Efectos del Auto de Admisión
Respecto de la Persona del Deudor
Por
Nuri Rodríguez Olivera
La
presentación de la solicitud de homologación de un concordato no disminuye la
capacidad civil del concordatario. No hay desapoderamiento de los bienes del
deudor concordatario, como hay en la quiebra.
El
deudor queda al frente de sus negocios y administrando sus bienes, pero queda
sujeto a ciertas restricciones que limitan su capacidad. En efecto, se restringe
la posibilidad de celebrar ciertos actos taxativamente enumerados en el artículo
1.555.
“Durante
los procedimientos a que dé lugar la solicitud sobre concordato no podrá el
deudor vender, hipotecar o gravar de otro modo sus bienes raíces, arrendarlos,
vender los valores muebles de su activo o darlos en prenda, sino con venia del
juez, en caso de necesidad o manifiesta utilidad, y con audiencia del
interventor o en su defecto del Ministerio Público”.
La finalidad
de las prohibiciones que limitan la capacidad del concordatario es asegurar los
derechos de los acreedores, limitando la posibilidad de enajenar o gravar bienes
que disminuyan el activo del deudor, agravando su situación patrimonial. Los
actos prohibidos pueden ser realizados, pero en las condiciones previstas por el
artículo 1.555. Esto es: en caso de necesidad o utilidad manifiesta; mediando
venia judicial con vista previa del interventor, si se hubiere designado o del
ministerio público en su defecto. La autorización judicial debe ser particular
para cada acto.
No sería válida una autorización de carácter general, que facultara al
deudor para realizar una serie de actos, ya que para analizar la necesidad o
utilidad, el juez deberá analizar concretamente cada caso en particular.
1.
El deudor concordatario no puede vender bienes inmuebles. Sayagués
dice que debe entenderse que la norma debe ser comprensiva de otros negocios
dispositivos. La venta es sólo uno de los títulos para la enajenación. Si
está prohibida la enajenación a título oneroso, con más razón deben
considerarse prohibidos otros actos que también son títulos para la
trasmisión del dominio, como ser una permuta o donación. En este último
caso, además, no ingresa dinero como contrapartida de la enajenación, por
lo cual es una operación que afecta más que la venta.
Es
indudable que el término usado por el Código no es acertado. Requiere una
interpretación amplia, aun excediendo su sentido gramatical para no llegar
a soluciones absurdas.
2.
No puede hipotecar bienes raíces, ni gravarlos de otro modo, esto es, ni
por censos ni anticresis.
3.
No puede arrendar inmuebles. Sayagués
entiende injustificada la prohibición, pues el arrendamiento es un acto típico
de administración y el artículo 1.555 está contemplando sólo actos de
disposición.
4.
En cuanto a los bienes muebles de su activo, no puede venderlos ni darlos en
prenda.
Fuera de los
actos prohibidos el deudor concordatario tiene capacidad plena. Puede celebrar
todo tipo de contratos y puede contraer nuevas obligaciones.
La sanción
por la violación de las normas del artículo 1.555 es la nulidad de los actos
realizados. No está establecido en dicho artículo pero es así por aplicación
del principio general del derecho que sanciona con nulidad los actos violatorios
de la Ley (art. 8 C.C.).
Sayagués
critica la insuficiencia del texto legal. A su juicio
debió establecerse, además, que la violación determinará el rechazo inmediato
del concordato.
En el auto
de admisión el juez debe ordenar la inscripción de la solicitud de homologación
de concordato en el Registro Nacional de Actos Personales. En el artículo 1.526
del Código de Comercio se disponía la inscripción en el Registro de
Interdicciones. Con la nueva organización registral la inscripción pasó a
realizase al Registro Nacional de Actos Personales(ley 16.871).
La Ley
17.292 dispone la inscripción, con carácter general, para todos los
procedimientos concursales preventivos,
pero con más exigencias (art. 19). En efecto, dispone que es una carga del
deudor, que deberá acreditar la inscripción en el plazo de diez días hábiles
a contar de la fecha de libramiento del oficio. Si se omite hacerlo, el juez,
sin más trámite, revoca el auto de admisión y decretará la quiebra, el
concurso o la liquidación judicial.
Esa
inscripción tiene por efecto dar publicidad a las restricciones en la capacidad
del deudor concordatario, haciéndola conocer a terceros.
1.
Registro Nacional de Comercio
Las
normas sobre concurso no disponen, expresamente, que se efectúen inscripciones
en el Registro Nacional de Comercio. Entiendo, no obstante, que deben
registrarse de acuerdo con el artículo 48 de la Ley Registral 16.871. Este
Registro se organiza en base a fichas personales de los comerciantes y
sociedades comerciales y el artículo 42 del decreto reglamentario, dispone que
en las fichas se concentrará “todo el
movimiento jurídico de los mismos”. Con una interpretación amplia, deberá
registrarse en este Registro la quiebra y la liquidación judicial y la admisión
de los Concordatos Preventivos y Moratorias, puesto que en todos esos procesos
queda afectada la capacidad o legitimación del comerciante o sociedad
concursada.
2.
Inscripción de nombres de socios
El artículo
1.525, además, dispone para el caso de tratarse de una sociedad, que se
inscriba el nombre de la sociedad y el nombre de los socios personalmente
responsables. La norma es
consecuente con los principios que establecen la responsabilidad personal
y solidaria de los socios para algunos tipos sociales y dispone que se
inscriban en el Registro de Inhibiciones los nombres de los socios. De este modo
la inscripción impide la enajenación o gravamen de cualquier clase de bienes
inmuebles, no sólo de la sociedad sino también de los socios.
Ya vimos que
la solicitud de concordato no disminuye la capacidad del concordatario y que en
el concordato no hay desapoderamiento de los bienes ni de los libros o papeles
como lo hay en la quiebra. El deudor queda al frente de sus negocios,
administrando sus bienes y continuando la explotación comercial.
Sólo hay
restricciones en su capacidad por la disposición del artículo 1.555 que le
prohíbe realizar ciertos actos. En efecto, ya analizamos que durante los
procedimientos el deudor no podrá vender ni hipotecar, ni gravar sus bienes raíces,
ni arrendarlos, ni vender los bienes muebles ni prendarlos sino con venia del
juez, en caso de necesidad o manifiesta utilidad, con audiencia del interventor
o del ministerio público.
En nuestra
doctrina se discutió si el deudor podía comerciar y se sustentaron distintas
posiciones.
1. Tesis de Scarano
Sostenía
Scarano que el deudor concordatario no
podía comerciar. Comentaba la redacción
anterior del actual artículo 1.555. Esta
norma, antes de la reforma de la Ley de enero de 1.916, llevaba el número 1.540.
En su redacción original, después de establecer los actos que le están
prohibidos al deudor concordatario, se agregaba un inciso final que establecía:
“Podrá
continuar sin embargo el giro regular de sus negocios con la intervención del síndico”.
Con
tal redacción, era indiscutible la posibilidad que tenía el deudor de
continuar al frente de su comercio, aunque sujeto a una intervención.
La Ley de
enero de 1.916 suprime el inciso final. Queda vigente sólo la nómina de actos
prohibidos. Explica Scarano que la
derogación se efectuó porque creaba dificultades la intervención del síndico,
que muchas veces desconocía el manejo de los negocios del deudor. Se desprende
de la supresión que el legislador entendió que al deudor no le estaba
permitido continuar con su comercio.
Por otra
parte, en el proceso de elaboración de la Ley, Díaz expresó que el trámite
del concordato duraría sólo 45 días y quizás entendió que en ese breve período
era mejor que estuviera cerrada la casa de comercio.
Concluye Scarano
que, ante la redacción actual del artículo 1.555, debe entenderse que
el deudor no puede proseguir con su actividad comercial, salvo casos de
necesidad o manifiesta utilidad, con autorización del juez, en la forma
prevista por esa norma.
2. Tesis de Dayvière
Dayvière
sostenía una posición similar a la de Scarano,
agregando que el juez debe conceder una autorización general para el
ejercicio de actos de comercio. No sería necesario ni razonable que, para cada acto de
comercio, deba recabarse autorización judicia.
3. Tesis de Sayagués
Sayagués
sostenía que el deudor concordatario podía comerciar,
en razón de los siguientes argumentos:
El artículo
1.525 (concordato preventivo extrajudicial) dispone las facultades del
interventor y establece fiscalizar la marcha de los negocios del deudor. El artículo
1.532, para el concordato preventivo judicial establece como facultad del
contador interventor intervenir en el giro de los negocios del deudor. No tendrían
sentido estas normas si se paralizara el comercio y no hubiera comercio para
fiscalizar o intervenir.
El artículo
1.547 prohíbe el embargo de mercaderías, muebles, útiles y máquinas. Se
excluye la posibilidad de esos embargos porque se ha deseado permitir al
concordatario que continúe en su comercio y que pueda vender sus mercaderías,
razón por la cual se prohíbe su embargo.
Sostiene Sayagués
que el artículo 1.555 contradice los artículos 1.525, 1.532 y 1.547,
que suponen al concordatario al frente de su establecimiento comercial. Ante tal
contradicción debe optarse por la solución que mejor contemple la naturaleza y
fines del concordato preventivo, que son de permitir al concordatario continuar
administrando su negocio. De acuerdo a la tesis de Sayagués, el deudor concordatario no puede vender libremente
los bienes muebles que no forman parte del giro de los negocios pero puede
vender los bienes y mercaderías que entran en el giro de los negocios.
Entendemos
que ésta es la tesis más acertada. La posibilidad de comerciar se deduce de los
artículos 1.525, 1.532 y 1.547. Además, leyendo
atentamente el artículo 1.555, se advierte que se le prohíbe la venta de “los
valores muebles del activo”, con lo cual el legislador se quiso referir a
los bienes que componen el activo fijo del establecimiento comercial o
industrial. El deudor concordatario no podrá enajenar instalaciones,
mobiliario, máquinas; pero ha de poder vender los bienes que produce o que
comercializa, dentro de su giro.
El artículo
1.569 establece:
“Durante
los procedimientos a que dé lugar la solicitud del concordato, el deudor
deberá permanecer en el territorio nacional y no podrá salir de él sino con
autorización del juez y por causas de grave necesidad.
El
juez podrá denegar esa autorización discrecionalmente y sin expresión de
causa. Si el deudor se ausentara quebrantando esa prohibición, se le considerará
fugado y se declarará la quiebra de oficio. La ausencia se considerará
justificada si el deudor, citado en su domicilio comercial a petición de
cualquier acreedor y bajo apercibimiento de lo que este artículo dispone, no
comparece al juzgado de la causa o al de su domicilio dentro del plazo que se
haya señalado ni justifica de otro modo su permanencia en el país.
La
misma disposición será aplicable en caso de sociedad, a los socios
solidarios que tengan su domicilio en la República”.
A.
Fundamento de la prohibición
La
presencia del deudor es de suma importancia para el trámite de la solicitud,
para facilitar el procedimiento y para que dé las explicaciones necesarias.
Para salir del país requiere la autorización del juez, quien tiene facultades
discrecionales para concederla. Sólo procede en caso de grave necesidad.
Scarano
expresa que no podría ausentarse dejando apoderado,
porque lo que la Ley crea es una limitación a la libertad personal. La Ley
considera necesaria la presencia personal del deudor concordatario y no puede
admitirse en su lugar a la persona del mandatario.
B.
Sanción
La
Ley dispone que se declarará en quiebra al deudor concordatario, de oficio, si
quebranta la prohibición del artículo 1.569.
