El
consumo y la protección del consumidor
Por Nuri
Rodríguez
Olivera,
Virginia Bado Cardozo
y Carlos López
Rodríguez
En el Derecho uruguayo
el consumo y la protección del consumidor, tienen su marco legal en la
Ley 17.250, publicada el 17 de agosto del 2000. Se trata
de una ley de orden público o sea que no puede ser derogada por acuerdo
de partes. En lo no previsto, la Ley se remite
al Código Civil, recogiendo la doctrina mayoritaria que considera
la relación de consumo como una contratación civil y no comercial: “En todo lo no previsto,
en la presente ley, será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil”.
Por nuestra parte, consideramos que la
Ley 17.250 regula las relaciones de consumo pero no regula los contratos que
dan origen a tales relaciones. En nuestro concepto, las normas de la Ley 17.250
se superponen a las regulaciones particulares de cada contrato en el Código
Civil o en el Código de Comercio. No las desplazan.
Las normas de la Ley 17.250 tienen por objeto la defensa del consumidor, imponiendo exigencias
para la promoción y publicidad de ventas o servicios, sobre información,
sobre cláusulas de los contratos de adhesión y estableciendo responsabilidades
para quienes las incumplen. También, hay normas sobre garantías contractuales
ofrecidas por el proveedor y sobre su responsabilidad por daños causados por
vicios o riesgos de cosas comercializadas o de servicios prestados.
Así, entonces, no tenemos
dudas de que las normas del Código Civil que se aplicarán serán las relativas
a responsabilidades civiles. Sin embargo, advertimos que si se trata de un
contrato comercial cualquiera – transporte, seguros, tarjeta de crédito, corretaje,
etcétera - se le aplicarán las normas sustantivas del Código de comercio
y, adicionalmente, las normas dictadas para la defensa del consumidor.
Las normas que se relacionan
con las garantías ofrecidas por el proveedor, son complementarias de las previsiones
de la Ley que regula los contratos. Lo mismo sucede con las normas que imponen
obligaciones de información o prevén y sancionan prácticas abusivas en la
oferta.
Con otras palabras, los contrato
comerciales se rigen por el Código de Comercio pero, además, se deberá cumplir
con las obligaciones establecidas en la Ley 17.250, bajo las respectivas responsabilidades.
La remisión que efectúa la
norma transcripta más arriba significa que el Código civil suplirá los vacíos
en cuanto a los temas regulados en la Ley 17.250. De ninguna manera puede
considerase derogada ni sustituida, la regulación que para los contratos mercantiles
prevé el Código de comercio.
Esquemáticamente y en lo
principal, la Ley 17.250 tiene por objeto la regulación
de tres cosas: los sujetos que intervienen en la relación de consumo,
la relación de consumo en sí misma y ciertos aspectos de Derecho Público
relacionados con un órgano específico, el Área de Defensa del Consumidor,
que se crea para el control del cumplimiento de la Ley.
I. La relación de consumo
La
Ley 17.250 regula las relaciones
de consumo, a las que define en su artículo 4:
"Relación de consumo
es
el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee
un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario
final.
La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a
título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de
consumo, se equiparan a las relaciones de consumo."
Como
se ve, la definición se centra en dos aspectos: los sujetos que integran la
relación (proveedor y consumidor) y el objeto de la relación (proveer un producto
o prestar un servicio a título oneroso).
A.
Sujetos
de la relación de consumo
1.
El proveedor
El artículo 3 de la Ley
17.250 define a la figura del
proveedor:
“Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera,
privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle
de manera profesional actividades de producción, creación, construcción,
transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de
productos o servicios en una relación de consumo.”
Es
de fundamental importancia la clara determinación de los personajes involucrados
en la cadena de producción y comercialización porque sólo cuando estemos
ante un proveedor en el sentido legal de la expresión, es que quien adquiere
o utiliza un producto o servicio como destinatario final, podrá accionar en
base a la normativa que estamos analizando. En
efecto, si quien vende no es un proveedor, puesto que no desarrolla la actividad
en forma profesional, los vicios en el producto deberán ser objeto de reclamación
en base al Derecho civil común, con sus limitaciones. Sería el caso de un
particular que vende su automóvil a otro particular.
a.
Profesionalidad
El elemento más importante de la definición
de proveedor radica en la profesionalidad. Este elemento aproxima en forma
evidente la figura del proveedor a la de comerciante.
Como se recordará, la profesionalidad habitual en
el ejercicio de actos de comercio era el elemento fundamental de la definición
de comerciante.
Profesión es el empleo, facultad
u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,
Diccionario de la Lengua Española, 1970). No basta, entonces,
poseer la aptitud o el oficio, se requiere el cumplimiento efectivo de la
proveeduría de bienes o prestación de servicios. Ésta debe ser el medio
de vida de quien ejerce la profesión de proveedor.
b.
Actividades del proveedor
Las actividades que deben ejercerse profesionalmente,
para se considerado proveedor, están referidas por la Ley en forma descriptiva,
enumerando las siguientes: producción, creación, construcción, transformación,
montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios.
A esta enumeración se le agrega, al final del artículo 3, la expresión "en
una relación de consumo".
Respecto a la enumeración legal cabe señalar
que está perfilada desde el punto de vista fáctico, al contrario de lo que
sucede con respecto a los "actos
de comercio" en el Código. En el artículo 7 del Código de comercio
se enumeran diversos actos jurídicos, con la única excepción de la empresa
de fábrica.
Los hechos enumerados como actividades
del proveedor, no obstante, se vinculan necesariamente a algún acto de comercio.
Así, por ejemplo, la producción, creación, construcción, transformación y
montaje, pueden quedar incluidos en el concepto de "empresa de fábrica"
que maneja el artículo 7 del Código. Por su parte, las actividades de importación,
distribución y comercialización, se vinculan a las diversas modalidades de
contratos de distribución y constituyen,
en última instancia, compraventas.
c. Comparación
entre proveedor y comerciante
De lo hasta aquí expuesto surge una coincidencia
básica entre la figura del comerciante y la figura
del proveedor: tanto en la
definición de comerciante (art. 1 CCom.), como en la de proveedor (art. 3 Ley 17.250), se exige "profesionalidad".
Además,
el proveedor, al igual que el comerciante, ejerce una actividad económica
que, en muchos casos coincide con los actos de comercio enumerados en el artículo
7 del Código de Comercio.
No obstante, existen
elementos diferenciadores:
*
La exigencia
de que la actividad se realice sea de cuenta propia contenida en el art. 1
CCom
Sólo se considera comerciante, a aquel sujeto que actúa de cuenta
propia (art. 1 CCom).
En cambio, es proveedor tanto el que actúa de cuenta propia como el
que actúa de cuenta ajena, puesto que la Ley no distingue. La calidad de proveedor no
depende de que los actos se realicen de cuenta propia o de cuenta ajena. En
ambos casos se es proveedor (aunque no comerciante).
Por lo tanto,
no son comerciantes
pero sí proveedores, aquellos que están investidos de la representación de
otra persona. Actúan en nombre ajeno y de cuenta ajena, por ejemplo,
el factor o el
representante de una sociedad comercial, no son comerciantes.
Asimismo, tampoco son comerciantes pero sí proveedores aquellos que actúan
a nombre propio y de cuenta ajena, por ejemplo, el socio gestor de una sociedad
accidental o el testaferro. Por otra parte, la discusión doctrinaria respecto
de si el corredor, el comisionista
o el rematador, actúan de cuenta propia o no, a
pesar de ser relevante para determinar su calidad de comerciantes,
es irrelevante para su calificación como proveedores. En definitiva, el factor,
el socio gestor, el testaferro, el corredor, el comisionista y el rematador,
son todos proveedores.
*
La expresión
final del artículo 3 "en una relación de consumo"
Advertimos, también, que
el art. 3 considera
proveedor, a los efectos de la Ley 17.250, sólo aquel que participa en una
relación de consumo. Respecto del comerciante, en cambio, es indiferente que
participe en una relación de consumo o no.
Alcanza
con que el sujeto realice de cuenta propia y profesionalmente, la compraventa
para revender, por ejemplo, para que se convierta en comerciante, a pesar de
que la reventa se haga a un consumidor. Esta reventa, según dijimos al
analizar los actos mixtos, no se considera mercantil. Sin embargo, quien
compra para revender igualmente es comerciante, por la comercialidad de la
compra.
*
Diverso alcance de los actos enumerados en el artículo 3 de la Ley 17.250,
respecto a la enumeración de actos de comercio que contiene el artículo 7
Código de Comercio
El artículo 1 de la Ley 17.250 enumera una serie de actividades: "producción, creación, construcción,
transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de
productos o servicios". Esas actividades, evidentemente, pueden ser
consideradas desde la perspectiva de los actos de comercio.
Por
ejemplo, la actividad de "producción" coincide con la
"empresa de fábrica" a que se refiere el n° 4 del artículo 7 del
Código de Comercio. La "comercialización", vista desde la perspectiva del
Código de Comercio, está prevista en el n° 1 del artículo 7: quien comercializa "compra
para revender".
Sin
embargo, la comercialización de bienes inmuebles no puede ser considerada
como un acto de comercio y, por ende, no convierte a quien se dedica
profesionalmente a la venta de inmuebles, como un comerciante. En cambio, sí
puede tener cabida en la definición de proveedor, contenida en el artículo 3 de
la Ley 17.250.
Lo
mismo sucede con la venta que realiza el productor rural de sus cosechas o
ganados. Desde el punto de vista del Código de Comercio, esa actividad no es mercantil,
según lo dispone expresamente el artículo 516,
n° 3. Por lo tanto, el productor rural no puede jamás convertirse en
comerciante. No obstante, su actividad puede perfectamente encuadrarse como
producción o comercialización de productos, con lo que puede ser calificado
como proveedor. La única condicionante, a este respecto, es que la venta de
sus cosechas o ganados, se realice "en una relación de consumo"
- esto es, a un destinatario final - tal como dispone el artículo 3, in fine,
de la Ley 17.250.
2. El consumidor
La Ley
17.250, en su artículo 2, define al consumidor:
"Consumidor
es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o
servicios como destinatario final
en una relación de consumo o en función de ella.
No se considera consumidor
o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere,
almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos
en procesos de producción, transformación o comercialización.”
Esta
definición contiene varios elementos que merecen un análisis particular. Los
veremos a continuación.
a.
El consumidor como persona física o jurídica
Para ser considerado como
consumidor por la Ley 17.250, se debe ser persona
física o jurídica. Quedan excluidos, por lo tanto, los grupos familiares o
sociales, que carezcan de personería. Tal es el caso, por ejemplo, de los
condóminos de un edificio[1].
Quienes sí quedan incluidos
en la definición de consumidor son las sociedades
comerciales, puesto que con la única excepción de las sociedades
accidentales,
tienen personería jurídica. La Ley no limita la calidad de consumidor a las
personas jurídicas sin finalidad de lucro o no empresariales, por lo cual
el intérprete carece de fundamento para excluir a las
sociedades comerciales del ámbito de la definición legal.
*
El comerciante como consumidor
Ordoqui Castilla
considera que el comerciante, para la realización de su actividad mercantil,
no puede ser considerado como consumidor, pues no es el destinatario final de
lo que adquiere sino que lo integra a un proceso que forma parte o posibilita
la producción, transformación o comercialización[1].
Esta
opinión es sin lugar a dudas compartible, si se está pensando en la
adquisición de materias primas o mercaderías. Tal cosa se encuentra
establecida, expresamente, en el inciso 2 del
artículo 2 de la Ley 17.250:
"No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en
destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o
servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación
o comercialización.”
Ordoqui
Castilla, sin
embargo, da un paso más. Considera este autor que todo lo que el comerciante
adquiere para ser utilizado en el proceso referido – vehículos,
instrumentos de comunicación o de promoción, por ejemplo – no supondria
una relación de consumo ni conllevaría la aplicación de la Ley 17.250. Según
Ordoqui Castilla, la adquisición de los denominados “bienes
de capital” no puede consistir en una relación de consumo[2].
Todo
depende, según Ordoqui
Castilla, del destino que le da la persona al bien.
Si satisface necesidades propias, familiares, sociales o domésticas, se trata
entonces de un consumidor final. Todo lo que se adquiere para ser utilizado en
su proceso de producción (materia prima, vehículos, instrumentos de
comunicación, de promoción, etc.) no supone una relación de consumo. Debe,
en definitiva, analizarse el destino del bien, viendo si el producto o
servicio está o no afectado al comercio o a la industrialización futura[3].
En
esta tesis, si un fabricante adquiere máquinas, para aplicar a su industria,
no es destinatario final, no es consumidor. Si la materia prima tiene un vicio
que origina daños, quien adquirió dicha materia prima para producir a su vez,
para la Ley uruguaya no es consumidor, debiendo reclamar por el Derecho común.
En cambio, si quien reclama es el adquirente del producto final que lo utiliza
como destinatario último, la acción contra el proveedor (fabricante o importador)
se fundará en la
Ley 17.250.
Szafir
reconoce que la empresa constructora que adquiere portland para integrarlo a
un proceso de transformación, no es consumidora, a los efectos de la Ley 17.250,
a
pesar de considera que no es ésta una solución
aconsejable. Asimismo, considera que no es consumidro el comerciante que
adquiere para revender, ni el industrial que compra productos químicos para
la fabricación de otros[4].
Sin
embargo, Szafir considera que
quien adquiere un bien determinado para utilizarlo en la prestación un
servicio, sin transformarlo ni comercializarlo, también, debe ser considerado
consumidor. A su entender, lo contrario significaría una reducción injusta
de la protección legal, especialmente con referencia a la publicidad, deber
de información y medidas preventivas y sancionatorias en vía administrativa,
a un gran sector de personas físicas o jurídicas. Szafir,
entonces, se inclina por la solución que favorece al comertiante, considerándolo
como consumidor[5].
Si
el inciso 2 del
art. 2, no contuviera la expresión "sin
constituirse en destinatario final", concordaríamos plenamente con
la interpretación de Ordoqui
Castilla.
Despojado de ese agregado, el inciso 2 establece, claramente que no se
considera consumidor a aquel que adquiere productos o servicios con el fin de
integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización.
Un
comerciante puede adquirir determinados productos para su uso personal o para
aplicarlos a su actividad comercial o fabril. Si los aplica con este destino,
los integra en un proceso de producción, transformación o comercialización.
Por lo tanto, no podría ser calificado como consumidor.
No
obstante, la expresión "sin
constituirse en destinatario final" fue incluida en el inciso en análisis,
por lo que el intérprete no puede desconocerla.
A
nuestro entender, el inciso 2 del art. 2, impide que se considere comerciante
a aquel que adquiera un producto con el fin de integrarlo en un proceso de
producción, transformación o comercialización, solamente en el caso de que
esta integración sea realizada "sin
constituirse en destinatario final”. Ésta viene a ser una condición
para la aplicación de la exclusión declarada en este inciso 2.
Por
lo tanto, la verdadera función que cumple el inciso 2, es la de enfatizar que
el elemento clave de la definición de consumidor
lo constituye la expresión “destinatario
final”. Si una persona es “destinatario
final” de un determinado producto o servicio, es indiferente que lo
integre en un proceso de producción, transformación o comercialización.
Igualmente, seguirá siendo considerada como consumidora. Lo esencial de la
determinación de quién es consumidor no está en su inserción en un proceso
de comercialización o producción, sino en su calidad de destinatario final.
En
particular, nos interesa analizar la cuestión interpretativa que aquí se
analiza se plantea, en el ámbito financiero. En este ámbito, la cuestión se
desdibuja un poco, por la particular naturaleza del dinero, en tanto está
destinado a circular.
Es
generalmente aceptado que son consumidores financieros las personas físicas
sin actividad comercial o industrial, que toman un crédito para aplicarlo a
sus necesidades de consumo. En cambio, se descarta que sean consumidores las
sociedades comerciales o los comerciantes, especialmente si la finalidad de la
operación de crédito es aplicar los recursos financieros a su actividad
comercial o industrial.
Sobre
este particular, entendemos que se debe descartar como criterio para la
atribución de la calidad de consumidor, que el sujeto sea civil o
comerciante, persona física o jurídica. Esa distinción no la hace la Ley 17.250
y, por lo tanto, no la debe hacer el intérprete.
En
segundo lugar, entendemos que la naturaleza del bien sobre el que recaen las
operaciones de crédito – el dinero – no habilita una solución diferente
a la expresada por Szafir respecto de otros bienes. El “destino final”
del dinero se produce al utilizarlo de acuerdo a su función, esto es: para
cancelar obligaciones pecuniarias. De modo que si un comerciante toma un préstamo
para utilizarlo pagando materias primas, mercaderías o salarios, estará
utilizando el dinero como destinatario final del mismo.
Una
situación diferente se daría en el caso de que un sujeto tomase un préstamo
para, a su vez, dar en préstamo el dinero recibido. En ese caso, el dinero
– como mercadería – continúa en el ciclo económico y, por lo tanto, el
primer tomador del préstamo no sería su destinatario final, ni consumidor.
Según
Szafir,
para
nuestra Ley, será consumidor el profesional que adquiere un equipo de aire
acondicionado para su oficina, un teléfono celular para atender llamadas internacionales
o personales, pero no será consumidora, la empresa que adquiere líneas telefónicas
de Antel para dar un servicio 0900. Si esta última sufre perjuicios por la
pérdida de clientela a raíz del fallo del servicio, su reclamación no será
en calidad de consumidor sino por el régimen del Derecho común.
Otro ejemplo: el caso de
adquisición de maquinaria industrial a través de la concesión de un préstamo
bancario. Dichos bienes de capital no se integran al proceso de producción,
como sucede con los que se usan para crear o transformar productos. Si un
fabricante adquiere materia prima, como puede ser la lana para fabricar buzos,
no cabe duda que la integra y no es consumidor. Pero si ese mismo fabricante
compra una máquina para armar dichos buzos, no la integra en el proceso de
producción o transformación sino que la utiliza como destinatario final.
En
nuestra opinión, el inc. 2 del art. 2 implica que, aunque el
bien – cualquiera sea éste, incluso el dinero - sea adquirido o utilizado
con el fin de integrarlo en un proceso de producción o comercialización, el
sujeto que lo recibe continúa siendo consumidor, en tanto se constituya el
“destinatario final” del bien. De modo que el énfasis está puesto
por la Ley en la calidad de “destinatario final” y es tal quien se
ubica al final del ciclo económico y utiliza el bien de acuerdo al destino
propio del mismo.
b. Adquisición o utilización
como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella
*
El consumidor como destinatario final
La clave del concepto de consumidor se
encuentra en la expresión “destinatario final”, esto es, aquel
sujeto que adquiere bienes y servicios para su utilización o disfrute final.
*
El consumidor como adquirente en función de una relación de consumo
Con respecto a quien utiliza un producto
o servicio “en función” de una relación de consumo, esta situación
comprende, por ejemplo, a los invitados a una cena a quienes el ama de casa
sirve alimentos enlatados y prepara con ellos la comida. Si las latas estaban
en mal estado y los invitados resultan dañados, todos ellos, también, son
consumidores para nuestra ley, a pesar de que no fueron quienes adquirieron
las latas. En definitiva, todos ellos están legitimados para reclamar contra
el proveedor.
* Nuestra
posición
Por nuestra parte, concordamos plenamente
con la posición de Szafir.
Advertimos que, en el
medio de la oración,
se
establece una salvedad - “sin constituirse en destinatario
final”
- que no puede
ser pasada por alto al interpretar la norma.
Por lo tanto, si el adquirente se constituye en destinatario final del
producto o servicio adquirido, aunque integre estos productos o servicios en
procesos de producción, transformación o comercialización, igualmente debe ser
considerado como consumidor. De esta forma, la norma confirma que lo esencial
de la determinación de quién es consumidor no está en su inserción en un
proceso de comercialización o producción sino en su calidad de destinatario
final.
En particular, nos interesa analizar la cuestión interpretativa que aquí se
analiza se plantea, en el ámbito financiero.
Es generalmente aceptado que son consumidores
financieros las personas físicas sin actividad comercial o industrial, que
toman un crédito para aplicarlo a sus necesidades de consumo. En cambio, se
descarta que sean consumidores las sociedades comerciales o los comerciantes,
especialmente si la finalidad de la operación de crédito es aplicar los recursos
financieros a su actividad comercial o industrial.
Sobre este particular, entendemos que se
debe descartar como criterio para la atribución de la calidad de consumidor,
que el sujeto sea civil o comerciante, persona física o jurídica. Esa distinción
no la hace la Ley 17.250 y, por lo tanto, no la debe hacer el intérprete.
En segundo lugar, entendemos que la naturaleza
del bien sobre el que recaen las operaciones de crédito – el dinero – no habilita
una solución diferente a la expresada por Szafir
respecto de otros bienes. El “destino final” del dinero se produce
al utilizarlo de acuerdo a su función, esto es: para cancelar obligaciones
pecuniarias. De modo que si un comerciante toma un préstamo para utilizarlo
pagando materias primas, mercaderías o salarios, estará utilizando el dinero
como destinatario final del mismo.
Una situación diferente se daría en el
caso de que un sujeto tomase un préstamo para, a su vez, dar en préstamo el
dinero recibido. En ese caso, el dinero – como mercadería – continúa en el
ciclo económico y, por lo tanto, el primer tomador del préstamo no sería su
destinatario final, ni consumidor.
En nuestra opinión, el segundo inciso del
artículo 2 implica que, aunque el bien – cualquiera sea éste, incluso el dinero
- sea adquirido o utilizado con el fin de integrarlo en un proceso de producción
o comercialización, el sujeto que lo recibe continúa siendo consumidor, en
tanto se constituya el “destinatario final” del bien. De modo que el
énfasis está puesto por la Ley en la calidad de “destinatario final”
y es tal quien se ubica al final del ciclo económico y utiliza el bien de
acuerdo al destino propio del mismo.
d.
Productos
y servicios
Finalmente, y desde
el punto de vista del objeto de la relación de consumo, el artículo 5 define
lo que se entiende por producto y por servicio. La Ley define “producto”
como “cualquier bien corporal o incorporal,
mueble o inmueble". Por su parte “servicio” es “cualquier actividad
remunerada, suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las que
resultan de las relaciones laborales”.
En el anteproyecto
el artículo 5 contaba con un segundo inciso donde se aclaraba expresamente
que quedarían comprendidos los servicios financieros y de seguros.
No obstante la omisión, se entiende que ambos servicios quedan comprendidos
en la definición. Además, el artículo 21 trata expresamente de la “oferta
de servicios financieros”.
B.
Objeto de la relación
de consumo
El objeto de la relación
de consumo, según lo dispuesto en la definición contenida en el artículo 4,
consiste en proveer un producto o prestar un servicio.
1. Concepto de producto y servicio
El artículo 5 define lo
que se entiende por producto y por servicio. Producto es cualquier bien
corporal o incorporal, mueble o inmueble; servicio es cualquier actividad
remunerada suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las que
resultan de las relaciones laborales.
2.
Onerosidad
En cuanto a este particular,
la definición de relación de consumo sólo da el carácter de relación de consumo
a los vínculos onerosos.
Existe onerosidad toda vez que cada parte de la relación de consumo obtenga
una utilidad proporcionada por la contraria y que considere equivalente a la
que brinda a su vez. Sin embargo, en el inciso segundo del
artículo 4 de la Ley 17.250
se incluyen los vínculos gratuitos, cuando la relación tenga por fin una
eventual relación de consumo onerosa como
sucede, por ejemplo, en el caso de
las muestras gratis:
"La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a
título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de
consumo, se equiparan a las relaciones de consumo."
Se incluyen los vínculos
gratuitos cuando la relación tenga por fin una eventual relación de consumo
onerosa como, por ejemplo, es el caso de las muestras gratis. Existe
onerosidad toda vez que cada parte de la relación de consumo obtenga una
utilidad proporcionada por la contraria y que considere equivalente a la que
brinda a su vez:
Entendemos que es el caso, también, del
servicio de estacionamiento gratuito que prestan diversos establecimientos
comerciales.
C.
La oferta
La Ley 17.250
regula la oferta
en 4 capítulos. El primero de ellos establece las exigencias comunes a toda
oferta. El segundo prevé las exigencias de la oferta de productos y el tercero
la de servicios, en especial refieren a
la información requerida. El cuarto contiene normas en materia de prácticas
abusivas en la oferta.
1. Plazo y efecto vinculante de la
propuesta
El artículo 12 de la Ley 17.250
establece:
"La oferta dirigida a
consumidores determinados o indeterminados, transmitida por cualquier medio de
comunicación y que contenga información suficientemente precisa con relación a
los productos o servicios ofrecidos, vincula a quien la emite y a aquel
que la utiliza de manera expresa por el tiempo que se realice."
El plazo de duración
de la oferta es el mismo tiempo que dura su realización.
Mientras se exhibe la mercadería, se publicita en la prensa, escrita o televisada,
o se mantiene en Internet, la oferta está vigente.
Esto no es impedimento
para que el proveedor le establezca un plazo de vigencia.
La oferta no es irrevocable, excepto que el oferente asuma el
compromiso de no revocarla.
Es importante destacar
que para nuestra
Ley, la publicidad integra el contrato, por lo que toda información
difundida por cualquier forma o medio de comunicación, obliga al oferente
que ordenó su difusión, y a todo aquél que la utilice.
a. Revocación de la oferta
Debe tenerse en cuenta que
aún cuando tenga un plazo de vigencia, el proveedor puede dejarla sin efecto
unilateralmente, cumpliendo con la exigencia de que su determinación se
comunique por el mismo medio en que se llevó a conocimiento la oferta. Si se
comunicó por radio, por la radio deberá comunicarse su finalización, si se
hizo por correo, deberá enviarse una nueva misiva al destinatario de la
oferta. La revocación sólo puede realizarse antes de que el consumidor haya
aceptado, después de la aceptación, el contrato ha nacido a la vida jurídica.
El contrato se perfecciona cuando el destinatario de la oferta haga llegar al
proponente su respuesta en el sentido de aceptar la oferta.
b. Comparación con el régimen del
Código de comercio
En el régimen del
Código de comercio, quien hace una oferta indeterminada no está obligado a
contratar con quien viene a pedirle la cosa ofrecida. Si se
hace una oferta a una persona determinada con referencia a un catálogo o
prospecto, la aceptación dejará concluido el negocio. El artículo 519
establece: “Las ofertas
indeterminadas contenidas en un prospecto o en una circular, no obligan al que
las ha hecho.”
No se
aplica el artículo 519, si se coloca un objeto en la vidriera de una casa de
comercio asignándole un precio. La aceptación de la oferta por la persona que
entre al local, con el propósito de adquirirlo, dejará concluido el contrato
de compraventa. En este caso, la oferta obliga al comerciante.
En el régimen del Código de comercio, ni
siquiera la oferta tiene efecto vinculante, a menos que la oferta sea
inmediatamente aceptada. El artículo 200 del Código de
comercio expresa:
“Toda propuesta verbal debe
ser inmediatamente aceptada. No mediando aceptación inmediata, la parte que
hizo la oferta, no queda sujeta a obligación alguna.”
La solución cambio, cuando la
oferta se realiza por correspondencia. En efecto, el artículo 203 dispone:
“En el caso de
contrato por cartas, se requiere que el autor de la proposición persevere en
su consentimiento, hasta el momento en que reciba la aceptación de su
corresponsal.”
Según se desprende del artículo
transcripto, se requiere
que el autor de la proposición persevere en su consentimiento, hasta el
momento en que reciba la aceptación de su corresponsal.
En este sentido, el artículo
204 establece:
“El contrato por cartas se
perfecciona en el lugar y en el acto en que la respuesta del que acepta el
negocio llega al proponente.”
c. Comparación con el régimen
del Código civil
En el sistema del Código
civil, cuando se regula el consentimiento en los contratos, se establece que
las ofertas deben ser dirigidas a personas determinadas y no vinculan a quien
la formula, quien puede retractarse, a no ser que al hacerla se hubiere
comprometido a esperar contestación y a no disponer del objeto del contrato
sino después de desechada la oferta o hasta que hubiere transcurrido un plazo
determinado. El Código civil regula detalladamente las condiciones de la
oferta y la aceptación para que sean vinculantes.
Aclaramos que las normas referidas del
Código civil y del Código de comercio, siguen vigentes para los contratos que
se celebren con quienes no sean consumidores en el sentido de la Ley 17.250.
2. Deber de informar
Con respecto a toda oferta,
de acuerdo al artículo 15 de la Ley 17.250 que estamos analizando, el proveedor
deberá informar, previamente a la formalización del contrato respectivo:
a. el precio incluidos
los impuestos;
b.
en las ofertas de crédito o
de financiación de productos o servicios,
se debe incluir el
precio contado efectivo, el monto del crédito, la cantidad de pagos, su
periodicidad y la tasa de interés efectiva anual, en el caso de las empresas
de intermediación financiera;
c. antes de la
formalización del contrato, se debe informar al consumidor sobre las formas de
actualización de la prestación, los intereses, y todo otro adicional por mora,
los gastos extras adicionales,
si los hubiere, y el lugar de pago.
3. Prácticas abusivas en la oferta
La Ley 17.250
considera abusivas las
cláusulas previstas en el artículo 22:
"Son consideradas prácticas abusivas, entre otras:
A) Negar la provisión
de productos o servicios al consumidor, mientras exista disponibilidad
de lo ofrecido según los usos y costumbres y la posibilidad de cumplir
el servicio, excepto cuando se haya limitado la oferta y lo haya
informado previamente al consumidor, sin perjuicio de la revocación que
deberá ser difundida por los mismos medios empleados para hacerla
conocer.
B) Hacer circular
información que desprestigie al consumidor, a causa de las acciones
realizadas por éste, en ejercicio de sus derechos.
C) Fijar el plazo, o
los plazos para el cumplimiento de las obligaciones de manera
manifiestamente desproporcionada en perjuicio del consumidor.
D) Enviar o entregar
al consumidor, cualquier producto o proveer cualquier servicio, que no
haya sido previamente solicitado. Los servicios prestados o los
productos remitidos o entregados al consumidor, en esta hipótesis, no
conllevan obligación de pago ni de devolución, equiparándose por lo
tanto a las muestras gratis. Se aplicará, en lo que corresponda, lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 16
de la presente ley.
E) Hacer aparecer al
consumidor como proponente de la adquisición de bienes o servicios,
cuando ello no corresponda."
Corresponde advertir que la enumeración del
artículo 22 de la Ley 17.250 no es taxativa. Así, por ejemplo, también, se
considera abusiva la práctica de condicionar la provisión de un servicio a la
adquisición de otro, por ejemplo, cuando el arriendo de fotocopiadoras se
condiciona a la adquisición a la misma empresa del papel necesario para su
uso.
Por otra parte, el artículo referido se
limita a mencionar prácticas abusivas a la etapa de la oferta, sin perjuicio
de que pueden existir comportamientos abusivos en la etapa de
perfeccionamiento del contrato, como en la ejecución. Dichos excesos son,
también, configurativos de abuso y todo abuso es ilícito, según lo establecido
en el artículo 1.321 del Código civil.
La fórmula más aceptada en la doctrina para
definir la buena fe es la lealtad de conducta o el comportamiento leal, y ese
es precisamente el concepto que emerge de la Ley 17.250. Así, la Ley regula la
información veraz, clara y suficiente, la publicidad correcta, prohibiendo la
que pueda inducir a engaño, consagra específicamente la responsabilidad por la
violación del principio de la buena fe, así como prohíbe las prácticas y
cláusulas abusivas.
Ordoqui
Castilla, Derecho
del consumo, p. 39/40.
