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Tanto el usuario como el acreditante, pueden reclamarse, en todos los casos, daños y perjuicios. Por el inc. 2 del art. 31 se dispone: “La acción de daños y perjuicios reclamados por cualquiera de las partes se sustanciarán en juicio ordinario”.

Allí, entre otras cosas, se establece la exoneración del Impuesto al Valor Agregado en ciertas condiciones (art. 45 Ley 16.072, sustituido por Ley 16.906, art. 20):

En el art. 48 se establece que los créditos que se generen por la celebración de contratos de créditos de uso, estarán exentos del Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias.

La obligación del acreditante es entregar el bien, objeto del contrato, al usuario (art. 12). Luego, se le prohíbe retirar el bien del poder del usuario (art. 9) y se le prohíbe turbar o embarazar al usuario en la utilización del bien (art. 12, lit. c).

El dador podrá enajenar lo que dio en uso pero con las afectaciones que lo gravan por existir un contrato de crédito de uso inscripto. Es una diferencia con el crédito de uso financiero, en que se establece la prohibición de enajenar el bien dado en uso, salvo a una institución que pueda ser acreditante y en cuyo caso, la entidad adquirente está obligada a cumplir el contrato (art. 11).

Los requisitos formales del contrato de uso operativo son comunes a los establecidos para el crédito de uso financiero. El contrato deberá otorgarse en instrumento público o privado con firmas certificadas por Escribano Público y en triplicado. El art. 7 de la Ley 16.072 establece que el contrato se inscribirá, a pedido de la institución acreditante.

El leasing financiero admite varias modalidades, que resultan de la combinación de los arts. 1 y 2 de la Ley 16.072. Básicamente, estas modalidades se distinguen en función del origen del bien que es objeto del contrato. El art. 2 dispone que el contrato podrá recaer:

En una primera modalidad, el negocio recae sobre un bien que ya pertenece a la institución acreditante. Sólo puede recaer sobre bienes que fueron adquiridos por la entidad acreditante, para la defensa o recuperación de sus créditos.

Una persona que necesita un bien, en lugar de comprarlo, le pide a una institución acreditante que lo compre y le otorgue su uso por un plazo que se fija y a cambio de pagos periódicos. Al terminar el plazo el comodatario tiene la opción de adquirirlo, por un precio residual o restituir el bien o renovar el contrato.

También, puede convenirse que si el usuario no ejerciere la opción de compra, el bien será vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio final estipulado y obligándose el usuario a abonar a la institución acreditante la diferencia si el precio obtenido en el remate fuere menor.

¿Por qué se creó este mecanismo negocial? Se comenzó a utilizar para la adquisición de bienes que requieren tecnología que varía continuamente. Quien adquiere el uso de bienes, podrá optar, al finalizar el término establecido, por no comprarlo, para adquirir bienes con tecnología más avanzada. Es, por otra parte, un mecanismo para que el usuario obtenga una financiación para sus actividades. Sirve para la entidad dadora, por cuanto garantiza su crédito con la propiedad del bien, que conserva, dando sólo el uso.

La formación y celebración del contrato supone el cumplimiento de tratativas previas. Ante todo, el interesado habrá negociado con el tercero que tiene el bien que le interesa adquirir. Luego, el interesado ha de presentar su solicitud a la entidad que puede celebrar el leasing. Deberá indicar cuál es el bien, sus especificaciones técnicas si fuere del caso, así como el proveedor de dicho bien.

La entidad dadora, analizará si concede o no el crédito. Si resuelve afirmativamente, se otorgará el contrato con las formalidades legales requeridas (art. 6).

El banco deberá negociar la compra con el proveedor. Si el proveedor no consiente la venta, en las condiciones acordadas en el contrato de crédito de uso, éste queda extinguido, sin responsabilidad para las partes (art. 13 Ley 16.072). Se prevé como excepción, la posibilidad de que el usuario tuviere a su favor una propuesta firme de venta otorgada por el proveedor y que la haya cedido a favor del acreditante.

Se dice que estamos frente a un negocio trilateral, porque participa el banco, su cliente y el proveedor. Nosotros entendemos que el proveedor no es parte en el contrato de crédito de uso. Él ha de celebrar con el banco un contrato conexo.

No se admite, en el leasing operativo, la modalidad del leasing financiero en que la entidad acreditante compra el bien que luego se dará en préstamo. La Ley 17.296 dispone expresamente que no se le aplican los artículos 12, literal b, 13 y 14 de la Ley 16.072 y sus modificativas.

En la segunda modalidad, una persona vende un bien a la institución acreditante y, luego, lo pide prestado en las condiciones referidas en el caso anterior. A esta operación se le llama lease back o leasing de retorno. El dueño de los bienes necesita recursos y los obtiene con la venta de determinados bienes, que seguirá usando, pero como prestatario.

¿Cuáles son las particularidades del lease back? En ningún momento se interrumpe durante ese proceso la utilización de los equipos, objeto de la negociación. El cliente logra un fuerte ingreso de efectivo, ya que vende bienes. La única solución que obtiene es de carácter financiero y no una renovación tecnológica mediante la dotación de nuevos equipos, lo que aproxima la figura al crédito puro, apartándose del leasing propiamente dicho.

No puede ejercer las opciones si estuviere en mora en el cumplimiento de alguna obligación (art. 30, inc. 5).

El negocio permite que una persona pueda obtener el uso de un bien, pagando un precio y después de un plazo, resolver si se queda con él o si lo devuelve. Durante el plazo, el usuario habrá pagado por el uso, sumas que se imputarán al precio, si ejerce la opción de compra.

Vencido el plazo del contrato, el usuario debe hacer saber al acreditante la opción que hubiere ejercido, pudiendo comprar por un precio residual que se fija o restituirlo el bien.

Si optó por la compra, pagará el precio final (art. 21) y se otorgará el contrato de compraventa, cancelando la inscripción del crédito de uso en el Registro (art. 30). Si optó por la prórroga, esta opción debe inscribirse, como el contrato original (art. 30). Si no opta por la compra o por la prórroga debe devolver la cosa, bajo sanción de responsabilidad por daños y perjuicios. Debe restituirse en el mismo estado en que se recibió, salvo deterioro ocasionado por uso y goce legítimo (art. 29).

La Ley admite que, en lugar de pactarse la opción de compra, se pacte, simplemente o acumulativamente, una opción de prórroga del plazo de la utilización del bien. Así se dispone en el inc. 2, del art. 1 de la Ley 16.072:

Puede convenirse que, vencido el plazo original o el de la prórroga, el bien sea vendido en remate, cuyo producido será para el acreditante. Si el precio obtenido en remate es superior al precio final, la diferencia corresponde al usuario. Si el precio del remate es inferior al precio final, el usuario debe compensar la diferencia al acreditante.

En el contrato de uso operativo se dan más opciones que en el financiero (art. 636, incs. 2-5)^[6]. Si se trata de un crédito de uso operativo se agrega otra opción posible: el usuario puede sustituir el bien objeto del contrato por otro de igual naturaleza, fijándose un nuevo precio.

^[1] Los artículos cuya aplicación se excluyen son los referidos específicamente a la entidad financiera acreditante (arts. 3, 4, 11, 12, lit. b, 13 y 14), las normas tributarias y el capítulo sobre disposiciones finales de la Ley 16.205 (art. 637 Ley 17.296).

^[2] Gamarra, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, t. 3, v. 2, p. 171 (Montevideo, 1962).

^[3] La Ley en su redacción primitiva sólo autorizaba el leasing sobre bienes muebles e inmuebles en cuanto estuvieren afectados a una actividad agraria, industrial o comercial.

^[4] Art. 7, inc. 3 de la Ley 16.072, con redacción dada por el art. 272 de la Ley 16.320.

El mismo plazo se establece en la Ley 16.871.

^[5] El art. 26 dispone:

“Cuando por culpa del usuario se rescinde el contrato, la institución acreditante podrá optar entre el reclamarle el pago de todo el precio periódico por el tiempo transcurrido y el que falte para cumplirse el término pactado más el precio final, abandonando el bien en beneficio del usuario; o recuperar el bien reclamando al usuario el precio periódico devengado hasta la fecha de la devolución efectiva con más los intereses moratorios y una multa que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto de las cuotas, periódicas por el tiempo que falte para cumplirse el término pactado. En ambos casos, podrá reclamar también la indemnización de los daños y perjuicios que el incumplimiento del usuario le haya ocasionado.”

[5] El artículo 1, en sus incisos 2 a 3, de la Ley 16.072, establece diversos pactos posibles en un contrato de crédito de uso, que sirven para la caracterización de este negocio y diferenciarlo de un arrendamiento de cosa:

“Podrá pactarse, en favor del usuario, una opción irrevocable de compra del bien al vencimiento del plazo y mediante el pago de un precio final.

Sin perjuicio de esa opción de compra, podrá también pactarse en favor del usuario, la opción irrevocable de prorrogar el plazo del contrato por uno o más períodos determinados y por un nuevo precio que también se estipulará en contrato.

Asimismo podrá convenirse que finalizado el plazo del contrato o el de la opción de prórroga, en su caso, y si el usuario no tuviere la opción de compra, el bien será vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio final estipulado y obligándose el usuario a abonar a la institución acreditante la diferencia si el precio obtenido en el remate fuere menor.”

[6] Los incisos 2 a 5 del artículo 636 de la Ley 17.296 establecen:

“El contrato deberá contemplar que al vencimiento del plazo pactado, el usuario cuente con alguna o todas las opciones que se expresan seguidamente:

a) Comprar el bien mediante el pago de un precio final.

b) Prorrogar el plazo del contrato por uno o más períodos determinados, sustituir el bien objeto del contrato por otro de análoga naturaleza, modificar el precio cuando corresponda, estipulando el nuevo precio fijado en el contrato;

c) Para el caso de que no se hubiera pactado una opción de compra, que finalizado el plazo del contrato o de sus prórrogas, el bien sea vendido por la empresa dadora en remate público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio final estipulado, y obligándose el usuario a abonar al dador la diferencia si el precio obtenido en el remate fuere menor.”

Cronograma y Manual Virtual de Derecho Comercial I

Leyes y decretos

c. Régimen tributario