Personas
que intervienen en el concordato
Por
Nuri Rodríguez
Olivera y Carlos
López
Rodríguez
En
el concordato destacamos tres aspectos: el personal, referente a las personas
que intervienen en la celebración del concordato; el acto concordatario, que
contiene las bases y la solución de la situación creada por el mal estado de
negocios del deudor; el
procedimiento por el cual se llega a ese acuerdo y se perfecciona, mediante la
homologación judicial o su protocolización. Estudiaremos los requisitos
relativos a cada uno de esos aspectos.
I.
El deudor
comerciante
De acuerdo a su definición, el
concordato es un acto celebrado entre un deudor comerciante y determinada mayoría
de acreedores quirografarios. Consideraremos, en primer lugar, los requisitos
relativos al deudor y luego los concernientes a los acreedores. Tanto unos como
otros son partes en el concordato, se considere éste un contrato como un
proceso. Posteriormente, iremos viendo su participación en las etapas
judiciales, donde pueden participar típicamente como partes procesales.
En el régimen del Código de
comercio, el deudor debe ser comerciante (art. 1.523). Es decir, que debe reunir
las condiciones establecidas en el artículo 1 del Código de comercio. El
concordato es un instituto de naturaleza comercial. Tiene por finalidad evitar
la quiebra y sólo quiebra el comerciante (art. 1.572).
Cuando decimos comerciante,
comprendemos tanto al comerciante, persona física, como al comerciante persona
jurídica. Respecto a las sociedades comerciales es menester efectuar ciertas
precisiones.
El deudor comerciante puede promover
el concordato. No pueden hacerlo los acreedores, como sucede con los
procedimientos de quiebra. Es el deudor quien ha de presentarse el juez
competente con el petitorio de homologación.
Puede el deudor actuar personalmente o mediante apoderado, pero el apoderado
debe tener facultades expresa y especialmente establecidas en el contrato de
mandato, para poder promover y firmar un acuerdo concordatario. Aunque no lo
exige la Ley expresamente, así resulta de las disposiciones generales sobre
mandato y especialmente en el artículo 2.056 del Código
civil, que establece:
“El
mandato concebido en términos generales no comprende más que actos de
administración, aunque el mandante declare que no se reserva poder alguno
...”
El deudor debe hallarse inscripto en
la Matrícula del Registro Público de Comercio. La matrícula de comerciante
fue derogada por la Ley Registral 16.781 y en su lugar se ha establecido la
ficha registral. Entiendo que la ficha sustituye la matrícula y por lo tanto,
el comerciante deberá acreditar que
se ha registrado en la ficha.
La exigencia está contenida en
el artículo 1.545, incorporado al Código por la Ley del 29 de diciembre
de 1916.
El artículo 1.545 contiene
una aplicación de la norma general contenida en el artículo 32 del Código
de comercio, en virtud de la cual, para recibir la protección de la Ley
comercial, es menester matricularse en el Registro Público y General de
Comercio.
El comerciante de hecho puede ser
declarado en quiebra porque no puede prevalerse del incumplimiento de las
obligaciones a su cargo, para escapar a la ejecución concursal y al rigor de la
quiebra; pero ese comerciante de hecho, no puede evitar que se le declare en
quiebra haciendo uso del concordato preventivo judicial o extrajudicial.
El comerciante de hecho no está
totalmente desprotegido. No puede celebrar concordatos preventivos judiciales ni
extrajudiciales, pero puede celebrar un concordato privado. Claro que según
veremos, la promoción de un concordato privado no acuerda iguales ventajas que
la iniciación de los concordatos preventivos judiciales o extrajudiciales.
También puede el comerciante de hecho celebrar un concordato preventivo de
liquidación (art. 11 Ley de 1926).
El deudor debe presentar libros de
contabilidad debidamente rubricados (art. 1.545, inciso 2). La exigencia de la rúbrica
está derogada por la Ley del 8 de julio de 1950, artículo 16, que sustituyó
ese requisito por la certificación de libros por el Registro Público y General
de Comercio. En la terminología de la Ley registral vigente, los libros son
habilitados. También por normas legales y reglamentarias, se permite sustituir
los libros por hojas móviles
que deben certificarse en el Registro referido.
No basta con justificar que se llevan
libros, se requiere además que los libros sean llevados con sujeción al artículo
54 del Código de Comercio. Quien juzga si se ha cumplido con las disposiciones
legales es el juez del concordato. Así lo establece el inciso 2 del artículo
1.545, incorporado por la Ley del 11 que noviembre de 1926.
La exigencia de libros procede de la
Ley del 29 de diciembre de 1916, como un recurso para evitar fraudes. Era
frecuente, antes de las leyes del año 1916,
que el deudor fraguara acreedores o creara créditos inexistentes. El legislador
entendió que, exigiendo la presentación de libros y sometiéndolos al
contralor judicial, se hacía más difícil la posibilidad de cometer tal tipo
de fraudes.
La Ley del 11 de noviembre de 1.926
atenuó la exigencia respecto a los libros, en cuanto a los comerciantes por
menor, con la siguiente previsión: los
comerciantes por menor, cuyo capital en existencia sea inferior a dos mil pesos,
sólo tendrán la obligación de llevar un libro borrador rubricado. Esta norma
también está incorporada al artículo 1.545. Desde luego, la cifra que se
establece en el texto legal, por ser tan ínfima y nunca haber sido actualizada,
hace inaplicable la norma.
No se impone la condición de llevar
libros, para el concordato privado ni para el concordato de liquidación.
Tampoco se impone en la quiebra. El comerciante llevado a la quiebra, que no
lleva libros, puede igualmente tramitar un concordato para ponerle fin.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo
1.545 el comerciante debe presentar los libros en el juzgado.
Si el comerciante no tuviera libros porque no los llevó, no se admite ningún
tipo de excusa. En sentencia de Bouza, publicada en página 13 del tomo III de
la revista Sociedades Anónimas, no se admitió un concordato promovido por un
comerciante radicado en Nueva Palmira, que expresó que no llevaba libros porque
en esa localidad era difícil encontrar persona idónea que los llevara (la
sentencia es de 1.947).
Si el comerciante hubiera llevado
libros y por una causa de fuerza mayor o ajena a su voluntad, los perdiera,
igualmente se vería impedido de promover un concordato. Scarano
sostiene que el requisito es exigido en forma perentoria por la Ley y que no le
es permitido al deudor probar otras circunstancias. Toda justificación de la
falta de libros no sería bastante para torcer la interpretación de la
disposición legal. Sayagués opina
diversamente: entiende que debe
admitirse el concordato en el caso de que, por ejemplo, se hubiera incendiado el
comercio y quemado los libros; porque en ese caso el deudor habría cumplido con
sus obligaciones como comerciante.
Tampoco el comerciante puede excusarse
de presentar libros mal llevados, atribuyendo la responsabilidad de la
irregularidad al dependiente a quien encomendó esa tare. En tal caso, el deudor
no podrá promover concordato.
El responde por los hechos de su
dependiente; el hecho de su dependiente es imputable al comerciante.
Es presupuesto del concordato que el
comerciante esté en estado de suspensión de pagos o en mal estado de negocios
(art. 1.524 inc. 2).
El artículo 1.524, en el inciso
2
se refiere a “la suspensión de pagos o mal estado de los negocios”,
como si fueran dos cosas iguales. En cambio en la quiebra, su presupuesto
objetivo es la cesación de pagos (art. 1.572). La cesación de pagos es un término
con el cual se califica un estado en que se encuentra el comerciante que tiene
dificultades para atender el cumplimiento de sus obligaciones. Ese estado se
revela a través de diversos índices; pero sólo algunos son relevantes para
provocar una declaratoria de quiebra (incumplimiento de una obligación
mercantil, contenida en un documento comercial, declaración del propio deudor,
fuga del comerciante, rechazo del concordato, etcétera). Otros índices de este
estado sirven para fijar la fecha de la efectiva cesación de pagos, a la cual
se pueden retrotraer los efectos de la quiebra. En los artículos 1.642 y
siguientes, que se refieren a la fijación de esa fecha, la Ley utiliza
indistintamente las expresiones suspensión y cesación. De manera que puede
entenderse que estas expresiones responden a conceptos idénticos.
En materia de concordatos preventivos
de la liquidación de sociedades anónimas se debe presentar una memoria sobre
las causas del desastre; lo mismo exige cuando se pide la liquidación judicial
(arts. 69 y 16 Ley de 1.893).
Podemos concluir que, en nuestro
Derecho, “cesación”, “suspensión”, “mal estado de negocios” y
“desastre”, son términos equivalentes. El comerciante que enfrenta
dificultades económicas, aprecia su propia situación y si la juzga difícil y
configurativa de un estado de suspensión de pagos, promueve una solución
concordataria o pide su quiebra; ello dependerá del grado de gravedad de su
estado.
Si el deudor que la promueve se
encuentra en un estado de iliquidez, pero tiene solvencia, no podrá proponer y
solicitar sino una espera. Los acreedores no le concederán quitas si resulta de
su estado patrimonial que tiene bienes suficientes para pagar sus deudas. Si el
deudor es insolvente, ya que no cubre el pasivo con la suma de sus bienes, podrá
promover un concordato de quitas y esperas. La insolvencia no debe ser tal que
le impida atender en un acuerdo concordatario ciertos porcentajes mínimos
exigidos por la Ley o requeridos por los acreedores. Si su insolvencia es tal
que los acreedores no tengan expectativa de cobrar un porcentaje razonable, ese
deudor caerá seguramente en quiebra.
No se requiere que el deudor sea de
buena fe, es decir que haya llegado a una mala situación en sus negocios por
accidentes imprevistos o por fuerza mayor. No interesan los motivos por los
cuales el comerciante haya llegado a su mal estado; en cualquier caso se puede
promover un concordato. No hay exigencia de buena fe porque el concordato no sólo
es beneficioso para el deudor, sino también para los acreedores y para la
sociedad.
Naturalmente que el comerciante de mal
fe ha de tener dificultades para lograr el acuerdo de sus acreedores, para la
concesión de una espera o de una quita; pero los acreedores pueden otorgar su
consentimiento a la fórmula concordataria a pesar de la mala fe del
comerciante, porque esa fórmula les resulta conveniente y el juez no puede
negar su homologación porque exista probada mala fe del comerciante
concordatario.
La buena fe no se exige en ninguno de
los tipos de concordatos preventivos previstos para comerciantes y sociedades
comerciales.
En la quiebra tampoco se exige buena
fe en el fallido que propone un concordato. El fallido puede obtener la
homologación de un concordato con prescindencia del resultado del juicio de
calificación. En el Código de Comercio de 1.866 sólo podía obtenerlo el
fallido inculpable; pero ello fue modificado por la Ley de 1.900.
En cambio, en el concordato preventivo
de las sociedades anónimas se establece que el juez admitirá la gestión del
concordato si no resulta “presunción de fraude o mal fe contra la sociedad
postulante...” (art. 69 de la Ley de 1.893). En el régimen de las
moratorias de las sociedades anónimas (art. 1.764), las mismas se conceden sólo
a quienes prueben que la imposibilidad de pagar de inmediato a sus acreedores
proviene de accidentes extraordinarios, imprevisto o de fuerza mayor.
Todas las sociedades comerciales,
cualquiera sea su tipo y con la excepción de las sociedades anónimas, pueden
quebrar. Las sociedades anónimas disponen de un régimen específico, similar a
la quiebra, que recibe el nombre de liquidación judicial. Debe además tenerse presente que, en ciertos tipos sociales, la
quiebra de la sociedad arrastra a los socios a la quiebra.
La Ley, al
organizar el concordato, admite que las sociedades pueden ampararse al
instituto.
Las sociedades anónimas tienen un régimen
especial para la celebración de concordato preventivo, contenido en la Ley de
1.893. Así lo establece expresamente el artículo 1.523 del Código de
Comercio.
En materia de sociedades anónimas, el
artículo 28 de la Ley de 1.893 requiere que el directorio esté autorizado por
estatutos o haya recibido poder expreso de accionistas, en asamblea o fuera de
ella, que representen dos tercios del capital social, para poder promover un
concordato. No hay previsiones legales respecto a los demás tipos sociales.
Las entidades de intermediación
financiera en situación de dificultades económicas o financieras, están
sometidas a un régimen especial, establecido en el Decreto Ley 15.322, en que el
liquidador es el Banco Central y la liquidación se efectúa en sede
administrativa (art. 41). No se prevé en esas normas la posibilidad de
concordatos preventivos.
En cuanto a las sociedades cooperativas que están sujetas al régimen de
quiebra, también, pueden evitarla mediante concordatos preventivos. Aquéllas que
concursen civilmente no podrán promover un concordato preventivo, sino que sólo
podrán lograr un acuerdo con sus acreedores, en la junta que se celebra dentro
del proceso concursal (art. 453 C.G.P.
en su actual redacción).
Este tipo social se caracteriza por
que no se constituye con las formalidades requeridas para otros tipos de
sociedades comerciales, no tiene personería jurídica y no se exterioriza
frente a terceros. Los bienes aportados se administran por el socio gestor,
quien realiza la gestión del negocio concertado y
actúa a nombre propio, aunque
por cuenta de la sociedad. Quien se obliga frente a terceros es el socio gestor,
salvo que éste haya dado a conocer los nombres de
sus socios, con consentimiento de éstos (arts. 483 y ss. Ley
16.060).
A consecuencia de esta especial
organización, no puede haber quiebra de la
sociedad accidental; si no se pagaran las obligaciones generadas por
cuenta de la sociedad, podría ser
llevado a la quiebra el socio gestor, que a la vez, revista calidad de
comerciante. Si el socio gestor fuera
un civil, concursará. A la masa
activa de su quiebra o concurso van confundidos los bienes aportados por los otros
socios a la sociedad accidental. Todos los bienes confundidos, los bienes
propios del socio gestor y los bienes sociales, quedan afectados al pago de los
acreedores sociales y los particulares del socio gestor.
Para el caso de que el socio gestor mencione los nombres de los restantes,
todos ellos son solidariamente responsables frente a terceros. En tal caso la
cesación en el pago de las obligaciones contraídas, por cuenta de la sociedad,
puede provocar la quiebra de cualquiera o de todos los socios, siempre
que ellos tengan el carácter de comerciantes o su concurso, si fueran civiles.
Ante tales textos, que excluyen la
quiebra de la sociedad como ente colectivo distinto, debemos concluir que no es
admisible tampoco la posibilidad de que se tramite un concordato preventivo por
esta sociedad. El concordato tiene por finalidad evitar la quiebra; si las
sociedades accidentales no quiebran no puede tramitarse, a su respecto,
concordatos.
Podrá haber concordatos preventivos
promovidos por los socios gestores
o los socios que fueron
individualizados por el socio gestor, cuando personalmente se den las
condiciones para gestionarlos.
El régimen comentado tiene coherencia
con el carácter accidental y transitorio de estas sociedades.
La
sociedad irregular puede quebrar porque tiene
personería. Del texto del artículo 40 de la Ley 16.060 resulta la
admisibilidad de su quiebra. En efecto, establece:
“Relaciones de los acreedores sociales y de los
particulares de los socios). Las relaciones entre los acreedores sociales y los
acreedores particulares de los socios, inclusive en caso de quiebra, se juzgarán
como si se tratara de una sociedad regular.”
Si puede quebrar, en principio, debería
admitirse la posibilidad de que pueda tramitar un concordato preventivo. El
concordato de la sociedad irregular tendría como objeto ofrecer el pago de
deudas sociales con ciertas quitas o esperas y con ese concordato se podría
prevenir la quiebra de la sociedad irregular.
Podría
entenderse que no pueden tramitar un concordato por lo establecido en el artículo
37 inciso 1 que establece:
“Ni
la sociedad ni los socios podrán invocar respecto de cualquier tercero,
derechos o defensas fundados en el contrato social”.
Por aplicación de esa norma. los
socios no podrían invocar la sociedad irregular para presentarse en juicio y
pedir el trámite de concordato.
Sin embargo, para ser más precisos, lo que establece el artículo 37 es que no
se puede invocar frente a terceros defensas o derechos fundados en el contrato;
con la solicitud de un concordato, no se trataría de una defensa fundada en el
contrato.
La
mayor dificultad para la admisión de un concordato preventivo de una sociedad
irregular, la encontramos en el artículo 1.545 que exige para que un deudor
pueda tramitar un concordato preventivo judicial o extrajudicial, que se
acredite que se está
inscripto en la matrícula, hoy ficha registral. Una sociedad irregular no está
precisamente, inscripta en el registro de comercio y por lo tanto no se
le abre ficha registral.
Se
ha sostenido por Sayagués, que las
sociedades irregulares podrían obtener un concordato preventivo, por aplicación
de los dispuesto por el artículo 1.524 del Código de Comercio en su inciso
final, que dice así:
“Tratándose
de una sociedad, se acompañará el documento probatorio de la sociedad, si lo
hubiere, y de su registro, si este requisito se hubiera cumplido; se expresará
en todo caso el nombre de todos los socios y la calidad que se les atribuye; y
respecto de los socios personal e ilimitadamente responsables, se presentará el
estado del activo y del pasivo”.
Al
respecto debemos señalar que el último inciso del artículo 1.524, fue
incorporado al Código de Comercio por la Ley de enero de 1.916 y que el artículo
1.545, que exige inscripción en la matrícula, fue agregado por la Ley de
diciembre de 1.916. En consecuencia, ese último inciso del artículo 1.524 ha
quedado tácitamente derogado por la mencionada ley, la cual tiene por finalidad
crear nuevas exigencias tendientes a disminuir los fraudes; y entre esas
exigencias incluyó la matrícula del deudor, sin distinguir entre comerciantes
personas físicas o sociedades.
La
tesis de Sayagués supondría, por
otra parte, crear una diferencia injustificada entre comerciantes y sociedades,
imponiendo más dificultades al comerciante individual o facilitando la situación
de las sociedades.
En
una postura estricta y de acuerdo con los textos legales vigentes, la sociedad
irregular podría celebrar un concordato privado, para el cual se aligeran
las exigencias personales.
La sociedad en formación es
persona jurídica, con un
patrimonio propio. Por ello puede
quebrar y podrá celebrar
un concordato con sus acreedores. Aunque difícilmente se podrá configurar una
situación de quebranto económico, en el escaso tiempo en que una sociedad se
encuentra en esa etapa, dados los plazos requeridos
por la Ley para cumplir con requisitos para su regular constitución.
Un obstáculo para poder tramitar un
concordato, será que esa sociedad aún no se pudo inscribir en la ficha
registral del Registro Nacional de Comercio, que reemplaza a la matrícula
exigida por el artículo 1.545. En tanto se encuentre en etapa de formación sólo
podría tramitar un concordato privado.
La
sociedad nula, no obstante la nulidad que la afecta, es persona jurídica y ha
desarrollado una actividad que generó deudas.
El
artículo 26, inciso 1, de la Ley 16.060 establece:
“La
declaración de nulidad de la sociedad impedirá a continuación de sus
actividades y se procederá a su liquidación por quien designe el juez conforme
a lo dispuesto en la Sección XIII del presente Capítulo”.
El
artículo 29 agrega:
“La
declaración de nulidad no afectará la validez y eficacia de los actos y
contratos realizados por la sociedad”.
De estos
textos debe concluirse que la sociedad nula puede quebrar, si se dan los
presupuestos para ello.
La sociedad disuelta y en estado de
liquidación mantiene su personería jurídica y conserva su patrimonio propio a
los efectos de su liquidación. En consecuencia podría ser llevada a la quiebra
y podrá evitarla mediante una solución concordataria.
El concordato es un acuerdo entre un
deudor comerciante y sus acreedores, pero no de todos sus acreedores. Es
necesario efectuar ciertas discriminaciones.
A. Categorías
de acreedores
En el proceso de concordato sólo
intervienen los acreedores quirografarios. No intervienen los preferentes ni los
privilegiados (art. 1.556 C.Com.).
Ello es así, porque sólo a ellos les alcanzan las resultas
del concordato. Quienes no son afectados por el concordato no pueden intervenir
en su celebración.
El artículo 1.556 establece que los
acreedores prendarios, hipotecarios o con privilegio, no pueden votar en el
concordato. Ello es así porque esos acreedores no son alcanzados por el
concordato, tal como lo dispone el artículo 1.702 (aplicable a los concordatos
preventivos según art. 1.559).
El acreedor prendario, hipotecario o
privilegiado cobra la totalidad de su crédito, a su vencimiento, aun cuando se
haya celebrado un concordato en que el deudor se benefició con una quita o una
espera. Si esas quitas o esperas no le afecta no puede intervenir en la votación
en que se las acuerda para el resto de los acreedores.
La calidad de hipotecario o prendario
afecta al crédito y no a la persona que es su titular; estos acreedores están
privados de votar por la naturaleza de sus créditos pero no por la naturaleza
de sus personas. Como consecuencia de este principio: 1. si una creedor posee a
la vez créditos hipotecarios o prendarios y quirografarios, podrá votar en el
concordato por éstos sin perder su preferencia respecto de aquellos; 2. si la
hipoteca o prenda garantiza sólo una parte del crédito, puede votar por el
saldo en el concordato; 3. si
realizó la garantía real y resultó impaga alguna parte del crédito, puede
votar por el saldo adeudado, que es de naturaleza quirografaria.
Hay ciertos créditos cuyo carácter
privilegiado aparece sólo cuando hay declaración de quiebra. Así, por
ejemplo, en el Código de Comercio tienen carácter privilegiado de primer grado
los salarios en los 6 meses anteriores a la declaración de quiebra (art. 1.732,
n. 4, C.Com.).
También, son privilegiados los créditos nacidos de los artículos necesarios
para la subsistencia del fallido y de su familia, que le hayan sido
suministrados en los seis meses anteriores a la quiebra (art. 1.737, n. 5,
C.Com.).
Como en el concordato preventivo no
hay declaración de quiebra, esos créditos no revestirían carácter de
privilegiados. En consecuencia, el concordato los vincularía y podrían votar
en él.
Sayagués
opina que la redacción de los numerales 4 y 5, se
justifica para la época de sanción del Código, en que éste no admitía
concordato preventivo. La quiebra era, por lo tanto, la única oportunidad para
hacer efectivo un privilegio, pero, al crearse el concordato preventivo, se
origina otra situación en que los privilegios deben funcionar. No se varió la
redacción del artículo 1.732, pero no se quiso quitar el carácter de
privilegiados a esos créditos. Sayagués cita
una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 1.917, en la que se hace lugar
a una reclamación de un empleado de una joyería cuyos dueños habían
solicitado concordato.
El problema con respecto a los créditos laborales
se supera, en parte, con la Ley 14.188, cuyo artículo 11 establece, con
referencia a la ejecución de las sentencia laborales, que “en caso de
quiebra o concurso, los acreedores no están obligados a aguardar sus resultas
para ejercer las acciones que correspondieran (arts. 1.737 del C.Com. y 2.381
del C.C.)”. Esta sola norma, por escueta, plantea cantidad de
interrogantes.
Puede entenderse, con interpretación amplia, que el artículo 11 de la Ley
14.188 cuando se refiere a concurso, abarca los concordatos preventivos. En
consecuencia, los acreedores laborales con sentencia que reconoce su créditos,
no están afectados por las soluciones concordatarias y no pueden participar en
sus acuerdos.
Los acreedores con derecho de
preferencia pueden votar renunciando a su preferencia. La renuncia puede ser
parcial o total; si es parcial no podrá ser inferior al cincuenta por ciento
(art. 1.556). Con ello se quiere evitar la posibilidad de renunciar a cantidades
irrisorias a efectos de influir en la votación. La renuncia puede ser de
cualquier porcentaje por sobre el mínimo referido, ya que no le interesa al
legislador que la garantía persista para una pequeña parte de la deuda; ello
se deja al criterio del propio acreedor.
La renuncia puede ser expresa o tácita.
Si el acreedor adhiere al concordato, pierde por precepto legal su derecho de
preferencia (art. 1.556, inciso 1). En este caso de produce la pérdida de la
preferencia aun cuando el acreedor no haya tenido intención de renunciar. Se
entiende que el acreedor que vota en el concordato renuncia tácitamente. Esta
renuncia queda sin efecto si no llega a homologarse el concordato (art.
1.556). Pero no dice la Ley qué sucede en caso de anularse o rescindirse el
concordato después de homologarse.
Sayagués
entiende que la renuncia persiste, aunque reconoce
que el punto es dudoso. Consideramos que debe aplicarse, por analogía, el
inciso 2 del artículo 1.556. Si se anula el concordato, nada de éste tiene
eficacia, ni aun la renuncia tácita. Si se rescinde, la consecuencia de la
rescisión es volver las cosas al estado anterior, quedando la renuncia sin
efecto. No es una renuncia relativa respecto de la masa solamente sino que
produce efectos frente a todos y cualquier puede prevalerse de ella.
*
Acreedores con derecho
de retención y con derecho de anticresis
Respecto a varios contratos, la Ley ha
dispuesto a favor del acreedor, un derecho de retención. Por ejemplo, en el
arrendamiento de obra, se faculta
al acreedor a retener una cosa determinada mientras no se le desinterese (art.
1.854).
La anticresis es un contrato regulado
por el artículo 2.349 y siguientes del Código Civil. El acreedor con derecho
de retención y el acreedor anticrético pueden
votar en el concordato, porque ni el derecho de retención ni la anticresis son
causa de preferencia (arts. 2.352 y 2.355 Código Civil). El derecho de
retención acuerda al acreedor la facultad de quedarse con la cosa mientras no
se le pague, pero no puede venderla y quedarse con el precio con preferencia a
otros acreedores.
*
Acreedor afianzado
El acreedor quirografario que sólo
tiene un crédito afianzado por un tercero, puede votar en el concordato, por
cuanto éste lo obliga y le impone las quitas y esperas otorgadas al deudor,
aunque sin perder las acciones que le corresponden contra el fiador, ya que el
concordato no libera a los fiadores del deudor concordatario.
*
Acreedores garantidos, con hipotecas o prendas sobre bienes de terceros
Se han sostenido dos posiciones:
En una primera posición se sostiene
que, como la Ley no distingue, quedan excluidos todos los acreedores
hipotecarios o prendarios, aun lo que tienen una garantía constituida sobre
bienes de terceros.
En otra posición, quedan excluidos
los acreedores hipotecarios o prendarios cuando la garantía está constituida
sobre bienes del deudor. Se fundamenta en que la hipoteca dada por un tercero
constituye una fianza, una fianza real. Siendo una fianza (art. 2.109 C.C.), no
se rige por el artículo 1.556. Como consecuencia, tiene derecho al voto en el
concordato, pues no hay motivo lógico ni legal para dar voto al acreedor cuyo
crédito está garantido con una
fianza y quitárselo si el fiador hipotecó un bien propio para mayor seguridad
del acreedor. La acción que el acreedor tiene contra el fiador en uno y otro
caso, no molesta a los otros acreedores del deudor concordatario; por cuanto no
se extrae de la masa bien alguno. Por lo tanto, ese acreedor va a estar sometido
a las resultas del concordato, aunque tiene acción contra el fiador, ya que el
concordato no libera a los fiadores.
Para intervenir en la celebración del
concordato es preciso ser titular de un crédito; pero la Ley ha
señalado un límite en el
tiempo para establecer qué
acreedores quedan obligados por el concordato y quiénes, por lo tanto, se tendrán
en cuenta al calcular las mayorías legales. La Ley establece que los
concordatos preventivos surten sus efectos sobre los acreedores anteriores a la
fecha en que se presentó a la justicia la solicitud de homologación (arts.
1.559 y 1.702). Por lo tanto, los acreedores cuyos créditos existían en esa época
pueden votar en el concordato. A continuación analizaremos las diversas
situaciones en que puede hallarse un acreedor con respecto a esta segunda
condición.
a. Acreedores titulares de
créditos a plazo o sometidos a condición
El
acreedor que es titular de un crédito a plazo puede intervenir, puesto que el plazo suspende la
exigibilidad de la deuda, pero no afecta su existencia, su realidad jurídica.
El
acreedor titular de un crédito sometido a condición resolutoria puede actuar puesto que la condición
resolutoria no quita eficacia al crédito (arts. 245 C.Com. y 1.427 C.C.). El
cumplimiento de la condición extingue la deuda; mientras tanto el crédito
existe.
Respecto
del acreedor titular de un crédito sometido a condición
suspensiva, cabe advertir que mientras la condición no se cumple,
el crédito no existe (arts. 242 C.Com. y 1.424 C.C.). No puede votar, por lo
tanto, en el concordato. Dayvière sostiene,
en sus apuntes, que este acreedor puede votar, fundándose en el artículo 1.423
del Código Civil, que establece que el acreedor puede, pendiente el
cumplimiento de la condición, ejercer todos los actos conservatorios de su
derecho. Es decir, que el crédito ya existe a estos efectos conservatorios y
facultaría al acreedor a ejercer entre tales actos conservatorios, el voto en
el concordato. Para la mayoría de la doctrina – incluso Mezzera
Álvarez - mientras no se
cumple la condición no hay crédito y, por lo tanto, no pueden votar los
titulares del mismo.
b. Fiadores del deudor y sus co-obligados
Los co-obligados y fiadores responden
de las deudas del deudor concordatario en su integridad. Ellos no pueden votar
en el concordato porque recién se
convierten en acreedores cuando verifican el pago. Mientras el pago no se
realiza no son acreedores, sino que simplemente están obligados a pagar la
deuda si el acreedor la reclama. No tienen crédito actual contra el deudor
concordatario; más aún, puede darse que jamás la tengan, en caso de que el
acreedor no les exija el pago o en
el caso de que no puede cobrarlo por ser ellos insolventes.
Con respecto al fiador, cabe señalar
que, si bien no votan en el concordato, si con posterioridad al acuerdo ellos
pagan y se convierten en acreedores, entonces el concordato los obliga. En otras
palabras, el fiador pagó el cien
por ciento del crédito, en virtud de que la remisión y espera concedidas al
deudor principal no le aprovecha; pero no
puede reclamar del deudor principal y concordatario la totalidad del crédito
sino el porcentaje pactado en el concordato. Ello es así porque al pagar se
subroga en los derechos que tenía el acreedor originario y tal como éste los
tenía (art. 2.132 C.C.) y ese acreedor estaba afectado a las cláusulas del
concordato.
En cuanto al codeudor, podrá reclamar
la cuota de la deuda a cargo del deudor concordatario, pero estará obligado por
las quitas y esperas que se le concedieron en el acuerdo concordatario..
Respecto a los créditos litigiosos
debemos hacer una distinción:
*
Concordato preventivo
extrajudicial
El deudor recoge las adhesiones de sus
acreedores para formar el cómputo de las mayorías. Es él quien resuelve si
recaba o no la adhesión de los créditos
litigiosos.
Indudablemente, el deudor
concordatario debe denunciar todos sus créditos, aun los litigiosos, por cuanto
es causal de oposición al concordato, por él promovido,
la ocultación de pasivo y, si no denunciara un crédito litigioso, podría
verse en ello la simulación de pasivo. El deudor denuncia todos sus créditos y
puede recoger la adhesión de los
acreedores denunciados aun cuando sean litigiosos. Si no incluye el crédito
litigioso y si no recaba su adhesión, corre el riesgo de una oposición (art.
1.527). La oposición podría ser formulada por el propio acreedor excluido.
*
Concordato preventivo
judicial
En este tipo de concordato, el deudor
debe presentar una relación de todos sus créditos. Conviene que incluya todos
sus créditos incluso los
litigiosos, para que nadie se oponga por disimulación
del pasivo. La votación de los acreedores se toma en una junta. Entre la
presentación del deudor y la realización de la junta cabe la posibilidad de un
incidente de verificación de créditos. Si un crédito litigioso es observado,
el juez resolverá si su voto se computa o no, admitiendo o rechazando
provisionalmente el crédito (arts. 1.538 y 1.540). Si no se incluye ese crédito,
el acreedor podrá presentarlo aplicando los artículos 1.533 y
1.539.
Analizaremos distintas situaciones.
* Si el deudor concordatario ha
librado letras, cuyas fechas de pago son posteriores a la votación del
convenio, el tenedor de la letra no puede votar en el concordato. No tiene el
tenedor un derecho actual contra el librador. El librador es sólo responsable
de la falta de aceptación o de pago. Las acciones de regreso contra el librador
sólo nacen después que el girado se niega a aceptar o pagar la letra y siempre
que se hayan verificado los protestos en tiempo y forma, en los casos en que
ello es exigido. En cambio, si el deudor concordatario fuera el librador de un
vale o el aceptante de una letra, el tenedor del documento podrá votar en su
concordato.
* Se ha planteado si el banco,
tenedor de un título descontado, puede intervenir en el concordato del anterior
tenedor descontatario. Se han dado dos soluciones que dependen de la naturaleza
jurídica que se atribuye al descuento.
Hay quienes entienden que el banco que
descuenta el vale, adelanta su importe al tenedor y adquiere, en cambio, la
propiedad del título. El descontatario, para ello, le endosa el documento. En
esta tesis, el descontatario es deudor solidario por el importe del vale. En
consecuencia, el banco descontante puede
votar en el concordato del descontatario antes del vencimiento del vale. Si se
entiende que la operación del descuento es un préstamo con una garantía de un
título valor que se endosa en prenda a favor del acreedor, el banco descontante
no podrá votar en el concordato del descontatario, por ser
acreedor con garantía prendaria y si
vota pierde su preferencia.
3. Acreedores morosos
El inciso 2 del artículo 1.702 del Código
de Comercio es aplicable por la remisión del artículo 42 de la Ley de 1.893.
Establece:
“Los acreedores que se
presenten después del concordato, en ningún caso podrán reclamar de sus
acreedores por razón de los dividendos que conforme al concordato hayan
percibido, salvo el derecho para reclamar del fallido las sumas estipuladas en
el concordato”.
La norma se refiere a los acreedores
morosos desconocidos; si fueren conocidos por resultar del balance del deudor,
se deben reservar los dividendos que le pudieran corresponder.
El acreedor que se presente después de
homologado el concordato pero sea anterior a su solicitud, está en iguales
condiciones que los demás. Está obligado por las quitas y esperas del
concordato y puede, consecuentemente, exigir igual tratamiento que los demás
acreedores, incluyendo el pago del mismo porcentaje. Si en
el concordato la sociedad se comprometió a pagar un cincuenta por ciento de los
créditos, ese acreedor puede exigirle el pago del cincuenta por ciento de su crédito.
Lo que no puede hacer ese acreedor es afectar a los acreedores que han percibido
ya el porcentaje pactado en el concordato, si después de ese pago, la sociedad
deviene insolvente y se encuentra imposibilitado de atender otros pagos. En esa
hipótesis, el acreedor moroso no puede reclamar nada de los acreedores que ya
percibieron sus créditos con la quita pactada.
Otra hipótesis: la sociedad convino con sus acreedores en pagar un sesenta
por ciento de sus créditos en tres cuotas de un veinte por ciento en el plazo
de dieciocho meses. El acreedor moroso se presenta cuando ya se pagó la primera
cuota. Mezzera Álvarez sostiene
que en esa hipótesis el acreedor moroso habrá perdido derecho a la primera
cuota y que sólo podrá reclamar el pago de las cuotas subsiguientes. Nosotros
no lo entendemos así. La sociedad se obligó a pagar un porcentaje de sus créditos
frente a todos sus acreedores, aun los desconocidos. Si un acreedor se presenta
tardíamente, igual tiene los derechos emergentes del concordato.
Mezzera
Álvarez entiende que al pagar al acreedor
desconocido, como aumentan los créditos, se verá disminuido el porcentaje a
recibir por todos. Entendemos que no es así. La sociedad se ha comprometido a
pagar un porcentaje de sus deudas frente a todos sus acreedores, aun los
desconocidos. El hecho de que aparezcan acreedores no incluidos en sus balances no lo autoriza a rebajar el porcentaje a
pagar, aumentando la quita en perjuicio de los acreedores. La sociedad debe
pagar lo prometido aunque aparezcan más acreedores y si no lo puede hacer, ello
será causa de rescisión del concordato por incumplimiento.
Se ha planteado en doctrina si las
fianzas que aseguran el cumplimiento del concordato responden también frente al
acreedor moroso. Sayagués entiende
que no. El fiador sólo responde frente a los acreedores conocidos. Fundamenta
que por la naturaleza del instituto de la fianza, la obligación del fiador no
puede ser ilimitada. El fiador debe saber a qué se obliga y sólo puede quedar
vinculado frente a los acreedores conocidos al tiempo de la obligación.
Mezzera Álvarez entiende que debe
admitirse que los fiadores responden frente a los morosos desconocidos, porque
el concordato es un instituto excepcional que ha merecido soluciones
excepcionales. Sostiene que no puede dejarse sin protección a los acreedores
que más lo necesitan, puesto que no comparecieron y no pudieron defender sus
derechos e intereses.
Sayagués
se plantea igual problema con respecto a hipotecas o prendas constituidas por el
deudor, en garantía del concordato y da igual solución: sólo garanten a
acreedores conocidos a cuyo favor se otorgaron y quienes tienen derecho
adquirido a esa garantía frente a los acreedores morosos.
El concordato es un instituto
excepcional en nuestro Derecho, puesto que permite a cierto número de
acreedores disponer de derechos ajenos. Por ello se exigen mayorías especiales.
La exigencia de la doble mayoría
especial la encontramos en los diversos tipos de concordatos preventivos. En los
concordatos preventivos judicial y extrajudicial, este requisito fue impuesto
por la Ley de enero de 1.916, que estructuró un sistema original sin similares
en el Derecho comparado. Esta disposición legal fue incorporada al artículo
1.524 de Código de Comercio.
En cuanto al concordato privado, el
artículo 2º de la Ley de 1.926 se refiere expresamente al artículo 1.524.
En fin, con respecto al concordato
de liquidación existe una similar remisión.
Por el artículo 1.524 se obliga a
practicar un doble escrutinio: el primero entre todos los acreedores sin
distinción y el segundo, entre los acreedores comerciantes y siempre que éstos
reúnan ciertas condiciones. En
cada escrutinio debe obtenerse doble mayoría de personas (acreedores) y de créditos.
El fundamento de esta exigencia de un
doble escrutinio es impedir el fraude. El Dr.
Pedro Díaz, autor de la iniciativa, expuso que la experiencia de la vida
comercial demostraba que era entre los acreedores civiles donde aparecían créditos
cuya falsedad era imposible probar. La dificultad de probar el fraude o la
simulación aumenta ante la falta de libros de esos presuntos acreedores que, no
siendo comerciantes, no tienen esa obligación.
Con el doble escrutinio desaparece la posibilidad
de fraude. Si bien el voto de los civiles es necesario en el primer escrutinio,
en el segundo se prescinde de ellos y no pueden disponer por sí. Bastará que
los acreedores comerciales conozcan la existencia de créditos ficticios para
impedir la homologación del concordato, pues sólo ellos votan en el segundo
escrutinio.
Repetimos: se efectúa un doble
escrutinio. En el primer escrutinio votan todos los acreedores, cualquiera sea
la naturaleza de su crédito. Votan los acreedores civiles y los comerciantes.
El segundo escrutinio está reservado a los acreedores comerciantes. No basta, a
los efectos del escrutinio, ser titular de un crédito de naturaleza comercial,
como una letra de cambio o un vale. Si el acreedor no es comerciante queda
excluido de esta votación.
Debe tratarse de un acreedor
comerciante, pero para que pueda participar de la votación, su crédito debe
reunir, además, ciertas condiciones.
a.
El crédito debe ser comercial. No pueden votar en
este segundo escrutinio los comerciantes por sus créditos civiles. Sólo
participa el comerciante con créditos comerciales.
b. El crédito debe provenir
originariamente del giro regular de los negocios del acreedor. En el proyecto
primitivo de Díaz no figuraba la
palabra originariamente. Fue agregada en la discusión particular de la
Ley y el mismo Díaz nos aclara su
sentido:
“He entendido referirme a las operaciones que tienen su origen en
esos negocios y no que pueden ser adquiridos por el acreedor
en virtud de cesiones que son, a veces, manera de
realizar fraudes”.
Se quiso excluir del segundo grupo de acreedores
a aquellos que tienen créditos comerciales adquiridos por cesión.
De acuerdo a las explicaciones dadas
por quien proyectó la norma,
resulta que el crédito del comerciante acreedor debe tener su origen en
operaciones comerciales de éste. Si el crédito fue adquirido por el
comerciante acreedor, en virtud de una cesión, ese crédito no lo habilita para
votar en el segundo escrutinio. Díaz expresamente
aclaró que no quiso excluir de este segundo grupo a los acreedores que tuvieren
créditos adquiridos por endoso, “porque las operaciones de créditos
endosables no son cesiones realmente”.
Damos ejemplos: un comerciante A, en
trámite de concordato, debía el importe de un préstamo a un civil B. B cede
su crédito a un comerciante C. C,
puede votar, como acreedor, en el primer escrutinio, pero no en el segundo, ya
que su crédito no proviene originariamente del giro de sus negocios, sino que
lo adquirió por cesión de créditos. Otro ejemplo: B es beneficiario de un
vale librado por A. B lo endosa a C en pago de mercaderías que éste le ha
vendido en una operación de su giro. En este caso, C podrá votar en el
concordato de A.
Sayagués
opina que, para comprobar si un crédito proviene
originariamente de operaciones
realizadas por un comerciante en el giro regular de sus negocios, debe
analizarse cada caso concreto. Puede darse por ejemplo, el de un comerciante
que reciba en pago de un crédito de su casa de comercio, un documento
endosable a cargo de un tercero. En este caso el comerciante lo adquirió como
consecuencia de un acto comercial, comprendido en el giro de sus negocios. Por
lo tanto, debe admitírsele en el segundo escrutinio.
c. El crédito debe, además, hallarse
debidamente asentado en los libros de comercio del acreedor. Con esta exigencia,
no sólo se evita el fraude, sino que mediante los libros se comprueba la
existencia del crédito, a cuánto asciende su importe y si se ha originado en
operaciones comprendidas en el giro regular de sus negocios. Mas aún, el
acreedor debe tener los libros declarados necesarios por la Ley, con los
asientos efectuados correctamente (arts. 1.528 y 1.535 C.Com.).
Además del doble escrutinio, la Ley
impone mayorías especiales. Se fundamenta la exigencia de mayoría de personas
y mayoría de créditos en que los acreedores no tienen todos igual interés. El
interés varía con la cuantía del crédito. El legislador se planteó la
interrogante de si el voto de cada acreedor había de estimarse en razón del
monto de su crédito o si todos los acreedores tendrían la misma importancia,
sea cual fuere la cuantía económica de su interés. Se adoptó, por nuestro
derecho, el mismo sistema de otros países: considerar separadamente una mayoría
en la suma total de los créditos y una mayoría en el número de acreedores. De
esta manera no se sacrifica ningún interés. Los acreedores titulares de créditos
de gran monto, que son pequeños en número, no podrán disponer por si, de los
derechos de los demás. Los acreedores titulares de créditos de poco monto, que
son siempre más numerosos, no podrán imponerse sobre los grandes acreedores,
pues no obtendrán por sí solos las mayorías de créditos necesarias. Se
necesita la combinación de ambas mayorías y esa combinación se requiere en
los dos escrutinios.
a. Mayoría
de personas
En el primer escrutinio se exige el
acuerdo de la mayoría simple de acreedores
que compone el pasivo total del deudor. En el segundo escrutinio se exige
la mayoría simple de acreedores que revisten la calidad de comerciantes con créditos
comerciales. La mayoría se calcula sobre el número de acreedores existentes en
la fecha de presentación de la solicitud de homologación.
Cada acreedor tiene un voto y nada más
que un voto. Como consecuencia de ello: * nada influye el número de créditos
que tenga ni el monto del mismo; * si un crédito pertenece en común a varios, éstos no tienen sino un voto y
deben ejercer su derecho de común acuerdo. Si hay solidaridad activa,
cualquiera de los acreedores podrá ejercer el derecho de voto (art. 1.390
C.C.). En caso de que un crédito se divide entre varios por partición
sucesoria o por cesión, cada
heredero o cesionario tiene un voto.
Si se trata de una persona que
tiene varios créditos
sólo tiene un voto, pues constituye
una sola persona acreedora frente al deudor concordatario. El mandatario de
varios acreedores tiene tantos votos como mandantes distintos, pues no se
confunden las condiciones individuales de los mandantes.
b. Mayoría
de créditos
La Ley exige que, en el primer
escrutinio, adhieran al concordato acreedores que representen las tres cuartas
partes del pasivo total del deudor. En el segundo escrutinio, deben adherir los
acreedores comerciantes que representen las tres cuartas partes de los créditos
comerciales.
El artículo 1.567 del Código de
Comercio, introducido en la reforma de enero de 1.916 (Ley Díaz), determina la
competencia de los jueces de comercio de la capital. Después de la sanción del
Código de Organización de los Tribunales, son competentes los jueces letrados
de primera instancia en lo civil de turno, que han sustituido a los jueces de
comercio de la capital, en lo relativo a procedimientos concursales. Por
aplicación de la Ley 17.292 serán competentes los Jueces Letrados de Concursos
de Montevideo, creados por el artículo
12.
Se entendió, al sancionarse la Ley de
1.916 que, aunque el concordatario viviera en otro departamento, la mayoría de
sus acreedores tenían su domicilio en Montevideo, pues eran comerciantes
mayoristas. De manera que la competencia privativa de los jueces de Montevideo
tuvo su razón de ser en dar más comodidad a los acreedores.
Respecto de la competencia, la Ley
17.292 del 2.001, en su artículo 12, estableció:
"Créanse dos Juzgados Letrados de Concursos, por
transformación de dos Juzgados Letrados en Primera Instancia en lo Civil.
Estos Tribunales conocerán en primera instancia en todos
los procedimientos concursales: concursos civiles, concordatos, moratorias de
sociedades anónimas, quiebras y liquidaciones judiciales cuya competencia
corresponda al departamento de Montevideo".
Por la Ley de Presupuesto, 17.296, se
crea, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, una unidad especializada en
concursos civiles, concordatos, moratorias de sociedades anónimas, quiebras y
liquidaciones judiciales, con el cometido de asesorar a los magistrados
judiciales en las materias mencionadas. Se dispone que se integrará por
profesionales universitarios. Deben rendir una prueba de suficiencia, de acuerdo
a lo que reglamente la Suprema Corte. Se dará prioridad a quienes pertenecen al
Poder Judicial; debe entenderse que se podría designar a una persona que no lo
integre, respetando la prioridad referida. Una norma similar ya se había
proyectado incluir en la Ley 17.292; pero se debió haber entendido más
adecuado incluirla en una ley presupuestal.
La Ley 17.292, en el artículo 13,
dispone que el fuero de atracción previsto en el artículo 1.575 del Código de
comercio y en el artículo 457, numeral 5, del Código
general del
proceso será
aplicable a todos los procesos concursales. En consecuencia, el concordato ha de
atraer los juicios referidos en esas normas. El artículo 1.575 del Código de
comercio establece:
“El juicio de quiebra abarca la universalidad de los
bienes, derechos, acciones y obligaciones del fallido y atrae al juez de la
quiebra todos los negocios judiciales pendientes o que se inicien después de
la quiebra y en que el fallido sea demandado.
En el caso en que el fallido o el concurso sea actor,
deberá seguirse el fuero del reo.”
El artículo 457.5 del Código
general
del proceso dispone:
“Requerir
de los tribunales, ante los que tramiten los procesos referidos en el artículo
454.3, el envío de los mismos para su incorporación a la ejecución colectiva,
incluidos los procesos de ejecución hipotecaria, prendaria y de promesa de
enajenación inscripta, los que deberán continuar o podrán iniciarse ante el
tribunal del concurso.”
Además, el inciso 2, del artículo 13
de la Ley 17.292, dispone:
“El Tribunal del Concurso asimismo será competente:
A. En las acciones sociales de responsabilidad promovidas
contra los administradores o directores de sociedades (arts. 83 y 393 y
siguientes de la Ley nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989).
B. En las acciones reivindicatorias y revocatorias
concursales previstas en el Código de Comercio.”
El artículo 13 de la Ley 17.292, amplía
el fuero de atracción, aún más, para abarcar las acciones sociales de
responsabilidad promovidas contra los administradores o directores de sociedades
(arts. 83 y 393 y siguientes de la Ley 16.060). Advertimos que se trata de
juicios en que los demandados son los administradores o directores de
sociedades; la sociedad en situación concursal no es demandada. Lo que importa
es que el resultado de ese accionamiento, ha de beneficiar a la masa concursal.
El juicio se promueve para resarcir a la sociedad concursada de los daños
causados por hechos ilícitos o antiestatutarios o mala gestión de sus
administradores.
Se incluye en el fuero de atracción
las acciones revocatorias previstas en el Código de Comercio, para dar solución
expresa a una situación que no la tenía. Como en la acción revocatoria en la
quiebra, los demandados han de ser el deudor fallido y el tercero que celebró
el acto revocable, habían dudas sobre la posibilidad de que esta acción
quedara comprendida en el fuero de atracción. Con lo dispuesto en este artículo
13 se descartan esas dudas. En la regulación de los concursos preventivos, no
existen normas sobre acciones revocatorias concursales. En consecuencia, los
juicios que se tramiten, aplicando el derecho común, para obtener revocación
de contratos, no serán atraídos por el fuero de atracción concursal.
La Ley se ha ocupado especialmente de
la situación de los créditos laborales en ocasión de los procedimientos
concursales. Al respecto, el artículo 11 de la Ley 14.188 estableció:
“Los
créditos reconocidos por sentencias dictadas por los Juzgados competentes en
la materia que regla esta ley generarán un interés mensual equivalente al
recargo que generen las obligaciones fiscales, a contar de la fecha de la
demanda.
Se
ejecutarán por el procedimiento previsto por los artículos 494 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil; y en lo que no excedan el importe
correspondiente a tres meses de salarios, por la vía del artículo 211 del Código
citado. En caso de quiebra, o concurso, los acreedores no están obligados a
aguardar sus resultas para ejercitar las acciones que correspondieren (art.
1.737 del Código de Comercio y 2.381 del Código Civil).”
El artículo 11 de la Ley 14.188, se
refiere a la ejecución de sentencias dictadas por fueros laborales y, sólo
respecto de éstas, dispone que no hay obligación de aguardar las resultas del
concurso con una remisión al artículo 1.737 del Código de
comercio, que se
incluye entre paréntesis. El trabajador goza de un régimen especial que le
autoriza a cobrar, siempre que su crédito haya sido reconocido por sentencia,
con independencia del proceso concursal. El acreedor laboral, no está obligado
a esperar los resultados del concurso pero su ejecución será atraída por el
juicio concursal.
Por el artículo 264 de la Ley 16.462
de 1994, se estableció:
“En
caso de concurso, quiebra o liquidación, si hubiere concurrencia de dos o más
créditos laborales reconocidos por sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada, se aplicará al cobro de los créditos referidos el criterio de
prorrata establecido por el artículo 2.372 del Código Civil, aún para
aquellas situaciones en que habiendo ejecuciones pendientes el dinero no hubiere
sido todavía distribuido.”
Aplicando estrictamente el artículo 13 de la Ley
17.292, posterior a las leyes laborales citadas, puede entenderse que el
tribunal del concurso atrae todos los juicios de conocimiento y de ejecución
pendientes o que se inicien contra el deudor. La Ley no hace distinciones en
cuanto a la naturaleza u objeto de los juicios; basta que se trate de juicio en
que el deudor concursado sea demandado.
