
Para este autor, no estamos ante una norma de orden público, lo que explica que
pueda pactarse una cláusula de indisputabilidad sobre esta circunstancia,
siempre y cuando se trate de un suicidio en el cual el sujeto no haya cometido
fraude.
Fernández
afirma que el proyecto no puede considerarse de orden
público e inderogable por las partes. Advertimos que, igual que Vivante, el autor no fundamenta su posición en razones jurídicas
sino en consideraciones de índole moral. Así, entiende que el no pagar la
indemnización no hace otra cosa que perjudicar, aún más, a los beneficiarios
quienes, además de sufrir la pérdida afectiva, se verán sumidos en la
pobreza. En este sentido, Fernández considera
que se trata de un accidente no imputable al asegurado. El autor aclara que esta
consideración moral es atendible sólo en el caso de suicidio cometido mucho
después de contratado el seguro. Deja fuera de su consideración el cometido
inmediatamente de celebrado el contrato; en este caso es claro el dolo y el
asegurador no debe la indemnización.
*
Autores que consideran que la norma es de orden público
Obarrio entiende
que el suicidio es una causal de caducidad del contrato de seguro y que esta
norma no puede modificarse convencionalmente pues con ello se violentaría el
principio de aleatoriedad del contrato de seguro.
Malagarriga sostiene que la
caducidad se fundamenta en razones de orden público, las cuales son atendibles
en el caso del suicidio del tomador del seguro y no así en el caso del suicidio
de un tercero cuya vida se asegura.
En la
doctrina nacional, Mezzera Álvarez considera
que la norma contenida en el artículo 698 del Código de Comercio es de orden público.
Entiende que el legislador uruguayo calificó al suicidio como una conducta
reprobable. Advierte que la cláusula que pretenda derogar esta norma es nula,
puesto que contraría lo dispuesto por el artículo 643 del Código de Comercio.
*
Circunstancias que llevaron al suicidio
El suicidio es la privación de la vida
por una acto de la propia persona. Si el asegurado es quien provoca su muerte,
el asegurador no está obligado a pagar la indemnización pactada. En este caso,
el acto del asegurado quiebra los principios del riesgo pues, para que el riesgo
sea asegurable debe, entre otro requisitos, ser incierto y fortuito. Cuando la
personas, al contratar el seguro, sabe que atentará contra su vida, elimina la
incertidumbre del riesgo lo cual habilita al asegurador a no cumplir con lo
prometido. Sin embargo, en los hechos, los casos de suicidio del asegurado no
siempre resultan tan claros. En efecto, en muchos de los casos el asegurado, al
contratar el seguro, no tiene en mente la hipótesis del suicidio y, sin
embargo, al cabo de cierto tiempo, toma la fatal decisión.
Las circunstancias que acompañan al
suicidio son muy complejas y no siempre determinan una decisión consciente y
plenamente responsable respecto de las consecuencias futuras de la conducta. En
consideración a esta complejidad, los autores que han estudiado el tema
distinguen el suicidio cometido por quien es plenamente
consciente de su acto y de sus consecuencias, del suicidio cometido por
quien no está plenamente consciente de la decisión por problemas sicológicos
o físicos que alteran su razón. Estos autores distinguen entre el suicidio “voluntario”
y el “involuntario” atendiendo
a la naturaleza de la decisión tomada por
el asegurado. El suicidio es, por naturaleza voluntario, por lo cual preferimos
la expresión suicidio “consciente” o suicidio “inconsciente”.
Así, el suicidio consciente es el acto
por el cual el asegurado se quita la vida en pleno uso de sus facultades. Este
hecho enerva la obligación del asegurador pues violenta los requisitos del
riesgo. En otras palabras, el suicidio es una causal de caducidad si es el
resultado de la voluntad consciente y despejada del involucrado.
El suicidio inconsciente, en cambio, es
el acto por el cual el asegurado se quita la vida como consecuencia de un
proceso de enajenación de sus facultades. La doctrina señala que, en este
caso, el asegurador debe cumplir con su obligación.
Albanell
sostiene que sólo puede alegarse la caducidad del seguro cuando el suicidio es
obra de la voluntad consciente y libre. Si el suicidio no obedece a un acto
consciente, en nada se diferencia con
la muerte natural o accidental previsibles y viene a ser un caso fortuito que la
compañía debe soportar.
No es fácil determinar si el suicidio
fue consecuencia de una voluntad válida y despejada o si es el resultado de una
enfermedad que enajene al sujeto y lo prive de toda razón. Advertimos que,
encontrar el límite entre la conciencia y la inconsciencia en el comportamiento
humano es muy difícil, sin embargo, se ha explicado que no se exige la pérdida
absoluta de ésta:
“Basta
una perturbación en alto grado de ella y que la libre determinación aparezca
excluida, aunque sea respecto del acto especial”.
Sobre la base de este criterio, Halperin
concluye:
“No
existe suicidio consciente o voluntario toda vez que, por causas internas o
externas, morbosas o no, el sujeto pierde conciencia plena de sus actos, la
libertad de su voluntad. Quiere decir que deja de ser consciente o voluntario no
sólo el cometido en estado de insania, sino en todos los supuestos en que se
ofusca la razón o se halla impedida la serenidad del juicio”.
El autor advierte que, sobre el punto,
existe disparidad de criterios. Cita a Ilardi
para quien basta que exista desequilibrio, aun en forma mínima, para que
el agente sea determinado por una voluntad no libre. Altavilla, en cambio, estima que sólo es involuntario el
suicidio cometido en estado de alineación por causas endógenas morbosas. Vivante
entiende que todas las causas que perturban el libre entendimiento suprimen la
voluntariedad de la muerte. Lordi considera
que un shock nervioso ocasionado por un gran desengaño o un escándalo
financiero, entre otras causas consideradas, bastan para que el suicidio sea
inconsciente. Finalmente, otros autores son más severos en la consideración de
las circunstancias que llevaron al suicidio; Obarrio
exige que el sujeto sea presa de un estado de perturbación mental que le
impida apreciar la naturaleza del acto y medir sus efectos; Diaz
de Guijarro requiere que la perturbación sea intensa y que aniquile el
instinto de conservación; Di Guglielmo requiere
una perturbación psíquica total.
En la Ley argentina se contempla
solamente el suicidio consciente (denominado voluntario). El inconsciente queda
fuera de la órbita de caducidad del contrato de seguro por ser una hipótesis
de caso fortuito.
Además, se discute quién debe probar
el estado mental del suicida. La discusión radica en si debe probarse la
normalidad mental o ésta se presume. Halperin
explica que la doctrina argentina sostiene que la normalidad mental se presume
pues es lo corriente. Analizado así, debería ser el beneficiario el que pruebe
que el suicidio fue la consecuencia de un proceso de enajenación de forma de
destruir esta presunción. El autor no comparte esta posición y entiende que la
normalidad del estado mental de una persona no se presume por lo cual el
asegurador debe probar que el suicidio ha sido consciente y voluntario.
Funda su opinión en que le suicidio, de por sí, es un acto que pertenece al
campo de la anormalidad por lo cual no cabe pensar en él como un comportamiento
corriente. Esto traslada la carga de la prueba al asegurador.
Mezzera consideró
que, si bien nuestra ley no distingue entre uno y otro caso, puede admitirse que
el suicidio no se tome en cuenta sólo si es el resultado probado de un proceso
de enajenación.
El autor sostiene que esta prueba la debe proporcionar el beneficiario.
La prueba de estos hechos puede ser
dificultosa. Sin duda la principal prueba documental radicará en los registros
médicos del suicida de donde pueden surgir alteraciones tales que hayan
requerido tratamiento. Otro medio de prueba idóneo para este caso concreto son
las pericias. Se ha discutido si la prueba testimonial es admisible; creemos que
sí, dado que puede revelar hechos que prueben el estado mental del sujeto.
Otro aspecto que puede ayudar a dilucidar este problema
es la consideración del espacio de tiempo transcurrido entre la contratación
del seguro y el acaecimiento del suicidio. Nuestro Código, reiteramos, no hace
distinción ni en el origen de la decisión del suicidio ni en el momento de su
ejecución. Sin embargo si, entre la celebración del contrato de seguro y el
hecho, ha mediado un tiempo extenso, puede entenderse, como la hace Halperin,
que considerar caduco el contrato es una injusticia.
b. Duelo
El Código de
Comercio incluye al duelo en el artículo 698, cuando se refiere al desafío.El
duelo es delito, tipificado por el artículo 200 del Código Penal.
c.Pena de muerte
El artículo 698
hace referencia a la pena de muerte como una causal de nulidad del contrato de
seguro de vida. La pena de muerte no es aplicable en nuestro país.
d. Pérdida de vida en empresa criminal
El Código no prevé agravación del riesgo por causa de
guerra.
5. Premuerte
La nulidad se prevé en el artículo 697:
“Si la persona cuya vida es asegurada, había ya muerto en el momento
del contrato, la convención es nula, aun cuando el fallecimiento no hubiese
podido llegar a noticia del asegurado, a no ser que lo contrario se hubiese
pactado expresamente”.
Para eliminar la inseguridad del contrato, derivada de su
posible anulación por falsedad o reticencia del asegurado, se utiliza la
llamada “cláusula de
incontestabilidad” o “indisputabilidad”.
Conforme con esta cláusula, transcurrido cierto tiempo – un año por ejemplo
– cesa el derecho de impugnar el seguro por reticencia o por falsas
declaraciones. Es una especie de prescripción pactada. Se cuestiona su licitud
pues, cuando se trata de actos dolosos, sería nula por contraria al orden público
y a la moral.
