Régimen
Jurídico Aplicable a los Intereses
Por Nuri Rodríguez Olivera y
Carlos López Rodríguez
El
préstamo bancario es el contrato bancario por el cual, un banco entrega a su
cliente una suma determinada de dinero, obligándose el cliente a restituirla en
la misma especie y cantidad en el plazo convenido, pagando los intereses
pactados.
El préstamo
bancario tiene su regulación básica en el Título X del Libro II del Código
de Comercio, sobre préstamo comercial en general. El artículo 700 del Código
de Comercio establece: “El préstamo
mercantil es un acto en virtud del cual un comerciante recibe una cantidad de
dinero o mercancías para destinarla a las operaciones de su tráfico obligándose
a devolver otro tanto de la misma especie”.
La norma
transcripta no define al préstamo como un contrato, sino como acto, pero se le
incluye entre los contratos. También, cuando se definen otros contratos se
elude la utilización de este término.
En el artículo
2.197 del Código Civil se define el mutuo o préstamo de consumo como
“... un contrato por el cual se
da dinero u otra cosa fungible, con cargo de volver otro tanto de la misma
especie y calidad”.
A. Caracteres
Es una
operación activa porque el banco se hace acreedor de los intereses, comisiones
y, eventualmente, de los intereses moratorios para el caso de incumplimiento del
cliente.
Sus principales caracteres son los siguientes.
1. El préstamo
como contrato real
El Código
Civil, en el artículo 1.252 categoriza tres clases de contratos; pero no lo
hace con un solo criterio. Se establece la categoría de contrato solemne y de
contrato consensual, atendiendo al acto del consentimiento. El contrato solemne
se caracteriza porque se requieren formalidades especiales para su
perfeccionamiento; se califica de consensual cuando obliga por el simple
consentimiento de las partes.
El artículo
1.252 del Código Civil califica de real al contrato “cuando
la obligación principal que nace de él supone necesariamente la tradición de
la cosa”. El segundo inciso agrega: “Antes
de la tradición, la promesa aceptada de entregar o recibir la cosa sobre que
versare el contrato, entra en la clase de los contratos consensuales”.
El contrato
de préstamo es real, en el sentido que le da el artículo 1.252 del Código
Civil, por cuanto la principal obligación que nace de él, supone la tradición
de la suma prestada al prestatario, que se cumple simultáneamente con la
celebración del contrato.
En la calificación de real del Código Civil, no interesa el momento del
consentimiento sino que se atiende a las obligaciones emergentes del contrato.
El contrato
no se perfecciona con la entrega de la suma prestada sino que la entrega de la
suma prestada es el objeto del contrato y la única obligación que genera el
contrato es restituir esa suma al vencimiento del plazo estipulado.
Precisamente,
el contrato de préstamo
se diferencia del contrato de apertura de crédito; en esta última, el banco
abre una línea de crédito al cliente con un límite máximo que el cliente irá
utilizando y amortizando a medida que necesite el dinero. En el préstamo, en
cambio, se le entrega la cantidad de dinero estipulada y se restituirá una vez
finalizado el plazo contractualmente fijado.
2. El préstamo
como contrato unilateral
El
contrato de préstamo es un contrato unilateral. La única obligación principal
que se genera está a cargo del prestatario (cliente), consistiendo en pagar los
intereses pactados y las comisiones estipuladas en el contrato y devolver el
capital prestado en la fecha concertada (art. 2.201 C.C.).
La celebración
del contrato de préstamo no genera obligaciones para el propietario del dinero
porque el dinero lo entrega al celebrar el contrato. Lo mismo sucede en el Código
de Comercio (art. 700).
3.
Regulación bancocentralista
Las normas
bancocentralistas regulan los préstamos y el régimen de intereses.
Las
instituciones privadas, en general, conceden préstamos a corto plazo. Los
bancos Estatales (Banco de la República Oriental del Uruguay y Banco
Hipotecario del Uruguay) realizan, también, operaciones de mediano y largo
plazo. La Ley 16.131 sobre bancos de inversión, dispone que éstos deben
dedicarse a colocaciones a mediano y largo plazo.
El régimen
de financiación de exportaciones ha sido reglamentado por el Banco Central del
Uruguay.
4. Sobre
la documentación
Los préstamos,
generalmente se documentan con vales. Algunas veces se suele instrumentar un
contrato de préstamo. Se suelen respaldar con garantías como fianzas, prendas
e hipotecas.
B. Variedades de préstamos
Mencionaremos,
a continuación, algunas variedades de préstamos.
1.
Distinción que atiende a los sujetos que otorgan el préstamo
a. Préstamos
del Banco de la República Oriental del Uruguay
Los préstamos
que concede el Banco de la República están especialmente reglamentados. Así
resulta de la Ley 17.416 (2.001) que establece límites para su concesión.
El artículo
3 de la Ley 16.087 establece:
“Los
contribuyentes que se encontraren en mora en el pago de los tributos
departamentales por concepto de tasa bromatológica, contribución inmobiliaria
e impuesto a los remates establecido por la ley 12.700, de 4 de febrero de 1.960
y modificativas, sólo podrán recibir préstamos del Banco de la República
Oriental del Uruguay si no figuraren en la nómina de deudores que los Gobiernos
Departamentales remitan a éste, trimestralmente a dichos efectos.
La
nómina de deudores a que refiere el inciso anterior deberá indicar, en
cada caso, el tributo adeudado, la fecha desde que la obligación tributaria es
exigible y el monto de la deuda y sólo podrá comprender a los contribuyentes
que previamente hayan sido personalmente notificados de su adeudo en vía
administrativa o judicial.
Las
disposiciones de este artículo refieren exclusivamente a los préstamos con
destino a actividades industriales, comerciales, agropecuarias o de
servicios”.
c. Préstamos
del Banco Hipotecario del Uruguay
Los préstamos
que concede el Banco Hipotecario se regulan por su Carta Orgánica modificada
por la Ley 17.596.
2.
Distinción que atiende al objeto del préstamo
a. Préstamos
hipotecarios
La Ley
16.760 autoriza a las entidades de intermediación financiera a otorgar préstamos
hipotecarios para financiar la construcción de edificios en el régimen de
propiedad horizontal.
b. Préstamos
para exportaciones
El régimen
de financiación de exportaciones ha sido especialmente reglamentado por el
Banco Central del Uruguay.
c. Préstamos
de última instancia
El artículo
36 de La Ley 16.696 autoriza al Banco Central del Uruguay a actuar como
prestamista en casos extremos respecto de instituciones de intermediación
financiera, pudiendo comprar o descontar o redescontar, títulos valores, letras
de tesorería o valores emitidos por el Banco Central del Uruguay, en
condiciones que establece la norma. Por el artículo 37 puede hacer adelantos
financieros a las instituciones referidas por plazos no superiores a 90 días,
debidamente garantizados.
3. Otros
préstamos
a. Préstamos
consorciales
En los préstamos
consorciales, varios banqueros acuerdan otorgar un préstamo a un deudor,
dividiendo de este modo los riesgos de su operativa. Se designa un jefe del
grupo que negocia el crédito. Él se encarga de dar los fondos al beneficiario
y de percibir los intereses y el reembolso.
b. Call
Se
llama call al préstamo entre bancos. Generalmente es un préstamo para
suplir la insuficiencia de liquidez de un banco y que se concede por un breve
plazo. Este préstamo se concierta generalmente a través de una comunicación
telefónica o por fax y se documenta con la firma de un vale por el banco
prestatario.
Bajo este título
trataremos tres temas. En primer lugar, nos referiremos a algunas de las
diversas clases de intereses a los que se refieren las normas mercantiles y la
práctica comercial. En segundo lugar, nos referiremos a algunas de las normas más
importantes del régimen aplicable a los intereses. En tercer lugar, trataremos
el tema de la usura.
Los
intereses pueden ser de varias clases. Se distingue entre intereses corrientes o
compensatorios y de mora o punitorios.
También, se distingue entre interés convencional, acordado por las partes y el
legal, fijado por la Ley. El Código de Comercio se refiere a intereses de plaza
o corrientes. Nos referiremos a las diversas clases de intereses a continuación.
1.
Interés compensatorio
El interés
corriente o compensatorio se conceptúa como la contraprestación del
prestatario al prestamista. En el Código Civil se puede pactar interés en
dinero o en especie. El Código de Comercio sólo admite pago de intereses en
dinero. El artículo 710 establece:
“Los
réditos de los préstamos entre comerciantes se estipularán siempre en dinero,
aún cuando el préstamo consista en efectos, o géneros de comercio.
Los
réditos se pagarán en la misma moneda que el capital o suma principal”.
El artículo
712 del Código de Comercio establece una tasa del 6 % para el caso de que se
haya pactado que se pagará interés sin decir la tasa. El artículo 712
dispone: “Mediando estipulación de intereses, sin declaración de la
cantidad a que éstos han de ascender, o del tiempo en que deben empezar a
correr, se presume que dicho interés es el de seis por ciento por año, y desde
el tiempo en que debió ser satisfecho el capital”.
En el Código
Civil la tasa era, también, del 6 % (art. 2.208), pero la Ley 13.355, de
abreviación de juicio, la elevó al 12 % (art. 74).
El inciso 3
del artículo 11 del Decreto Ley 14.095, con la redacción dada por el Decreto
Ley 15.226, establece que los intereses, compensaciones, gastos de administración
o comisión, deberán ser especificados documentalmente, en forma expresa y con
mención concreta de valores numéricos. El inciso 4, del artículo mencionado,
autoriza que se establezca una tasa variable, referida a plazas o promedios
determinados. Es usual, en materia bancaria, que se pacte una tasa variable,
como la tasa “libor”, que es la
del mercado de Londres o la “prime
rate”, aplicada por los bancos norteamericanos. Generalmente se pacta
cualquiera de esas tasas más un porcentaje adicional.
El Decreto
Ley 14.095 disponía que el Banco Central del Uruguay debía fijar, periódicamente,
las tasas máximas de intereses que podían percibir las personas físicas o jurídicas,
privadas o públicas, pudiendo establecer diversidad de tasas, únicamente en
función del destino de los préstamo y de la oportunidad del pago anticipado o
no de los intereses. También, fijaría los máximos a percibir por
compensaciones, gastos de administración y comisiones.
Por el Decreto Ley 14.887 se modifica la norma antes citada y se dispone
que es facultad del Banco Central del Uruguay fijar tasas máximas de intereses,
compensaciones, gastos de administración, comisiones y otros cargos en las
prestaciones de dinero o en otras operaciones financieras, sean realizadas por
instituciones o empresas financieras o por particulares. Esta facultad se está
usando actualmente sólo para las operaciones de bancos.
2.
Interés Moratorio
El interés
moratorio o punitorio constituye una sanción que afecta al deudor por el
incumplimiento de la obligación de restituir la suma prestada o debida en
tiempo.
a.
Aplicabilidad para el caso de omisión contractual
Tanto en el
Código Civil como en el Código de
Comercio, los intereses moratorios se deben aunque no se pacten. Se deben desde
la demanda. El artículo 707 dice así: “En los casos en que la ley no hace
correr expresamente los intereses, o cuando éstos no están estipulados en el
contrato, la tardanza en el cumplimiento de la obligación hace que corran los
intereses desde el día de la demanda, aunque ésta excediera el importe del crédito
y aunque el acreedor no justifique pérdida o perjuicio alguno, y el obligado
creyese de buena fe no ser deudor”.
b.
Acumulabilidad del interés compensatorio y el interés moratorio
Ambos tipos
de “interés” por su distinta naturaleza, podrían ser acumulables.
El interés compensatorio se debe por la utilización de un crédito de dinero;
el llamado interés moratorio se cobra como una reparación de todos los
perjuicios sufridos por el no pago puntual de la suma debida.
El artículo
717 del Código de Comercio contiene una norma igual al 2.212 del Código Civil,
que podría considerarse aplicable para sustentar que los intereses
compensatorios continúan corriendo luego del incumplimiento. Establece: “La
estipulación sobre pago de intereses durante el plazo prefijado para que el
deudor goce de la cosa prestada, se entiende prorrogado después de transcurrido
aquél, por el tiempo que se demore la devolución del capital”.
Puede
sustentarse una posición opuesta sosteniendo que son de pago sucesivo en el
tiempo. El interés compensatorio se liquida desde la fecha de la concesión del
crédito hasta el vencimiento acordado; el interés moratorio se liquida a
partir del vencimiento.
Resulta difícil
adoptar posición sobre el tema aunque nos parece que el interés moratorio
generalmente bastante superior al corriente, cumple la doble función de
compensar el uso del dinero por el tiempo de demora y reparar los perjuicios que
sufre el acreedor. Acumularlos parece excesivo, en especial cuando el interés
moratorio es sensiblemente superior al otro.
3. Interés
de plaza o corriente
El artículo
713 del Código de Comercio dispone: “Siempre
que en la ley o en la convención se habla de intereses de plaza o intereses
corrientes, se entiende los que cobran los bancos públicos”. Esta previsión
no está en el Código Civil. El artículo prevé dos hipótesis: a) existen
normas legales que se refieren al interés corriente o de plaza y b) se celebra
un contrato en que no se estipuló tasa pero se dijo que se pagaría el interés
de plaza o intereses corrientes. La norma interpreta que tal interés será el
que cobran los bancos públicos. Este interés es el que fluctúa según la Ley
de la oferta y la demanda de capitales. Es un medio práctico de determinar los
intereses a cobrar.
1.
Capitalización de intereses
Tanto en el
Código Civil como en el Código de Comercio
se admite que por convención especial, los intereses vencidos produzcan
intereses. Esto se llama anatocismo.
El Código
de Comercio contiene una solución que no está en el Código Civil. El artículo
718 establece:
“En
las obligaciones comerciales, los intereses vencidos pueden producir intereses
por una convención especial.
En
defecto de convención, los intereses devengados, por cada año corrido, pueden
capitalizarse”.
De acuerdo a
este texto, aun sin convención especial, los intereses pueden capitalizarse por
cada año corrido (art. 718). De manera que la convención se requerirá,
necesariamente, para la capitalización de intereses por períodos menores.
2.
Intereses en deudas actualizadas
El Decreto
Ley 14.500 establece un régimen de actualización de deudas, cuando son
objeto de un proceso jurisdiccional o arbitral (art. 1). Se tiene en cuenta la
variación del valor de la moneda desde la fecha de su nacimiento o desde la
fecha de su vencimiento o de la
condición pactada y la de su extinción. La variación del valor de la moneda
se determina por la evolución del índice general de los precios del consumo
elaborado mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.
De acuerdo
con el artículo 3 se puede convenir un índice de liquidación del valor de las
obligaciones que puede ser igual al previsto en la Ley u otro. La Ley establece
que queda comprendida, en las previsiones anteriores, la expresión de la
obligación en moneda extranjera.
Si se pactó
la actualización de obligaciones o cuando corresponda por el artículo 1 de la
Ley, la tasa de interés
establecido en el artículo 2.207 del Código Civil queda fijada en el 6 %
anual. Entendemos que no puede superarse ese tope.
El artículo
2.207 se refiere al interés legal, esto es, el impuesto por la Ley, en
determinados casos. En la disposición referida la tasa legal era del 6 % y se
elevó al 12 % por Ley 13.355. Con lo establecido en el Decreto Ley 14.500, si
las obligaciones se reajustan, sobre el capital reajustado el interés legal será
del 6 %.
Si se trata
de interés convencional se podrá pactar un interés superior al 6 %, siempre
que con el importe de la revaluación más los intereses pactados no se incurra
en usura penal.
3.
Regímenes especiales en materia de intereses
a.
Letras de cambio
El artículo
59 del Decreto Ley 14.701 dispone:
“En
una letra de cambio pagadera a la vista o dentro de cierto plazo después de la
vista, podrá estipularse por el librador que la cantidad correspondiente
devengue intereses. En cualquier otra letra de cambio semejante estipulación se
considerará como no escrita.
El
tipo de interés deberá indicarse en la letra y, a falta de esta indicación,
esta cláusula correspondiente se considerará como no escrita.
Los
intereses correrán a partir de la fecha que lleve la letra de cambio mientras
no se indique otra fecha al efecto”.
Sólo pueden
contener una estipulación de intereses las letras a la vista o a cierto plazo
vista (art. 59). En las letras con vencimientos fijos si contuviere una
estipulación de intereses se tiene por no escrita. En estos casos, en la práctica,
se hace el cálculo de los intereses por el término del vencimiento y se suma
el capital. Como tal estimación no se puede hacer en las letras a la vista o a
cierto plazo vista, porque por anticipado no se conoce la fecha del vencimiento,
se autoriza a estipular una tasa de interés. Luego, cuando se paga, se liquida el interés por el tiempo que efectivamente haya transcurrido
entre el libramiento y el pago.
El artículo
100 del Decreto Ley 14.701 se refiere a los intereses moratorios. Se establece
que a partir del vencimiento de la letra de cambio, se puede exigir los
intereses al tipo fijado en el título y si no hubiese sido estipulado, al tipo
corriente bancario en la fecha de pago. El artículo 100 inciso 1 y 2 del
Decreto Ley 14.701 establece:
“El
portador puede exigir a aquel contra el cual ejercita su acción de regreso:
1.
El monto de la letra de cambio no aceptada o no pagada con los intereses, si se
hubiesen estipulado.
2.
Los intereses, a partir del vencimiento de la letra de cambio, al tipo fijado en
el título, y si no hubiesen sido estipulados, al tipo corriente bancario en la
fecha del pago”.
El mismo
interés se puede cobrar en la acción de reembolso. El artículo 101 de la Ley
14.701 dispone:
“El
que ha reembolsado la letra de cambio puede reclamar a sus garantes:
1.
La suma íntegra desembolsada.
2.
Los intereses de esta suma, calculados al tipo indicado en el inciso 2º del artículo
anterior, desde el día del desembolso.
3.
Los gastos que hubiese hecho”.
b. Vales
El artículo
125, inciso 2, del Decreto Ley 14.701, con redacción dada por la Ley 16.788,
admite que se incluye en los vales el pacto de intereses compensatorios y
moratorios. La norma citada establece: “Podrán
también incluirse en los vales, pagarés y conformes, otras cláusulas, tales
como las que estipulan el pago de intereses corrientes o moratorios;
la de constitución en mora por el solo vencimiento de los plazos
estipulados para el pago de capital e intereses; la de constitución de
domicilio y la de atribución de jurisdicción”. Si el interés moratorio no se hubiere fijado, será de
aplicación lo dispuesto en los artículos 100 y 101 antes transcriptos.
c.
Cheques
En materia
de cheques, se prohíbe estipular un interés. Hay previsión para el interés
moratorio, en el artículo 42 del Decreto Ley 14.412, que dispone que se puede
reclamar el importe del cheque no pagado y los intereses de tipo bancario
corriente por las operaciones activas en el lugar del pago, a partir del día de
la presentación al cobro.
d.
Normas especiales en los contratos
El régimen
de los intereses se regula con distintas normas en los diversos contratos
resultados por el Código. Ya mencionamos las normas relacionadas con el préstamo.
En materia
de compraventa, el artículo 532 establece: “Por
el hecho de no pagar el precio según los términos del contrato o la disposición
del artículo 530, queda el comprador obligado a abonar el interés corriente de
la cantidad que adeude al vendedor”. Para el contrato de depósito, el artículo
724 dispone: “El depositario de una
cantidad de dinero no puede usar de ella. Si
lo hiciere, son de su cargo todos los perjuicios que ocurran en la cantidad
depositada, y debe abonar al depositante los intereses corrientes”.
e.
Normas en defensa del consumidor
Se dictaron
varias normas en defensa del consumidor que imponen una debida información y
publicidad sobre los intereses que se cobren en ventas de bienes de consumo y de
servicios y normas especiales para tarjetas de crédito. La Ley 17.189 contiene
normas al respecto. El artículo 15 establece el deber de informar a cargo del
proveedor y, entre otras cosas, debe hacerlo sobre lo siguiente:
“B)
En las ofertas de crédito o de financiación de productos o servicios, el
precio de contado efectivo según corresponda, el monto del crédito otorgado o
el total financiado en su caso, y la cantidad de pagos y su periodicidad. Las
empresas de intermediación financiera, administradoras de créditos o similares
también deberán informar la tasa de interés efectiva anual.
C)
Las formas de actualización de la prestación, los intereses y todo otro
adicional por mora, los gastos extras adicionales, si los hubiere, y el lugar de
pago.
El
precio difundido en los mensajes publicitarios deberá indicarse según lo
establecido en el presente artículo. La información consignada se brindará
conforme a lo que establezca la reglamentación”.
El
sistema jurídico uruguayo para el combate a la usura está compuesto por una
norma constitucional que la prohíbe – el artículo 52 – y dos conjuntos de
normas. Uno de estos regímenes tiene como Ley madre al Decreto Ley 14.095, con
modificaciones y agregados establecidos por los decreto
leyes 14.887 y
15.226, y las Circulares dictadas por el Banco Central del Uruguay dentro de ese
marco legal. El otro régimen lo encontramos en la Ley 17.569, que no deroga
expresamente el régimen anterior ni tampoco se opone completamente a él. Ambos
regímenes contienen normas relacionadas con lo que se ha dado en llamar "usura
civil" y "usura penal".
1.
Prohibición constitucional de la usura
El artículo
52 de la Constitución de la República dispone: “Prohíbese
la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de
los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores”.
A nuestro
entender, ésta no es una norma programática. La usura se encuentra prohibida a
nivel constitucional y esta prohibición no puede dejar de hacerse efectiva so
pretexto de la insuficiencia de los textos legales.
No obstante,
está previsto en esta norma, que la determinación del límite máximo del
interés de los préstamos y la determinación de la pena es de resorte legal.
La primera
Ley que establece una sanción para la usura es el Código Civil. Siendo el artículo
52 de la Constitución una norma prohibitiva, lo hecho contra ésta es nulo, tal
como dispone el artículo 8 del Código Civil.
En cuanto a
otras sanciones, civiles y penales, así como a la determinación legal de la
usura, analizaremos, a continuación, los dos regímenes legales referidos más
arriba.
2.
Régimen organizado a partir del Decreto Ley 14.095
El Decreto
Ley 14.095, del 17 de noviembre de 1.972, denominada de ilícitos económicos,
contiene sanciones civiles y penales para la usura. Fue modificada por los
decretos leyes 14.887 y 15.226.
a.
Sanción civil de la usura
El artículo
2 del Decreto Ley
14.887 establece que los jueces no deben dar trámite a ejecuciones en que se
persiga el cobro de obligaciones con intereses u otros cargos superiores a los máximos
que haya fijado el Banco Central del Uruguay. Según
el artículo 1 del mismo Decreto Ley 14.887, el Banco Central esta facultado
para fijar las tasas máximas de intereses, compensaciones, gastos de
administración, comisiones y otros cargos, en las prestaciones de dinero o en
otras operaciones financieras, sean realizadas por instituciones o empresas
financieras o por particulares.
La
sanción prevista en el artículo 2 se encuentra vigente pero es inaplicable,
puesto que, el Banco Central no fija intereses máximos, desde que el artículo
161 de la Recopilación de Normas de Regulación y Contralor del Sistema
Financiero deja librada la tasa de interés al libre juego de la oferta y la
demanda (circulares 990/979 y 1.246/985). En lugar de ello, según se refiere en
el artículo 162 de la Recopilación, el Banco Central publica mensualmente las
tasas medias del mercado de operaciones corrientes de préstamos bancario, del
trimestre móvil anterior (Circular 1.588/998).
Desde
que el Banco Central dejó de fijar tasas máximas, se desarrolló un debate
acerca de la subsistencia o no de la usura civil en nuestro
ordenamiento positivo. Gorfinkiel lo
reseña de esta manera:
“algunos
autores – Berdaguer., Molla -
y numerosos fallos que se afilian a la posición negativa, entienden que
no hay limitación para la tasa convencional de interés, no sólo en los
moratorios.
Otro
sector doctrinario – con apoyo de una jurisprudencia mayoritaria – entendió
en cambio que aún sin tasas máximas fijadas por el Banco Central, la usura
civil subsistía y en ella se incurría cuando en los préstamos de dinero se
pactaran intereses que superaran el ‘plafond’
que establece la norma penal (Ramade,
G.; A.D.C.U. 14 p. 196), quedando divididos a su vez entre quienes incluían en
dicho tope los intereses moratorios y los que, con apoyo en la primer vertiente
argumental analizada, los excluían tratándose de materia no penal (v.g.
A.D.C.U. 18 c. 587).
Una
posición que podría calificarse de intermedia adoptó LARRAÑAGA: la usura
civil debía calcarse de la penal, por lo que no sólo requería el referente
objetivo (intereses que superen en más del 75% las tasas medias del mercado)
sino también el subjetivo (aprovechamiento de la necesidad, etc.); sólo si se
dan ambos elementos se configura la usura civil (que, para este autor, se aplica
también a los intereses moratorios: A.D.C.U. 23 p. 586)”.
b.
Extensión del contralor del Banco Central sobre la usura
En
el artículo 162 de la Recopilación de Normas de Regulación y Contralor del
Sistema Financiero, se prohibía el pacto de intereses que superasen en más de
un 75 % las tasas medias referidas pero esta norma sólo era aplicable a las
entidades de intermediación financiera. Cabe advertir que el Banco Central
considera que las empresas administradoras de crédito (emisoras de tarjetas de
crédito) no son entidades de intermediación financiera (art. 477 Recopilación).
Por
último, el artículo 162 de la Recopilación sólo se refería a los préstamos
de dinero. Quedaba fuera del control bancocentralista las operaciones
de financiamiento de venta de bienes y servicios, aunque éstas fueran
realizadas por entidades de intermediación financiera.
c.
Sanciones penal de la usura
El artículo
3 del Decreto Ley 14.887 modifica los artículos 7, 8 y 15 de la Ley 14.095, que
tipificaba el delito de usura. En la redacción dada por el Decreto Ley 14.887,
establece lo siguiente:
“Artículo
7. (Usura). El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de
una persona, le hiciere dar o prometer para sí o para otros, intereses,
compensaciones, comisiones u otros cargos usurarios por un préstamo de dinero,
será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.
La
misma pena se aplicará:
1.
Al que procurare, adquiriere, transfiriere o consiguiere para otro un préstamo
de dinero, cobrando o haciéndose prometer para sí o para otro, una comisión
usuraria por su mediación.
2.
Al que adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.
Los
intereses, compensaciones, comisiones u otros cargos se considerarán usurarios
cuando, singular o conjuntamente, superaren en más de un 75% (setenta y cinco
por ciento) las tasas medias del mercado de operaciones corrientes de crédito
bancario del trimestre anterior, realizadas en similares condiciones y riesgos
del préstamo que se tratare.
Artículo
8. (Circunstancias agravantes). Serán circunstancias agravantes de los delitos
previstos en el artículo precedente:
A)
La actividad profesional o habitual del autor como prestamista o comisionista.
B)
La simulación del préstamo bajo una forma jurídica diversa, o de las
cantidades prestadas o a devolver.
C)
La aceptación o exigencia de recaudos o garantías de carácter extorsivo.
Artículo
15. Las resoluciones del banco Central del Uruguay por las que se fijaren tasas
máximas de intereses,
compensaciones, gastos de administración, comisiones y otros cargos, serán
publicadas en el Diario Oficial y en no menos de dos diarios de la capital.
..............
Asimismo
y a los efectos informativos, el banco Central del Uruguay publicará
trimestralmente en el Diario Oficial y en no menos de dos diarios de la capital
las tasas medias del trimestre anterior, del mercado de operaciones corrientes
de crédito bancario discriminadas en razón del tipo de moneda y de la
existencia o no de cláusulas de reajuste”.
Destacamos
de los textos transcriptos que, para configurar el delito de usura, por el
inciso final del artículo 7 del Decreto Ley 14.095, el interés más
comisiones, compensaciones u otros cargos debe superar en más del 75 % la tasa
media del mercado bancario en el trimestre anterior y que, sobre ello, debe
informar el Banco Central del Uruguayo con publicaciones trimestrales.
La Ley hace
referencia a compensaciones, comisiones u otros cargos, para evitar que se
disimulen bajo esas denominaciones, lo que realmente es un interés para
transgredir de ese modo, las disposiciones sobre usura.
3.
Ley 17.569
La Ley
17.569 llamada Ley de Usura, en el artículo 1, crea un régimen para las
relaciones de consumo. En el segundo inciso del artículo 1 se establece que la
norma se aplica a los préstamos en efectivo y a las operaciones de
financiamiento de ventas de bienes y servicios, otorgados por empresas de
intermediación financiera comprendidas en el Decreto Ley 15.322. También, se
aplica a personas administradoras de créditos, no comprendidas en el Decreto
Ley referido. Del contexto, resulta que la norma se aplicaría a ciertos préstamos
bancarios pero no a todos, sino sólo los préstamos que puedan quedar
comprendidos en el concepto de relaciones de consumo.
a.
Determinación de los topes a las tasas de interés
La Ley
establece cuando los intereses se considerarán usurarios. A los efectos de la
calificación, se suman a los intereses, las compensaciones, comisiones gastos u
otros cargos.
Se
consideran usurarios cuando singular o conjuntamente superen en un porcentaje
mayor al 75 % las tasas
medias del trimestre anterior a la fecha de constituir la obligación, en el
mercado de operaciones corrientes de préstamos bancarios otorgado a la
familias. Hay una previsión especial para los intereses moratorios y éstos se
considerarán usurarios, si superan en un porcentaje mayor al 100 % a las
referidas tasas medias.
De
esta manera, la Ley 17.569 adapta nuestro régimen legal a la operativa
bancocentralista. En lugar de tomar como referente tasas máximas que el Banco
Central ya hace años que no fija, toma en consideración las tasas medias del
trimestre anterior al momento de constituirse la obligación (art. 1, inc. 1).
b.
Determinación de las sumas adeudadas
El artículo
2 impone que el documento de adeudo se distinga con precisión lo que
corresponda a capital prestado o financiado y lo que corresponde a intereses, y
demás rubros. En el inciso 2 se agrega: “El
deudor podrá exigir un documento complementario cuando estime que las
constancias previstas en el inciso anterior no están suficientemente
precisadas. Este documento complementario, que no podrá ser endosado será
suscrito por ambas partes en dos ejemplares, uno de los cuales quedará en poder
del deudor”.
c.
Sanción civil para la usura
La
Ley 17.569 incluye en la prohibición expresamente a las empresas
administradoras de crédito aunque no integren el sistema financiero (art. 1,
inc. 2). Incluye, asimismo, a las operaciones de financiamiento de venta de
bienes y servicios, siempre y cuando sean realizadas por entidades de
intermediación financiera.
Infelizmente,
el ámbito de aplicación de la Ley 17.569 no es todo lo
amplio que pudiera ser. En primer lugar, sólo se aplica a los intereses
generados en relaciones de consumo. En segundo lugar, tampoco es aplicable -
aunque se trate de relaciones de consumo - a todos aquellos prestamistas que no
sean entidades de intermediación financiera ni a las operaciones de
financiamiento en que no participen las entidades que acabamos de referir.
Para terminar, la sanción a la usura civil es
bastante más leve que la establecida en el Decreto Ley 14.887. Según se dijo más
arriba, en éste se dispone que los jueces no deben dar trámite a ejecuciones
usurarias. En el régimen de la Ley 17.569 el trámite continúa, sólo que
caducará el derecho a exigir el cobro de intereses u otros cargos usurarios; de
modo que el usurero podrá recuperar el capital: “Configurada
la usura conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la presente ley,
caducará el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones,
gastos u otros cargos de cualquier naturaleza”
(art. 3).
d.
Sanción penal para la usura
En el artículo
4 se prevé una figura delictiva. Se sanciona con penas de prisión y
penitenciaría a quien disimula los excesos, incluyendo como capital lo que
corresponda a intereses o compensaciones u otros gastos o utilizando otras
estratagemas.
Por
Ley 17.471, publicada el 6 de mayo del 2.002, se estableció una hipótesis de
caducidad del derecho del acreedor a reclamar los intereses pactados.
El
objetivo de esta ley fue tutelar a
las personas físicas deudoras de sumas inferiores a US$ 1.000 o su equivalente
en moneda nacional. En una práctica existente, el acreedor no reclamaba
judicialmente el importe de la suma
debida, por no incurrir en gastos, debido a su poco monto; pero dejaba pasar el
tiempo, para luego reclamar no sólo la suma la adeudada sino, también,
intereses que acumulados resultaban excesivamente gravosos.
Para tales
situaciones se establece, indirectamente, la obligación a cargo del acreedor de
reclamar la suma debida y sus intereses en un plazo de dos años. Se dispone que
si no lo hace, en el plazo fijado, incurre en mora
de pleno derecho. Luego se atribuye al deudor el derecho a pagar la suma debida; pero con los ajustes e intereses
previstos en el Decreto Ley 14.500. De manera que el acreedor ya no podrá
exigir los intereses que se hubieren pactado, sino que deberá conformarse con
los ajustes e intereses convenidos en el Decreto Ley referido.
La Ley,
también, dispone que los honorarios del abogado del ejecutante, se liquidarán
sobre los montos establecidos por esta ley.
La
Ley 17.471 establece:
“Artículo
Único. Los acreedores de deudas
originadas en las operaciones de préstamos en efectivo y de financiamiento de
bienes y servicios, otorgados a personas físicas, cuyo capital inicial sea
inferior a US$ 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos de América) o su
equivalente en moneda nacional, incurrirán en mora de pleno derecho en caso de
no reclamar judicialmente el pago de la deuda y sus intereses moratorios y
compensatorios, legales y convencionales, en el plazo de dos años, contados a
partir de la fecha en que la obligación deviene exigible.
En
tal caso el deudor podrá exigir, en cualquier momento, que a partir de la caída
en mora del acreedor, se sustituyan los intereses, multas y recargos de
cualquier naturaleza, por los ajustes e intereses a que refiere el Decreto-Ley n°
14.500 de 8 de marzo de 1976. La liquidación de honorarios, cuando se realice
por vía judicial, se ajustará a los montos que la presente ley establece.
Esta
disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de
vigencia de la presente ley”.
Para que
esta hipótesis de caducidad sea aplicable, el crédito debe reunir ciertas
condiciones:
1.
el crédito debe haberse originado en un préstamo en efectivo o en virtud del
financiamiento del saldo de precio por la compraventa de bienes o el
arrendamiento de servicios;
2.
el deudor debe ser una persona física;
3.
el monto del capital inicial debe ser inferior a US$ 1.000 o su equivalente en
moneda nacional.
4.
El crédito no debe estar extinguido a la fecha de vigencia la Ley, con lo cual
se le da vigencia retroactiva.
La Ley
dispone que "el acreedor incurrirá en mora de pleno derecho, en caso de
no reclamar judicialmente el pago de la deuda y sus intereses moratorios y
compensatorios, legales y convencionales, en el plazo de dos años, contados a
partir de la fecha en que la obligación deviene exigible".
La hipótesis
legal de caducidad contiene tres elementos:
1.
Inacción del acreedor
Esta ley le
impone al acreedor la obligación de reclamar judicialmente el pago de la
totalidad del crédito, en plazo. La mora es la dilación o tardanza en cumplir
con esta obligación.
No basta un
requerimiento extrajudicial, como suele hacerse por telegrama. Tampoco supone
reclamo judicial de pago, la diligencia previa de reconocimiento de firma o de
intimación de pago.
Un reclamo
parcial no impide que la caducidad opere respecto de la parte no exigida. Por
ejemplo, si se reclama judicialmente el pago del capital pero no de los
intereses, la caducidad operaría sobre estos últimos.
2.
Elemento temporal
En la hipótesis
legal, para que la caducidad opere, la inacción del acreedor debe haber
excedido los dos años, contados desde la fecha en que la obligación se hizo
exigible.
3.
Caducidad de pleno derecho
La caducidad
opera de pleno derecho. Esto significa que el deudor no tiene por qué haber
intimado al acreedor la iniciación de acciones. Cumplidos los dos años, automáticamente,
se opera la caducidad.
En la Ley
14.500, el artículo 3 establece que no se aplica su régimen general, cuando
exista convención entre las partes estableciendo un índice o procedimiento de
liquidación del valor de las obligaciones, distinto al previsto en el artículo
2 de la Ley.
Entendemos
que ello se complementa en el artículo 9 que establece: “ Las partes
podrán establecer cualquier clase de estipulación que tenga por finalidad
mantener el valor de las obligaciones contraídas”. Luego, el artículo 10
establece que quedan comprendidas en el artículo anterior, las cláusulas en
moneda extranjera.
El artículo
4, para los casos previstos en el artículo 3, establece que la tasa de interés
será del 6% anual.
En
consecuencia, si se produce una mora del acreedor de un crédito en moneda
extranjera, no se aplicará el sistema de reajuste de la Ley 14.500, por cuanto
las partes, al pactar el pago en otra moneda, previeron un régimen de reajuste
especial (art. 3 de la Ley) y el interés legal será el del 6%. El acreedor no
podrá cobrar el interés estipulado si fuere mayor, ni las comisiones u otros
cargos pactados.
La Ley
establece dos consecuencias de la caducidad.
1.
Caducidad del derecho a cobrar los intereses, multas y recargos pactados
En
primer lugar, se establece que, a partir de la "caída en mora", se
deben sustituir los intereses,
multas y recargos de cualquier naturaleza, por los ajustes e intereses a que
refiere el Decreto Ley 14.500.
Esto
significa que, por los dos primeros años (esto es, hasta que operó la mora de
pleno derecho), el acreedor mantiene su derecho al cobro de los intereses
pactados. A partir del primer día del tercer año, los intereses que fueron
pactados (sea en el préstamo, en el vale o en cualquier otro documento), ya no
pueden reclamarse. En su lugar, el legislador ordena la aplicación del Decreto
Ley 14.500.
Por
lo tanto, los créditos otorgados en moneda nacional, vencido el segundo año,
se reajustarán según el índice de precios al consumo (I.P.C.) y les será
aplicable una tasa del 6 % anual. En cuanto a los créditos otorgados en moneda
extranjera, de acuerdo con el régimen del Decreto Ley 14.500, no pueden ser
reajustados ; sólo se podrán cobrar los intereses legales del 6 % anual y no
los pactados.
La sustitución
puede ser exigida por el deudor en cualquier momento. Esto implica que puede ser
invocada la excepción de caducidad, dentro de los plazos procesales
correspondientes para el planteo de excepciones y en cualquier otra instancia
del juicio que se le haya iniciado antes de que se realice el remate. Incluso
después de realizado el remate, el deudor podrá plantear la sustitución, en
la etapa de liquidación de su crédito.
Si el
acreedor no hubiere iniciado juicio para el cobro, el deudor podrá tomar la
iniciativa y solicitar una declaración judicial.
2.
Reducción de honorarios
La
liquidación de honorarios generados en la ejecución del crédito se ajustará
a los montos que la presente ley establece.
