Por
Nuri Rodríguez
Olivera y Carlos
López
Rodríguez
Consideramos
como elementos personales, aquellos sujetos que intervienen en el proceso de
Moratoria. Entre los elementos personales de la Moratoria mencionaremos a la
sociedad anónima en dificultades, los acreedores de la sociedad y el juez
competente.
La
iniciativa de la moratoria sólo
corresponde a una sociedad anónima en dificultades. El órgano que resuelve
solicitar una Moratoria es el órgano de administración - administrador o
directorio - sin necesidad de una autorización especial de la asamblea de
accionistas y aunque los
estatutos guarden silencio al respecto (art. 68, inc. 2, Ley 2.230).
La
presentación judicial de la solicitud de Moratoria la formula el representante
legal o estatutario de la sociedad anónima. La norma se opone a la solución
establecida, en el artículo 28 de la Ley 2.230, para tramitar un concordato.
Los
acreedores de la sociedad anónima participan del proceso de Moratoria en la
junta que se celebra durante el proceso y en la cual deben votar sobre la espera
solicitada. También, participan por cuanto pueden ser designados como
informantes-interventores y como interventores.
El
artículo 1.767 del Código de Comercio, modificado por el artículo 14 de la
Ley 17.292, establece la forma en que se han de designar los acreedores
informantes y sus funciones.
El Juez, en el auto de admisión, designa dos acreedores con funciones
informativas y ciertas facultades de intervención. Si éstos no aceptan, el
Juez puede nombrar una persona de la lista prevista en el Código General del
Proceso.
Los
acreedores no deben ser privilegiados.
Se agrega que no pueden ser designados acreedores informantes, sociedades
vinculadas, controlantes o integrantes de un mismo grupo económico con la
gestionante.
Con la
exclusión de las sociedades referidas en la última parte de la norma, se
quiere asegurar una actuación imparcial y legítima de los acreedores que se
designen, evitando abusos y aprovechamientos de una posición de control que
provenga de que una sociedad tenga participaciones societarias de otras o de la
mera situación de hecho, en que una sociedad ejerza el dominio sobre otra.
Tales situaciones han sido especialmente contempladas en la Ley 16.060 con
especiales sanciones.
La Ley
17.292 incorpora, además, una previsión para la hipótesis en que designados
dos acreedores, uno haya aceptado y el otro demore su aceptación. En tanto no
acepte el segundo, la función de intervención será cumplida por quien ya
aceptó (art. 1.767 con redacción dada por art. 14 de la Ley 17.292). Esta
norma tiene por finalidad evitar demoras, que se suscitaban antes, en que el
acreedor que había aceptado el cargo no actuaba en tanto el otro no lo hiciere.
El artículo
15 de la Ley 17.292 contiene una norma que sólo hace referencia a los artículos
20 y 70 de la Ley de 1.893. El artículo 20 establece que se designan como síndicos
de la liquidación judicial a dos acreedores, entre los doce mayores no
privilegiados.
El artículo 70, con su nueva redacción, se refiere a los acreedores designados
en el auto de admisión del concordato. Como era frecuente el desinterés de los
acreedores para asumir las tareas que tales cargos significan, lo cual
determinaba un alargamiento de los procesos, el legislador incorporó una solución
en el artículo 15. Si uno o los dos designados demoran la aceptación de los
cargos, el juez designará como síndico o como informante-interventor, a una
persona que figure en la lista de síndicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo
469.2 del Código General del Proceso. En este caso, habrá un único síndico o
informante-interventor.
Advertimos
que no se adoptó igual solución para la Moratoria en la sociedad anónima.
Hubiera sido conveniente establecer una solución igual, puesto que se trata de
situaciones similares. En la Moratoria, en tanto los acreedores designados no
cumplan con la presentación de su información, no se puede convocar a la junta
de acreedores, que ha de votar sobre la Moratoria. De todos modos, para la
Moratoria se aplica el artículo 21 que contiene solución para el caso de que
los trámites estén paralizados por un término que exceda los seis meses.
Con la
modificación introducida por la Ley 17.292, a los acreedores designados no sólo
se les atribuye facultades informativas sino, también, de intervención en los
negocios de la sociedad solicitante.
Nos remitimos a lo ya expuesto sobre acreedores informantes-interventores en
concordatos preventivos, por cuanto todo lo allí expresado se aplica a los
acreedores designados en el trámite de la Moratoria.
Debemos
recordar que la sociedad anónima que solicita una Moratoria, debe probar los
accidentes imprevistos que invoque, acompañando estado del activo y del pasivo,
un inventario estimativo de los bienes y una relación de los nombres y
domicilio de los acreedores y del importe de sus créditos (art.1.765). También,
la sociedad gestionante debe rendir de cuentas desde la fecha de los estados
contables adjuntos a su solicitud hasta la fecha en que asumen el cargo los
acreedores designados. Como pudo haber transcurrido mucho tiempo desde la
confección de los balances a la fecha de la aceptación de los cargos, se hace
imprescindible una actualización, por cuanto pudo variar la situación
patrimonial e importa conocer las operaciones efectuadas en ese lapso por la
sociedad. Sobre la base de la documentación reseñada, los acreedores
designados deben informar sobre la exactitud de esos documentos, sobre la marcha
del giro empresarial y sobre las bases de lo solicitado por el deudor.
En
la junta de acreedores que debe votar sobre la concesión de la moratoria, se
pueden designar a dos acreedores interventores. Los acreedores interventores
tienen por función intervenir en la gestión de la sociedad deudora durante el
término de la moratoria (art. 1.769). La sociedad anónima no puede enajenar ni
gravar sus bienes, recibir ni pagar cantidad alguna, ni ejercer actos de
administración, sin la autorización o la asistencia de los interventores
(art. 1.776).
Puede
designarse en el trámite de una Moratoria una comisión de acreedores, de la
misma manera y con los mismos cometidos que los ya analizados en el capítulo
sobre concordatos.
El
honorario
de los
interventores
es fijado por el
juez, según la importancia de los bienes y la naturaleza del objeto social
(art. 1.784).
La
solicitud debe presentarse ante el juez competente para entender en la liquidación
judicial (art. 1.765). A su vez, el artículo 16 dice que el juez competente
para decretar la liquidación, es el Juez de Comercio de turno.
Recordemos
que desde la sanción del antiguo Código de Organización de los Tribunales no
existe judicatura comercial especializada. Los Jueces de Comercio han sido
sustituidos por los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil en
Montevideo y por los Jueces Letrados Departamentales en el interior.
De acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 15.750, serán competentes los
Jueces Letrados del lugar en que la sociedad tenga su domicilio. En Montevideo,
son competentes los Tribunales de Concursos creados por el artículo 12 de la
Ley 17.292.
Se aplica a
la Moratoria, el régimen de fuero de atracción tal como se dispone en la Ley
17.292, artículo 13. Nos remitimos a lo ya expresado al considerar el fuero de
atracción en la liquidación judicial.
Hacemos, no
obstante, la siguiente salvedad. El artículo 13 de la Ley 17.292 se refiere a
acciones reivindicatorias previstas en el
Código de comercio. En el régimen de la Moratoria, no se han previsto
acciones reinvidicatorias especiales. Con interpretación estricta de este
inciso del artículo 13, se podría sostener que si se promueve un proceso de
reinvidicación por leyes comunes del Código Civil, no estaría comprendido en
el fuero de atracción. Sin embargo, entendemos que también quedará atraído
por aplicación de la norma general contenida en el artículo 1.575 del Código
de Comercio, ahora aplicable a todos los concursos, por el cual quedan
comprendidos en el fuero de atracción todos los juicios en que el fallido sea
demandado.
En la
regulación de la Moratoria, tampoco existen normas sobre acciones revocatorias
concursales. En consecuencia, los juicios que se tramiten, aplicando el derecho
común, para obtener revocación de contratos, no serán atraídos por el fuero
de atracción concursal. En estos juicios serán demandados la sociedad
concursada y el tercero que celebró el contrato que se pretende revocar.
