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Particularidades del régimen jurídico de la compraventa en el Código de Comercio (CCom)

En general, la compraventa comercial es consensual, ya que se perfecciona con el solo acuerdo de las partes. Como excepción a esta regla, son solemnes la compraventa de buques y la compraventa de aeronaves y la compraventa de casas de comercio.

La compraventa comercial se encuentra regulada en los arts. 513 a 562 del CCom. Al analizar el régimen de la compraventa, iremos señalando con notas al pie, las diferencias entre la regulación del CCom con las del Código Civil (CC). También, haremos referencia a la Ley de Relaciones de Consumo n° 17.250 de 2000 (LRC), que regula las relaciones de consumo, en cuanto incide sobre la normativa comercial.

La obligación del vendedor es hacer la entrega de la cosa vendida. En tanto no se efectivice esa entrega tiene obligación de conservarla.

En nuestro Derecho, para que haya trasmisión de propiedad, se requiere título y modo. El contrato de compraventa es un título pero se necesita, luego, la tradición para que el comprador se convierta en dueño^[1]. La tradición puede ser real o simbólica, como en materia civil.

La tradición real consiste en la entrega material de la cosa hecha por el vendedor al comprador. El art. 760 del CC dispone: “La tradición real es la que verifica por la aprehensión corporal de la cosa, hecha por el adquirente u otro en su nombre”.

El art. 527 del CCom dispone que la entrega de la cosa vendida, en defecto de estipulación expresa, debe hacerse "en el lugar donde se hallaba la cosa al tiempo de la venta".

Constituye la principal obligación del vendedor^[2]. Sin embargo, eventualmente, puede el vendedor liberarse de esa obligación. El art. 526 del CCom, en su inc. 2, dispone:

La tradición simbólica es un acto que, sin dar la posesión material, coloca al comprador en condiciones de disponer libremente de la cosa. El art. 527 del CCom dispone:

Los casos de tradición simbólica están establecidos en el art. 529 del CCom. Entre otros, allí se enumeran los siguientes:

El principio general se establece en el inc. 1 del art. 537: no se puede obligar al comprador a recibir entregas parciales. El inc. 2 establece una excepción al principio. Si el comprador aceptó recibir una parte, se entiende cumplido el contrato en cuanto a lo recibido[10]. El art. 537 dispone:

Si no se estipuló plazo de entrega, el plazo para hacerla es de veinticuatro horas siguientes a la celebración del contrato (art. 530)[11] pero el comprador no puede exigir la entrega sin pagar el precio.

En el régimen del CCom, para hacer incurrir en mora al vendedor, se debe interpelarlo judicial o notarialmente (art. 536). Para el vendedor no hay mora automática, a menos que así se hubiere pactado[14].

La entrega debe hacerse en el lugar donde se hallaba la cosa al tiempo de la venta (art. 527). Puede convenirse otra cosa[12].

El Código prevé otra modalidad: la remisión a un consignatario del vendedor. El inc. 2 del art. 528 dispone:

De acuerdo al art. 531 del CCom, cuando el vendedor pone la cosa a disposición del comprador y éste se da por satisfecho de su calidad, el vendedor se constituye en depositario y obligado a su conservación, bajo el régimen del depósito[15].

La norma se justifica porque, cuando se pone la cosa vendida a disposición del comprador, se ha hecho tradición. El vendedor dejó de ser dueño y contrae obligaciones del depositario.

Por la compraventa el comprador asume dos obligaciones: pagar el precio y recibir la cosa vendida.

El precio se fija de común acuerdo al celebrarse el contrato, según se infiere del art. 514 del CCom:

Si el precio no surge del documento en que se instrumentó la compraventa, la compraventa no es nula por falta de un elemento esencial. El CCom suple la omisión de las partes, con una presunción legal: se entiende que las partes se sujetaron al corriente en el día y el lugar de la entrega (art. 523).

Puede dejarse el precio al arbitrio de un tercero^[18]. En este caso, si el tercero no puede o no quiere determinarlo se fijará por arbitradores. El art. 524 del CCom establece:

Los peritos arbitradores son personas que, dotadas de conocimientos especiales, dictaminan sobre hechos. Su dictamen obliga al juez.

El art. 530 CCom establece que, cuando los contratantes no hubieren estipulado plazo para el pago de su precio, el comprador gozará del término de diez días para pagar el precio de los efectos.

El plazo se cuenta a partir del día siguiente a la fecha de celebración del contrato (arts. 250, 252 y 530, CCom).

Es un plazo establecido a favor del comprador. Éste puede anticipar el pago para poder exigir la entrega. El comprador y el vendedor pueden pactar otro plazo o condiciones de pago.

A su vez, el vendedor deberá "tener a disposición" del comprador la cosa vendida. Esto es: la mercadería debe estar pronta para ser entregada a las 24 horas de la celebración del contrato (si otra cosa no se pactare). Así se establece en el inc. 1 del art. 530:

La segunda parte del inc. 1 del art. 530 advierte, entre tanto, que el comprador no podrá exigir la entrega sin pagar el precio. Esto es, no puede el comprador prevalecerse del plazo de 10 días, para retirar la mercadería anticipadamente, sin pagar su precio. Si quiere tomarse los 10 días, deberá esperar hasta entonces para retirar la mercadería. Si se le ocurre pagar a las 24 horas puede hacerlo y, en ese caso, retirará inmediatamente la mercadería, puesto que el vendedor está obligado a tenerla a disposición.

El art. 532 del CCom dispone que, por el sólo hecho de no pagar a los 10 días o en el plazo estipulado, se incurre en mora y corren intereses. No hay que efectuar diligencias previas para hacer caer en mora al comprador. Analizamos antes, que para el vendedor no hay mora automática y que debe ser interpelado judicial o notarialmente. Además, cabe destacar que los intereses corren aun cuando no hayan sido expresamente pactados.

La mora provoca que se deban daños y perjuicios (art. 218 CCom). En las obligaciones que se limitan al pago de cierta suma, los daños y perjuicios provenientes de la demora en la ejecución, consisten en la condenación en los intereses corrientes (art. 225).

Según lo dispuesto por el art. 713 del CCom, por intereses corrientes se entiende los que cobran los bancos públicos.

El art. 535 confiere una opción al vendedor: podrá pedir la rescisión del contrato o reclamar el precio con los intereses corrientes por la demora. Se trata de una aplicación de la norma general contenida en el art. 246 sobre condición resolutoria implícita. No es resolución ipso jure y debe reclamarse judicialmente.

Sin perjuicio de esto, las partes pueden convenir dejar sin efecto el contrato, celebrando un acuerdo por el cual lo dejan resuelto. La rescisión de la compraventa comercial no tiene normas particulares salvo lo dispuesto en el art. 540. El art. 540 dispone:

Cuando existe tradición real, el dueño es el comprador y no corresponde la aplicación de las normas que regulan los riesgos. Si hubo tradición ficta, el vendedor se transforma en depositario con las obligaciones de tal (art. 531).

Las disposiciones que regulan el riesgo sólo son aplicables en los casos en que no se verificó la tradición en ninguna de sus formas. Una vez producida la tradición, si los bienes comprados están dañados o contienen vicios ocultos, corresponde aplicar las normas sobre saneamiento.

El principio general, en materia de riesgos, que proviene del Derecho romano, consiste en que la cosa se pierde para su propietario: “res perit domino”. Esto significa que la cosa perece para el vendedor mientras no haya hecho tradición del objeto vendido al comprador y para este último después de operada dicha tradición^[1].

Según veremos a continuación, el régimen que contiene el CCom se ajusta a este principio. En cambio, el principio en materia de riesgos del CC implica lo opuesto: el riesgo lo corre quien tiene que recibir la cosa (que no es dueño, puesto que no hubo tradición todavía). Sólo como excepción, en el caso de que la compraventa recaiga sobre cosa genérica, el riesgo pesa sobre el vendedor.

El CC establece, como principio, que la cosa aumenta, se deteriora o perece, para el que la tiene que recibir. Como una excepción a este régimen, en la compraventa de cosa genérica, el vendedor corre con el riesgo.

Según acabamos de exponer, el principio en materia de riesgos de nuestro CC, consiste en que la cosa aumenta, se deteriora o perece, para el que la tiene que recibir (arts. 1.682 y 1.335 CC).

“Desde que está perfecto el contrato de venta, la pérdida, deterioro o mejora de la cosa vendida se regula por lo dispuesto en los artículos 1335, 1343, 1550 y siguientes.”

El art. 1.335 establece: “La cosa aumenta, se deteriora o perece para el que la tiene que recibir...”.

Esta solución consagra el principio “res perit creditore” (la cosa perece para el acreedor) o el principio “causam sentit creditor” (el caso fortuito es riesgo del acreedor). De manera que la cosa perece para el comprador, aun cuando esté en manos del vendedor. Perece, entonces, para quien todavía no es dueño, puesto que no hubo tradición^[2].

Como consecuencia, el comprador no puede exigir la entrega de la cosa pero debe igualmente el precio. Si pagó el precio anticipadamente no puede reclamar la devolución del precio.

El principio de que la cosa perece para el acreedor, tiene varias excepciones, como el dolo, la culpa o la mora del vendedor.

También, quedan exceptuadas de esta reglas las compraventas en que se haya pactado lo contrario^[3].

Otra de las excepciones al principio que acabamos de reseñar, la constituye las obligaciones de género. Obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado (art. 1.360 CC).

Según el art. 1.362, la pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación:

En el mismo sentido, el art. 1.558 del CC establece que las obligaciones de género o cantidad perecen siempre para el deudor. Rige el principio “genera non pereunt” (el género no perece): “Las disposiciones precedentes no se extienden a las obligaciones de género o cantidad que perecen siempre para el deudor”.

En este artículo se establece como principio, que el riesgo lo corre el vendedor. Luego, enuncia un par de excepciones.

Como principio, dispone – sin distinguir según se trate de una obligación de género o de especie - que “la pérdida, daños o menoscabos de la cosa vendida y no entregada, cualquiera sea la causa de que provengan, son de cuenta del vendedor”. Mientras la cosa no haya sido entregada, el riesgo es del vendedor.

Una vez producida la tradición, si los bienes comprados están dañados o contienen vicios ocultos, corresponde aplicar las normas sobre saneamiento.

A continuación, en la misma oración se establecen las excepciones a este principio general en materia de riesgo.

La pérdida, daño o menoscabo, que pudiere sufrir la mercadería, a partir de la puesta a disposición, corren por cuenta del comprador, porque en ese caso hubo tradición ficta (art. 529, inc. 6), y porque existiría una negligencia del comprador que no retiró el bien y a quien se califica, por ello, de moroso.

En el régimen que el CCom dispone para la compraventa, entonces, no se distingue según la cosa sea genérica o determinada^[6]. En ambos casos: la cosa perece para el obligado a entregarla. El riesgo del vendedor cesa cuando la cosa vendida se puso a disposición del comprador y hubo morosidad de éste en retirarla^[7].

El art. 1.697 del CC da el concepto de evicción: “Hay evicción de la cosa comprada, cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por sentencia judicial.”

El vendedor garante la posesión pacífica y el goce útil de la cosa vendida. Responde por la evicción que prive al comprador de la cosa vendida.

El comprador debe examinar los bienes comprados al recibirlos. Después de recibidos, no será oído sobre vicio o defecto en calidad ni falta de cantidad. El art. 545 dispone:

Si las cosas vendidas se entregan en fardos o bajo cubierta, el comprador tiene tres días inmediatos a la entrega para reclamar por vicios de calidad o por falta de cantidad (art. 546). El art. 546 establece:

El vendedor puede exigir el reconocimiento de las cosas en el acto de la entrega, en cuyo caso no habrá lugar a reclamación (art. 547).

Con respecto a los vicios internos son de cuenta del vendedor durante los seis meses siguientes a la entrega. Pasado ese término, el vendedor queda libre de toda responsabilidad (art. 548 CCom)[30]. El comprador tiene opción de rescindir la compra exigiendo devolución del precio o mantener la compra y exigir la devolución de parte del precio, que se determinará por peritos arbitradores. El art. 559 dispone:

Complementando este régimen, hay normas en la LRC. El art. 34 de la LRC dispone:

De los términos utilizados en el CC y en el CCom surge que, por el transcurso de los plazos de prescripción, se extinguen acciones o derechos. En la caducidad, la Ley fija un plazo para ejercer un derecho que se extingue si no se ejerce en ese plazo.

La diferencia fundamental entre ambas figuras es que la Ley prevé causales de interrupción de la prescripción. Los términos de caducidad no admiten interrupciones.

En cuanto a la reclamación por pago del precio, existe un término breve de prescripción extintiva. El art. 1.020, inc. 1 del CCom, establece:

El art. 548 del CCom establece un plazo de seis meses para reclamar contra el vendedor por los vicios internos de la cosa vendida, que no pudieren percibirse por el reconocimiento que se haga al tiempo de la entrega. Pasado ese plazo, el vendedor queda libre de toda responsabilidad.

Durante los dichos seis meses, el comprador tiene la elección entre devolver la cosa, exigiendo la restitución del precio, o conservarla, haciendo que se le devuelva una parte del precio determinado por peritos (art. 548, inc. 2).

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre compraventa internacional de mercaderías (Viena, 1980), el comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías, si no lo comunica al vendedor, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable a partir del momento en que la haya o debiera haber descubierto (art. 39, n° 1). En todo caso, el comprador pierde el derecho a invocar la falta de conformidad, si no lo comunica al vendedor en un plazo máximo de dos años, contados desde la fecha en que las mercaderías se pusieron efectivamente en poder del comprador (art. 39, n° 2).

Se trata de términos de prescripción de la acción para reclamar reparación de daños personales. Se entiende que la norma se aplica a la responsabilidad contractual y extracontractual, generada por aplicación de esta ley.

Se establecen dos plazos: de cuatro años y de diez años, con distintos puntos de partida. El plazo de cuatro años corre a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debería haber tenido conocimiento del daño, del vicio o defecto y de la identidad del productor o fabricante. El plazo de diez años corre a partir de la fecha en que el proveedor colocó el producto en el mercado o finalizó la prestación del servicio.

[1] Por ello es posible, en nuestro derecho, la venta de cosa futura o la venta de cosa ajena (Castillo, Curso de Derecho Comercial , t. II, § 86).

[2] La norma es similar a la del Código Civil (art. 1.688).

[7] La previsión es similar a la del artículo 764,1 del Código Civil.

[8] En rigor, supone que ya hubo tradición real, puesto que si pone su marca, es porque tiene posibilidad física de tomar el bien vendido. Malagarriga, Derecho Comercial, p. 36. Segovia, Código de Comercio.

[9] Castillo dice que hay tradición siempre que con la factura se remita la mercadería.

[10] Esta norma no tiene similar en el Código Civil.

[11] En el Código Civil se establece que la entrega debe hacerse inmediatamente después de celebrado el contrato; pero el comprador, que tiene diez días para pagar el precio, no puede exigir la entrega si no paga el precio en el acto de la entrega.

[12] La norma es igual a la del Código Civil (art. 1.687).

[14] La mora provoca que se deban daños y perjuicios. El artículo 218 del Código de Comercio establece:

"Los daños y perjuicios sólo se deben, cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación (art. 213), o cuando la cosa que se había comprometido a dar o a hacer, no podía ser dada o hecha, sino en el tiempo determinado que ha dejado transcurrir.

La demanda de perjuicios, supone la resolución del contrato. El que pide su cumplimiento, no puede exigir otros perjuicios que los de la mora (art. 246)."

[18] Malagarriga dice que es un mandato al comprador, del vendedor.

[21] Peirano Facio, Contratos, t. 1, p. 435.

[22] Gorfinkiel, "Hipoteca, intereses y reajuste", La Justicia Uruguaya, t. 95, p. 20.

[23] Nicoliello, "Un tema de interés: los intereses", Anales del Foro, ns. 23 y 24, p. 28.

[24] AA.VV., Intereses en materia comercial, p. 52.

[1] Nicoliello, Diccionario del latín jurídico, p. 259 (Montevideo-Barcelona, Julio César Faira-J.M. Bosch, 1999); Garo, Derecho comercial, Compraventas, v. 1: Compraventas terrestres (Buenos Aires, Roque Depalma, 1956).

[2] Adviértase que el Código civil napoleónico, fuente de este artículo, suprimió en Francia el modo tradición, que venía desde el Derecho romano. Para transferir la propiedad, entonces, en el Derecho civil francés, basta con el consentimiento de las partes (Gamarra, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, primera parte, Contratos, p. 24 (Montevideo, AMF, 1962).

Desde esa perspectiva, el dueño de la mercadería vendida pero no entregada, es el comprador. Por lo tanto, una norma que coloca el riesgo a cargo del comprador, lo coloca a cargo del propietario de la cosa, con lo que se mantiene fiel al principio “res perit domino” (Delamarre y Le Poitvin, Traité théorique et pratique de droit commercial, t. IV, p. 258-267, Paris, Charles Hingray, 1861).

[3] El numeral 3 del artículo 1.335 agrega otra causal: “Si la cosa fuese de las que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas”.

[4] La expresión entrecomillada se refiere a que, una vez puesta a disposición del comprador, la cosa que por su naturaleza podía considerarse genérica, queda individualizada.

[5] Garo, op. cit., p. 173.

[6] La distinción entre cosa determinada y cosa genérica la encontramos, también, en los artículos 1.009 y 1.012 del Código de Comercio (título XVI, De los modos de extinguirse las obligaciones). El artículo 1.009 dispone:

“Cuando la cosa cierta y determinada, objeto de la obligación, perece, sale del comercio o se pierde, o cuando se hace imposible la ejecución del hecho prometido, sin culpa del deudor y antes que hubiere incurrido en mora, la obligación se extingue...”

El artículo 1.012 establece:

“La disposición de los artículos precedentes no es extensiva a las obligaciones de género o cantidad, que perecen siempre para el deudor.”

No obstante, tratándose de compraventa comercial, no se aplican los artículos 1.009 y 1.012. Se aplica el artículo 541, que es la norma especial en materia de compraventa.

[7] Mezzera Álvarez considera que el régimen comercial proporciona una solución diferente a la del Código civil (Mezzera Álvarez, Curso de Derecho Comercial, t. III, p. 96, 7ª ed, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1997).

[8] Adviértase que los principios sobre riesgos se enuncian en forma distinta en el Código Civil y en el Código de Comercio. Ello es así porque, en general, en materia comercial, se vende género. En materia civil, lo corriente es la venta en especie. Por ello, se enuncia primero la norma del artículo 1.335 como principio general.

[25] El numeral 3 del artículo 1.335 agrega otra causal: “Si la cosa fuese de las que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas.”

[26] Mezzera Álvarez considera que el régimen comercial proporciona una solución diferente a la del Código Civil (Mezzera Álvarez, Curso de Derecho Comercial, t. III, p. 96, 7ª ed).

[27] Adviértase que los principios sobre riesgos se enuncian en forma distinta en el Código Civil y en el Código de Comercio. Ello es así porque, en general, en materia comercial, se vende género. En materia civil, lo corriente es la venta en especie. Por ello, se enuncia primero la norma del art. 1.335 como principio general.

[28] El art. 1.713 del CC contiene las mismas previsiones y agrega otros casos en que el vendedor no ha de responder.

[29] En el CC, la venta de cosa ajena vale sin perjuicio de los derechos del dueño (art. 1.669). Luego se prevé la evicción de cosa comprada (art. 1.697). En tal caso, el vendedor está obligado a restituir el precio (art. 1.700). El vendedor no está obligado, si el comprador conocía el peligro de evicción antes del contrato (art. 1.701). Las normas son similares a las contenidas en los artículos 517 y 518.

El art. 1.706 obliga al vendedor a reparar daños, específicamente determinadas:

“Cuando se ha prometido el saneamiento en general o nada se ha estipulado a ese respecto, si la evicción se verifica, puede el comprador reclamar del vendedor:

1º La devolución del precio pagado por él.

2º La de los frutos, cuando tiene que restituirlos al verdadero dueño.

3º Las costas y costos de la demanda de saneamiento y los causados en la demanda primitiva (art. 1415).

4º Los gastos del contrato.

5º Los demás daños y perjuicios ocasionados y no comprendidos en los números 2, 3 y 4.”

En definitiva, las soluciones del CC y del CCom son similares.

[30] Similar al art. 1.720 del CC.

B. Obligaciones del comprador